Legislación electoral: más dudas que certezas

En este mismo espacio, no hace mucho que dije que no me gustaba la reforma política que se había expedido como consecuencia de los acuerdos del Pacto por México. Es una extensa modificación de disposiciones constitucionales, y en forma inédita, a través de sus artículos transitorios una colección de prescripciones obligatorias para los poderes legislativos de la Federación y de los estados que han de entrar en vigor a la brevedad, en las entidades que celebrarán elecciones en  el año 2015.

México por su prolongada transición a la democracia, tuvo sucesivas reformas electorales, que crearon un marco legal e institucional que permitió elecciones confiables en manos de los ciudadanos, que si bien no estuvieron exentas de conflictos, permitían la normalidad en el relevo de las autoridades locales y federales.

La elección presidencial de 2006 sometió al sistema electoral a una durísima prueba, pues la diferencia entre los dos principales contendientes fue inferior a 1% de los votos. El sistema soportó la prueba pero quedó exhausto. Desde el PRD y con el apoyo del PRI se armó una primera generación de reformas electorales posteriores a la alternancia que devino en un nuevo Código Electoral pero no en cambios constitucionales, que entre sus principales novedades trajo una fuerte restricción en el uso de los medios de comunicación y en el derecho de los ciudadanos de apoyar las opciones políticas de su preferencia.

La elección del 2012 echó por tierra dos mitos en materia político electoral. El primero, que no hay una diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar que por sí misma garantice que no habrá inconformidad con el resultado. El segundo que la equidad en el proceso electoral se puede lograr con más regulación. Los que en el 2006 se quejaron, en el 2012 se volvieron a inconformar, y tras el proceso electoral, ahora el PAN de la mano del PRI trajeron una mucho más amplia reforma que aspira a poner el ámbito local, bajo las autoridades que en el ámbito federal han sido sistemáticamente cuestionadas.

La reforma política, ha abierto más preguntas que respuestas en el ámbito electoral. Cuestiones tan básicas como la fecha en que han de celebrarse los comicios están en duda. El órgano electoral que conducirá el proceso no está formado, la legislación electoral local se tendrá que realizar en un tiempo record y muchos detalles que son imprescindibles para la buena marcha de una elección se encuentran sumidos en confusiones e indefiniciones.

La reforma prevé en sus transitorios que el 30 de abril deberá quedar expedida la legislación federal secundaria para materializar la reforma, plazo apenas suficiente e improrrogable para generar las normas que deberán precisar la aplicación de la extensa reforma constitucional.

También se anticipa que la elección federal podría llevarse a cabo un mes antes, es decir el primer domingo de junio, lo cual debe quedar definido en la legislación secundaria, tal y como ahora lo está en el Cofipe, y aun cuando prevé que en las entidades de la Federación la elección de sus autoridades debe celebrarse el primer domingo de junio, exenta de esta disposición, en forma absurda e inexplicable, los procesos electorales que se celebran el mismo año que la elección federal.

Podríamos estar entonces ante un 2015 con dos procesos electorales: el federal el primer domingo de junio y el local el primer domingo de julio. Esta aberración podía evitarse adicionando un transitorio a la reforma constitucional. Hubiera sido lo fácil, pero es improbable ya. Se puede evitar al establecer la fecha de la elección federal en la las leyes federales secundarias, incluso con un transitorio. De lo contrario el único camino será modificar las normas locales, en el caso de Michoacán su Constitución, para cambiar la jornada electoral al primer domingo de junio.

Son muchas las tareas pendientes para nuestra legislación local en Michoacán. La pregunta es si los diputados serán capaces de tener las leyes listas en tiempo y a pesar de la complicación que supone tener que esperar la promulgación de las normas federales (el 30 de abril) y tener que respetar el plazo del artículo 105 de la Constitución, que en el caso de que el proceso electoral arranque en septiembre, obliga a expedir la legislación local, reformas constitucionales incluidas, antes de que termine mayo.

El Congreso del Estado y los partidos en Michoacán, deben estar atentos y ser proactivos, pues de lo contrario, iremos como uno más de nuestros males a un proceso sin el marco legal adecuado y llenos de dudas.

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