Fausto, el STASPE y la tolerancia

El pasado jueves primero de mayo, en el marco de la celebración del Día del Trabajo, tuvo lugar un acontecimiento desagradable. Un grupo de trabajadores sindicalizados del STASPE, el sindicato de los trabajadores del Gobierno del Estado, increpó al Gobernador Fausto Vallejo y lo insultó en repetidas ocasiones, inclusive hubo quien le arrojó alguna bola de papel.

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El hecho tiene varias aristas. Primero hay que decir que los trabajadores se encontraban particularmente indignados pues unas horas antes el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la instancia judicial, dependiente del propio Gobernador, declaró inexistente su huelga, en un procedimiento que dejó sorprendido al más mañoso abogado. El famoso Tribunal ha estado implicado en más de una controversia, y mas allá de sus integrantes, es por mucho evidente que se trata de un órgano vetusto que carece de la normatividad adecuada, es ajeno a la transparencia y que está débilmente constituido. Por eso sus fallos siempre terminan siendo cuestionables.

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La insistencia del Gobernador de acudir al acto, y sorprendentemente, sin un dispositivo adecuado de seguridad, es más que anecdótico, es una imprudencia que pudo salir mucho peor, y de la que no son responsables los manifestantes, sino las autoridades. Pero las cosas se complicaron, pues en su ruta de salida, cuando más intensos fueron los gritos en contra de su persona, Fausto Vallejo se detuvo y pretendió encarar a los manifestantes. Sin duda fue un impulso de ira comprensible, pero que comprometía más la seguridad del mandatario.

Los hechos concluyeron felizmente pues no hubo mayores consecuencias, hasta que unas horas después el Secretario de Gobierno del Estado, anunció que la Consejería Jurídica del Ejecutivo presentó ante la Procuraduría del Estado denuncia penal en contra de los manifestantes del acto en que se ofendió al Gobernador del Estado, la denuncia no precisa delito y se encamina contra quien resulte responsable, pero se ha señalado que se citará a declarar al líder del sindicato Antonio Ferreyra.

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No sé, ni se me ocurre porque delitos pudieran procesar a los miembros del STASPE. Desde el 2007, a iniciativa de un servidor las injurias y la difamación no son delitos en Michoacán, del delito de lesiones no puede configurarse ni la tentativa y pretender que se configuren la sedición o el motín sería un despropósito bastante ajeno a un gobierno democrático, más cuando vivimos un tiempo en que se tiene una tolerancia excesiva a grupos de civiles armados, que incluso reciben el apoyo de la autoridad. Pero el sólo hecho de que se presente la denuncia ya me parece asombroso.

 Podemos pensar que se trata de una maniobra más política que legal. Una vez vencido el STASPE en juicio (como haya sido) y declarada inexistente la huelga, el que sobre la cabeza de su dirigente se cierna, como espada de Damocles la amenaza de un proceso penal, es sin duda muy conveniente para un gobierno al que solo le resta asegurarse que se abran las oficinas públicas y los burócratas regresen a trabajar.

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No simpatizo con el STASPE ni con los sindicatos del sector público. En general creo que sus contratos colectivos son abusivos y que en nada han beneficiado ni al servicio público, ni a los ciudadanos y ni siquiera a sus agremiados. Pero creo que lo que atestiguamos en días pasados retrata un Gobierno Estatal que tiene un talante de autoritarismo e intolerancia al que ya nos estábamos desacostumbrando.

Resolver procedimientos en órganos que carecen de independencia y en el filo de la legalidad, presentar denuncias por insultar a un funcionario en una plaza y dedicarle una rechifla pública, así como negociar con interlocutores bajo amenaza de cárcel, forzando los tipos penales más allá de los hechos no son hechos alentadores menos en un estado en que el crimen, el vandalismo y la portación de armas se han generalizado. Nos hablan de que el gobierno no es sensible socialmente, sino impotente, que la ley se aplica selectivamente y que el discurso democrático es una fachada, que los humores autoritarios del pasado están intactos, esperando una grieta en nuestra frágil modernidad para regresar.

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Para bien y para mal: los mismos de siempre

Que el PRD y demás partidos de izquierda se opongan a la apertura del sector energético a los capitales privados no es nuevo. Que el PAN haya promovido la reforma constitucional en ese sentido tampoco es una sorpresa. La diferencia tras varios intentos fallidos de modificar la Constitución para quitar el monopolio energético de las manos del Estado es la postura del PRI, que apenas hace cinco años le negó una reforma menos ambiciosa al Presidente Calderón, siendo senadores, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, hoy coordinador de los diputados priístas y operador de la reforma o Pedro Joaquín Codwel, ahora Secretario de Energía.

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Hay quienes dicen que el PRI se ha corrido a la derecha, como en los tiempos de Salinas, agregan los afectos a las teorías conspiratorias. Yo sigo sosteniendo que el PRI solo tiene una ideología y es el pragmatismo. Si el PRI de Peña Nieto estuviera corrido a la derecha no habría aprobado la  miscelánea fiscal que pretende hacernos creer que es una reforma hacendaria y que perjudica a las clases medias y a los emprendedores.    

Durante el año que ha transcurrido desde su regreso al Gobierno Federal, los priístas han demostrado que sus virtudes y defectos son los mismos de siempre. Son malos para ejercer el presupuesto bien y a tiempo, pésimos para combatir la pobreza, están paralizados ante el crimen organizado y la economía se les hace bolas. Pero para la política son muy buenos. Lo suyo es el manejo de la corte y allí le llevan ventaja a todos los actores políticos de México, por una sola y poderosa razón: nada los ata, ni la ideología, ni sus bases sociales, ni un compromiso ético. Son absolutamente pragmáticos.

El Pacto por México sirvió en el principio de la administración para reducir la conflictividad tras la elección. Aprovechando la debilidad en que se encontraban las dirigencias del PRI y del PRD, además de la afortunada coincidencia del estilo personal de Zambrano y Madero, el nuevo gobierno encontró interlocutores a modo, expertos en beneficiarse de pactar pequeñeces. El límite del pacto era uno y muy simple: la reforma constitucional en materia energética, pero el PAN estaría encantado de sumarse, pues el tema representa un compromiso histórico y programático.

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Con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el resto era sencillo. Anular al impresentable Romero Deschamps, mantener dividida a la izquierda con base en concesiones en temas varios y mucho dinero para el Gobierno del Distrito Federal y activar a través de los gobernadores las mayorías necesarias en los congresos estatales en un tiempo record. Los operadores del PRI hicieron gala de sus habilidades y como peces en el agua consiguieron lo que ellos mismos negaron por 12 años, en unos cuantos días y hoy defienden la apertura del sector energético como si fuera su lucha histórica o como si se les hubiera caído una venda de los ojos.

 Yo he defendido la postura de abrir el sector energético y creo que la reforma es una buena reforma. Como estoy hecho a las instituciones republicanas, estos pactos de pasillo y las maniobras que llevan al vertiginoso estilo legislativo de estos días, me dejan con un extraño sabor de boca. Porque sé que ese pragmatismo, así como hoy produjo un cambio con el que estoy de acuerdo, puede producir monstruos (como ya pasó en el tema hacendario). La lentitud de algunos procesos institucionales tiene razones y virtudes que hoy se soslayan con el eslogan de “Mover a México” que aprovecha bien el cansancio y la sensación de parálisis de muchos mexicanos.

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Por otro lado, al PRD le han dejado una salida digna pero falsa. Con la aprobación de la consulta popular, todos juegan a que el asunto se zanje en 2015, a sabiendas de que el tema, como está actualmente estructurada la figura de participación, es improcedente. Es la misma historia que los amparos contra la miscelánea fiscal. Lo que olvidan algunos, es que este tipo de expectativas incumplibles son las que causan el desanimo y la ira de los ciudadanos.

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Y no son las únicas expectativas incumplibles. Se ha mentido abiertamente diciendo que con la reforma energética se va abaratar el gas, la luz y la gasolina. Lo cual es falso. No hay manera de que los precios bajen a menos que el gobierno vaya a dilapidar los recursos frescos que obtendrá en subsidiar energéticos, lo cual sería un error brutal. Por otro lado se ha dicho que me crearán miles de empleos, lo cual es solo parcialmente cierto, pues falta ver las leyes secundarias y la puesta en operación de las reformas, lo que puede llevar todo el sexenio.

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Podemos estar en un mundo muy distinto al prometido, con combustibles caros, con una reforma política fallida, sin consulta popular y sin el crecimiento y los empleos anunciados, apalancado todo, la economía, el gobierno, el PRI y hasta sus cómodos opositores, en el endeudamiento histórico que le fue aprobado con apoyo del PRD. No soy tan pesimista pero puede pasar, y con estos opositores débiles, divididos y obsequiosos, el pragmatismo priísta hará de las suyas.

Los acuerdos fallidos

Ya en esta columna lo he dicho con claridad: la salud de un hombre dedicado a la vida pública no es un asunto privado. Y sí lo digo por Fausto Vallejo, de quien me sorprende su declaración de que desea reasumir la gubernatura del estado, porque es un político profesional que no desconoce las consecuencias de su dicho, ya no digamos las de su regreso, y que sabe que este trae inestabilidad al estado y confrontación a su partido y al interior del gobierno estatal.

En la vida política la actividad gira en torno a lo que se acuerda y a lo que queda libre para que cada actor lleve adelante su agenda. Es evidente que hoy vivimos las consecuencias de que los acuerdos que llevaron a Fausto Vallejo, primero a la candidatura del PRI y luego al  gobierno de Michoacán no consideraban las eventualidades que se han enfrentado, y que los arreglos que se establecieron para atender estas contingencias, no han sido satisfactorios. Ahora me explico.

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Tras años de confrontación en el PRI, los dos grupos que conservaban espacios de poder a pesar de las derrotas que sufrió ese partido en la primera década del siglo, el de Jesús Reyna que mantuvo la presidencia estatal del partido, importantes espacios parlamentarios y presidencias municipales y el de Fausto Vallejo afincado en la alcaldía de Morelia y en su popularidad personal, pactaron la candidatura de este último a cambio de diversos espacios en el eventual gobierno, empezando por la Secretaría de Gobierno para el primero.

Este acuerdo suponía que Fausto Vallejo estaría al frente del Gobierno del Estado todo el periodo y abría la puerta para que Jesús Reyna buscara ser su sucesor. Pero con la enfermedad de Fausto y el interinato de Reyna las cosas han cambiado. Jesús Reyna ya no puede ser candidato a la gubernatura en el 2015, ha quedado impedido constitucionalmente y ha tenido que asumir el desgaste y enfrentar serios problemas ante la ausencia de Vallejo.

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 Al conocerse la gravedad real de la enfermedad y producirse la ausencia del mandatario electo, hubo un nuevo pacto entre estos políticos que no ha salido bien. Dan fe de ello la incertidumbre en los plazos de las licencias, los cambios en el gabinete, las secretarías acéfalas, las declaraciones de los familiares de Vallejo y finalmente el anuncio personal de su regreso y el silencio que al respecto guarda, no solo Jesús Reyna sino su Secretario de Gobierno Jaime Mares.

La opacidad en torno a la enfermedad de Fausto Vallejo solo le sirve a él mismo, le da un margen de maniobra que el reconocer su enfermedad o definirse sobre su regreso le arrebataría. Se ha valido de la especulación para mantener su poder de negociación. Eso solo lo hace quien no esta satisfecho con el arreglo alcanzado. Jesús Reyna ha sido impecable en su institucionalidad hacia Vallejo pero en algún punto necesitó – sigue necesitando – tomar en sus manos el gobierno, con todo lo que ello implica, y en algún punto de esa asunción de atribuciones, ha incomodado a Fausto – o a sus allegados – al punto de decidir su regreso sin importar las condiciones en que se encuentre, ni el tiempo que pueda despachar como gobernador.

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El simple anuncio abre una nueva ronda de negociaciones sobre la conducción del gobierno en Michoacán. Las preguntas son muchas: ¿Regresa realmente Fausto Vallejo? ¿Cuál es el papel de Jesús Reyna en este caso? ¿Cómo se cubrirán las vacantes en el gabinete? ¿Qué pasará si Fausto Vallejo no puede desempeñar el cargo? ¿Se ausentará de nuevo? ¿Qué ocurre en ese caso?

Las consecuencias son mayúsculas. En tanto se resuelve la disputa palaciega, los asuntos del gobierno michoacano se administran hasta donde la incertidumbre deja. En particular el refinanciamiento de la deuda, que es el principal problema del estado, sigue y seguirá detenido. La seguridad pública está en manos de la Federación, que no se ocupará de los temas que corresponden al fuero común como el robo o la extorsión. Por supuesto la agenda de desarrollo económico y la obra pública se mantienen al mínimo, en principio por falta de recursos, pero también porque no hay un rumbo definido.

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Todo esto solo es en perjuicio de los ciudadanos. Decía yo al comienzo de estas líneas que me extrañaba de Fausto. Me extraña de él y me extraña del PRI. Los que se consideran así mismos como maestros de la operación política, los eficaces, los experimentados, enfrentan una crisis producto de la falta de acuerdos mínimos y del uso del espacio público como un campo de batalla para la defensa de sus intereses, y los daños colaterales de esta batalla los estamos padeciendo todos. La parte más inquietante es que esto no se resolverá durante la presente administración, no hay forma. Parece que los michoacanos tendremos que aguantar hasta el 2015 y fijarnos muy bien a quien le damos nuestro voto entonces.

Ante la violencia, unidad

La semana pasada, la violencia del crimen organizado volvió a sacudir a Michoacán. El diputado local Osbaldo Esquivel Lucatero, del PRD, originario de Buenavista y electo en el distrito de Coalcomán, fue brutalmente asesinado en las afueras de Morelia. El primer legislador local que se suma a una lista ya larga de alcaldes y funcionarios municipales que han perdido la vida en los últimos años a manos de los sicarios de la delincuencia.

Ninguna vida vale más que otra, pero casos como este nos recuerdan que los grupos delincuenciales cada vez tienen menos temor de enfrentar al estado y se atreven a atacar a personajes cada vez más destacados, al amparo de un amplio cono de impunidad. Son hechos que nos hablan de la profundidad de la crisis y de la gravedad de la amenaza.

El domingo 15 se cumplieron cinco años del más grave hecho de violencia del crimen organizado contra la población civil que se haya registrado en nuestro estado. Fue en el 2008 cuando en mitad de la celebración delGrito de Independencia delincuentes detonaron granadas en mitad de la multitud que ocupaba la Plaza Melchor Ocampo. Ha sido uno de nuestros momentos más trágicos.

Y traigo a cuento ambos hechos, a los que podríamos agregar muchos otros, para subrayar la gravedad de la situación que enfrenta nuestro país. La magnitud de la amenaza que el crimen organizado plantea a nuestra sociedad. Una amenaza que se cierne sobre nuestras vidas, nuestro patrimonio, nuestra libertad; y que ha dañado nuestra economía y nuestra calidad de vida, además de nuestra percepción de la realidad y nuestra comprensión del mundo. Esto último no es menor, pues nos hemos acostumbrado a coexistir con el fenómeno delictivo y con los delincuentes, y hemos asumido pautas de comportamiento más tolerantes hacia estos que hacia el gobierno que los combate.

La actitud escéptica y agresiva de la sociedad ante la lucha gubernamental contra el crimen, es responsabilidad de todos los actores políticos. La lucha contra la delincuencia debiera ser un asunto de estado, en el que no hubiera fisuras ni dudas. Sin embargo hacia la mitad del sexenio anterior el tema se politizó. El PAN quiso capitalizar el tema en las elecciones intermedias y acusar al PRI de haber pactado con el crimen organizado. El PRI respondió y el PRD, especialmente los fieles de AMLO y los aludidos en gobiernos locales como el de Michoacán, pusieron el acento más agresivo en el discurso, responsabilizando al gobierno federal de los homicidios que ocurrían.

Cuando otros países han enfrentado amenazas a su seguridad, como los estadounidenses el terrorismo de Al Qaeda o los españoles a ETA, lo han hecho con un sentido de unidad nacional indispensable para imponerse ante los criminales, y ello no ha supuesto que quienes ocupen la oposición no critiquen acciones de quienes ocupan el gobierno, pero siempre dentro de una frontera muy clara: los criminales son los malos, el gobierno cuando los persigue, es el bueno. Al gobierno se le puede recriminar su falta de eficacia, pero no que enfrente a los criminales como ha ocurrido aquí.

Una barrera clara debiera ser que las consecuencias de los delitos no son culpa del gobierno, son culpa de los criminales, así los muertos del World Trade Center el 11-S no son los muertos de Bush, son de Al Qaeda y de Bin Laden. Los muertos de los ataques de ETA no son los muertos de Felipe González o de Aznar, son de ETA. Sólo en México es concebible que los homicidios cometidos por los Zetas, por el Cartel de Sinaloa o los Caballeros Templarios sean los muertos de Calderón o los muertos de Peña Nieto y no los muertos del crimen organizado. A ese extremo estamos dispuestos a llegar con tal de denostar a nuestros opositores políticos. Preferimos disculpar al Chapo o a Tony Tormenta con tal de culpar a Felipe Calderón o a Peña Nieto.

El actual gobierno federal ha gastado su tiempo y sus recursos en convencernos que su estrategia es distinta a la de su antecesor. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los malos son los que matan, los que venden droga, los que extorsionan, los que secuestran. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los ciudadanos también jugamos un papel importante si denunciamos, si no somos permisivos ante los delincuentes, si no admiramos su estilo de vida, si no los idolatramos en corridos y un largo etcétera.

El inicio de la administración era el momento justo para que el Gobierno Federal diera el giro en el discurso y convocara a los mexicanos a la unidad frente a la amenaza del crimen organizado. La dejó pasar. Pero nunca es tarde. Ese cambio de discurso, ese mea culpa de todos los actores políticos es lo que debiera suscribirse en el Pacto por México o en el Acuerdo por Michoacán. Dibujar con toda claridad una línea que nadie pueda cruzar porque en ese momento ayuda a los criminales y se opone al estado y a la sociedad.

En el horizonte está el 2015. En Michoacán cada partido registrará 150 candidatos (más síndicos y regidores) y las acusaciones de complicidad con los carteles no se harán esperar. Eso debilitará a todos los partidos y a los futuros gobiernos, fortalecerá la percepción de fuerza de los delincuentes y hará más profunda nuestra desesperación. Los partidos deben entender que no pueden pactar con los criminales, deben superar la tentaciónde ganar elecciones a ese precio y pactar entre sí la defensa del proceso electoral, de los candidatos, de la democracia misma y por ende, la legitimidad de los gobiernos y representantes que han de emanar.

Ya lo dijo San Agustín, en lo fundamental unidad. En el México de hoy nada es más fundamental.

La forma sin fondo o el Acuerdo por Michoacán

No conozco casi a ningún político – y ciertamente a ninguno del PRI – que no recite como si fuera el Credo la frase de Jesús Reyes Heroles,       “la forma es fondo”. Este distinguido hombre de indudable valía y mérito, es lo más parecido que puede tener un partido sin ideología, a un ideólogo. Significa que el protocolo y la manera de procesar una decisión pública es tan importante como su contenido, que el continente vale tanto como el contenido o que la articulación y difusión del mensaje es tan relevante como el concepto.

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El PRI es el maestro de las formas políticas, las formas priístas son reconocibles para bien y para mal en la política mexicana, como rituales que han llegado a confundirse con los rituales institucionales dado su prolongado dominio de los poderes públicos. Sin embargo, las formas no bastan como han descubierto los priístas tras su regreso al poder.

El Acuerdo por Michoacán es una historia que ejemplifica esto. Firmado apenas el pasado 29 de agosto, cuando han transcurrido más de 18 de los 44 meses que durará la actual administración, es tardío para cualquier gobierno, con mayor razón para uno tan breve, pero no del todo inoportuno si asumimos que Fausto Vallejo no regresará, y que Jesús Reyna está tomando las riendas del gobierno y relanzando una agenda para lo que será su gobierno.

Mas que un acuerdo, el documento que ha sido signado por diferentes actores, es una agenda. A diferencia del Pacto por México que se refiere a asuntos que al inicio del gobierno de Peña estaban detenidos por falta de consenso para ser aprobados en el Congreso de la Unión, en el caso local no hay iniciativas cuyo trámite se encuentre detenido en el Congreso del Estado por falta de acuerdo. Los grupos parlamentarios opositores al del Gobernador han sido obsequiosos en la aprobación de los temas más polémicos como la restructuración de la deuda pública y la adquisición de nuevos empréstitos, y aun cuando el acuerdo enuncia 16 acciones que implican nuevas leyes o modificaciones a existentes, 3 de las cuales requieren cambios constitucionales, ninguna ha sufrido el rechazo previo de las bancadas.

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Es evidente que si de las 57 acciones propuestas 41 corresponden exclusivamente al ámbito del Ejecutivo Estatal, el documento firmado dista mucho de requerir el concurso de otros actores. Es una agenda, un plan de gobierno, una hoja de ruta, el hilo conductor que ciertamente le ha faltado a la errática administración estatal encabezada por un enfermo Fausto Vallejo primero y un acotado Jesús Reyna después, o al menos acotado hasta hace muy pocos días.

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Si estamos ante un plan de gobierno para los restantes 25 meses, debemos preguntarnos a donde se dirigen los esfuerzos de la administración. ¿Qué es lo que se pretende alcanzar? Si atendemos a los ejes propuestos en cuanto a su número de acciones el más nutrido es el denominado Administración, Finanzas, Transparencia y Rendición de Cuentas (15) lo que confirma que el principal reto del Gobierno del Estado es superar su disfuncionalidad y corrupción. El de Gobernabilidad (11) reitera este hecho: establece acciones elementales de las que se habla desde hace meses, pero además carece de concreción pues sus puntos tienen que ver con diseñar la estrategia y la agenda, mas que con las soluciones de fondo.

Los ejes de Desarrollo Económico y Educación empatan también con 11 propuestas. El primero va a los lugares comunes fomento, infraestructura, nuestro caballito de batalla el Puerto de Lázaro Cárdenas y de lejos algunos los productos agropecuarios. El último retoma los recientes puntos del conflicto con el magisterio y las normales y la adecuación de la reforma educativa. Su mayor mérito es que asume la necesidad de revisar la situación financiera de la Secretaría de Educación y la Universidad Michoacana.

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Mención especial merece la pobreza conceptual del eje de Desarrollo Social, solo 5 propuestas y nada relevante, se limita a decir que aprovechará la Cruzada contra el Hambre, caótica estrategia sin dinero del Gobierno Federal que solo incluye a siete municipios. Los temas urbanos están ausentes, la migración también, la vivienda no se menciona, los temas forestales y el medio ambiente tampoco, del agua ni una palabra, del turismo solo el sambenito de pensar y hablar positivamente.

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Otro asunto es quien firmó y quien no. Hace unas semanas el PRD votó sorpresivamente por renovar la licencia a Fausto Vallejo y el PAN se negó por falta de información. Ahora el PAN firma un Acuerdo insustancial lleno de vaguedades que competen al Ejecutivo y el PRD se niega arguyendo formalismos. Las oposiciones están tan confundidas como el gobierno. Están desperdiciando la única oportunidad que las ha dado y que probablemente les dará el Ejecutivo de discutir su agenda pobre, mediocre y extraviada. El gobierno se confeso desarticulado, incapaz, corrupto y le han dejado salir intocado y hasta fortalecido.

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Concluyo: el Acuerdo por Michoacán no es tal, es apenas una agenda escueta de acciones que debieran ser obligatorias para un gobierno mediano. Revelan sus graves problemas y sus pocas capacidades, pero una oposición y otra han dejado pasar increíblemente la ocasión. Todos están fascinados por el protocolo, confundidos entre la forma y el fondo, sin advertir que entre las manos tienen un cascaron vacío. Lástima que Reyes Heroles nunca tuvo ocasión de completar su sentencia: el fondo no sólo puede ser forma.

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