Alegría en el gobierno, borrachera en el contribuyente

   Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en última instancia el juicio de amparo que un grupo de mexicanos, que han destacado como comunicadores, analistas, académicos y líderes de ONGs, y que se identificaron como “#YoContribuyente”, promovieron en contra del último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos del ejercicio 2013, en que se extiende la condonación a estados y ayuntamientos del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) que estos entes retuvieron a sus trabajadores, que se realiza desde el 2008. La SCJN descartó que los promoventes, como ciudadanos, tengan el interés legítimo para impugnar que el Congreso de Unión conceda este beneficio.

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El asunto no es menor y es desafortunado. La SCJN cierra la puerta para que los ciudadanos tengamos a nuestro alcance un instrumento de control de las acciones del poder público. Contrario a la tendencia que en muchos campos predomina, en esta materia la Corte restringe la posibilidad de impugnar una mala decisión gubernamental, contraria a las leyes, porque la afectación no es directa y personal, sino difusa. Habremos de esperar a que uno de los ministros que formaron mayoría en torno de este criterio, redacte el proyecto para evaluar la argumentación y el daño que causa a la vida pública.

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Por ahora ya podemos hacer un balance de este tema. Permítanme explicarlo un poco. Los gobiernos de estados y municipios les descuentan a sus trabajadores el ISR que por ley deben pagar a la Secretaría de Hacienda, como cualquier otro patrón lo hace con sus trabajadores. Esto se llama retención. La diferencia viene después. Si quien hace la retención es un contribuyente cualquiera y no hace el pago correspondiente, puede incluso ser sujeto a proceso penal y terminar en la cárcel por el delito de defraudación fiscal. Si el contribuyente que no paga es el gobierno de un estado o de un municipio, pues los diputados hacen una ley para que se pueda quedar con ese dinero. Así de injusto.

Ahora bien, sabemos que los gobiernos de los municipios disponen de recursos muy escasos para cumplir con sus fines, sin embargo, esta manera es el peor camino para otorgarles recursos adicionales, porque se premia el desorden administrativo y el incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué pasa cuando se premia al que no cumple? Pues se crea un incentivo para no cumplir. Los alcaldes y gobernadores que destinaron recursos a cumplir sus obligaciones fiscales, deben estar arrepentidos de no haber empleado ese dinero en acciones más rentables para su administración y su popularidad.

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Por otro lado ese dinero, que no deja de ser un recurso público, se usó sin ninguna planificación y sin ningún control. Ningún gobierno planeó no pagar el ISR retenido a sus trabajadores, los gobiernos dejaron de pagar porque crecieron su gasto corriente o porque las obras que ejecutaron costaron más de lo que habían programado, y ambos casos reflejan ineficiencia y falta de cuidado en el manejo de los recursos públicos.

No podemos olvidar como surgió la medida. Algunos diputados la gestaron como un obsequio para los gobernadores y alcaldes que habían apoyado sus aspiraciones y les habían ayudado a ganar la curul. El origen es perverso y los efectos también. Hasta hoy el “beneficio” se extiende solo al ejercicio 2014, sin embargo, y especialmente a raíz de la desafortunada sentencia de la SCJN, la tentación de continuar con este fraude legalizado se hará más grande y alentará otras perversidades como incrementar plantillas y salarios de funcionarios y burócratas, pues el ISR “se recupera” o promover la condonación de otros pagos de impuestos y derechos federales.

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Creo que es necesario incrementar los recursos que administran los gobiernos locales, en especial los municipios, pero este es el peor camino. Lo que necesitamos es que estos gobiernos sean corresponsables de la recaudación, que el gasto lo dirijan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que estén sujetos a una estricta rendición de cuentas. Lo demás es tirar el dinero y fomentar los cacicazgos. Lamentablemente la SCJN dejó intacto este circulo vicioso de ilegalidad, dispendio y corrupción.

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