Declaraciones Patrimoniales: en busca de la rendición de cuentas

La semana pasada la Suprema Corte (SCJN) declaró que el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es constitucional y que por lo tanto las declaraciones patrimoniales de aquéllos se harán públicas solo con su autorización. Este hecho incrementó el debate que ya tenía lugar al respecto, que ha sido impulsado por diferentes actores de la sociedad civil y en torno al cual, hay una serie de mitos que conviene sean aclarados para que podamos avanzar en políticas reales de rendición de cuentas y combate de la corrupción.

Pleno de la SCJN

Para empezar, en mi opinión la SCJN juzgó correctamente al reconocer que los servidores públicos si bien tienen obligaciones distintas a las del común de los ciudadanos, no pierden sus derechos, entre otros el derecho a la privacidad y por tanto les corresponde decidir sobre la publicidad que se da su información personal. Esta sentencia de ninguna forma cierra el debate, pues ahora la decisión está en el terreno legislativo que podría reformar la ley e imponer la obligación de publicitar su patrimonio a los servidores públicos, por lo que es muy oportuno reflexionar el tema.

El actual régimen de responsabilidades de los servidores públicos surge a finales de 1982 y se inscribe en el proyecto de “renovación moral” que promovía el recién electo Presidente De La Madrid como respuesta a los excesos y escándalos de corrupción vividos durante el mandato del Presidente López Portillo. En este contexto, las declaraciones patrimoniales no tienen como destino a los ciudadanos sino a la autoridad encargada de supervisar el desempeño de los funcionarios, es decir a la Secretaría de la Contraloría que ya con el Presidente Fox cambiaría su nombre por el de Secretaría de la Función Pública, hoy en vías de extinción.

Miguel de la Madrid Hurtado                      José López Portillo

La información contenida en las declaraciones debe servir para dar seguimiento al patrimonio de cada servidor público y constatar que éste no se incremente en forma inexplicable atendiendo a los ingresos lícitos de la persona en cuestión, lo cual suena bien, sin embargo se presentan dos grandes problemas: la capacidad del órgano de control para revisar y seguir miles de declaraciones patrimoniales (pues están obligados a su presentación desde jefes de departamento o equivalentes) aún suponiendo que quisiera en verdad hacerlo; y por otra parte el principal problema es lo que no se asienta en las declaraciones.

En este último renglón hay casos en que es obvio el problema, pues sin duda, los 88 millones en efectivo de Andrés Granier no figuran en su declaración patrimonial, como no están las propiedades de Moreira, Montiel o Reynoso Femat en las suyas. Pero también el problema existe con la “pequeña corrupción” de sobornos en efectivo a inspectores, policías y funcionarios del menor nivel que reciben cantidades menores y recompensas en especie. Por eso señalo que creer que la simple publicación de las declaraciones patrimoniales reducirá la corrupción es ingenuo, por decir lo menos, y que en cambio dejaría a merced de las vicisitudes de la inseguridad que vivimos, a miles de servidores públicos que verían los detalles de cada uno de sus bienes, como domicilió y valor de inmuebles, placas y número de serie de autos, números de cuentas bancarias, sueldos, rentas, utilidades propios y de toda su familia expuestos al público.

Andrés Granier Melo

Tratándose de encontrar soluciones a este grave problema de la falta de rendición de cuentas que lleva a la corrupción, me atrevo a proponer algunas medidas que pudieran ser efectivas.

Normar en la ley un régimen de publicidad de la información patrimonial de los servidores públicos, que sea respetuoso de su privacidad pero que satisfaga la justa demanda ciudadana de información. Un régimen que considere las diferencias de responsabilidad y de ingreso y que no trate por igual al Presidente de la República que al empleado de una ventanilla, a mayor responsabilidad mayor publicidad. Esto también evitaría simulaciones de transparencia como la del Presidente Peña y su gabinete, cuando declaró haber recibido en donación varios inmuebles sin aclarar su origen.

Enrique Peña Nieto

Consolidar la información de todos los poderes y todos los órganos de gobierno, pues hoy no hay forma de seguir la trayectoria pública de un ciudadano que cambia de Poder o de ámbito, lo cual es muy frecuente. También es fundamental integrar lo con información financiera de la que se maneja en la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, así como con los registros de la propiedad raíz y de vehículos. El trabajo de seguimiento de la información patrimonial es equiparable al de inteligencia financiera que se hace para evitar el lavado de dinero y de hecho debiera estar conectado.

Seguir fortaleciendo las medidas precisamente contra el lavado de dinero y reduciendo el uso de efectivo, pues es la forma más simple de ocultar el producto de la corrupción. Contar con registros de bienes inmuebles y vehículos reales y actualizados.

Recursos incautados en Tabasco

Por otro lado debe seguirse buscando reducir los trámites, pagos y sanciones innecesarios en el sector público y perseverar en la mejora regulatoria, pues la corrupción se anida en los enredos de la burocracia.

Sin duda todos queremos gobiernos y servidores públicos que rindan cuentas, y queremos reducir la corrupción y la impunidad, pero no debemos caer en la tentación de las soluciones simples y equivocadas, pues con ello seremos cómplices involuntarios de esos males. Para avanzar se requiere inteligencia y valor. Esperemos que nuestros legisladores tengan ambas cosas.

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