Tenemos una deuda

El pasado sábado 22 de marzo, a la puerta de su casa fue cobardemente asesinado Gustavo Garibay, alcalde de Tanhuato, Michoacán y miembro de la PAN. A Gustavo le decíamos “La Brocha”, nunca supe por qué, quizá por su tupido bigote. De muy joven, emigró como miles de michoacanos a los Estados Unidos, a la zona de Chicago, pero tuvo éxito como muy pocos en el ramo de la construcción. Tanto, que pudo regresar a Michoacán con fuerzas y ánimos no sólo de trabajar, sino de participar en política para sacar adelante a su pueblo. En el 2007 fue candidato a diputado local por el distrito con cabecera en La Piedad, y perdió por unos cuantos votos, perseveró y en el 2011, ganó con una histórica votación la alcaldía del pueblo que tanto amaba.

Era un hombre duro, que hablaba claro, incorruptible y a veces obstinado. Trabajador como muy pocos y uno de los más honestos que haya conocido. Como candidato era impredeciblemente carismático, su sencillez conectaba con la gente. Se negó a repartir hasta una camiseta, pues decía que él no iba a comprar los votos, que votarán por él quienes quisieran, que ya lo conocían. El dos de enero de 2012, su primer día hábil como alcalde, amaneció en el banco porque desconfiaba de su antecesor y cuidó hasta el último centavo en la entrega recepción. Yo le pregunté una vez, en broma, que si era alcalde o maestro de obra, porque al ejecutar obra pública, acompañaba frecuentemente a los trabajadores y supervisaba con ojo experto, los menores detalles.

Su gobierno lo marcó la tragedia. En el 2012 libró milagrosamente un atentado y a los pocos días, perdió (perdimos)  a su Secretario del Ayuntamiento, Pedro Córdoba, joven piedadense que era su mano derecha. Aún así le fue retirada la escolta de la Policía Federal que lo protegía. En público y en privado, al Gobernador, al Secretario de Gobierno, al Procurador de Justicia, al Subprocurador de Zamora, a los mandos de la Policía Federal les pidió protección y su solicitud nunca fue atendida. “Me van a matar”, nos decía en las reuniones del partido y de funcionarios. Por eso no le creo a Fausto Vallejo cuando dice que rechazó que el Gobierno Estatal le proporcionara una escolta. No es lógico y no hay evidencia del rechazo, mientras que sí hay de su solicitud.

Deja una familia numerosa, que se debate entre el dolor y la indignación, la rabia de saber que la desgracia se pudo evitar y la negligencia culpable de los gobiernos federal y estatal no lo permitió. En particular me duele ver a su esposa, muy joven, con sus hijos gemelos casi niños, casi hombres, y con una bebé de un año que le heredó todo el semblante, pero con la dulzura de un ángel.

Pensemos el tema de la escolta. La diferencia entre matar a un hombre solo y desarmado, y matar a un hombre custodiado por un grupo de policías federales, bien armados y entrenados no es menor. Es un asunto de oportunidad, armas, hombres, vehículos, riesgo y dinero. El crimen es un negocio y se cuida la rentabilidad. Matar a un hombre desamparado, en estos días salvajes es fácil y cuesta unos cuantos pesos. Enfrentar una escolta bien pertrechada, implica un esfuerzo y un gasto significativo. Es la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde el 2005 han muerto asesinados en Michoacán los alcaldes de Buenavista, Madero, Vista Hermosa, Tancítaro, La Piedad, Nahuatzen, Santa Ana Maya y ahora Tanhuato, además de la exalcaldesa de Tiquicheo y el exedil de Quiroga. También han muerto varios síndicos y regidores, secretarios de los ayuntamientos, como el del mismo Tanhuato o recientemente el de Jiquilpan. También hay otros servidores públicos y muy señaladamente el diputado local de Coalcomán, Osbaldo Esquivel Lucatero, a quienes les han arrebatado la vida.

Aún con esta larga lista en Michoacán y en todo el país, tenemos dos grandes asuntos pendientes:

Primero, no contamos con un protocolo de seguridad para proteger la vida de los funcionarios municipales. Si un funcionario considera que su vida está en riesgo, no sabe a quién acudir, no hay elementos para valorar objetivamente el riesgo y decidir si otorgar protección o no, y de qué tipo, no hay procedimientos para los casos de atentados ni con posterioridad a ellos. Por eso la respuesta de los funcionarios es errática y vergonzosa.

Segundo, no hay un sistema de protección de los deudos de los funcionarios públicos que han sido privados de la vida en relación con el desempeño de su cargo. Mujeres, niños y jóvenes, quedan además de llenos de dolor y de rabia, desamparados y con un futuro incierto, como único pago de la vocación de servicio de sus padres.

Estos dos factores juegan en contra de que hombres buenos y honestos participen como candidatos y como funcionarios públicos. También refuerzan los incentivos de los munícipes para pactar con los delincuentes. Los alcaldes saben que están solos y que sobrevivir su administración depende de no incomodar en demasía a los criminales y de una poca de suerte, o de mucha. La tragedia ha golpeado por igual a todos los partidos y nadie ha tomado cartas en el asunto. Ya es tiempo. Mi propia reflexión es quizá tardía, pero aún podemos hacer algo al respecto. Sería un mínimo homenaje para quienes así han perdido la vida y una acción básica de justicia para quienes han perdido a sus seres amados.

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