Morelia: superar la indefinición

Apenas el sábado se han cumplido 472 años de la fundación, por Don Antonio de Mendoza, de la ciudad de Morelia, entonces con el nombre de Valladolid y que sería renombrada en honor de su hijo más ilustre en 1828. Confieso que este año he sido un hijo poco entusiasta de la celebración del cumpleaños de mi querida ciudad, no me asomé por los festejos ni me acerque al Centro Histórico donde además crecí, pero el hecho me trajo una reflexión que quiero compartir en este espacio.

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Morelia es una ciudad, de hecho es una de las 56 zonas metropolitanas del país (3 en el Estado) y tiene conurbaciones con los municipios de Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón. Por su población ocupa el vigésimo lugar en México y el lugar 29 por su contribución al Producto Interno Bruto (2010). Es cabecera municipal y capital de Michoacán. Es un punto de encuentro entre el Centro, el Occidente y el Sur del país, podría considerársele como parte de cualquiera de estas regiones o de ninguna, y esta indefinición geográfica pareciera haberse contagiado a la indefinición de su vocación, pues más allá de la perogrullada de que es una ciudad turística, podemos y no ser considerados una ciudad con vocación agropecuaria, de servicios, educativa y hasta con ciertas potencialidades industriales y logísticas.

En lo social y político andamos por las mismas. Somos conservadores, pero somos liberales, nos han gobernado los tres principales partidos y a veces nos sentimos muy modernos y otras muy atrasados, nuestros problemas a veces se parecen a los de una ciudad desarrollada y otras a los de una localidad atrasada. Ser la capital del Estado nos enorgullece, y nos favorece tanto como nos agobia. Aquí estamos viviendo el epicentro del conflicto magisterial y de las normales, nuestra economía se ha visto paralizada por la crisis de las finanzas públicas, pero también por la huelga de la UMSNH y por la inseguridad. Y a propósito de indefiniciones ayer éramos la capital del Estado olvidado en las giras presidenciales y hoy lo somos del foco de atención en materia de seguridad.

 

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¿Cuáles son las claves para el futuro de esta ciudad añosa e histórica, con una joven población y una situación geográfica envidiable? Sin hablar ex cátedra me atrevo a sugerir algunas para aprovechar sus múltiples potencialidades. Morelia tiene muchas cosas que pueden traducirse en desarrollo económico no sólo el turismo. Algunas requieren más inversión en infraestructura que otras pero todas requieren definiciones y rutas hacia el futuro.

En el socorrido caso del turismo, para crecer debemos incrementar nuestra capacidad para recibir convenciones, exposiciones y eventos, eso requiere un centro de convenciones de mayor capacidad y más cuartos de hotel.

Estamos muy cerca de importantes rutas comerciales. Del Centro a Jalisco, del Pacífico al Bajío. Eso nos da potencial manufacturero y logístico, pero eso requiere inversión pública y la búsqueda de inversión privada, que con excepción de la realizada en el Puerto de Lázaro Cárdenas ha estado ausente.

Estamos en medio de un fértil valle y al pie de magníficos bosques, no podemos renegar nuestra vocación agropecuaria y especialmente agroindustrial, pero no contamos con ninguna infraestructura para desarrollar estos aspectos.

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Tenemos una enorme comunidad estudiantil y una universidad ancestral, además de varias instituciones privadas, sin embargo no hemos puesto en sintonía la actividad educativa y la actividad económica. Nuestras escuelas no han generado investigaciones que se vuelven fuentes de riqueza y la demanda de espacios en las escuelas no se relaciona con nuestras actividades económicas preponderantes. En este terreno más que infraestructura necesitamos coordinación entre académicos, funcionarios y empresarios.

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Dejando de lado las actividades productivas y pasando a los servicios públicos, Morelia requiere solucionar algunos temas fundamentales. El primero es asumirse como metrópoli y tomar el liderazgo de sus conurbados vecinos, que están totalmente extraviados en la transición de lo rural a lo urbano e incubando el peor rostro de los problemas urbanos. Un aspecto fundamental es detener la expansión territorial de la zona urbana que hemos vivido en los últimos 30 años y desarrollar un proceso inverso, desde la periferia aprovechando cada metro disponible de terreno baldío.

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El abasto de agua y muy especialmente el manejo de su organismo operador, los residuos sólidos, en especial su recolección, la movilidad urbana, en particular el transporte público y la seguridad pública, son a mi juicio las tareas gubernamentales centrales para los próximos años y condición indispensable para la prosperidad. Y deben abordarse con un enfoque metropolitano y pensando al menos en la coordinación sino en la unificación de los servicios.

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 Morelia no puede seguir en la indefinición, porque la inercia la hará derivar hacia los peores mundos posibles. Necesita que la sociedad y su gobierno asumamos compromisos sobre el destino de Morelia, que empecemos hoy a construir la ciudad moderna, próspera, sustentable y humana. Ese es el mejor regalo para Morelia hoy, y pudiera ser una realidad muy pronto, por qué no, cuando cumpla 500 años.

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No rotundo a las plazas automáticas

En Michoacán se juntaron el hambre y las ganas de comer. A la añeja problemática de las normales rurales y al conflicto magisterial entre la CNTE y el SNTE se sumó la aprobación triunfalista de la reforma constitucional en materia educativa, defenestración de Elba Esther Gordillo incluida, que trajo una violenta reacción de los grupos más radicales de la CNTE y las normales rurales en varios estados del país. Frente a ellos un gobierno estatal débil en todos aspectos: un periodo brevísimo, una elección cuestionada, sin margen de maniobra financiera, desorden administrativo, deuda, territorios casi en manos del narco y un gobernador enfermo, más lo que se acumule.   images-2

Pero centremos en uno de los hitos del problema. La entrega o no de 1200 plazas a los egresados de las normales del Estado. Este punto se ha tornado en el centro del conflicto primero porque de su favorable resolución depende la sobrevivencia del movimiento de los normalistas. Jóvenes con pocas oportunidades se inscriben en estas escuelas con la promesa de que obtendrán tras unos cuantos años una codiciada plaza en el magisterio, que podrán cambiar, vender y heredar, un bien propio, no un encargo público, ni siquiera un empleo, un verdadero patrimonio. Por eso están dispuestos a pelear, a protestar, a infringir la ley, a cometer actos vandálicos, a secuestrar policías.

Por el otro lado Michoacán y México no necesitan muchos más docentes. Hemos llegado a la cobertura universal, es decir hay un lugar en una escuela para cada niño en edad de asistir a ella, y la población en edad escolar y por lo tanto la demanda de espacios en primaria se reduce cada año y continuará así hasta estabilizarse. No puede pensarse que se necesite incrementar el número de docentes de primaria en un horizonte de 50 años, y yo pienso que esto no sucederá.

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Nuestro problema no es de cobertura de educación primaria, es de calidad, pero como no podemos deshacernos de los malos maestros, ni con la reforma educativa, pues la demanda de nuevos docentes de educación básica es a tasa de reposición, es decir sustituyendo a los que dejan su espacio. La OCDE recomendó a México reducir la matrícula de las escuelas normales, lo que ha ocurrido en el país desde el 2010 con excepción de un estado, Michoacán, donde incluso los líderes de estos movimientos se ufanan de haber incrementado el número de alumnos.

Como ocurre con frecuencia, la necedad impide ver otras oportunidades. La demanda de docentes está en la educación media, especialmente en la educación media superior, donde abunda los profesores que no son docentes de carrera, sino profesionistas de otros ramos que se dedican a impartir clase, porque los profesionales de la educación están en las calles disputándose como un botín, un mercado laboral que inevitablemente se reduce. También porque dar clases en secundaria y preparatoria es una tarea más demandante que muchos de estos maestros no desean asumir. Quizá se darán cuenta cuando la curva poblacional de jóvenes se haya ido como ya se fue la de niños pequeños.

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Otro aspecto que debe quedar claro es que el gobierno mexicano no puede invertir en educación más de lo que ya invierte. Nuestro gasto educativo es uno de los más altos de la OCDE y del mundo, la mayor parte se va en sueldos y prestaciones de maestros de educación básica, lo cual debe cambiar, para que el gasto educativo se mueva junto con la población demandante a la educación media y superior, y se centre en mejorar no solo la calidad de la educación básica sino las condiciones en que esta se imparte, poniendo especial atención en la generación de oportunidades de acceso al mundo digital: computadoras e internet o tendremos un país de analfabetas funcionales.

Cuando inició su gobierno, Fausto Vallejo diagnosticó correctamente que el problema financiero del estado y el problema de las plazas, sueldos y prestaciones de los maestros de educación básica estaba íntimamente ligado. Debiera actuar en consecuencia. Su gobierno – si es que sigue siendo su gobierno – tiene escaso margen de maniobra para legar obras de infraestructura, podría legarnos la solución definitiva de un problema de muchos años que se agravó con la complacencia y miopía de las administraciones perredistas.

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El gobierno estatal debe negar las plazas automáticas, sin duda alguna, y como consecuencia de ello reducir la matrícula de las normales e incluso plantearse el cierre definitivo de las normales rurales. En paralelo debiera explorar como brindar alternativas a los jóvenes en zonas rurales y como destinar recursos a las necesidades reales del sector educativo que son calidad y tecnología, y no seguirlos malgastando en sostener privilegios que existen al cobijo de enclaves autoritarios.

La política, la Cruzada y la luna de miel

Con bombo y platillo el gobierno de Enrique Peña anunció que en materia de desarrollo social su gran meta es erradicar el hambre en México y anunció una estrategia integral llamada Cruzada Nacional contra el Hambre para cumplirla. En estos días, la Sedesol, su titular y diversos funcionarios de nivel operativo se han visto implicados en denuncias de uso de los recursos a su cargo para favorecer electoralmente al PRI, lo cual reabre el debate – si acaso se cerró – de que esta estrategia no tenga otro propósito que la manipulación electoral.

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Los temores de la oposición no son infundados. Rosario Robles es una operadora política y en su haber está ganar elecciones y saber emplear los recursos gubernamentales para ese fin. Los subsecretarios que la acompañan vienen de Coahuila y el Estado de México, dos de las mejor aceitadas maquinarias electorales del PRI, donde sus tareas los acreditan como buenos operadores. Quizá los temores de la oposición sean prematuros: los programas sociales, aun con diferentes nombres, son los mismos que en la administración de Calderón y no hay evidencia que su aplicación favoreciera electoralmente al gobierno.

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Por otro lado, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal y tres aguerridos jefes delegacionales, apenas este lunes, se reunieron con Rosario Robles para retomar una vieja ofensiva del PRI, entonces en la oposición, contra el PAN, entonces en el gobierno. Le exigen que los programas sociales, en particular la Cruzada contra el Hambre los apliquen los gobiernos locales, es decir que la Sedesol se limite a pagar la cuenta. Llueve sobre mojado. El PAN ha pedido que los programas se apliquen a través de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), lo que responde sin duda a idénticos propósitos: debilitar y complicar la operación de la maquinaria de los programas sociales del Gobierno Federal.

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La Sedesol, sin embargo tiene mayores problemas que esos. Con la reforma que creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la dependencia que encabeza Rosario Robles ha perdido más de 15 mil millones anuales de presupuesto y uno de los entes operativos más importantes, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), responsable de distribuir cientos de millones de pesos en materiales de construcción a través de OSC, estados, municipios y directamente a beneficiarios, además de la rectoría del sector de la vivienda popular.

 

Por otro lado la Cruzada contra el Hambre es una estrategia y no un programa. Eso en el sutil lenguaje burocrático significa algo fundamental: que no tiene dinero propio. Es ante todo un esfuerzo de coordinación, de selección de municipios de aplicación, de establecimiento de criterios normativos, pero no cuenta con recursos adicionales para la Sedesol. En términos prácticos la Cruzada busca concentrar el gasto público en unos cuantos municipios y localidades, lo cual no está mal en teoría, pero tampoco garantiza la solución del problema.

 

En México la carencia alimentaria ciertamente se ha incrementado desde mediados de la década pasada por dos fenómenos internacionales, primero el incremento mundial del precio de los alimentos, espoleado por el incremento de la demanda, la apertura de nuevos mercados y nuevas rutas comerciales y hasta la moda de los biocombustibles. Por otro lado la crisis financiera del 2008 golpeó el ingreso de los mexicanos y generó desempleo especialmente en zonas urbanas con vocación manufacturera y exportadora. La mezcla de menos ingreso y alimentos más caros genera la carencia alimentaria, que a diferencia de otras carencias sociales solo puede atacarse elevando el ingreso, lo cual es el tema límite de las políticas de desarrollo social.

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Desde las políticas sociales es relativamente fácil dotar de servicios y proveer infraestructura, pero generar incrementos en el ingreso familiar es otra cosa. Las transferencias ayudan (en el primer decil, es decir los más pobres, las transferencias gubernamentales como Oportunidades representan el 40% del ingreso), pero son claramente insuficientes para abatir la carencia. Además la Sedesol ha quedado despojada de los programas de combate a la pobreza urbana que se fueron a Sedatu y el fenómeno del incremento del hambre principalmente ocurre en la ciudades. Así que no lo tiene fácil y la primera medición oficial de pobreza del sexenio se realiza en 2014, lo que les deja un año para tener avances, y se publica en 2015, poco antes del proceso electoral.

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A Rosario Robles, le llueve sobre mojado. Su incorporación al equipo de transición y al gabinete fue relativamente sorpresiva, representa el pacto que le permitió a Peña acortar distancias con AMLO en el DF y sus alrededores y el cual tiene vigencia en la gobernabilidad del centro del país. Su cabeza no ha de rodar, no antes del 2015, ni antes de que el PRI tenga otra alternativa de dar pelea en el Distrito Federal. El impacto del embate contra Robles ya se siente en el clima político, y aun cuando no termine por desmantelarse el Pacto por México, nunca volverá a ser lo mismo, y es solo el principio.

Presidente, la luna de miel ha terminado, es hora de enfrentar la realidad.

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Separar política social y territorial es un error

Las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (así se llama la ley que dice que hace cada dependencia del Gobierno Federal) ha traído atención sobre asuntos relacionados con la coordinación del gabinete, la seguridad, la política indígena, la de género y el combate de la corrupción. Sin embargo, en la opinión pública ha pasado inadvertido un cambio mayor para la próxima administración y que me parece desafortunado: el cambio en la política territorial y de desarrollo urbano y regional, quitándola de la competencia de Sedesol y ubicándola en la de Reforma Agraria, que incluso cambia su nombre a Secretaria de Desarrollo Agrario, Regional y Urbano.

El ordenamiento del territorio es un importante rubro de las políticas públicas, pero poco difundido entre el gran público. Podríamos definir a la política territorial como el conjunto de decisiones gubernamentales orientadas a normar como nos asentamos y distribuimos  las personas en nuestro país, y  el uso que hacemos de nuestro territorio para la vivienda, las actividades productivas y la infraestructura, por mencionar algunas. Es una materia sumamente compleja porque toda la actividad humana se lleva a cabo en un lugar, entonces es probablemente una de las pocas materias que se relacionan con todos – no exagero – los ámbitos de la acción pública y privada.

Además los tres órdenes de gobierno (Federación, estados y municipios) tienen una competencia con límites poco claros sobre los temas territoriales, a todos les corresponde una parte y a veces la misma cosa compete a más de uno. Durante muchos años, los regímenes del PRI equipararon el ordenamiento territorial a la política agraria y al control sobre la tenencia de la tierra. En los intentos modernizadores de los años 1980 apareció por vez primera enunciada como atribución de la SEDUE, aunada a la materia ambiental, modelo que subsiste en Michoacán a nivel estatal (SUMA) y hasta municipal (v.gr. en Morelia). Esta visión fue superada en los años 1990 y el tema ambiental fue a la entonces Semarnap y el tema territorial a Sedesol respondiendo a una nueva visión: la política territorial tiene un carácter esencialmente humano y social y viceversa: no se puede superar la pobreza en forma estructural sin una política territorial.

Sé bien que explicar esto requiere ejemplos. Pensemos en un pueblito de menos de 500 habitantes que carece de hospital, escuela, carretera y de oportunidades económicas.   El problema es fundamentalmente territorial. Dotarlo de los servicios y la infraestructura para que sus habitantes se desarrollen plenamente y con igualdad de oportunidades sólo puede hacerse con un enfoque regional, pues en México hay mucho miles de pueblecitos como ese y no sólo invertir en construir la infraestructura sería impagable, más difícil sería operarla y mantenerla. Es decir, construir las escuelas y hospitales en puntos estratégicos y promover que las personas se cambien a vivir a localidades de mayor tamaño, además de construir las vías de comunicación necesarias y habilitar el transporte público.

Otro caso, de enorme relevancia es el del desarrollo de las ciudades. La pobreza urbana es el mayor reto social de nuestro país y especialmente en una ciudad es imposible superar la exclusión sin políticas territoriales y urbanas. La distancia a centros educativos, deportivos, hospitalarios, laborales, las vías de comunicación, el transporte público y la cobertura de los servicios básicos son determinantes para la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo en una ciudad.

Uno de los mayores éxitos de política social de nuestro país es el programa Hábitat que surgió en la Sedesol durante la administración Fox y que es la única política consistente de combate a la pobreza urbana. Por primera vez se vio de forma integral a la ciudad, como una realidad humana en que lo principal son las personas, en que no puede separarse la dotación de servicios de la participación ciudadana y de la atención de los problemas de la convivencia social. Hoy su futuro es incierto con las reformas de Peña Nieto. Al sacar la política territorial, urbana y regional de la Sedesol se ha roto la pinza, que junto a la política social permitió avanzar durante más de una década consistentemente en abatir la marginación y la exclusión de los servicios básicos.

Puntualmente debe considerarse también el tema de la vivienda social. El apoyo para la autoconstrucción y las viviendas para el segmento poblacional que no tiene acceso a vivienda comercial, al desvincularse de la Sedesol quedará a la deriva y a merced de las organizaciones campesinas que le han dado un manejo corporativo, y peleado una dura batalla por evadir la regulación y la rendición de cuentas.

Acepto mi desviación profesional y personal, pero creo que ésta será una de las reformas de mayor calado de la nueva administración, y no me parece alentadora. Es un retroceso. Volvemos al modelo que confunde la tenencia de la tierra con la estrategia de desarrollo regional y urbano, en el momento en que se enfrentan los mayores retos en la materia: pobreza urbana, falta de infraestructura regional, incremento en la demanda educativa y de servicios de salud, crecimiento urbano, crisis de las finanzas locales y cambio demográfico. Tristemente, Peña inicia con un error.

Los doce años de gobiernos del PAN son los mejores de México en cuanto a superación de la pobreza.

El PAN a su paso por el gobierno federal ha hecho valer sus principios humanistas de carácter social e invirtió los recursos públicos en las personas y logró los mayores avances de la historia en educación, salud, vivienda y protección social.

Los críticos del PAN lo clasifican en forma simplista como un partido de derecha y repiten como lugar común, que ésta es insensible al sufrimiento de los seres humanos y les deja a merced del mercado hasta la muerte. Yo rechazo categóricamente esta descalificación en dos planos, en el estrictamente ideológico, pues considero que Acción Nacional en sus documentos fundamentales de sobra postula principios sociales, y en el plano de las políticas públicas donde tras doce años de gobiernos panistas los logros sociales no tienen precedente en la historia de México.

Ya desde su ensayo “1915” Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, anticipaba ‘la lucha contra el dolor (humano) como campo común de trabajo’ y abundaba que ‘Socialmente … nuestro deber es obrar, remediar males, mejorar la condición de los hombres’. En consistencia en los Principios de Doctrina (1939) se establece en el numeral 7 Trabajo que ‘La consideración del trabajo humano como mercancía … es atentatoria contra la dignidad de la persona’, en el numeral 10 Campo dice que éste ‘Exige una organización tutelar, generosa, responsable, para dar orientación y eficiencia en el trabajo’; y remata en el 11 Economía diciendo que el estado ‘Debe especialmente velar por evitar la consideración del hombre como instrumento de la economía y garantizar… (que) las actividades económicas queden siempre subordinadas y al servicio de los valores humanos que son superiores’.

En la Proyección 2002 de los Principios de Doctrina se establece en el apartado 7 Humanismo Económico, que éste ‘busca abatir la pobreza extrema, atiende prioritariamente a los pobres del campo y la ciudad, da prioridad a zonas indígenas y rurales e impulsa el desarrollo de las potencialidades del campo’; más adelante apunta que ‘Las políticas públicas que nacen del humanismo económico… reconocen que el desarrollo es promovido por el mayor grado de inversión posible… sobre todo, en las capacidades de las personas… (y) Para ello es fundamental la inversión… en los rubros de educación, salud, vivienda, seguridad y calidad de vida.’

Pero a las palabras el PAN como gobierno agregó hechos, que además son medibles y verificables, atendiendo además a lo que dispone la Ley General de Desarrollo Social en cuanto a las carencias sociales y a la medición de la pobreza multidimensional, que en sí misma es otro logro de Acción Nacional que establece como asunto de estado la superación estructural de la pobreza. Vamos a los datos duros en algunos rubros:

Educación: Se redujo en un tercio la población de más de 15 años sin escolaridad y con primaria incompleta y en casi la mitad la población de 15 a 24 años que no va a la escuela, a pesar del incremento de este grupo poblacional. Se logró la cobertura universal de educación básica, se alcanzó el 70% de cobertura de la educación media superior y el 35% de la superior. Los dos millones de becas que se otorgaban en el 2000 se han convertido en ocho millones en el 2012.

Salud: Con el Seguro Popular numerosos estados de la República han alcanzado la cobertura universal en salud y el país se encuentra en ruta de alcanzarla. En el sexenio de Felipe Calderón se construyeron 1100 clínicas y hospitales nuevos; y en cuanto a las defunciones de niños afectados con cáncer éstas se redujeron de 7 a 3 de cada 10 en esta administración.

Protección social: 34 millones de mexicanos reciben transferencias directas de los programas Oportunidades y Apoyo Alimentario y 3.6 millones de adultos mayores de 70 años que carecen de pensión reciben el programa 70 y más que alcanzó cobertura universal. La creación de una red de más de 9000 estancias infantiles en las que se ha atendido a más de un millón de niños, lo que posibilita que la madres estudien y trabajen.

Vivienda: En el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron seis millones de créditos y apoyos para adquirir una vivienda, dos de cada tres de los cuales se destinaron a personas con ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos. Además se construyeron tres millones de pisos de cemento para abatir una de las carencias más lacerantes, el piso de tierra.

Podría seguir enumerando datos en otros rubros, pero hasta aquí creo que he demostrado mi afirmación: el PAN y sus gobiernos son profundamente humanistas, en su ideario y en la realidad, los doce años de gobiernos emanados del PAN que están por concluir, son una época de oro del desarrollo social y de la superación de la pobreza en México.