Separar política social y territorial es un error

Las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (así se llama la ley que dice que hace cada dependencia del Gobierno Federal) ha traído atención sobre asuntos relacionados con la coordinación del gabinete, la seguridad, la política indígena, la de género y el combate de la corrupción. Sin embargo, en la opinión pública ha pasado inadvertido un cambio mayor para la próxima administración y que me parece desafortunado: el cambio en la política territorial y de desarrollo urbano y regional, quitándola de la competencia de Sedesol y ubicándola en la de Reforma Agraria, que incluso cambia su nombre a Secretaria de Desarrollo Agrario, Regional y Urbano.

El ordenamiento del territorio es un importante rubro de las políticas públicas, pero poco difundido entre el gran público. Podríamos definir a la política territorial como el conjunto de decisiones gubernamentales orientadas a normar como nos asentamos y distribuimos  las personas en nuestro país, y  el uso que hacemos de nuestro territorio para la vivienda, las actividades productivas y la infraestructura, por mencionar algunas. Es una materia sumamente compleja porque toda la actividad humana se lleva a cabo en un lugar, entonces es probablemente una de las pocas materias que se relacionan con todos – no exagero – los ámbitos de la acción pública y privada.

Además los tres órdenes de gobierno (Federación, estados y municipios) tienen una competencia con límites poco claros sobre los temas territoriales, a todos les corresponde una parte y a veces la misma cosa compete a más de uno. Durante muchos años, los regímenes del PRI equipararon el ordenamiento territorial a la política agraria y al control sobre la tenencia de la tierra. En los intentos modernizadores de los años 1980 apareció por vez primera enunciada como atribución de la SEDUE, aunada a la materia ambiental, modelo que subsiste en Michoacán a nivel estatal (SUMA) y hasta municipal (v.gr. en Morelia). Esta visión fue superada en los años 1990 y el tema ambiental fue a la entonces Semarnap y el tema territorial a Sedesol respondiendo a una nueva visión: la política territorial tiene un carácter esencialmente humano y social y viceversa: no se puede superar la pobreza en forma estructural sin una política territorial.

Sé bien que explicar esto requiere ejemplos. Pensemos en un pueblito de menos de 500 habitantes que carece de hospital, escuela, carretera y de oportunidades económicas.   El problema es fundamentalmente territorial. Dotarlo de los servicios y la infraestructura para que sus habitantes se desarrollen plenamente y con igualdad de oportunidades sólo puede hacerse con un enfoque regional, pues en México hay mucho miles de pueblecitos como ese y no sólo invertir en construir la infraestructura sería impagable, más difícil sería operarla y mantenerla. Es decir, construir las escuelas y hospitales en puntos estratégicos y promover que las personas se cambien a vivir a localidades de mayor tamaño, además de construir las vías de comunicación necesarias y habilitar el transporte público.

Otro caso, de enorme relevancia es el del desarrollo de las ciudades. La pobreza urbana es el mayor reto social de nuestro país y especialmente en una ciudad es imposible superar la exclusión sin políticas territoriales y urbanas. La distancia a centros educativos, deportivos, hospitalarios, laborales, las vías de comunicación, el transporte público y la cobertura de los servicios básicos son determinantes para la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo en una ciudad.

Uno de los mayores éxitos de política social de nuestro país es el programa Hábitat que surgió en la Sedesol durante la administración Fox y que es la única política consistente de combate a la pobreza urbana. Por primera vez se vio de forma integral a la ciudad, como una realidad humana en que lo principal son las personas, en que no puede separarse la dotación de servicios de la participación ciudadana y de la atención de los problemas de la convivencia social. Hoy su futuro es incierto con las reformas de Peña Nieto. Al sacar la política territorial, urbana y regional de la Sedesol se ha roto la pinza, que junto a la política social permitió avanzar durante más de una década consistentemente en abatir la marginación y la exclusión de los servicios básicos.

Puntualmente debe considerarse también el tema de la vivienda social. El apoyo para la autoconstrucción y las viviendas para el segmento poblacional que no tiene acceso a vivienda comercial, al desvincularse de la Sedesol quedará a la deriva y a merced de las organizaciones campesinas que le han dado un manejo corporativo, y peleado una dura batalla por evadir la regulación y la rendición de cuentas.

Acepto mi desviación profesional y personal, pero creo que ésta será una de las reformas de mayor calado de la nueva administración, y no me parece alentadora. Es un retroceso. Volvemos al modelo que confunde la tenencia de la tierra con la estrategia de desarrollo regional y urbano, en el momento en que se enfrentan los mayores retos en la materia: pobreza urbana, falta de infraestructura regional, incremento en la demanda educativa y de servicios de salud, crecimiento urbano, crisis de las finanzas locales y cambio demográfico. Tristemente, Peña inicia con un error.

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