El gobierno que merecemos

En esta sociedad de medios y celebridades, ganar un Oscar asegura la relevancia de tus opiniones políticas. Normalmente me resisto a ello, pero en esta ocasión el dicho del novel ganador ha desencadenado una reflexión que quiero compartir, “ruego porque podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos” ha dicho al recibir la estatuilla Alejandro González Iñárritu.

Merecer es, en buen español, ser digno de premio o castigo, o bien en una expresión en desuso alcanzar o lograr algo que se intenta o desea. La expresión es de por sí ambigua, pues el sujeto son todos los mexicanos y por supuesto, por que no se dice cuáles son las cualidades que debiera tener el gobierno deseado. A esta confusión abonan los oportunismos: los que defienden al gobierno han dicho que ya estamos en eso y los que lo denuestan han dicho que merecemos algo diferente. Así que la retórica política del señor González Iñárritu es bastante más pobre que su cinematografía.

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Alegría en el gobierno, borrachera en el contribuyente

   Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en última instancia el juicio de amparo que un grupo de mexicanos, que han destacado como comunicadores, analistas, académicos y líderes de ONGs, y que se identificaron como “#YoContribuyente”, promovieron en contra del último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos del ejercicio 2013, en que se extiende la condonación a estados y ayuntamientos del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) que estos entes retuvieron a sus trabajadores, que se realiza desde el 2008. La SCJN descartó que los promoventes, como ciudadanos, tengan el interés legítimo para impugnar que el Congreso de Unión conceda este beneficio.

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El asunto no es menor y es desafortunado. La SCJN cierra la puerta para que los ciudadanos tengamos a nuestro alcance un instrumento de control de las acciones del poder público. Contrario a la tendencia que en muchos campos predomina, en esta materia la Corte restringe la posibilidad de impugnar una mala decisión gubernamental, contraria a las leyes, porque la afectación no es directa y personal, sino difusa. Habremos de esperar a que uno de los ministros que formaron mayoría en torno de este criterio, redacte el proyecto para evaluar la argumentación y el daño que causa a la vida pública.

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Por ahora ya podemos hacer un balance de este tema. Permítanme explicarlo un poco. Los gobiernos de estados y municipios les descuentan a sus trabajadores el ISR que por ley deben pagar a la Secretaría de Hacienda, como cualquier otro patrón lo hace con sus trabajadores. Esto se llama retención. La diferencia viene después. Si quien hace la retención es un contribuyente cualquiera y no hace el pago correspondiente, puede incluso ser sujeto a proceso penal y terminar en la cárcel por el delito de defraudación fiscal. Si el contribuyente que no paga es el gobierno de un estado o de un municipio, pues los diputados hacen una ley para que se pueda quedar con ese dinero. Así de injusto.

Ahora bien, sabemos que los gobiernos de los municipios disponen de recursos muy escasos para cumplir con sus fines, sin embargo, esta manera es el peor camino para otorgarles recursos adicionales, porque se premia el desorden administrativo y el incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué pasa cuando se premia al que no cumple? Pues se crea un incentivo para no cumplir. Los alcaldes y gobernadores que destinaron recursos a cumplir sus obligaciones fiscales, deben estar arrepentidos de no haber empleado ese dinero en acciones más rentables para su administración y su popularidad.

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Por otro lado ese dinero, que no deja de ser un recurso público, se usó sin ninguna planificación y sin ningún control. Ningún gobierno planeó no pagar el ISR retenido a sus trabajadores, los gobiernos dejaron de pagar porque crecieron su gasto corriente o porque las obras que ejecutaron costaron más de lo que habían programado, y ambos casos reflejan ineficiencia y falta de cuidado en el manejo de los recursos públicos.

No podemos olvidar como surgió la medida. Algunos diputados la gestaron como un obsequio para los gobernadores y alcaldes que habían apoyado sus aspiraciones y les habían ayudado a ganar la curul. El origen es perverso y los efectos también. Hasta hoy el “beneficio” se extiende solo al ejercicio 2014, sin embargo, y especialmente a raíz de la desafortunada sentencia de la SCJN, la tentación de continuar con este fraude legalizado se hará más grande y alentará otras perversidades como incrementar plantillas y salarios de funcionarios y burócratas, pues el ISR “se recupera” o promover la condonación de otros pagos de impuestos y derechos federales.

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Creo que es necesario incrementar los recursos que administran los gobiernos locales, en especial los municipios, pero este es el peor camino. Lo que necesitamos es que estos gobiernos sean corresponsables de la recaudación, que el gasto lo dirijan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que estén sujetos a una estricta rendición de cuentas. Lo demás es tirar el dinero y fomentar los cacicazgos. Lamentablemente la SCJN dejó intacto este circulo vicioso de ilegalidad, dispendio y corrupción.

Michoacán el día después de Vallejo

El cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo en Michoacán tuvo un desenlace inesperado. El nombramiento del Rector de la UMSNH Salvador Jara Guerrero como gobernador sustituto induce al error. Considero que quienes ven en este hecho una nueva etapa en la vida política de Michoacán, y se ilusionan ante la posibilidad de un gobierno sin políticos profesionales se engañan. Lo primero que hay que establecer es que el nombramiento de Jara no es fruto de una lucha ciudadana ni producto de la presión opositora, es un paso perfectamente calculado de la estrategia diseñada por el Gobierno Federal, y en particular por el Comisionado Castillo.

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A pesar de las dudas que suscita la designación de un hombre ajeno a la política partidaria y a la administración pública, y con claroscuros en su desempeño como Rector, la decisión cumple su primer objetivo: cae bien en la opinión pública, refresca el ambiente cansino y turbio que rodeó los últimos días del gobernador Vallejo. También la oposición ha validado mayoritariamente el nombramiento – quizá un dulce envenenado – pensando en la renta inmediata de la descalificación implícita de toda la clase política priísta y en la promesa de acotar la capacidad de operación gubernamental a favor del PRI en el proceso electoral.

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Ciertamente la sanción política de no designar a un militante del PRI es relevante. Es la confesión del agotamiento de una longeva generación de cuadros, que como subproducto de sus exitosas carreras inhibieron la formación de una generación que los sucediera. Caídos los grandes priístas que rondan (o superan) los 60 años de edad, prácticamente no hay cuadros con los argumentos políticos para reclamar el bastón de mando. Por eso más bien, el Comisionado, fiel además a la doctrina del peñismo, voltea a los treintañeros diputados, que si bien algunos eran cobijados por Fausto Vallejo o son herederos de algún otro líder histórico, piensan más en su futuro que en el pasado.

El nombramiento de Jara le permitirá a Alfredo Castillo desmantelar a los dos grupos dominantes del PRI, el de Jesús Reyna y el de Fausto Vallejo y reconfigurar al PRI con una generación de políticos jóvenes y provenientes de los grupos que hoy consideramos marginales. Para eso usará los espacios que se abrirán en el gabinete y las candidaturas del 2015. Nadie se sorprenda si el candidato a la gubernatura del PRI termina siendo un no militante o un joven militante que hoy no consideraríamos.

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Por otro lado los primeros nombramientos en el gabinete apuntan a que el Comisionado Castillo asume el control de la operación del Gobierno Estatal. El Secretario de Gobierno, los titulares de Administración y Finanzas, Seguridad Pública, Comunicación Social y Cocotra son del equipo de funcionarios que lo acompañó desde su llegada. La titular de la Secretaría de las Mujeres responde al perfil de cuadro priísta joven y de un grupo marginal. El Secretario de Educación es el único nicolaita sin vínculos con Alfredo Castillo o con el PRI y que va a enfrentar un reto mayor en materia política y de administración con una trayectoria casi exclusivamente académica.

Particularmente inquieta el nombramiento del Secretario de Gobierno. Si bien es michoacano, es un funcionario ligado exclusivamente a Alfredo Castillo y a la procuración de justicia. Lo cual sin duda responde a la visión de un secretario de gobierno coordinador de la estrategia de seguridad, pero que no tiene credenciales que acrediten cómo conducirá la política del estado, especialmente en la etapa que se avecina de reformas pendientes, de nombramientos importantes y de elecciones. O ante una eventual encargatura del Despacho del Gobernador.

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En lo inmediato hay que ver quienes asumen – o se mantienen – en las dependencias estatales que operan el gasto público: Cplade, Sepsol, Sedru, CEAC o Sedeco, por mencionar algunas, y cuyos los relevos formarían parte de la oferta que se habría hecho al PAN y al PRD.

Por ahora viene una etapa en que Alfredo Castillo tendrá el poder absoluto, y todas las acciones del nuevo Gobernador responderán a su lógica. Vendrá la etapa en que el Comisionado definirá el rostro que tendrá PRI para contender en las elecciones del 2015, solo entonces quizá se retirará y dejará Michoacán en manos de su equipo incrustado en la administración de Jara. Preocupa si en este contexto podemos exigir responsabilidad política de un gobernador tan débil y si la estrategia del Gobierno Federal incluye para el 2015 si no una elección de estado, sí una al estilo del Estado de México.

La inminente renuncia de Fausto Vallejo

Todo texto tiene una vigencia temporal. Algunos – los menos – son para la historia. Otros – los más – para el olvido. Este texto tendrá menos vida que algunos insectos, dentro de unas horas será obsoleto, pues versa sobre la continuidad o el retiro de Fausto Vallejo como Gobernador de Michoacán. Sencillamente plasma la respuesta a una pregunta ¿qué está en juego con la permanencia/retiro de Fausto? Como diríamos en inglés, usando un vocablo sin traducción exacta y absolutamente preciso en este caso: what is at stake?

Si sobre el caso se pudiera apostar en Las Vegas, la abrumadora mayoría sería a favor del retiro del actual Gobernador Vallejo que parece estar en jaque mate. Enfermo, con su elección deslegitimada por haber recibido el apoyo de Los Caballeros Templarios, su secretario de gobierno y principal operador sujeto a proceso por vínculo con la misma organización delictiva, con videos y fotografías de su hijo menor en compañía de Servando Gómez circulando en internet, con un gobierno quebrado, intervenido por la Federación a través de un comisionado metalegal que ejerce todos los poderes a su entera discreción y en caída libre en las encuestas de opinión pública.

Fausto está donde nunca se había encontrado, en la absoluta adversidad política y desprovisto de los recursos que siempre utilizó para impulsar su larga carrera: dinero y una opinión pública favorable. Sin embargo hay factores que contrapesan lo anterior. El primero es que la decisión de abandonar el cargo es personalísima, y con su apresurado regreso del año pasado, ya nos demostró que tiene la voluntad de mantenerse en el poder contra viento y marea. Los rumores sobre los vínculos delictivos de sus hijos no son ninguna novedad, el arresto de Jesús Reyna lleva ya varios meses y se ha deslindado hasta el cansancio.

La debilidad de su salud y la quiebra de las finanzas lo han acompañado desde que tomó posesión y la presencia de la Federación se ha vuelto parte del paisaje. Es decir, ninguno de los factores en sí mismo es nuevo, excepto la incipiente evidencia en contra de Rodrigo Vallejo y el desplome en las encuestas, que en sí mismos no le obligarían a renunciar, es decir que si Vallejo se va, será porque todos esos factores fueron evaluados y se habría decidido su salida por el Presidente Peña Nieto en persona.

Lo que también juega a favor de la permanencia de Vallejo es el análisis del día después. Primero no existe en Michoacán un político, un cuadro priísta que asuma la gubernatura y resuelva los problemas políticos existentes. Durante el gobierno de Fausto y especialmente tras el interinato de Reyna y su regreso, las alianzas que lo llevaron al poder se rompieron. Los grupos del PRI mantienen hoy una encendida disputa en Michoacán, que estaría presente en la definición de la suplencia de la gubernatura, y agravada por la intensión del Comisionado Castillo de que se designe alguien a modo.

Los personajes que pudieran ocupar la gubernatura, tampoco tienen la capacidad de revertir el deterioro que el Gobierno estatal, el PRI y sus representantes han sufrido en la evaluación de los ciudadanos, tema que sin duda tiene peso específico en la decisión. Igualmente hay que considerar el nombramiento del abanderado priísta para la elección del 2015, pues si no se opta por un personaje que sea totalmente inocuo a la definición, ésta tendría que anticiparse considerablemente.

En conclusión, la decisión no es sencilla. El apresurado regreso del chequeo médico hace pensar que la salida es inminente, pero no por ello carecería de costos. Si se da la salida quiere decir también que Fausto Vallejo ha agotado su margen de negociación y está tomando los restos del naufragio. También es evidente que no tendrá ninguna injerencia en el nombramiento de su sucesor.

El hecho marcaría también un duro descalabro para el Presidente Peña y para el Comisionado Castillo que habrían sido incapaces de detener el incendio político de uno de sus gobernadores. La llegada a la gubernatura de un interino débil, si bien marcaría la consolidación del poder absoluto en manos de Castillo, sería en forma transitoria, pues su presencia una vez iniciado el proceso electoral se antoja imposible, por lo que el nombramiento de un gobernador sustituto es el primer paso de una ruta de salida para los mexiquenses.

Y aunque éstas no son profecías, las revisamos la próxima semana.

Ciegos, tontos, mezquinos y lo que falta

La semana pasada, el Gobernador de Michoacán hizo una de las más desafortunadas declaraciones de su prolongada carrera política, cuando afirmó que quienes no ven el “avance” en Michoacán son “ciegos, tontos o mezquinos”. Extraña de un político de ese nivel, rodeado de asesores y hábil para manejar la relación con los medios de comunicación un desplante como ése. Sin embargo, en el último año, hemos observado que la mecha del mandatario se ha vuelto más corta y le hemos visto reaccionar con enojo evidente ante críticas y descalificaciones.

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Otro episodio desafortunado fue cuando llamó a Luisa María Calderón “miserable” y “enferma del alma”, como reacción a una declaración de la senadora panista en relación con que existían rumores sobre la vinculación de uno de los hijos del Gobernador con la delincuencia organizada. Meses después cuando el rumor se refiere a la existencia de videos que demostrarían el hecho, Vallejo se ha mostrado mucho más mesurado en sus respuestas, si bien sigue negando estos hechos con vehemencia.

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Cuando los cuestionamientos públicos se dieron en torno a su salud, Fausto Vallejo tampoco se mostro muy tolerante en sus respuestas. Se negó (y sigue haciéndolo) a dar información precisa y se refugió en un mal entendido derecho a la intimidad. Su última expresión al respecto fue un coloquial “ya chole” con esas preguntas.

En algún otro momento, Vallejo propuso dar un premio a los medios de comunicación que “hablaran bien de Michoacán”, y de castigar a los que “siempre hablan mal”. Esto es consistente con la línea que ha mantenido su gobierno de señalar que los medios, especialmente los nacionales, exageran los problemas del estado y que si todos destacaran lo bueno que tiene Michoacán las cosas estarían mejor. Esta postura, además de pueril, parece olvidar la naturaleza de la actividad periodística, pero más grave es tratar de incidir mediante zanahorias y garrotes sobre las líneas editoriales de los medios.

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Sin duda estas reacciones son producto de cierta desesperación ante la dura realidad de Michoacán, que desentona absolutamente del discurso triunfal del gobierno. El problema de la comunicación gubernamental (en general) es que confunde las acciones con los resultados: desplegar nueve mil efectivos de las fuerzas federales en Michoacán es una acción, reducir el número de delitos es un resultado; construir comedores comunitarios es una acción, reducir el indicador de carencia alimentaria del Coneval es un resultado y al gobierno actual no le gusta que le digan que sus acciones no han producido resultados, al menos no todavía.

El 2014 es el año más violento en la historia de Michoacán desde 1998 según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que igualmente acreditan que los secuestros y las extorsiones que se incrementaron desde el último tercio del 2013 no han disminuido a pesar del Plan Michoacán. Morelia es la ciudad en que más se incrementó el número de homicidios dolosos hasta casi duplicarse. Esos son resultados hasta ahora, esperemos mejoren, pero en tanto no sea así no podemos documentar el optimismo.

El gobierno federal anunció la inversión de más de 45 mil millones de pesos en Michoacán, sin embargo, a la mitad del ejercicio fiscal muy pocas acciones están en curso y es ya evidente que el grueso de esos recursos corresponden a lo que el Presupuesto de Egresos de la Federación destina cada año para ejercerse en el Estado a través de los diferentes programas de gasto. Este resultado tampoco les gusta que se recuerde, pero en este tema, incluso las acciones están incompletas.

En su más reciente visita el Secretario de Hacienda Luis Videgaray señaló que el Gobierno Estatal ha ejercido menos del 20% de los recursos que a principio de año se otorgaron en una línea de crédito de Banobras, por aproximadamente 4,500 millones de pesos, que servirían para dar liquidez a la administración local, además de señalar un importante subejercicio de los recursos federales que están a cargo del gobierno estatal. Si aquí la inversión pública sería la acción y el mejoramiento de la actividad económica el resultado, pues estamos peor, porque ni la acciones se han ejecutado aún.

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En este contexto se ha instalado el Comité Ciudadano para la evaluación del Plan Michoacán. Mal augurio que el día anterior se haya anticipado que el que no reconoce avances es ciego, tonto y mezquino. ¿Cómo podemos mejorar si todo señalamiento es recibido con intolerancia? ¿Quién se atreve a disentir, cuando hay premios para el que habla bien y castigos para el que habla mal? ¿Cómo puede la oposición acordar con un gobierno que reacciona con denuestos a los desacuerdos?

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Son todos estos malos datos para una democracia y preocupantes signos de deterioro de la capacidad de gobernar. La noticia además es peor, estamos a un año de las elecciones más numerosas de nuestra historia, en cuanto a puestos en disputa y los señalamientos y las críticas acaban de comenzar. Si esa será la postura del Gobernador Vallejo, tendremos un año de tormentas frecuentes.