La paradoja partidista

Si preguntamos, ya sea en una encuesta formal o por nuestra cuenta para matar el tiempo, cuál es el mayor mal de la democracia en México – y hasta en México a secas – la respuesta más probable es: “los partidos políticos”. Beneméritas instituciones que no han frenado su caída en las encuestas que miden la confianza ciudadana, en todo el mundo, y que a pesar de su profunda crisis de credibilidad, no solamente están más fuertes que nunca, sino que parecen destinados a mantenerse como los pilares de la vida pública, a pesar de las escaramuzas antipartidos cada vez más frecuentes.

La verdad es que nada debe de extrañarnos. La democracia representativa, la forma política que domina el mundo occidental desde finales del Siglo XIX y hoy la más extendida del mundo, está concebida desde y para los partidos políticos. En México la falta de partidos se advertía como un problema a principios del Siglo XX y la debilidad de los partidos opositores fue un obstáculo para la democracia durante buena parte del mismo. De hecho la transición a la democracia mexicana puede leerse como el proceso de empoderamiento de los partidos – distintos al PRI – hasta volverse competitivos y la reingeniería del PRI para transitar de secretaría de estado a fuerza política.

Los partidos políticos mexicanos llevan casi medio siglo acumulando fortalezas y privilegios: diputados federales de partido, más tarde de representación proporcional, después diputados locales, regidores y senadores electos por el mismo principio, financiamiento público, tiempos oficiales de radio y televisión, participación en la integración de órganos y tribunales electorales, control del Poder Legislativo, y participación en la negociaciones donde se decide el destino de la Nación.

La disyuntiva es, si no es posible una democracia sin partidos, paradójicamente, ¿nuestra democracia es posible con estos partidos? La ruta de la partidocracia en que nos hemos convertido pareciera, al mismo tiempo agotada y enrutada a la permanencia, lo cual es peligroso pues normalmente las rupturas que se han presentado a situaciones semejantes en otros países, han sido revoluciones seguidas – como siempre – de tiranías.

Los partidos han acumulado privilegios que no están dispuestos a perder y por ello ante cualquier iniciativa que amenace el status quo reaccionan con violencia, sean nuevos partidos, candidaturas independientes o movimientos sociales, la respuesta es su desarticulación y su asimilación al régimen. Así operó exitosamente el PRI por décadas. Coptaba partidos de oposición, sindicatos, gremios, medios de comunicación, asociaciones y un interminable etcétera. Ahora los partidos dominantes, todos expresiones de la misma cultura, todos asimilados al sistema, buscan coptar todo lo distinto, o bien, eliminarlo.

En México hemos transitado de un régimen en que poco importaba la ideología y el rumbo del gobierno, siempre y cuando el poder no saliera del PRI; a un régimen en que poco importa la ideología, el rumbo del gobierno y el partido que lo ejerza siempre y cuando el poder no salga de una clase política oligárquica. La elección del 2015 lo confirma, fuera de la excepción que representan los candidatos que han encontrado cobijo en partidos no tradicionales y de algunos candidatos independientes, se trata de una defensa del status quo, particularmente del que emergió con el Pacto por México y un reajuste de fuerzas para la contienda del 2018. Pero el que espere cambio –a escala nacional – de las urnas del 7 de junio es un ingenuo.

En muchos sectores sociales, incluso en los mismos partidos hay personajes, grupos y ciudadanos que no comparten la agenda de la oligarquía en turno, pero no se ve que aun tengan una estrategia común o que sus esfuerzos puedan alcanzar masa crítica en un breve plazo. Pero es necesario que quienes tenemos una visión semejante de esta necesidad de cambio institucional, de transformación del sistema de partidos, de romper este pantano de intereses y corrupción en que se ha convertido la vida pública, sin destruir el sistema democrático, empecemos a dar forma a las alternativas, antes de que la impaciencia y el malestar que están en el ánimo social, impongan soluciones no democráticas.

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El gobierno que merecemos

En esta sociedad de medios y celebridades, ganar un Oscar asegura la relevancia de tus opiniones políticas. Normalmente me resisto a ello, pero en esta ocasión el dicho del novel ganador ha desencadenado una reflexión que quiero compartir, “ruego porque podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos” ha dicho al recibir la estatuilla Alejandro González Iñárritu.

Merecer es, en buen español, ser digno de premio o castigo, o bien en una expresión en desuso alcanzar o lograr algo que se intenta o desea. La expresión es de por sí ambigua, pues el sujeto son todos los mexicanos y por supuesto, por que no se dice cuáles son las cualidades que debiera tener el gobierno deseado. A esta confusión abonan los oportunismos: los que defienden al gobierno han dicho que ya estamos en eso y los que lo denuestan han dicho que merecemos algo diferente. Así que la retórica política del señor González Iñárritu es bastante más pobre que su cinematografía.

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Notarios nuevos, ¡qué sean los últimos!

En Michoacán no hay un solo notario que haya ganado su notaria por la vía del mérito. Todos los notarios de Michoacán han recibido este cargo por decisión de algún gobernador. Esto de ninguna manera quiere decir que no haya notarios públicos con sobrada capacidad para ejercer o que todos los nombramientos son injustificables. Conozco notarios que son extraordinarios profesionales del derecho, y excepcionalmente me he tropezado con las incapacidades de alguno. Pero el punto es que a lo largo de la historia, todos los gobernadores han usado este privilegio para beneficiar a sus allegados y que en Michoacán carecemos de un sistema abierto y meritocrático para obtener el cargo de notario público.

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Para hacer una arqueología de quienes han integrado la clase política local a lo largo de los diferentes gobiernos, basta con pasar revista de las asignaciones de notarias. Revisar el listado de notarios en el orden que fueron nombrados es como analizar las capas de sedimento en el lecho de un río, es una tarea de paleontología política que permite documentar los cambios en el grupo gobernante.
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La semana pasada Fausto Vallejo hizo uso de esta atribución que la legislación vigente le otorga al Gobernador del Estado: nombrar con total discrecionalidad nuevos notarios públicos. En el caso de los recientes cuatro nombramientos encontramos un poco de lo mismo que hemos visto antes y otro poco de novedoso exceso. Los afortunados son un funcionario de larga trayectoria siempre ligado a Fausto Vallejo, un sobrino siempre protegido, el reconocimiento de la herencia de una notaría en el seno del círculo de amistades más cercanas del gobernador y el pago del servicio al operador de todo el asunto. Las notarias siempre se entregaron a personajes cercanos de los mandatarios locales pero en esta ocasión el círculo pareciera más estrecho que nunca, casi familiar.

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Sin embargo, en el exceso cometido por Fausto Vallejo hay una ventana de oportunidad, la actual legislatura tendría el tiempo para procesar un proyecto de ley que modifique en definitiva la designación de notarios a cargo del Gobernador y el titular del Ejecutivo pudiera tener los suficientes incentivos de sacarla adelante, ahora que ya ha beneficiado a sus cercanos y ha sido censurado por ello, incluso podría entenderlo como una estrategia de control de daños por el nepotismo y amiguismo desplegado.

El cargo de notario público sin duda representa una excelente oportunidad de ingreso para quien asume el cargo, no exenta de responsabilidad, pero si privilegiada. El problema es que es un privilegio que se obtiene a partir de la prestación de un servicio público. Toda acción que un particular lleva a cabo ante un notario, la realiza no por su gusto, sino porque la ley marca que así debe ser para alcanzar el propósito deseado.

Entonces hay dos razones claras por las que el nombramiento de los notarios reviste interés público y por las que debiera ser transparente y basado en un mecanismo objetivo de evaluación. La primera es que se trata de la prestación de un servicio público, y eso implica buscar a los mejores para la tarea. La segunda es que para acceder a un empleo público con contraprestaciones privilegiadas, todos los ciudadanos debieran tener oportunidad de someterse a evaluación y ser eventualmente elegibles.
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No hay otro tema que reúna más iniciativas de ley archivadas en el Congreso del Estado que la de una nueva Ley de Notariado. En cada legislatura de las últimas cuatro, incluyendo la actual, se ha presentado por lo menos una iniciativa y ninguna se ha dictaminado. Ciertamente hay muchos temas técnicos complejos que esta legislación debiera abordar, como cuántas notarias son necesarias, si sobran o si faltan y en dónde. Hay algunos otros aspectos polémicos como la colegiación o las facultades para revisar la actuación de los fedatarios, pero el ancla que no deja avanzar ese barco, es el proceso para designar nuevos notarios y la resistencia que todos los gobernadores han puesto a perder la facultad de designar notarios como privilegio.

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Fausto Vallejo ha sumado a su larga lista de errores un abuso más, ahora de una facultad heredada de los tiempos del más rancio dominio del PRI. Sin embargo, el momento en que lo hizo abre una oportunidad de debatir el tema y acabar de una vez con ese resabio autoritario y patrimonialista.

Chequeo rápido de una señora de 473 años

Morelia cumplió este mes que expira, 473 años de que fue fundada. Y como debiéramos hacer las personas, vale la pena hacer un breve diagnóstico de los males que la aquejan, para que pueda tener una vida no solo larga, sino saludable y feliz, o mejor dicho, que quienes en ella vivimos hoy y en el futuro la tengamos.

     *  (ver nota al pie)

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Pasemos de la obviedad. La ciudad histórica, turística y cultural, con su belleza y su riqueza, ha sido ampliamente celebrada en estos días, y nuestra capital no ocupa que le cantemos himnos. Pensemos en lo que le duele a Morelia. Cuales son los graves problemas que tiene frente a sí, para que podamos empezar a imaginar soluciones. Especialmente a un año de elegir nuevo gobierno municipal, debemos empezar a hacer una lista de lo que importa.

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Aunque sea una obviedad no podemos soslayar el problema de la seguridad pública en Morelia. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de alto impacto se han disparado en el último año. Morelia tiene una policía creada apenas en el 2012. Desde que tener policía municipal es legalmente posible (2001) Fausto Vallejo (alcalde durante 7 de esos 11 años) se negó, Salvador López no lo consiguió y Manuel Nocetti finalmente la estableció. Apenas creada, parece que será engullida por el “mando único” en este formato impreciso y misterioso que nos receta el comisionado Alfredo Castillo. Es tarea pendiente.

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Morelia como todos los municipios del país tiene graves problemas financieros y absoluta dependencia de las transferencias federales. El modelo de cobro del impuesto predial y de los servicios públicos es ineficiente y obsoleto. Las nuevas reglas del Ramo 33 y el convenio del “mando único” limitarán más los recursos. En particular Morelia sobrelleva la pesada carga financiera del OOAPAS, en buena parte derivada del contrato colectivo que ostenta su sindicato. Si bien las finanzas no están quebradas, si impiden la inversión pública al ritmo que la ciudad necesita, y esto no puede suplirse con deuda.

Ligado al tema financiero está el tema del desarrollo urbano, porque las ciudades recaudan dinero por habitante y lo gastan por metro cuadrado. En 30 años (1981 – 2011) la ciudad duplicó su población, pero su extensión alcanzó 2.6 el tamaño que tenía Morelia al inicio del periodo. Los servicios públicos incrementan su costo en ciudades dispersas y hoy el modelo urbano, les impone a los desarrolladores de vivienda costos que solo pueden amortizar abaratando la tierra y por tanto incrementando la distancia del centro a los nuevos desarrollos y dejando áreas desocupadas al interior de la ciudad. Esta circunstancias generan costos que todos pagamos, con impuestos y con calidad de vida, y que solo benefician a unos cuantos especuladores inmobiliarios. Tenemos que revisar el modelo de fondo y crear una política de ganancias justas y costos compartidos con quienes desarrollan vivienda.

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Uno de los problemas más graves que nos ha traído la dispersión es la movilidad urbana. Equivocadamente hemos abordado solo partes del problema: el tráfico, el transporte o algunas vialidades. El problema es que no se piensa en que los desplazamientos de los morelianos para ir de sus casas a sus trabajos y demás ocupaciones, deben formar un sistema coherente que sea barato, no contaminante y que permita la inclusión social. Una de las peores muestras de lo mal que se aborda el tema de la movilidad son las “Wilyvías”, pretendidas ciclopistas trazadas con pintura verde deslavada, sin ton ni son, en algunas calles.

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Morelia es una zona conurbada pero no una metrópoli. Nuestro crecimiento desordenado ha alcanzado Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón. Pero Morelia no ha tomado responsabilidad ni liderazgo en la zona metropolitana y paga el precio por ello: es una de las ciudades más desfavorecidas en la distribución de fondos federales del rubro. La seguridad, el agua, los servicios y la movilidad urbana deben tener un enfoque metropolitano o no podrán sustentar un desarrollo suficiente para los morelianos.

No puedo omitir el tema de la lacerante pobreza urbana que viven vastas zonas de nuestra ciudad. En México los esfuerzos para combatir la pobreza urbana han sido archivados por el gobierno de Peña y el gobierno municipal nunca ha tenido una política de desarrollo humano. Hasta ahora el signo de la política social es el asistencialismo, y muchas colonias de Morelia sufren por falta de satisfactores mínimos y carecen de oportunidades de desarrollo cuando unos y otras parecieran estar al alcance de la mano.

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Finalmente, el gran tema de fondo. Morelia no ha definido una vocación económica, mucho menos ha emprendido un camino. La vocación turística como ciudad colonial ha alcanzado sus límites, es un mercado maduro que poco puede crecer. Si vamos a continuar por la vía del turismo necesitamos diversificar la oferta, mejorar la infraestructura, contar con más cuartos de hotel e invertir en atractivos específicos, como un centro de convenciones o un parque temático. Y si vamos a explorar otras alternativas como la agroindustrial o la logística debemos empezar a alinear la visión de ciudad, desde la planificación y construcción de infraestructura hasta la formación de profesionistas.

Celebramos 473 de la fundación de Morelia. Deberíamos regalarle algunas ideas para mejorar su futuro y hacerla más humana. Es el mejor regalo que podemos darnos.

*Este plano es una interpretación del Arq. Enrique Cervantes, de un croquis trazado en 1579. Fue tomado del sitio www.espejel.com, creación de Ricardo Espejel Cruz, a quien no tengo el gusto de conocer pero que felicito su espléndido trabajo de recopilación cartográfica.

El extraviado gasto social

En el gobierno del Presidente Peña la política de gasto social  no está respondiendo a la realidad del país y está contribuyendo a incrementar la presión sobre las finanzas municipales. Los ayuntamientos no tienen herramientas eficaces para instrumentar un desarrollo urbano equilibrado y combatir las carencias sociales y la pobreza en las zonas urbanas, lo que supone una doble amenaza a la viabilidad financiera de las ciudades medias y al tejido social en las mismas.

Permítanme tratar de explicar esta enredada madeja del gasto social.

Los gobiernos locales son altamente dependientes de la recaudación federal (Michoacán recibe de la Federación el 95% de lo que gasta). Las dos bolsas importantes de donde proviene el dinero son el Ramo 20, que es lo que les toca a los estados y municipios por dejar que sea la Federación la que cobre los impuestos (ISR e IVA principalmente) y el Ramo 33, que es el dinero que la Federación le da de su dinero a los estados para que presten servicios fundamentales a la población.

En el 2012, la distribución de las participaciones federales (Ramo 20) sufrió una importante modificación, pues para la fórmula con que se reparten estos recursos se usaron por primera vez los resultados del Censo 2010, en sustitución de los datos obtenidos en el año 2000. ¿Y qué pasó?  Pues que los estados que habían abatido las carencias de servicios básicos e incrementado su Producto Interno Bruto recibieron menos dinero, y los estados que se habían rezagado recibieron más, algunos como Chiapas recibieron mucho más. La fórmula diseñada en los años noventa “premia” la pobreza y “castiga” el desarrollo.

El Ramo 33 por su parte es una herramienta básicamente redistributiva, es decir la Federación ayuda a los gobiernos locales a atender las mayores carencias, pero por su impacto, los gobernadores y alcaldes se han opuesto a regular estos recursos que son dinero de la Federación. Uno de los reportes más polémicos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en el 2011 fue la evaluación de los recursos destinados al desarrollo de infraestructura social (Fondo III), que resultó negativa, en cuanto al conocimiento y capacidad de los funcionarios locales para aplicar los recursos y porque genera los incentivos para que los municipios invirtieran menos en infraestructura, pues si no superan las carencias sociales reciben más dinero.

Ahora la Sedesol, ha expedido unas complicadas reglas de operación del citado Fondo III, que ignoran los resultados de la evaluación 2011 del Coneval y que nuevamente nos dan muestra que la administración de Peña Nieto, a pesar de la muy publicitada Cruzada contra el hambre, no tiene una política de desarrollo social clara, que la coordinación entre los órdenes de gobierno no es efectiva y se sigue desalentando la inversión en infraestructura.

Las reglas de operación expedidas harán más tortuoso que nunca el manejo del Fondo III, uno de los que más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación acumula, y seguirán reforzando el perverso ciclo de que el gobierno que avanza, pierde recursos.

Por otro lado con la salida de los programas para zonas urbanas de la Sedesol a la Sedatu, los municipios con localidades urbanas carecen de herramientas para combatir la pobreza urbana, que de acuerdo con los informes de Coneval del 2010 a la fecha, es la que más avanza y la que tiene efectos inmediatos y devastadores en el tejido social.  Con las nuevas reglas del Fondo III, las inversiones en pavimentaciones, movilidad, alumbrado público, espacios urbanos, áreas deportivas y de convivencia, rehabilitación de redes de agua y drenaje, entre otros conceptos de alto impacto en el desarrollo urbano han perdido prioridad y serán relegadas.

Uno de los logros poco reconocidos de las administraciones panistas es haber expedido la Ley Federal de Desarrollo Social y haber establecido mediciones objetivas de la pobreza a través de un ente independiente como el Coneval, que nos ha permitido saber si las políticas públicas de los gobiernos en materia de desarrollo social y superación de la pobreza son efectivas o no lo son, y si por tanto nuestros impuestos están siendo bien gastados o no. Sabemos donde nos aprieta el zapato hay que implementar los remedios.

Urge replantear los esquemas de distribución de las participaciones (Ramo 20) y aportaciones (Ramo 33) para que el esfuerzo de una comunidad y su gobierno local no les lleven a perder recursos, y también es imperioso (re)incorporar a las políticas sociales el gran cambio que se gesta en nuestra sociedad, que se está volviendo más urbana cada día, y que si no atendemos, pone en riesgo el futuro de nuestras ciudades.

Los gobiernos estatales, mayoritariamente en manos del PRI, se resistieron durante los gobiernos del PAN a crear una política de estado y largo aliento en materia de desarrollo social. Ahora con el PRI de vuelta en Los Pinos, sería posible avanzar por ese camino, si existe la voluntad de no usar electoralmente y en forma asistencial los recursos públicos del ramo. Si existe una visión de futuro. Ojalá que sí.