La salud de un hombre público

Así se ha llamado por muchos años a quien se dedica a la política: hombre público. Persona pública, desde que numerosas damas participan activamente y el machismo entreverado en el español tornaría chusco el mote. Y si aceptamos y usamos cotidianamente esta fórmula para referirnos a quienes gobiernan, ¿por qué hoy debatimos si la salud del gobernador de Michoacán es un asunto público o privado?

La respuesta es simple: al gobierno estatal y al equipo de Fausto Vallejo les interesa ganar tiempo y eso solo pueden hacerlo ocultando la información sobre la salud del mandatario.

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No soy médico, pero no necesito saber una palabra de medicina para saber que Fausto Vallejo no regresará a la gubernatura. La secrecía que se pretendió guardar sobre su enfermedad grita la gravedad de su condición. Si el mandatario sufriera, como se dijo al principio una hernia o de tos, la estrategia de comunicación sería aportar tanta información como fuera posible para dejar en claro que la situación es transitoria. Ante un padecimiento grave de pronóstico reservado la estrategia es ganar tiempo, para hacer ajustes, para cerrar asuntos pendientes, para tomar las decisiones sin duda trascedentes de lo que vendrá.

Por eso se ha recurrido a la mentira, a la evasiva, a la indignación. ¿Cómo se atreven?, gritan algunos, la salud es un asunto privado, íntimo. Y lo es para quien elige la senda de la vida privada, no así para quien opta por la vida tempestuosa de la responsabilidad pública. Países con legislaciones avanzadas lo prevén y exigen conocer el estado de salud de los gobernantes cuando estos enferman, pues la capacidad de cumplir con su mandato depende inevitablemente de su buen estado físico. Lo mismo ocurre en el mundo corporativo, donde los altos directivos, los CEOs de las grandes empresas deben informar a los accionistas sobre el estado de su salud, y cuando el caso se refiere a la salud de un gobernante los accionistas somos todos los ciudadanos.

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Sólo la estupidez podría provocar que alguien se alegrara de la enfermedad del gobernador Vallejo. Sólo la idiotez podría llevar a alguien a pensar que su abrupta salida del cargo y la llegada de un sustituto, podría traer algún beneficio. La renuncia de Fausto Vallejo a la gubernatura será una mala noticia que se acumulará a las de la crisis financiera, la deuda, la inseguridad y la incapacidad para resolverlas, porque aún en el mejor de los escenarios, representará inestabilidad e incertidumbre, ajustes en la estructura de gobierno y reacomodo de fuerzas, en los que siempre se pierde tiempo y esfuerzo.

Cuando se presentó la licencia yo sostuve que no había razón para no creer en la versión oficial, hasta que se presentara una razón para desconfiar. Ahora se ha revelado que el procedimiento era una cirugía de hígado, y aún cuando no se abunda en la información, lo dicho es suficiente para confirmar que hace 90 días se ocultó información sobre la salud del gobernador y ésa es ya una razón para desconfiar de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se diga en adelante. Y de eso nos debe rendir cuentas el gobierno estatal, de su falta de veracidad.

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Ahora habrá de resolverse en quien recaerá sustituir al gobernador Vallejo. Me parece que el tránsito del poder debe ser lo más rápido y seguro que sea posible. Para recuperar credibilidad el gobierno estatal debe dejar deshojar la margarita y anunciar la falta absoluta de gobernador y solicitar al Congreso la elección del gobernador sustituto, que en mi opinión debe ser el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna ya encargado del despacho y con quien el cambio sería más amable, menos incierto.

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Ha llegado el momento de cambiar la estrategia. Antes fue ganar tiempo, pero ya no puede ganarse más tiempo, paradójicamente la estrategia de ganar tiempo se convertirá a partir de ahora en una forma de perder tiempo, y lo que los integrantes del gobierno hayan  obtenido alargando el compás de espera lo pueden perder si continúan postergando la decisión que parece inevitable.

Fausto Vallejo me merece toda la consideración y le deseo que su salud se restablezca, pero hace muchos años que el asumió la vida pública y no hay duda que su salud no es un asunto íntimo, sino uno de interés público. El camino que siguieron para informar a los ciudadanos puede entenderse como jugada política, pero su ética es cuestionable y deben responder por ello. Y más importante, ahora que el tiempo se ha agotado deben actuar con responsabilidad y anteponiendo el interés general a los suyos propios.

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El Supersecretario

¿Qué tienen en común una peregrinación, una pelea de gallos y un reclusorio? ¿O un periódico semanal, una reunión del gabinete y la atención de un desastre natural? ¿O el Diario Oficial de la Federación, una patrulla de Policía en la autopista y el permiso para que Vilar juegue en el Morelia? Podríamos seguir por un buen rato, si no se le ocurre a usted una respuesta, permítame darle una pista: que todos esos asuntos son responsabilidad del mismo funcionario, el Secretario de Gobernación.

La Segob es una dependencia peculiar, rodeada del oropel de ser la primera y más importante, la responsable de la política interior y la coordinación con los poderes, es un amasijo de atribuciones que se han ido acumulando por virtud de caprichos presidenciales más que de planeación de la función pública.

Por ejemplo, la Dirección de Juegos y Sorteos que remonta sus orígenes al Gral. Lázaro Cárdenas que pensaba que los mexicanos no estábamos capacitados para las apuestas y los juegos de azar y por ello si alguien organiza una pelea de gallos en Coahuayana debe contar con un permiso de la dependencia. O una de las joyas de nuestro pleistoceno político, la Segob lleva un registro de las publicaciones impresas, los locutores de radio y tiene atribuciones para censurar películas y programas de televisión en los tiempos de You Tube. También existe un área encargada de vigilar el respeto a los Derechos Humanos y los tratados que ha firmado México al respecto, pero hay otras del mismo nivel jerárquico en Relaciones exteriores y la Procuraduría General de la República, era la moda del foxismo. La Segob regula las iglesias y los actos de culto público, apostilla títulos, legaliza documentos, imprime el Diario Oficial, coordina la protección civil, la inteligencia y contrainteligencia, la migración, el Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, la distribución de banderas a las escuelas, la relación con las entidades federativas, los poderes de la Unión y las organizaciones sociales, además ahora coordinará el gabinete y será responsable de la Policía Federal y del sistema penitenciario, y todo esto es solamente un esbozo de sus alcances.

Muchas de estas atribuciones son fruto de ocurrencias que ni los gobiernos priístas ni panistas tuvieron la claridad y la entereza de desmantelar. Es parte del mito de los superpoderes del Secretario de Gobernación, pero con la recién aprobada reforma del Presidente Peña, se han agregado todas las facultades de seguridad pública de la Federación y la coordinación de las demás secretarías de estado, tareas críticas y de la mayor responsabilidad.

Creo que todo Presidente tiene su modo de matar pulgas o como se dice en forma rimbombante, su estilo personal de gobernar y es respetable, es su derecho, pero hay cosas que no pueden funcionar. Mas que preocuparme la politización de la policía o la persecución policiaca de la política me preocupa la (in)eficacia gubernamental que tal concentración de atribuciones puede generar. No veo la reedición de la Dirección Federal de Seguridad torturando opositores en Lecumberri (inmueble que por cierto administra la Segob como parte del Archivo General de la Nación), sino la existencia de una dependencia obesa y confusa, agobiada por nimiedades que debiera atender alguien más o que no deberían acaso existir, pero también con demasiados asuntos primordiales en las manos. Para acabar pronto, veo a la Segob con muchas cazuelas en la lumbre.

A mi me gustaría un modelo de gobierno en que toda la procuración de justicia, la persecución de los delitos y la ejecución de las sanciones estuviera bajo un solo mando, el del Procurador General de la República, que ya es ratificado por el Senado y nos ahorraría otro debate. Me gustaría una ágil Secretaría del Interior que se ocupara de todos la seguridad que no tiene que ver con la policía: aduanas (hoy en Hacienda), migración, protección civil. Y una muy sólida Jefatura de Gabinete que se hiciera cargo de la coordinación de las secretarías y de la relación con los poderes de la Unión y las entidades federativas. Pero ése sería mi modo de matar las pulgas.

México se levanta

Si nos atenemos a las mediciones de opinión pública, nuestro país es un desastre. Por tomar un dato, de acuerdo con Consulta Mitofsky solo el 36% de los mexicanos pensamos que el país va por el rumbo correcto. Pero la semana pasada ha ocurrido uno de esos hechos que contradicen la percepción de la mayoría y que nos llaman a la reflexión. La revista británica “The Economist”, una de las publicaciones más influyentes del mundo en materia económica y política dedicó su portada y un extenso reporte a nuestro país bajo el título homónimo de este texto, “The Rise of Mexico”, en el que plantea una perspectiva optimista del futuro de nuestro país.

En la publicación se destaca como México a pesar de todos sus problemas, de los cuales hace un puntual recuento en temas como inseguridad, corrupción, debilidad fiscal, pobreza, monopolios, marco regulatorio ineficiente, violencia y varios más, es el país latinoamericano con las mejores condiciones para invertir, con la economía más solida y con la mejor perspectiva de crecimiento de la región, sí, incluso, ¡oh anatema!, por encima de Brasil.

El reporte destaca como en el mundo se está gestando un cambio de viento favorable a nuestro país, ligado principalmente al incremento de los costos de la mano de obra en China y del petróleo que encarece el trasiego de mercancías desde el sudeste de Asia, lo que aunado a la planta industrial ya existente en México, que lo tiene ya como uno de los líderes mundiales en materia de autopartes, aeronáutica, electrodomésticos y teléfonos móviles, le da el potencial de convertirse en el mejor país del mundo para fabricar los productos que se venderán en el mercado norteamericano, el más grande del planeta.

El documento no es una alegre loa a México. Pero reconoce avances que nuestra opinión pública doméstica niega, como la reducción del número de homicidios por la violencia ligada al crimen a lo largo de los últimos nueve meses, la cobertura universal de salud, la solidez de las finanzas públicas o la recuperación de las reservas probadas de petróleo. También traza una ruta de futuro relacionada con liberar las restricciones a la inversión extranjera en materia energética, incentivar la competencia y romper con los monopolios, detonar el desarrollo de las telecomunicaciones y reformar la administración pública especialmente en los gobiernos estatales a los que se refiere como “las 31 repúblicas bananeras” aludiendo a sus numerosas deficiencias, alto endeudamiento y corrupción endémica.

En uno de los artículos de la revista se alude al extendido sentimiento de frustración de los mexicanos respecto de sí mismos. Cómo hemos sufrido múltiples desilusiones de ahora sí convertirnos en una potencia mundial y tener un mejor nivel de vida, al punto de que a pesar de los avances registrados seguimos pensando que somos una nación pobre y violenta con un futuro incierto. Ya lo reflexionaron también Castañeda y Aguilar Camín y lo concretaron en una analogía brillante: somos una ballena con complejo de ajolote. Lo anterior no pasaría de ser una anécdota triste si esto no tuviera consecuencias concretas en nuestra capacidad de seguir adelante. Al no valorar nuestros avances damos erráticos golpes de timón que pueden cumplir nuestros negros vaticinios.

El 2012, año electoral ha cumplido con la sentencia de Bismark (el canciller que unificó Alemania en el siglo XIX) de que nunca se dicen tantas mentiras como antes de una elección y después de una cacería, y hoy muchos de los rubros duramente criticados por el PRI durante la campaña presidencial, son aquilatados por ellos mismos como preciosos puntos de partida del nuevo gobierno. Esto será así cada vez más. Por el bien de México, sin dejar de reconocer nuestros problemas y de buscarles solución, debemos ser capaces de apreciar nuestros avances, por que son una parte fundamental del diagnóstico para tomar las decisiones correctas, para que como dice “The Economist”, México pueda ascender en el mundo.

Separar política social y territorial es un error

Las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (así se llama la ley que dice que hace cada dependencia del Gobierno Federal) ha traído atención sobre asuntos relacionados con la coordinación del gabinete, la seguridad, la política indígena, la de género y el combate de la corrupción. Sin embargo, en la opinión pública ha pasado inadvertido un cambio mayor para la próxima administración y que me parece desafortunado: el cambio en la política territorial y de desarrollo urbano y regional, quitándola de la competencia de Sedesol y ubicándola en la de Reforma Agraria, que incluso cambia su nombre a Secretaria de Desarrollo Agrario, Regional y Urbano.

El ordenamiento del territorio es un importante rubro de las políticas públicas, pero poco difundido entre el gran público. Podríamos definir a la política territorial como el conjunto de decisiones gubernamentales orientadas a normar como nos asentamos y distribuimos  las personas en nuestro país, y  el uso que hacemos de nuestro territorio para la vivienda, las actividades productivas y la infraestructura, por mencionar algunas. Es una materia sumamente compleja porque toda la actividad humana se lleva a cabo en un lugar, entonces es probablemente una de las pocas materias que se relacionan con todos – no exagero – los ámbitos de la acción pública y privada.

Además los tres órdenes de gobierno (Federación, estados y municipios) tienen una competencia con límites poco claros sobre los temas territoriales, a todos les corresponde una parte y a veces la misma cosa compete a más de uno. Durante muchos años, los regímenes del PRI equipararon el ordenamiento territorial a la política agraria y al control sobre la tenencia de la tierra. En los intentos modernizadores de los años 1980 apareció por vez primera enunciada como atribución de la SEDUE, aunada a la materia ambiental, modelo que subsiste en Michoacán a nivel estatal (SUMA) y hasta municipal (v.gr. en Morelia). Esta visión fue superada en los años 1990 y el tema ambiental fue a la entonces Semarnap y el tema territorial a Sedesol respondiendo a una nueva visión: la política territorial tiene un carácter esencialmente humano y social y viceversa: no se puede superar la pobreza en forma estructural sin una política territorial.

Sé bien que explicar esto requiere ejemplos. Pensemos en un pueblito de menos de 500 habitantes que carece de hospital, escuela, carretera y de oportunidades económicas.   El problema es fundamentalmente territorial. Dotarlo de los servicios y la infraestructura para que sus habitantes se desarrollen plenamente y con igualdad de oportunidades sólo puede hacerse con un enfoque regional, pues en México hay mucho miles de pueblecitos como ese y no sólo invertir en construir la infraestructura sería impagable, más difícil sería operarla y mantenerla. Es decir, construir las escuelas y hospitales en puntos estratégicos y promover que las personas se cambien a vivir a localidades de mayor tamaño, además de construir las vías de comunicación necesarias y habilitar el transporte público.

Otro caso, de enorme relevancia es el del desarrollo de las ciudades. La pobreza urbana es el mayor reto social de nuestro país y especialmente en una ciudad es imposible superar la exclusión sin políticas territoriales y urbanas. La distancia a centros educativos, deportivos, hospitalarios, laborales, las vías de comunicación, el transporte público y la cobertura de los servicios básicos son determinantes para la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo en una ciudad.

Uno de los mayores éxitos de política social de nuestro país es el programa Hábitat que surgió en la Sedesol durante la administración Fox y que es la única política consistente de combate a la pobreza urbana. Por primera vez se vio de forma integral a la ciudad, como una realidad humana en que lo principal son las personas, en que no puede separarse la dotación de servicios de la participación ciudadana y de la atención de los problemas de la convivencia social. Hoy su futuro es incierto con las reformas de Peña Nieto. Al sacar la política territorial, urbana y regional de la Sedesol se ha roto la pinza, que junto a la política social permitió avanzar durante más de una década consistentemente en abatir la marginación y la exclusión de los servicios básicos.

Puntualmente debe considerarse también el tema de la vivienda social. El apoyo para la autoconstrucción y las viviendas para el segmento poblacional que no tiene acceso a vivienda comercial, al desvincularse de la Sedesol quedará a la deriva y a merced de las organizaciones campesinas que le han dado un manejo corporativo, y peleado una dura batalla por evadir la regulación y la rendición de cuentas.

Acepto mi desviación profesional y personal, pero creo que ésta será una de las reformas de mayor calado de la nueva administración, y no me parece alentadora. Es un retroceso. Volvemos al modelo que confunde la tenencia de la tierra con la estrategia de desarrollo regional y urbano, en el momento en que se enfrentan los mayores retos en la materia: pobreza urbana, falta de infraestructura regional, incremento en la demanda educativa y de servicios de salud, crecimiento urbano, crisis de las finanzas locales y cambio demográfico. Tristemente, Peña inicia con un error.

Lecciones norteamericanas para la democracia mexicana

El pasado martes seis de noviembre se celebraron las elecciones para elegir senadores, representantes y muy señaladamente al Presidente de los Estados Unidos. Las elecciones terminaron por convertirse en un espectáculo mundial del que se desprenden algunas valiosas lecciones sobre democracia. Aquí comento algunas de ellas.

La persistencia democrática hace una enorme diferencia. Los Estados Unidos no solamente son la mas antigua democracia moderna, son la democracia que mejor funciona y que lo ha hecho ininterrumpidamente por más de 200 años. Los norteamericanos no tienen ninguna razón para desconfiar de su sistema político. Ese sustrato de confianza es su más valioso capital y una inercia favorable para sortear retos mayúsculos, como el que planteó la elección del 2000 en que George Bush Jr. Fue electo Presidente sin contar con la mayoría del voto popular, solo en el colegio electoral, y además escasamente y no sin controversia en el estado que gobernaba su hermano, la decisiva Florida.

El peso del gobierno es relativo. Todos los cargos, incluido el Presidente pueden reelegirse y no abandonan sus funciones para contender en una campaña, sin duda usan recursos públicos durante ese proceso y quienes compiten contra ellos, asumen esa condición de competencia sabiendo que la oposición da otras ventajas. De hecho Romney y Obama gastaron en sus campañas cifras muy semejantes, refutando el que el gobierno dé absoluta ventaja a quien lo ejerce durante una campaña.

La libertad de los medios es mejor que una regulación hipócrita. En los Estados Unidos no se monitorea a los medios para ver si son imparciales, es más los medios públicamente toman partido y manifiestan su apoyo a un candidato y explican las razones por las que creen que debe ganar. Al único juicio que se someten es al de la audiencia, que sabe que la cadena de televisión o el diario que le informa es abiertamente partidario de un candidato, pero no por ello está disculpado de ser veraz y objetivo. Los problemas de la democracia se resuelven con libertad no con regulación.

Las campañas negativas mejoran la calidad de la democracia. En México nos hemos vuelto puritanos e hipócritas en el tema electoral. No queremos que se digan los defectos, las insuficiencias, los errores de quienes aspiran a gobernarnos, en tanto que en Estados Unidos todo candidato es sujeto de un escrutinio detallado de su vida pública y privada, además las campañas invierten en posicionar lo que un candidato ha hecho o dejado de hacer en sus encargos previos y sobre sus posiciones en torno a temas importantes. Sin duda, eso equipa mejor al ciudadano para decidir que los spots descafeinados y huecos en que se alaba a un candidato.

Los debates cuentan, especialmente cuando tienen formatos abiertos que permiten la exposición y hacen vulnerables a los candidatos. Que Obama haya estado a punto de perder la elección por su mal desempeño en el primer debate, hubiera sido increíble, pero así lo atestiguamos. Y eso animó la etapa final de una elección que durante meses se creyó sentenciada.

Y lo principal, lo más importante es que las democracias, ni la más longeva y exitosa es perfecta, que sus instituciones, normas, partidos y candidatos tienen fallas enormes, que pueden ser soportadas por el sistema en conjunto cuando la cultura de la sociedad es democrática. Cuando una mayoría de ciudadanos valora a la democracia como un bien en sí misma y que posibilita la gestión de otros bienes públicos, entonces todos los actores sociales defienden el sistema político incluso por encima de su interés inmediato. Comprenden que es mejor perder una elección que ganarla socavando los fundamentos democráticos. Esa lección nos viene bien a los mexicanos.