La autodefensa y el estado fallido

El que estas líneas escribe ha defendido que México no es un estado fallido. Es más, que está muy lejos de serlo, sin dejar de reconocer que existen zonas del país en que la presencia del Estado – en amplio sentido – es limitada y a veces precaria. El estado fallido es un concepto de las Relaciones Internacionales – como disciplina de estudio – que se refiere a que un gobierno ha perdido la capacidad de imponer su ley y prestar los servicios públicos. Como podrá suponerse, este no es un tema de absolutos, sino de una prolongada escala de grises que se traduce en un índice que lleva el centro de estudios llamado el Fondo para la Paz y en el que México ocupó en el 2012 el lugar 98 de 177 países (el 1 es Somalia y el 177 Finlandia), mejorando 4 posiciones respecto de 2011 y se clasifica como en “advertencia”.

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Esto viene a cuento porque en las últimas semanas ha ocupado los titulares una noticia que me hace sino reconsiderar mi posición, sí reflexionar sobre su trascendencia en el mediano plazo: la organización de grupos de autodefensa, que no son sino grupos de gente armada que suplanta las funciones de la policía, los jueces y los reclusorios, y que pretenden aplicar una justicia sumaria y sin ley de por medio. Esto sin duda es un elemento distintivo de un estado fallido, pero más me preocupa la reacción de representantes del Estado Mexicano, como el Secretario de Gobernación, los gobernadores de Guerrero y el nuestro de Michoacán, algún magistrado y uno que otro legislador, que sugieren tolerancia ante el hecho y proponen vías de negociación e incluso de “regularización” es decir, de darles un reconocimiento y hasta recursos para operar.

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Esto se contrapone a toda la estrategia de seguridad seguida hasta ahora. No hacen falta corporaciones policiacas, sobran; no hay que darle autonomía a las fuerzas de seguridad, hay que centralizar su mando. La estrategia del mando único es para eso, pues son las fuerzas municipales las que con mayor facilidad infiltra y controla el crimen organizado y las que menos posibilidades tienen de establecer el orden público.

He escuchado que el surgimiento de estos grupos es fruto de la incapacidad gubernamental y una legítima acción, desesperada, de las comunidades. Lo cual puede ser verdad, pero en lo que todos los actores políticos debieran coincidir es en que no es una alternativa viable para el país. Un rechazo rotundo y unánime a estos grupos debiera ser la respuesta de toda la clase política, pues ponen en juego la existencia misma del Estado, que en palabras de Hobbes, es el menos malo de cuantos monstruos existen.

También se ha dicho que el gobierno no puede desplegar suficientes fuerzas para imponer la ley y proteger a todos al mismo tiempo. Esa es una verdad incontrovertible. Para México y para Finlandia y para cualquier país del mundo. Las policías se diseñan y arman para atender un número pertinente de situaciones de conflicto y el caso mexicano no es una excepción. El gobierno de Felipe Calderón dedicó enormes esfuerzos a construir una policía federal con capacidades suficientes para enfrentar los retos de nuestra circunstancia, y aun cuando es una tarea inacabada, ésta va por buen camino.

Le toca ahora al gobierno del Presidente Peña decirnos cuales son sus objetivos en materia de seguridad nacional. Nos ha hablado de una gendarmería nacional y ya ha supeditado la seguridad pública al control de la Secretaría de Gobernación, ha anunciado el mando único por entidad federativa sin definir la estructura legal del mismo, pero no nos ha dicho cual es el estado de fuerza que pretende, es decir cuantos elementos, con que capacidades y especialidades y de donde los va a sacar y en que corporaciones los va a agrupar.

Ante el surgimiento de los llamados grupos de autodefensa, el gobierno federal podría plantear un despliegue de fuerzas federales en los puntos donde estos han aparecido, desarticularlos sin criminalizarlos y dejar en claro que no se van a tolerar grupos paramilitares, con independencia de sus buenas intenciones. Para eso sobra capacidad al gobierno federal. Desafortunadamente, la respuesta ha sido otra muy distinta: indiferencia, permisividad y extravío. Lo peor que puede suceder es que pronto en la Secretaría de Gobernación estén expidiendo certificados de regularización de “policías comunitarias”, eso y una patente de corso, es la misma cosa.

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