El extraviado gasto social

En el gobierno del Presidente Peña la política de gasto social  no está respondiendo a la realidad del país y está contribuyendo a incrementar la presión sobre las finanzas municipales. Los ayuntamientos no tienen herramientas eficaces para instrumentar un desarrollo urbano equilibrado y combatir las carencias sociales y la pobreza en las zonas urbanas, lo que supone una doble amenaza a la viabilidad financiera de las ciudades medias y al tejido social en las mismas.

Permítanme tratar de explicar esta enredada madeja del gasto social.

Los gobiernos locales son altamente dependientes de la recaudación federal (Michoacán recibe de la Federación el 95% de lo que gasta). Las dos bolsas importantes de donde proviene el dinero son el Ramo 20, que es lo que les toca a los estados y municipios por dejar que sea la Federación la que cobre los impuestos (ISR e IVA principalmente) y el Ramo 33, que es el dinero que la Federación le da de su dinero a los estados para que presten servicios fundamentales a la población.

En el 2012, la distribución de las participaciones federales (Ramo 20) sufrió una importante modificación, pues para la fórmula con que se reparten estos recursos se usaron por primera vez los resultados del Censo 2010, en sustitución de los datos obtenidos en el año 2000. ¿Y qué pasó?  Pues que los estados que habían abatido las carencias de servicios básicos e incrementado su Producto Interno Bruto recibieron menos dinero, y los estados que se habían rezagado recibieron más, algunos como Chiapas recibieron mucho más. La fórmula diseñada en los años noventa “premia” la pobreza y “castiga” el desarrollo.

El Ramo 33 por su parte es una herramienta básicamente redistributiva, es decir la Federación ayuda a los gobiernos locales a atender las mayores carencias, pero por su impacto, los gobernadores y alcaldes se han opuesto a regular estos recursos que son dinero de la Federación. Uno de los reportes más polémicos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en el 2011 fue la evaluación de los recursos destinados al desarrollo de infraestructura social (Fondo III), que resultó negativa, en cuanto al conocimiento y capacidad de los funcionarios locales para aplicar los recursos y porque genera los incentivos para que los municipios invirtieran menos en infraestructura, pues si no superan las carencias sociales reciben más dinero.

Ahora la Sedesol, ha expedido unas complicadas reglas de operación del citado Fondo III, que ignoran los resultados de la evaluación 2011 del Coneval y que nuevamente nos dan muestra que la administración de Peña Nieto, a pesar de la muy publicitada Cruzada contra el hambre, no tiene una política de desarrollo social clara, que la coordinación entre los órdenes de gobierno no es efectiva y se sigue desalentando la inversión en infraestructura.

Las reglas de operación expedidas harán más tortuoso que nunca el manejo del Fondo III, uno de los que más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación acumula, y seguirán reforzando el perverso ciclo de que el gobierno que avanza, pierde recursos.

Por otro lado con la salida de los programas para zonas urbanas de la Sedesol a la Sedatu, los municipios con localidades urbanas carecen de herramientas para combatir la pobreza urbana, que de acuerdo con los informes de Coneval del 2010 a la fecha, es la que más avanza y la que tiene efectos inmediatos y devastadores en el tejido social.  Con las nuevas reglas del Fondo III, las inversiones en pavimentaciones, movilidad, alumbrado público, espacios urbanos, áreas deportivas y de convivencia, rehabilitación de redes de agua y drenaje, entre otros conceptos de alto impacto en el desarrollo urbano han perdido prioridad y serán relegadas.

Uno de los logros poco reconocidos de las administraciones panistas es haber expedido la Ley Federal de Desarrollo Social y haber establecido mediciones objetivas de la pobreza a través de un ente independiente como el Coneval, que nos ha permitido saber si las políticas públicas de los gobiernos en materia de desarrollo social y superación de la pobreza son efectivas o no lo son, y si por tanto nuestros impuestos están siendo bien gastados o no. Sabemos donde nos aprieta el zapato hay que implementar los remedios.

Urge replantear los esquemas de distribución de las participaciones (Ramo 20) y aportaciones (Ramo 33) para que el esfuerzo de una comunidad y su gobierno local no les lleven a perder recursos, y también es imperioso (re)incorporar a las políticas sociales el gran cambio que se gesta en nuestra sociedad, que se está volviendo más urbana cada día, y que si no atendemos, pone en riesgo el futuro de nuestras ciudades.

Los gobiernos estatales, mayoritariamente en manos del PRI, se resistieron durante los gobiernos del PAN a crear una política de estado y largo aliento en materia de desarrollo social. Ahora con el PRI de vuelta en Los Pinos, sería posible avanzar por ese camino, si existe la voluntad de no usar electoralmente y en forma asistencial los recursos públicos del ramo. Si existe una visión de futuro. Ojalá que sí.

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