Notarios nuevos, ¡qué sean los últimos!

En Michoacán no hay un solo notario que haya ganado su notaria por la vía del mérito. Todos los notarios de Michoacán han recibido este cargo por decisión de algún gobernador. Esto de ninguna manera quiere decir que no haya notarios públicos con sobrada capacidad para ejercer o que todos los nombramientos son injustificables. Conozco notarios que son extraordinarios profesionales del derecho, y excepcionalmente me he tropezado con las incapacidades de alguno. Pero el punto es que a lo largo de la historia, todos los gobernadores han usado este privilegio para beneficiar a sus allegados y que en Michoacán carecemos de un sistema abierto y meritocrático para obtener el cargo de notario público.

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Para hacer una arqueología de quienes han integrado la clase política local a lo largo de los diferentes gobiernos, basta con pasar revista de las asignaciones de notarias. Revisar el listado de notarios en el orden que fueron nombrados es como analizar las capas de sedimento en el lecho de un río, es una tarea de paleontología política que permite documentar los cambios en el grupo gobernante.
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La semana pasada Fausto Vallejo hizo uso de esta atribución que la legislación vigente le otorga al Gobernador del Estado: nombrar con total discrecionalidad nuevos notarios públicos. En el caso de los recientes cuatro nombramientos encontramos un poco de lo mismo que hemos visto antes y otro poco de novedoso exceso. Los afortunados son un funcionario de larga trayectoria siempre ligado a Fausto Vallejo, un sobrino siempre protegido, el reconocimiento de la herencia de una notaría en el seno del círculo de amistades más cercanas del gobernador y el pago del servicio al operador de todo el asunto. Las notarias siempre se entregaron a personajes cercanos de los mandatarios locales pero en esta ocasión el círculo pareciera más estrecho que nunca, casi familiar.

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Sin embargo, en el exceso cometido por Fausto Vallejo hay una ventana de oportunidad, la actual legislatura tendría el tiempo para procesar un proyecto de ley que modifique en definitiva la designación de notarios a cargo del Gobernador y el titular del Ejecutivo pudiera tener los suficientes incentivos de sacarla adelante, ahora que ya ha beneficiado a sus cercanos y ha sido censurado por ello, incluso podría entenderlo como una estrategia de control de daños por el nepotismo y amiguismo desplegado.

El cargo de notario público sin duda representa una excelente oportunidad de ingreso para quien asume el cargo, no exenta de responsabilidad, pero si privilegiada. El problema es que es un privilegio que se obtiene a partir de la prestación de un servicio público. Toda acción que un particular lleva a cabo ante un notario, la realiza no por su gusto, sino porque la ley marca que así debe ser para alcanzar el propósito deseado.

Entonces hay dos razones claras por las que el nombramiento de los notarios reviste interés público y por las que debiera ser transparente y basado en un mecanismo objetivo de evaluación. La primera es que se trata de la prestación de un servicio público, y eso implica buscar a los mejores para la tarea. La segunda es que para acceder a un empleo público con contraprestaciones privilegiadas, todos los ciudadanos debieran tener oportunidad de someterse a evaluación y ser eventualmente elegibles.
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No hay otro tema que reúna más iniciativas de ley archivadas en el Congreso del Estado que la de una nueva Ley de Notariado. En cada legislatura de las últimas cuatro, incluyendo la actual, se ha presentado por lo menos una iniciativa y ninguna se ha dictaminado. Ciertamente hay muchos temas técnicos complejos que esta legislación debiera abordar, como cuántas notarias son necesarias, si sobran o si faltan y en dónde. Hay algunos otros aspectos polémicos como la colegiación o las facultades para revisar la actuación de los fedatarios, pero el ancla que no deja avanzar ese barco, es el proceso para designar nuevos notarios y la resistencia que todos los gobernadores han puesto a perder la facultad de designar notarios como privilegio.

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Fausto Vallejo ha sumado a su larga lista de errores un abuso más, ahora de una facultad heredada de los tiempos del más rancio dominio del PRI. Sin embargo, el momento en que lo hizo abre una oportunidad de debatir el tema y acabar de una vez con ese resabio autoritario y patrimonialista.

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