Yo, feminista

Para Sofía y Andrea

A lo largo de mi vida, creo que más por enojo o antipatía, más de alguna mujer me ha lanzado a la cara el epíteto de misógino o machista. Nunca me he considerado tal. Creo que mi mérito es poco pues mi generación creció en un entorno en que las mujeres trabajan, opinan, votan, van a la escuela, viven solas, tienen dinero, tienen hijos sin casarse, compiten para cargos públicos y un venturosamente largo etcétera, que también podría traducirse en cosas que ya no ocurren en mi entorno personal: mujeres esclavizadas, niñas discriminadas, esposas golpeadas y otras calamidades que muchas mujeres siguen sufriendo en todos lados, incluso a la vuelta de la esquina.

Decía que en lo personal nunca he visto a ninguna mujer como inferior ni he considerado que por el hecho de su sexo tenga destinado un lugar distinto al de los varones. Mentiría si negara que he contado muchos chistes machistas como lo que son, despropósitos que buscan hacer reir, y creo que el contarlos como tales acredita que se piensa lo contrario, pero en fin, tampoco podría reputarme como un activista de la causa de las mujeres en la búsqueda de la igualdad y sí confieso que hay en mi vida un hecho que me cambió: en el 2010 nació mi hija Sofía y ahora, hace apenas un mes nació mi hija Andrea. Ahora no puedo entender que el padre de una hija no se comprometa a luchar porque ella viva en un mundo sin límites impuestos por su condición humana. Porque ser mujer – al igual que ser varón – es exactamente eso. No se puede ser humano sin ser varón o mujer.

Las mujeres son más que los hombres, viven más años, trabajan más horas, viven la exigente maternidad y además tienen que enfrentar las adversidades que un mundo construido desde hace milenios sin ellas, les impone. Por eso nuestras vidas giran siempre en torno a mujeres, y cuando no, se vuelven vacías y tristes. Y por eso las vidas de esas mujeres que son centros de gravedad y ejes de su mundo nos parecen tan impresionantes, frecuentemente arduas, a veces dolorosas, pero nunca irrelevantes.

Aunque celebro la relevancia que ha tomado, no me gusta el tono rosado y socialité que se le da recientemente al Día Internacional de la Mujer. Quizá el primer ejemplo de nuestra misoginia cultural sea que felicitemos a otro ser humano por pertenecer a un sexo determinado. ¡Vaya acierto de aquél espermatozoide cargar un cromosoma XX! Es un día que debe servir para recordar una causa, y una que no ha sido fácil. El acontecimiento tiene como antecedente directo la muerte de 146 mujeres en una fábrica de Nueva York en la que laboraban en condiciones infrahumanas y la lucha de sindicatos y organizaciones sociales por cambiar, primero cuestiones laborales. Es un día originado por el dolor y la indignación ante la rapacidad de los salvajes capitalistas de ese tiempo.

El Día de la Mujer es así una ocasión para declararme feminista: creo en la necesidad absoluta de que en la sociedad existan las condiciones para que las mujeres puedan acceder a una vida plena de derechos y oportunidades no en igualdad con los hombres porque no somos iguales, ellas son diferentes y requieren condiciones diferentes, es una obviedad que no siempre reconocemos a la hora de diseñar las reglas de nuestra sociedad. Creo en las acciones afirmativas en la política, en la necesidad de abrir espacios para forzar su inclusión, pues nunca competirían en condiciones iguales, pero mucho más creo que la gran batalla por la equidad, sigue estando en el mundo laboral y relacionada al tema de la maternidad. Antes, en el embarazo y en el cuidado de los hijos la mujer debe tener condiciones que no la lleven a elegir entre tener una familia o una vida profesional exitosa, los hombres nunca hemos enfrentado esa disyuntiva y ellas no tienen porque sufrirla.

Y estoy totalmente convencido que promover la equidad entre mujeres y varones es un tema de humanidad, de justicia, de necesidad. Sí, ser feminista es cosa de hombres.

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El extraviado gasto social

En el gobierno del Presidente Peña la política de gasto social  no está respondiendo a la realidad del país y está contribuyendo a incrementar la presión sobre las finanzas municipales. Los ayuntamientos no tienen herramientas eficaces para instrumentar un desarrollo urbano equilibrado y combatir las carencias sociales y la pobreza en las zonas urbanas, lo que supone una doble amenaza a la viabilidad financiera de las ciudades medias y al tejido social en las mismas.

Permítanme tratar de explicar esta enredada madeja del gasto social.

Los gobiernos locales son altamente dependientes de la recaudación federal (Michoacán recibe de la Federación el 95% de lo que gasta). Las dos bolsas importantes de donde proviene el dinero son el Ramo 20, que es lo que les toca a los estados y municipios por dejar que sea la Federación la que cobre los impuestos (ISR e IVA principalmente) y el Ramo 33, que es el dinero que la Federación le da de su dinero a los estados para que presten servicios fundamentales a la población.

En el 2012, la distribución de las participaciones federales (Ramo 20) sufrió una importante modificación, pues para la fórmula con que se reparten estos recursos se usaron por primera vez los resultados del Censo 2010, en sustitución de los datos obtenidos en el año 2000. ¿Y qué pasó?  Pues que los estados que habían abatido las carencias de servicios básicos e incrementado su Producto Interno Bruto recibieron menos dinero, y los estados que se habían rezagado recibieron más, algunos como Chiapas recibieron mucho más. La fórmula diseñada en los años noventa “premia” la pobreza y “castiga” el desarrollo.

El Ramo 33 por su parte es una herramienta básicamente redistributiva, es decir la Federación ayuda a los gobiernos locales a atender las mayores carencias, pero por su impacto, los gobernadores y alcaldes se han opuesto a regular estos recursos que son dinero de la Federación. Uno de los reportes más polémicos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en el 2011 fue la evaluación de los recursos destinados al desarrollo de infraestructura social (Fondo III), que resultó negativa, en cuanto al conocimiento y capacidad de los funcionarios locales para aplicar los recursos y porque genera los incentivos para que los municipios invirtieran menos en infraestructura, pues si no superan las carencias sociales reciben más dinero.

Ahora la Sedesol, ha expedido unas complicadas reglas de operación del citado Fondo III, que ignoran los resultados de la evaluación 2011 del Coneval y que nuevamente nos dan muestra que la administración de Peña Nieto, a pesar de la muy publicitada Cruzada contra el hambre, no tiene una política de desarrollo social clara, que la coordinación entre los órdenes de gobierno no es efectiva y se sigue desalentando la inversión en infraestructura.

Las reglas de operación expedidas harán más tortuoso que nunca el manejo del Fondo III, uno de los que más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación acumula, y seguirán reforzando el perverso ciclo de que el gobierno que avanza, pierde recursos.

Por otro lado con la salida de los programas para zonas urbanas de la Sedesol a la Sedatu, los municipios con localidades urbanas carecen de herramientas para combatir la pobreza urbana, que de acuerdo con los informes de Coneval del 2010 a la fecha, es la que más avanza y la que tiene efectos inmediatos y devastadores en el tejido social.  Con las nuevas reglas del Fondo III, las inversiones en pavimentaciones, movilidad, alumbrado público, espacios urbanos, áreas deportivas y de convivencia, rehabilitación de redes de agua y drenaje, entre otros conceptos de alto impacto en el desarrollo urbano han perdido prioridad y serán relegadas.

Uno de los logros poco reconocidos de las administraciones panistas es haber expedido la Ley Federal de Desarrollo Social y haber establecido mediciones objetivas de la pobreza a través de un ente independiente como el Coneval, que nos ha permitido saber si las políticas públicas de los gobiernos en materia de desarrollo social y superación de la pobreza son efectivas o no lo son, y si por tanto nuestros impuestos están siendo bien gastados o no. Sabemos donde nos aprieta el zapato hay que implementar los remedios.

Urge replantear los esquemas de distribución de las participaciones (Ramo 20) y aportaciones (Ramo 33) para que el esfuerzo de una comunidad y su gobierno local no les lleven a perder recursos, y también es imperioso (re)incorporar a las políticas sociales el gran cambio que se gesta en nuestra sociedad, que se está volviendo más urbana cada día, y que si no atendemos, pone en riesgo el futuro de nuestras ciudades.

Los gobiernos estatales, mayoritariamente en manos del PRI, se resistieron durante los gobiernos del PAN a crear una política de estado y largo aliento en materia de desarrollo social. Ahora con el PRI de vuelta en Los Pinos, sería posible avanzar por ese camino, si existe la voluntad de no usar electoralmente y en forma asistencial los recursos públicos del ramo. Si existe una visión de futuro. Ojalá que sí.

La reforma fiscal y el precio de la gasolina

En mitad de la acalorada discusión sobre las reformas fiscales propuestas por el Presidente Peña, uno de los temas más relevantes se ha quedado a la zaga en el debate: el precio y por ende, el subsidio de la gasolina, el cual de acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP) representa al mes de agosto un gasto superior a los 76 MMDP y llegará según sus estimaciones a unos 91 MMDP, superando en un 86% los casi 49 MMDP que se habían presupuestado para el 2013 y que se agotaron en mayo.

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Para comprender mejor el asunto, recapitulemos: el precio de la gasolina en México lo define cada mes la SHCP mediante un precio internacional de referencia más los costos de transporte y la ganancia del concesionario, a lo que aplica la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que durante todo el 2013 (y muchos ejercicios anteriores) ha sido negativa, es decir el gobierno en lugar de cobrarnos a los mexicanos un impuesto sobre la gasolina, nos otorga un subsidio.

En otros países, y en el mercado internacional, el precio de la gasolina se determina libremente por la oferta, demanda y costos de producción y transporte. El precio se ajusta en periodos de inestabilidad incluso diariamente. Al determinarse por el gobierno para la venta a través del monopolio de Pemex, los mexicanos pagamos precios artificiales por la gasolina, en ocasiones excepcionales, más altos y recientemente, más bajos.

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Hagamos una comparación. El Programa Oportunidades que otorga un subsidio en efectivo a la mayoría de los hogares más pobres del país, cuesta 36 MMDP. El subsidio a la gasolina nos hubiera alcanzado para pagar dos veces y media Oportunidades. Sólo que el subsidio a la gasolina concentra un 37.2% en el decil de mayores ingresos de los mexicanos, mientras que solo 1.5% va al decil de menores ingresos. Más fácil, una camioneta de 8 cilindros puede recibir $1,800.00 de subsidio mensual de gasolina, una familia de 4 personas recibe $1,400.00 de subsidio a través de Oportunidades.

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Una más: a través del IVA en todo el país durante todo el año se pretende recaudar 622 MMDP, es decir que de cada peso que pagamos por concepto de IVA, 15 centavos se destinan a pagar el subsidio de la gasolina. Dicho de otra manera, sin subsidio a las gasolinas la tasa general del IVA pudiera haber sido del 13.6% en lugar del 16% que pagamos. El tan llevado y traído tema del IVA en alimentos y medicinas vale 200 MMDP, un poco más del doble que el subsidio a la gasolina.

Ahora permítanme desmentir algunos mitos. En México la gasolina no es cara. Vale unos centavos de dólar menos que en los Estados Unidos que tiene una de las políticas más liberales respecto del mercado de combustibles en el mundo. En países productores de petróleo como Brasil, el precio de la gasolina es un 40% mayor que en México. En Cuba y Centroamérica las cifras son parecidas. En Europa ni hablar, incluso productores de petróleo como Noruega pagan hasta 4 veces más por un litro de gasolina.

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Otro mito es que mayores precios en la gasolina impulsarían una espiral inflacionaria, lo cual es inexacto. Países como Brasil, Turquía o los países europeos tienen precios más altos en el combustible y sin embargo sus tasas de inflación son equiparables a la mexicana. En el propio caso mexicano esta hipótesis no es verificable. El incremento de la inflación y el del incremento de los combustibles no ha seguido la misma serie histórica. Es decir, incluso los deslizamientos de once centavos que se han realizado a lo largo del año, no se corresponden con los incrementos mensuales de la tasa de inflación y si nos remitimos a años anteriores, los incrementos de la gasolina han estado por encima de la inflación de 2010 a la fecha y durante 2009 que el precio del hidrocarburo estuvo congelado, el incremento de los precios se mantuvo.

Finalmente, el precio subsidiado de la gasolina es un incentivo perverso contra el medio ambiente. La gasolina más barata invita a que los mexicanos usemos nuestros autos más frecuentemente, que tengamos más autos, que nuestros autos gasten más gasolina y que cuidemos menos del buen estado de estos para evitar mayor gasto.

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Por otro lado, también se ha mitificado que el transporte público costaría más si se liberará el precio de la gasolina. Aquí debemos considerar dos cosas. La gasolina subsidiada genera un ciclo vicioso, pues promueve el uso de vehículos que transportan pocos pasajeros, en malas condiciones mecánicas que siguen rutas poco eficientes. Por otra parte, el subsidio a la gasolina de este año alcanzaría para construir cuatro veces la Línea 12 del Metro. Por supuesto que podríamos invertir en sistemas de transporte más eficientes y baratos.

Para el 2014, se ha planteado que el subsidio a la gasolina será de 35 MMDP y que el deslizamiento en el precio se reducirá de once a seis centavos mensuales. Si nos atenemos a la tendencia de los años anteriores, estos recursos serán insuficientes. El problema es que el PRI se tropieza con su propia lengua, pues durante el gobierno de Felipe Calderón ellos inventaron el término “gazolinazo”, y de vuelta en el gobierno les toca enfrentar la realidad.

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 En resumen, una alternativa a la reforma recaudatoria que golpea a la clase media, pasa por dejar de subsidiar a los mexicanos más ricos a través de la gasolina, permitir que el mercado funcione libremente e invertir los recursos públicos en políticas social y ambientalmente más responsables.

La forma sin fondo o el Acuerdo por Michoacán

No conozco casi a ningún político – y ciertamente a ninguno del PRI – que no recite como si fuera el Credo la frase de Jesús Reyes Heroles,       “la forma es fondo”. Este distinguido hombre de indudable valía y mérito, es lo más parecido que puede tener un partido sin ideología, a un ideólogo. Significa que el protocolo y la manera de procesar una decisión pública es tan importante como su contenido, que el continente vale tanto como el contenido o que la articulación y difusión del mensaje es tan relevante como el concepto.

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El PRI es el maestro de las formas políticas, las formas priístas son reconocibles para bien y para mal en la política mexicana, como rituales que han llegado a confundirse con los rituales institucionales dado su prolongado dominio de los poderes públicos. Sin embargo, las formas no bastan como han descubierto los priístas tras su regreso al poder.

El Acuerdo por Michoacán es una historia que ejemplifica esto. Firmado apenas el pasado 29 de agosto, cuando han transcurrido más de 18 de los 44 meses que durará la actual administración, es tardío para cualquier gobierno, con mayor razón para uno tan breve, pero no del todo inoportuno si asumimos que Fausto Vallejo no regresará, y que Jesús Reyna está tomando las riendas del gobierno y relanzando una agenda para lo que será su gobierno.

Mas que un acuerdo, el documento que ha sido signado por diferentes actores, es una agenda. A diferencia del Pacto por México que se refiere a asuntos que al inicio del gobierno de Peña estaban detenidos por falta de consenso para ser aprobados en el Congreso de la Unión, en el caso local no hay iniciativas cuyo trámite se encuentre detenido en el Congreso del Estado por falta de acuerdo. Los grupos parlamentarios opositores al del Gobernador han sido obsequiosos en la aprobación de los temas más polémicos como la restructuración de la deuda pública y la adquisición de nuevos empréstitos, y aun cuando el acuerdo enuncia 16 acciones que implican nuevas leyes o modificaciones a existentes, 3 de las cuales requieren cambios constitucionales, ninguna ha sufrido el rechazo previo de las bancadas.

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Es evidente que si de las 57 acciones propuestas 41 corresponden exclusivamente al ámbito del Ejecutivo Estatal, el documento firmado dista mucho de requerir el concurso de otros actores. Es una agenda, un plan de gobierno, una hoja de ruta, el hilo conductor que ciertamente le ha faltado a la errática administración estatal encabezada por un enfermo Fausto Vallejo primero y un acotado Jesús Reyna después, o al menos acotado hasta hace muy pocos días.

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Si estamos ante un plan de gobierno para los restantes 25 meses, debemos preguntarnos a donde se dirigen los esfuerzos de la administración. ¿Qué es lo que se pretende alcanzar? Si atendemos a los ejes propuestos en cuanto a su número de acciones el más nutrido es el denominado Administración, Finanzas, Transparencia y Rendición de Cuentas (15) lo que confirma que el principal reto del Gobierno del Estado es superar su disfuncionalidad y corrupción. El de Gobernabilidad (11) reitera este hecho: establece acciones elementales de las que se habla desde hace meses, pero además carece de concreción pues sus puntos tienen que ver con diseñar la estrategia y la agenda, mas que con las soluciones de fondo.

Los ejes de Desarrollo Económico y Educación empatan también con 11 propuestas. El primero va a los lugares comunes fomento, infraestructura, nuestro caballito de batalla el Puerto de Lázaro Cárdenas y de lejos algunos los productos agropecuarios. El último retoma los recientes puntos del conflicto con el magisterio y las normales y la adecuación de la reforma educativa. Su mayor mérito es que asume la necesidad de revisar la situación financiera de la Secretaría de Educación y la Universidad Michoacana.

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Mención especial merece la pobreza conceptual del eje de Desarrollo Social, solo 5 propuestas y nada relevante, se limita a decir que aprovechará la Cruzada contra el Hambre, caótica estrategia sin dinero del Gobierno Federal que solo incluye a siete municipios. Los temas urbanos están ausentes, la migración también, la vivienda no se menciona, los temas forestales y el medio ambiente tampoco, del agua ni una palabra, del turismo solo el sambenito de pensar y hablar positivamente.

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Otro asunto es quien firmó y quien no. Hace unas semanas el PRD votó sorpresivamente por renovar la licencia a Fausto Vallejo y el PAN se negó por falta de información. Ahora el PAN firma un Acuerdo insustancial lleno de vaguedades que competen al Ejecutivo y el PRD se niega arguyendo formalismos. Las oposiciones están tan confundidas como el gobierno. Están desperdiciando la única oportunidad que las ha dado y que probablemente les dará el Ejecutivo de discutir su agenda pobre, mediocre y extraviada. El gobierno se confeso desarticulado, incapaz, corrupto y le han dejado salir intocado y hasta fortalecido.

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Concluyo: el Acuerdo por Michoacán no es tal, es apenas una agenda escueta de acciones que debieran ser obligatorias para un gobierno mediano. Revelan sus graves problemas y sus pocas capacidades, pero una oposición y otra han dejado pasar increíblemente la ocasión. Todos están fascinados por el protocolo, confundidos entre la forma y el fondo, sin advertir que entre las manos tienen un cascaron vacío. Lástima que Reyes Heroles nunca tuvo ocasión de completar su sentencia: el fondo no sólo puede ser forma.

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Ladies, gentlemen y cultura ciudadana

En las últimas semanas hemos atestiguado el ascenso del escándalo plenamente justificable, cortesía de una serie de personajes impresentables, políticos, exitosos miembros del sector privado o sus familiares. Y todos han hecho las delicias de comentaristas formales y aficionados, de las charlas de sobremesa y de los programas de análisis. Todos nos hemos escandalizado con estos bufos pasajes de nuestra vida pública que la hacen lucir más descompuesta aun, pero creo que la reiteración de los sucesos merece que nos hagamos algunas preguntas.

Primero hay que decir que esta proliferación es novedosa porque, merced de las redes sociales y el video al alcance de todos en todo momento, millones somos testigos de lo que antes solo unos pocos se enteraban. Además el impacto de la imagen se pone de manifiesto, forma nuestra percepción como la anécdota no podría hacerlo jamás. No hay mas personas comportándose en forma grosera y prepotente ahora que antes, hoy se les exhibe en HD.

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La prepotencia y el trato majadero hacia quien es percibido como inferior tristemente no son una novedad en nuestra sociedad. Esta es sin duda una de las aristas cortantes de nuestra cultura mexicana, hija de una sociedad de clases que casi fueron castas, la modernidad no ha terminado por borrar un elitismo sin fundamento que desprecia al pobre, al campesino, al obrero, al indígena, al marginal.

Las ladies y los gentlemen ventaneados recientemente no son seres tan distintos del resto de nosotros. Fueron retratados desde su peor ángulo, en su peor momento, pero no son desafortunadamente tan raras excepciones. La discriminación, la falta de respeto, la intolerancia, el influyentismo y la prepotencia son actitudes que tienen carta de naturalización en nuestra cultura. Lo que ha proliferado no son estos personajes sino los teléfonos móviles con cámara, las conexiones a internet y las redes sociales.

Los personajes son síntoma de una sociedad que no acaba de saltar a la modernidad y que sigue sin abrazar una cultura ciudadana, que supone igualdad, respeto, obediencia de reglas y castigo para los transgresores, en que los servidores públicos más que privilegios tienen responsabilidades y una de ellas es conducirse con mayor prudencia y sobriedad pues su vida, incluso su vida privada, ocupa una parte del espacio público y constituye referencia para los demás miembros de la sociedad. Por eso en otros países funcionarios de alto rango – electos y designados – dimiten cuando son sorprendidos en acciones indebidas.

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Pero quiero hablar de la otra cara de la moneda. De que nuestra sociedad debiera aprovechar momentos como estos para la reflexión y buscar caminos para mejorar nuestra cultura ciudadana y por lo tanto las bases de nuestra convivencia. Y esto también es tema del gobierno, pues lo que planteo no es una utopía moralina de extrema derecha. Es una política pública –concebida de hecho en gobiernos de izquierda – que permite reducir la criminalidad, los accidentes y las infracciones de tránsito, el consumo de drogas, la violencia, la discriminación, entre otras cosas.

Existen casos plenamente documentados como el de la alcaldía de Bogotá en los años noventa que aplicando modelos y políticas para mejorar la convivencia se logro reducir el índice de homicidios, las muertes asociadas a accidentes viales, se logró incautar cifras record de armas de fuego y reducir el desperdicio de agua drásticamente.

El fundamento de esto es que la ley no es la única forma de imponer una conducta. De hecho la moral y las costumbres sociales son más eficaces para regular el comportamiento, aun cuando la misma conducta sea un delito. La mayoría de nosotros no nos abstenemos de herir o matar a otro ser humano porque sea un delito, sino porque creemos en respetar la vida humana, es un asunto moral. Y usar la reprobación social de conductas que dañan la convivencia es una magnífica estrategia para reducirlas.

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Y vaya que hay muchos lugares por donde empezar. En nuestro entorno inmediato ocurren muchas cosas que dañan nuestra convivencia y que repararlas cuesta dinero público. Arrojar basura, desperdiciar agua, estacionarse en lugares prohibidos, abordar o descender del transporte público en cualquier lugar, no respetar las reglas de tránsito son conductas emparentadas con las que practican las ladies y los gentlemen que hemos atestiguado. Maltratar a empleados, vigilantes, meseros y otras personas no es tan poco común, en muchas ocasiones lo que ha faltado es la cámara.

Así que bien valdría empezar por alguno de nuestros defectos comunes y organizarnos para superarlo, por supuesto que los teléfonos y el twitter harán su papel, pero una buena convivencia se funda en el respeto y para desarrollar esa y otras virtudes cívicas la tecnología no es suficiente, hay que regresar a la buena y ancestral práctica de reprobar lo que nos daña, si se impulsa como acción pública el gobierno puede evitarse muchos dolores de cabeza y ahorrar dinero, y nuestros escándalos habrán servido de algo.