El derecho al propio tiempo

Hagamos un alto en el seguimiento cotidiano de la información y el análisis de las coyunturas para hacer y responder una pregunta más profunda: ¿qué es lo más valioso que tiene un ser humano? Mi respuesta es el tiempo. Aun cuando las concepciones filosóficas puedan variar, el debate –que no me interesa dar – nos llevará mas o menos a donde mismo. La vida está hecha de tiempo, el tiempo es la medida de la vida y como todas cosas       importantes nos ha sido dado por igual a todos los hombres y mujeres de la tierra, y por lo tanto el derecho al tiempo sería uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a que nuestro tiempo sea respetado, a disponer de él y a usarlo y disfrutarlo a nuestro albedrío.

Esta idea no es mía. La formulación del derecho al tiempo más lúcida y culta que conozco es obra de Carlos Castillo Peraza, unos meses antes de su muerte que nos dejó a tantos en la orfandad intelectual, y que publicara la revista Nexos allá en el año 2000, bajo el título de ¿Qué gobierno para México? Mientras el pasado lunes hacía una fila tras otra para realizar un trámite más inútil que el anterior recordé este texto luminoso y acudí a él para recordar como un mantra que el mejor gobierno es el que respeta el tiempo de sus ciudadanos. Trataré que reflexionar sobre el tema no me lleve a mal plagiar al maestro.

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Primero y a manera de protesta, refiero brevemente mi vía crucis. Perdí mi licencia y para obtener una nueva, debí acudir a las oficinas de tránsito del municipio y del estado a solicitar sendas constancias de no infracción que me fueron expedidas sin investigación ni control, después tuve que presentar una denuncia ante el ministerio público, increíble pero cierto, supongo que contra mi mismo y por idiota. También debí tramitar un certificado médico que da tanta información de mi estado de salud como podría obtenerse de un saludo en la calle y ya pertrechado de este legajo, con sus respectivas copias, pude comparecer ante la Secretaría de Administración donde tras una espera considerable me expidieron una nueva licencia. En toda la andanza perdí más de cinco horas de mi vida que no puedo recuperar y que estoy convencido que eran absolutamente innecesarias para el gobierno.

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El problema que subyace no es la de procedimientos administrativos inadecuados, empleados malhumorados o ausencia de tecnología. El problema es de concepción. El gobierno desprecia al ciudadano y por lo tanto, le resulta indiferente lo que el ciudadano debe sufrir para cumplir con sus designios, y ante cualquier decisión de política pública el optar por acciones que redunden en respeto por el individuo no es siquiera una disyuntiva frente a otro tipo de medidas.

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En este modesto caso, no es opción que la información sobre las infracciones de tránsito esté centralizada y compartida por los diferentes entes, el camino es que el ciudadano acuda ante cada autoridad y sea él quien reúna la información que acredita que no ha violado la ley, cuando la obligación debería ser a la inversa: el estado debiera acreditar que el ciudadano infringió una norma para negarle un servicio o imponerle una sanción. Lo que el estado no hace se remedia expoliando el valioso tiempo del ciudadano.

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En el derecho al tiempo hay otra arista. El gobierno de alguna forma valora el tiempo, hasta lo paga. Pero el tiempo de sus burócratas, que cobran por las horas que pasan trabajando en las oficinas públicas, pero que es desperdiciado en trámites inútiles. Volviendo a mi modesto caso, ¿cuál bien público se obtuvo de todo mi recorrido por diferentes oficinas? Ninguno. El verificar mi aptitud física para conducir con ese examen médico es una ilusión. Asegurarse que no burle yo la ley simulando la pérdida de mi licencia cuando esta me fue incautada, es una pretensión ridícula. Ninguna de las entidades disponía de la información para saberlo y quedaba la posibilidad de que mi infracción fuera cometida en otro municipio – por no hablar de otro estado o una jurisdicción federal, mejor no doy ideas. ¿Comprobar mi identidad o mis datos personales? Ni les corresponde ni son eficaces en ello, pues bien pude presentar datos diversos. Por cierto, en franca violación la Secretaría de Administración no da aviso de privacidad en el trámite de licencia.

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Y cuando ningún bien público se genera y sí otros bienes públicos y privados se pierden – como el costo de tantos trámites y mi propio tiempo – definitivamente algo está mal con ese gobierno. Mi caso es lo de menos, por lo pude ver es recurrente, y como este trámite hay muchos más. Por supuesto el camino es seguir combatiendo todos los trámites gubernamentales inútiles y mejorando la calidad de la administración pública, pero lo más importante es un cambio cultural que debe empezar por el ciudadano, debemos primero ser conscientes del valor de nuestro tiempo y defenderlo frente al gobierno y exigirle cada vez más que respete lo más preciado que tenemos, la sustancia de la que está hecha nuestra vida.

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Todos ganaron el domingo siete

El pasado domingo tuvimos elecciones en 14 estados del país. Se disputaba la gubernatura de Baja California, 13 congresos locales (la excepción fue Coahuila) y las presidencias municipales de 13 entidades (Hidalgo no renovó ayuntamientos). Desde la tarde del domingo hemos sido testigos de las afirmaciones felices de los presidentes de los tres principales partidos nacionales sobre lo bien que les fue y de las quejas y diatribas que lanzan contra sus adversarios. La lectura del resultado se vuelve más difícil de lo que la propia dispersión de la elección impone. Aquí unas claves de lo que significa la elección y cuales son sus implicaciones.

La participación ciudadana es para reflexionar. Mucho se ha dicho que los ciudadanos se alejaron de las urnas y que los gobiernos emanados de estas elecciones carecen de legitimidad, sin embargo, México nunca ha sido un país de participaciones ni cercanas al 100%, nuestras más bajas abstenciones rondan el 30%, por lo que si vota aproximadamente la mitad del padrón no hay elementos para sonar las alarmas. Incluso en Baja California que los electores no llegaron al 40% del padrón, esta cifra está en línea con los datos registrados en los últimos años.

Nuestra cultura ciudadana es incipiente, y hoy algunos sectores muy politizados de la sociedad apuntan al rechazo de todas las fuerzas y llegan al extremo de ridiculizar los procesos electorales, como con el “candigato Morris”, lo cual lejos de construir ciudadanía, la deteriora. Desafortunadamente la indignación ciudadana con el pobre desempeño de los gobierno no se ha traducido, mayoritariamente en la formación de nuevos partidos o de movimientos que propongan nuevas vías políticas.

Toda la política es local, como sentenció Tip O’Neill. Y nada más local que elegir ayuntamientos. Un entorno local deteriorado con malos servicios y obras públicas pesan más en el ánimo del elector que los grandes temas nacionales. Mal alcalde mata buen Presidente de la República y viceversa. Con los gobernadores en medio de esa ecuación, podemos explicar lo errático que resulta el mapa de resultados electorales. No hay una gran explicación, ni un hilo conductor. Hay muchas pequeñas historias locales que se suman.

Los gobernadores mandan. Esta tendencia se ha reforzado durante las dos administraciones panistas que liberaron a los mandatarios estatales de la obediencia al Presidente y por ahora no se ha revertido. En muchos estados hubo reveses para los mandatarios, pero sin importar la extracción partidista, los resultados apunta a que todos los gobernadores lograron que los candidatos de su partido triunfaran mayoritariamente. Especialmente todos, excepto Sinaloa lograron la mayoría o la primera minoría en sus respectivos congresos locales.

Los denostados diputados de representación proporcional (RP), llamados coloquialmente “pluris”, vuelve a quedar de manifiesto, que especialmente en el ámbito local son indispensables. En estados como Quintana Roo o Hidalgo donde el PRI ganó todos los distritos locales, los gobernadores despacharían sin contrapeso alguno y los votos conjuntos de la oposición que en ambos casos superan el 50% de los emitidos se irían a la basura sino existieran los diputados de RP. Lo discutiremos después con más amplitud, pero quienes sostienen que deben desaparecer diagnostican correctamente la enfermedad y prescriben mal la medicina.

Con esto podría concluirse que los partidos tienen razón cuando se quejan de que los gobernadores intervienen indebidamente en los procesos electorales. Pero esto tiene matices. El primero es que nuestra cultura política requiere asimilar mejor el peso político del gobernante en turno, reconocer su derecho a ser actor político y aquilatar que el gobierno puede ser una desventaja, es decir dejar de escandalizarnos por lo que es legal y concentrarnos en los delitos. Los partidos son cada vez más estridentes y menos eficientes en demostrar las supuestas irregularidades, lo cual inhibe la participación y deteriora la cultura ciudadana. Es un juego en el todos pierden, pues los ciudadanos solo registran que todos los partidos hacen trampa, y distinguen poco al acusado del acusador.

En el contexto nacional todos los partidos nacionales ganaron algo. Los partidos pequeños obtuvieron votaciones significativas, el PRD en una elección que no es la suya, pues el grueso de sus votos se concentran en entidades que no tuvieron proceso electoral, registra avances en Veracruz, conserva su votación en Oaxaca y vía alianzas con el PAN logra colarse en lugares donde su presencia es marginal. El principal retroceso perredista se presenta en Quintana Roo.

El PAN conserva con las uñas la gubernatura de Baja California, conserva Puebla, la ciudad más poblada en disputa, gana Aguascalientes, Mexicali, Tlaxcala y Saltillo. Gana ciudades importantes como Nuevo Laredo, Boca del Río, Monclova y da cerrada batalla en otras como Oaxaca y Torreón. Sufre importantes derrotas en Sinaloa, Chihuahua y no logra los avances esperados en Veracruz, Tamaulipas y Durango, pero obtiene muchos votos más que hace tres años y gobernará a muchos más mexicanos.

El PRI pierde votos y municipios gobernados. Pero todos sus gobernadores conservan la mayoría en sus congresos estatales y con lo perdido en las urnas han salvado el Pacto por México, el PAN y el PRD han ganado lo suficiente para que sus presidentes sigan defendiendo una posición de dialogo y concertación con el gobierno de Enrique Peña, la posición es ciertamente cuestionable, pero ambos dirigentes opositores han salvado los blasones partidarios con estos números y seguirán en la lógica que tanto les ha acomodado, eso sí después de gritar un poco, con todo, nada garantiza a sus corrientes mantener el control de sus respectivas dirigencias. La cosa se pondrá interesante.

La salud de un hombre público

Así se ha llamado por muchos años a quien se dedica a la política: hombre público. Persona pública, desde que numerosas damas participan activamente y el machismo entreverado en el español tornaría chusco el mote. Y si aceptamos y usamos cotidianamente esta fórmula para referirnos a quienes gobiernan, ¿por qué hoy debatimos si la salud del gobernador de Michoacán es un asunto público o privado?

La respuesta es simple: al gobierno estatal y al equipo de Fausto Vallejo les interesa ganar tiempo y eso solo pueden hacerlo ocultando la información sobre la salud del mandatario.

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No soy médico, pero no necesito saber una palabra de medicina para saber que Fausto Vallejo no regresará a la gubernatura. La secrecía que se pretendió guardar sobre su enfermedad grita la gravedad de su condición. Si el mandatario sufriera, como se dijo al principio una hernia o de tos, la estrategia de comunicación sería aportar tanta información como fuera posible para dejar en claro que la situación es transitoria. Ante un padecimiento grave de pronóstico reservado la estrategia es ganar tiempo, para hacer ajustes, para cerrar asuntos pendientes, para tomar las decisiones sin duda trascedentes de lo que vendrá.

Por eso se ha recurrido a la mentira, a la evasiva, a la indignación. ¿Cómo se atreven?, gritan algunos, la salud es un asunto privado, íntimo. Y lo es para quien elige la senda de la vida privada, no así para quien opta por la vida tempestuosa de la responsabilidad pública. Países con legislaciones avanzadas lo prevén y exigen conocer el estado de salud de los gobernantes cuando estos enferman, pues la capacidad de cumplir con su mandato depende inevitablemente de su buen estado físico. Lo mismo ocurre en el mundo corporativo, donde los altos directivos, los CEOs de las grandes empresas deben informar a los accionistas sobre el estado de su salud, y cuando el caso se refiere a la salud de un gobernante los accionistas somos todos los ciudadanos.

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Sólo la estupidez podría provocar que alguien se alegrara de la enfermedad del gobernador Vallejo. Sólo la idiotez podría llevar a alguien a pensar que su abrupta salida del cargo y la llegada de un sustituto, podría traer algún beneficio. La renuncia de Fausto Vallejo a la gubernatura será una mala noticia que se acumulará a las de la crisis financiera, la deuda, la inseguridad y la incapacidad para resolverlas, porque aún en el mejor de los escenarios, representará inestabilidad e incertidumbre, ajustes en la estructura de gobierno y reacomodo de fuerzas, en los que siempre se pierde tiempo y esfuerzo.

Cuando se presentó la licencia yo sostuve que no había razón para no creer en la versión oficial, hasta que se presentara una razón para desconfiar. Ahora se ha revelado que el procedimiento era una cirugía de hígado, y aún cuando no se abunda en la información, lo dicho es suficiente para confirmar que hace 90 días se ocultó información sobre la salud del gobernador y ésa es ya una razón para desconfiar de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se diga en adelante. Y de eso nos debe rendir cuentas el gobierno estatal, de su falta de veracidad.

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Ahora habrá de resolverse en quien recaerá sustituir al gobernador Vallejo. Me parece que el tránsito del poder debe ser lo más rápido y seguro que sea posible. Para recuperar credibilidad el gobierno estatal debe dejar deshojar la margarita y anunciar la falta absoluta de gobernador y solicitar al Congreso la elección del gobernador sustituto, que en mi opinión debe ser el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna ya encargado del despacho y con quien el cambio sería más amable, menos incierto.

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Ha llegado el momento de cambiar la estrategia. Antes fue ganar tiempo, pero ya no puede ganarse más tiempo, paradójicamente la estrategia de ganar tiempo se convertirá a partir de ahora en una forma de perder tiempo, y lo que los integrantes del gobierno hayan  obtenido alargando el compás de espera lo pueden perder si continúan postergando la decisión que parece inevitable.

Fausto Vallejo me merece toda la consideración y le deseo que su salud se restablezca, pero hace muchos años que el asumió la vida pública y no hay duda que su salud no es un asunto íntimo, sino uno de interés público. El camino que siguieron para informar a los ciudadanos puede entenderse como jugada política, pero su ética es cuestionable y deben responder por ello. Y más importante, ahora que el tiempo se ha agotado deben actuar con responsabilidad y anteponiendo el interés general a los suyos propios.

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