¡No pienses en un Michoacanazo!

No he podido determinar quien bautizó como Michoacanazo, al escandaloso arresto de 38 funcionarios públicos de Michoacán en el 2009 acusados de brindar protección a La Familia Michoacana, entonces el cártel dominante en el estado.

Entre los detenidos se encontraba una docena de presidentes municipales y el funcionario de mayor rango de la administración estatal era el Procurador de Justicia Miguel García Hurtado. A la postre todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, principalmente por la ausencia de un testigo protegido denominado “Emilio” de los procesos judiciales de los exfuncionarios, y quien unos años después sería asesinado en Cuernavaca. El juez primero de distrito con sede en Morelia, que concedió los amparos a 12 de los imputados y suspendió la orden de aprehensión contra Julio César Godoy Toscano, fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal y apenas libró la acción de la PGR en su contra.

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Ahora el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no pudo escapar a la comparación con ese hecho de la detención de Jesús Reyna – Secretario de Gobierno, Gobernador Interino y uno de los políticos más poderosos de Michoacán – por tener vínculos con Los Caballeros Templarios, al igual que la de José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado y líder transportista.

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El Gobierno Federal no quiere que estos hechos sean equiparados pues el Michoacanazo se convirtió en sinónimo de fracaso en la impartición de justicia y en la operación política. Por el momento, la actual detención de Reyna y Pasalagua, tiene la ventaja de no contar con la oposición y el sabotaje del Gobierno Estatal, pues Fausto Vallejo ha hecho mutis ante la imputación a su más importante aliado y colaborador en el gobierno y en la campaña que lo llevara a éste. En tanto que en el 2009, el gobierno de Felipe Calderón enfrentó la resistencia de Leonel Godoy apoyado por supuesto por el PRD, y también por no pocos militantes del PRI y hasta por sus adversarios en el PAN (como Marko Cortés).

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Otro elemento distintivo es la concentración de la acción. Si en el 2009 se privilegió el operativo para detener simultáneamente a numerosos individuos de variada posición política sobre los que se tenía sospecha, ahora se centra en un par de personajes de la mayor relevancia. Aun cuando vengan otros detenidos, la lista es previsiblemente corta. Además el Comisionado Alfredo Castillo parece tener por modus operandi, golpear al objetivo más grande, visible y poderoso primero, tal como ocurrió con la destitución de los delegados federales en que el primero fue el considerado intocable Antonio Guzmán o el caso de Humberto Suárez extesorero de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy.

Sin duda esperamos todos que la detención de estos funcionarios no se parezca al Michoacanazo en la incapacidad del ministerio público de procesar a los inculpados y lograr su condena si son culpables. Esperaríamos también que al proceder contra un funcionario y político de tanto peso como Jesús Reyna, el Gobierno Federal tendría todos los elementos para probar su culpabilidad. De lo contrario la espiral de descrédito y escepticismo se prolongará y agravará.

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Mucho llama la atención que por todos los medios se ha tratado de deslindar y exculpar a Fausto Vallejo de toda responsabilidad, cuando el golpe debiera ser mortal para él y su administración. De confirmarse las imputaciones realizadas a Jesús Reyna quedarían de manifiesto dos hechos gravísimos:

Que efectivamente, como lo denunciaron los candidatos derrotados en el 2011, Los Caballeros Templarios apoyaron con dinero y con sus capacidad de amedrentar votantes, la campaña de Fausto Vallejo, y que su triunfo es ilegítimo. Que su gobierno está marcado de origen.

Que además de su falta de legitimidad, el Gobierno Estatal se encuentra coludido con la delincuencia organizada y que Los Caballeros Templarios tienen acceso a información privilegiada que les permite evadir la acción de la justicia y realizar mejor sus actividades ilícitas como la extorsión a proveedores, constructores y autoridades municipales, además de que tienen la posibilidad de influir en algunas de las decisiones de la administración estatal.

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Suponer que Fausto Vallejo ignoraba los hechos es ingenuo y candoroso. Pero incluso esa indiferencia hacia la conducta delictuosa de su más importante colaborador no es una conducta que pueda quedar impune. Era deber de Fausto Vallejo saber que Jesús Reyna estaba delinquiendo, como era su deber impedirlo y en su caso perseguirlo y someterlo a la ley. También se antoja insostenible pensar en que Jesús Reyna es el único personaje que participaba de la asociación con criminales.

Nadie queremos otro Michoacanazo en el sentido del fracaso y la confrontación en que concluyó. Pero tampoco podemos quedarnos impávidos ante una aplicación de la justicia parcial, en que unos cuantos cargan con las culpas de todos, para que haya quienes puedan salir impunes. Ni Fausto Vallejo ni el PRI pueden escapar de su responsabilidad.

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Legislación electoral: más dudas que certezas

En este mismo espacio, no hace mucho que dije que no me gustaba la reforma política que se había expedido como consecuencia de los acuerdos del Pacto por México. Es una extensa modificación de disposiciones constitucionales, y en forma inédita, a través de sus artículos transitorios una colección de prescripciones obligatorias para los poderes legislativos de la Federación y de los estados que han de entrar en vigor a la brevedad, en las entidades que celebrarán elecciones en  el año 2015.

México por su prolongada transición a la democracia, tuvo sucesivas reformas electorales, que crearon un marco legal e institucional que permitió elecciones confiables en manos de los ciudadanos, que si bien no estuvieron exentas de conflictos, permitían la normalidad en el relevo de las autoridades locales y federales.

La elección presidencial de 2006 sometió al sistema electoral a una durísima prueba, pues la diferencia entre los dos principales contendientes fue inferior a 1% de los votos. El sistema soportó la prueba pero quedó exhausto. Desde el PRD y con el apoyo del PRI se armó una primera generación de reformas electorales posteriores a la alternancia que devino en un nuevo Código Electoral pero no en cambios constitucionales, que entre sus principales novedades trajo una fuerte restricción en el uso de los medios de comunicación y en el derecho de los ciudadanos de apoyar las opciones políticas de su preferencia.

La elección del 2012 echó por tierra dos mitos en materia político electoral. El primero, que no hay una diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar que por sí misma garantice que no habrá inconformidad con el resultado. El segundo que la equidad en el proceso electoral se puede lograr con más regulación. Los que en el 2006 se quejaron, en el 2012 se volvieron a inconformar, y tras el proceso electoral, ahora el PAN de la mano del PRI trajeron una mucho más amplia reforma que aspira a poner el ámbito local, bajo las autoridades que en el ámbito federal han sido sistemáticamente cuestionadas.

La reforma política, ha abierto más preguntas que respuestas en el ámbito electoral. Cuestiones tan básicas como la fecha en que han de celebrarse los comicios están en duda. El órgano electoral que conducirá el proceso no está formado, la legislación electoral local se tendrá que realizar en un tiempo record y muchos detalles que son imprescindibles para la buena marcha de una elección se encuentran sumidos en confusiones e indefiniciones.

La reforma prevé en sus transitorios que el 30 de abril deberá quedar expedida la legislación federal secundaria para materializar la reforma, plazo apenas suficiente e improrrogable para generar las normas que deberán precisar la aplicación de la extensa reforma constitucional.

También se anticipa que la elección federal podría llevarse a cabo un mes antes, es decir el primer domingo de junio, lo cual debe quedar definido en la legislación secundaria, tal y como ahora lo está en el Cofipe, y aun cuando prevé que en las entidades de la Federación la elección de sus autoridades debe celebrarse el primer domingo de junio, exenta de esta disposición, en forma absurda e inexplicable, los procesos electorales que se celebran el mismo año que la elección federal.

Podríamos estar entonces ante un 2015 con dos procesos electorales: el federal el primer domingo de junio y el local el primer domingo de julio. Esta aberración podía evitarse adicionando un transitorio a la reforma constitucional. Hubiera sido lo fácil, pero es improbable ya. Se puede evitar al establecer la fecha de la elección federal en la las leyes federales secundarias, incluso con un transitorio. De lo contrario el único camino será modificar las normas locales, en el caso de Michoacán su Constitución, para cambiar la jornada electoral al primer domingo de junio.

Son muchas las tareas pendientes para nuestra legislación local en Michoacán. La pregunta es si los diputados serán capaces de tener las leyes listas en tiempo y a pesar de la complicación que supone tener que esperar la promulgación de las normas federales (el 30 de abril) y tener que respetar el plazo del artículo 105 de la Constitución, que en el caso de que el proceso electoral arranque en septiembre, obliga a expedir la legislación local, reformas constitucionales incluidas, antes de que termine mayo.

El Congreso del Estado y los partidos en Michoacán, deben estar atentos y ser proactivos, pues de lo contrario, iremos como uno más de nuestros males a un proceso sin el marco legal adecuado y llenos de dudas.

Las protestas y los tiranos

Las protestas y los tiranos

Con las protestas y su represión en Venezuela propongo que hagamos un recorrido por las razones de algunas protestas sociales en el último medio siglo para darnos cuenta de cuánto ha cambiado la sociedad y qué poco han cambiado los tiranos. Para darnos cuenta también que, en México hay una izquierda moralmente insolvente que sigue anteponiendo la oxidada ideología a la defensa de la libertad y la dignidad humana.

Durante la última etapa del gobierno de Hugo Chávez y todo lo que va del de Nicolás Maduro, en Venezuela la calidad de vida se ha reducido en forma dramática debido principalmente a dos factores: el mal funcionamiento de la economía que entre inflación, desabasto y mercado negro ha limitado el acceso de los venezolanos a los satisfactores básicos y la cada vez más incontrolable violencia que ejercen las pandillas toleradas y promovidas por el chavismo. Esa fue la realidad que desató las protestas sociales que el gobierno, que no cesa de proclamarse de izquierda, reprimió brutalmente.

A pesar de lo que algunos trasnochados quieran decir, vivimos en un mundo en que las ideologías han perdido su peso específico. Hoy en el mundo los gobiernos que reivindican una ideología a ultranza, se cuentan con los dedos de una mano y los que la aplican hasta sus últimas consecuencias, son menos aún. La gente tampoco decide en base a postulados ideológicos. En Venezuela la gente protesta porque el dinero no le alcanza y porque tiene miedo de los robos y los homicidios.

Los jóvenes del 68 en México protestaban porque no tenían la libertad que anhelaban. En Occidente los gobiernos se alineaban a la derecha y la protesta a la izquierda. Un mundo más humano, plural e incluyente, el rechazo de la guerra y la libertad de expresión eran las demandas. La economía avanzaba y las sociedades eran relativamente seguras.

Una generación después las protestas derrocaron los regímenes del llamado socialismo real.  Europa del Este se cimbró y las protestas de derecha derrocaron gobiernos de izquierda y desde entonces la brújula ideológica enloqueció. Las revoluciones árabes que con infundado optimismo llamaron “primavera”, no tenían una lógica izquierda – derecha, pues ese es un referente solo en Occidente. El mundo árabe es otra civilización y las cuestiones que dividen a la sociedad son otras. Curiosamente, las rebeliones árabes han sido mayoritariamente de movimientos musulmanes contra gobiernos prooccidentales, y el resultado ha sido la extensión de la Sharia y el retroceso de los derechos humanos como los conocemos en nuestra civilización.

La protesta social del Siglo XXI es pues postideológica. Por eso el discurso oficial de Maduro suena aun más absurdo. No solo es tramposo y falso, no solo es fantasioso y conspiratorio, se refiere a un mundo que ya no existe. Estados Unidos no quiere gobiernos títeres en América Latina ni pretende ocuparla militarmente, no porque los norteamericanos se hayan vuelto buenos sino porque terminó la Guerra Fría y la URSS despareció, y porque la intervención tiene costos que hoy la superpotencia no quiere pagar.

La protesta demuestra que la sociedad ha cambiado más rápido que los gobiernos. Y los tiranos se parecen más entre sí cada vez. Al desaparecer los ropajes ideológicos solo quedan los aparatos gubernamentales, desnudos de ideas, construidos con el único propósito de conservar el status quo. Nicolás Maduro, Kim Jong-un, Vladimir Putin, Bashar al-Asad y otros expertos represores no tienen en común más que su deseo de conservar el poder en sus respectivos países. El autoritarismo antes que tener ideología tiene propósito y ese propósito se llama poder.

Lo que no deja de sorprenderme es que aun existan personajes y partidos que antepongan sus filias ideológicas a la preservación de la vida, la libertad y la dignidad humana. Algunos impresentables de la izquierda mexicana defienden la represión en la Venezuela de hoy como defendieron las purgas stalinistas, el Muro de Berlín y las atrocidades del Gulag ayer. Como siguen defendiendo a Castro y sus presos políticos. Y allí está la quiebra moral de esa izquierda. La que se opone a que un anarcopunk que destruye propiedad pública y privada en la Ciudad de México pase la noche arrestado, pero defiende que Nicolás Maduro use paramilitares para dispersar manifestaciones a tiros.

A México le urge una izquierda distinta. Que no tenga doble moral. Que defienda la libertad y la dignidad de los seres humanos, sin importar el discurso del régimen que atente contra ellos. Que tenga compromiso con la democracia. Que entienda que el mundo ha cambiado.

La música de la orquesta del Titanic

La propaganda de los gobernantes y legisladores a propósito de sus informes es vacía y dispendiosa, además de que muchas veces transgrede una legislación insuficiente, surgida del encono. Para que nuestra democracia funcione debemos regular el gasto y contenido de lo que se nos informa, para que los ciudadanos podamos debatir y valorar el desempeño de quienes nos gobiernan, criterio básico para decidir nuestro voto en la siguiente elección. Sin estos requisitos la propaganda gubernamental es la música que toca la orquesta, mientras el barco se va a pique.

El caso más sonado de propaganda gubernamental es el del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien dilapidó millones en promocionar los logros de su primer año de gobierno y su amor por Anahí, a lo largo y ancho de la geografía nacional, causando la indignación de los mexicanos. Pero se suman a éste los presidentes municipales michoacanos, incluso alguno que no puede estar en el municipio que dice gobernar, que en la primera quincena de diciembre tienen la obligación de rendir informe de sus administraciones y los diputados federales y senadores, que sin fecha precisa para informar eligieron el fin del año para presumir lo que han alcanzado.

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El derroche de recursos y la transgresión de la ley en cuanto a dónde informar (como Manuel Velasco que hace nacional su informe estatal) o el periodo de siete días previos y cinco posteriores en que se puede realizar la difusión (como Chon Orihuela y Silvano Aureoles cuyas carteleras espectaculares subsisten a pesar de que sus informes fueron el 30 de noviembre y el 20 de diciembre respectivamente), llama a reflexionar sobre un tema polémico y muy relevante, y que seguirá siendo fuente de conflictos políticos, pues su regulación es bastante inapropiada.

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La regulación de los informes de los funcionarios de elección popular es fruto de la reforma electoral del 2008, y como el resto de la cosecha creció de una semilla de revancha por el proceso electoral de 2006. Lo importante era atar de manos a Felipe Calderón y al Gobierno Federal para que no pudieran volver a “hacer trampa” como le hicieron al “Peje” (olvidando como AMLO usó el presupuesto del DF en materia de comunicación y que el final tuvo en su campaña más tiempo publicitario y gastó más dinero que el panista). Lo cual es un precedente terrible pues llevó un conflicto particular, por demás ácido, a convertirse en ley.

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Por tanto, las disposiciones que se emitieron, buscaban reducir lo más posible la capacidad de los funcionarios de informar, en un absoluto contrasentido de la aspiración ciudadana de saber lo que el gobierno y los legisladores hacen con los impuestos de todos, y limitaron el periodo para que los funcionarios puedan aparecer ante la ciudadanía a exponer lo que han hecho, pero nunca establecieron límites claros a la publicidad por internet o redes sociales ni a los recursos públicos que pudieran destinarse a estos fines, ni requisitos mínimos de contenido para evitar la banalidad de estas campañas relámpago.

La democracia es un sistema frágil, entre otras cosas porque se basa en la opinión pública que es un mar encrespado. A pesar de que no opera aún la reelección, los resultados de gobierno influyen en el ánimo de los electores, y los funcionarios que aspiran a hacer o continuar su carrera, buscando una nueva responsabilidad en las urnas, tratan de convencer a los ciudadanos de los buenos resultados de su mandato, lo cual está bien hasta que el informe de lo hecho, se reduce a unos segundos de televisión o a una cartelera con una fotografía y una frase. Peor cuando no se informa nada o lo informado es una distorsión de la realidad o una mentira completa.

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 Uno de los retos de nuestra democracia, es como hacer que la publicidad gubernamental y de los legisladores no se convierta en mera propaganda. Es decir, que los ciudadanos sepamos lo que nuestros representantes hacen debiera ser un derecho para nosotros y una navaja de doble filo para ellos, que les diera dividendos cuando su trabajo sea exitoso y benéfico para la sociedad y les perjudicara cuando no lo fuera.

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Para avanzar en esa dirección y mejorar nuestra actual legislación me atrevo a sugerir dos ideas para sustituir la actual limitación del informe a un periodo de trece días: primera, establecer un tope de gasto por cada ciudadano de la demarcación administrativa o legislativa, equiparable a lo que se puede gastar en una campaña electoral. Segunda establecer un mínimo de información a publicar, que dé sustancia a las frases de propaganda y una base de datos pública que contenga este cúmulo de información.

Finalmente, nada de esto servirá y todo irá a peor, si los ciudadanos no asumimos como compromiso el evaluar a nuestros gobernantes y legisladores, más allá de las sonrisas de sus anuncios. Si los partidos no se toman en serio la tarea de debatir con sus opositores, si continuamos en este dialogo de sordos, que a veces se parece a la música de la orquesta, que no para de tocar mientras el Titanic se hunde.

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Para bien y para mal: los mismos de siempre

Que el PRD y demás partidos de izquierda se opongan a la apertura del sector energético a los capitales privados no es nuevo. Que el PAN haya promovido la reforma constitucional en ese sentido tampoco es una sorpresa. La diferencia tras varios intentos fallidos de modificar la Constitución para quitar el monopolio energético de las manos del Estado es la postura del PRI, que apenas hace cinco años le negó una reforma menos ambiciosa al Presidente Calderón, siendo senadores, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, hoy coordinador de los diputados priístas y operador de la reforma o Pedro Joaquín Codwel, ahora Secretario de Energía.

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Hay quienes dicen que el PRI se ha corrido a la derecha, como en los tiempos de Salinas, agregan los afectos a las teorías conspiratorias. Yo sigo sosteniendo que el PRI solo tiene una ideología y es el pragmatismo. Si el PRI de Peña Nieto estuviera corrido a la derecha no habría aprobado la  miscelánea fiscal que pretende hacernos creer que es una reforma hacendaria y que perjudica a las clases medias y a los emprendedores.    

Durante el año que ha transcurrido desde su regreso al Gobierno Federal, los priístas han demostrado que sus virtudes y defectos son los mismos de siempre. Son malos para ejercer el presupuesto bien y a tiempo, pésimos para combatir la pobreza, están paralizados ante el crimen organizado y la economía se les hace bolas. Pero para la política son muy buenos. Lo suyo es el manejo de la corte y allí le llevan ventaja a todos los actores políticos de México, por una sola y poderosa razón: nada los ata, ni la ideología, ni sus bases sociales, ni un compromiso ético. Son absolutamente pragmáticos.

El Pacto por México sirvió en el principio de la administración para reducir la conflictividad tras la elección. Aprovechando la debilidad en que se encontraban las dirigencias del PRI y del PRD, además de la afortunada coincidencia del estilo personal de Zambrano y Madero, el nuevo gobierno encontró interlocutores a modo, expertos en beneficiarse de pactar pequeñeces. El límite del pacto era uno y muy simple: la reforma constitucional en materia energética, pero el PAN estaría encantado de sumarse, pues el tema representa un compromiso histórico y programático.

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Con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el resto era sencillo. Anular al impresentable Romero Deschamps, mantener dividida a la izquierda con base en concesiones en temas varios y mucho dinero para el Gobierno del Distrito Federal y activar a través de los gobernadores las mayorías necesarias en los congresos estatales en un tiempo record. Los operadores del PRI hicieron gala de sus habilidades y como peces en el agua consiguieron lo que ellos mismos negaron por 12 años, en unos cuantos días y hoy defienden la apertura del sector energético como si fuera su lucha histórica o como si se les hubiera caído una venda de los ojos.

 Yo he defendido la postura de abrir el sector energético y creo que la reforma es una buena reforma. Como estoy hecho a las instituciones republicanas, estos pactos de pasillo y las maniobras que llevan al vertiginoso estilo legislativo de estos días, me dejan con un extraño sabor de boca. Porque sé que ese pragmatismo, así como hoy produjo un cambio con el que estoy de acuerdo, puede producir monstruos (como ya pasó en el tema hacendario). La lentitud de algunos procesos institucionales tiene razones y virtudes que hoy se soslayan con el eslogan de “Mover a México” que aprovecha bien el cansancio y la sensación de parálisis de muchos mexicanos.

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Por otro lado, al PRD le han dejado una salida digna pero falsa. Con la aprobación de la consulta popular, todos juegan a que el asunto se zanje en 2015, a sabiendas de que el tema, como está actualmente estructurada la figura de participación, es improcedente. Es la misma historia que los amparos contra la miscelánea fiscal. Lo que olvidan algunos, es que este tipo de expectativas incumplibles son las que causan el desanimo y la ira de los ciudadanos.

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Y no son las únicas expectativas incumplibles. Se ha mentido abiertamente diciendo que con la reforma energética se va abaratar el gas, la luz y la gasolina. Lo cual es falso. No hay manera de que los precios bajen a menos que el gobierno vaya a dilapidar los recursos frescos que obtendrá en subsidiar energéticos, lo cual sería un error brutal. Por otro lado se ha dicho que me crearán miles de empleos, lo cual es solo parcialmente cierto, pues falta ver las leyes secundarias y la puesta en operación de las reformas, lo que puede llevar todo el sexenio.

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Podemos estar en un mundo muy distinto al prometido, con combustibles caros, con una reforma política fallida, sin consulta popular y sin el crecimiento y los empleos anunciados, apalancado todo, la economía, el gobierno, el PRI y hasta sus cómodos opositores, en el endeudamiento histórico que le fue aprobado con apoyo del PRD. No soy tan pesimista pero puede pasar, y con estos opositores débiles, divididos y obsequiosos, el pragmatismo priísta hará de las suyas.