Chequeo rápido de una señora de 473 años

Morelia cumplió este mes que expira, 473 años de que fue fundada. Y como debiéramos hacer las personas, vale la pena hacer un breve diagnóstico de los males que la aquejan, para que pueda tener una vida no solo larga, sino saludable y feliz, o mejor dicho, que quienes en ella vivimos hoy y en el futuro la tengamos.

     *  (ver nota al pie)

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Pasemos de la obviedad. La ciudad histórica, turística y cultural, con su belleza y su riqueza, ha sido ampliamente celebrada en estos días, y nuestra capital no ocupa que le cantemos himnos. Pensemos en lo que le duele a Morelia. Cuales son los graves problemas que tiene frente a sí, para que podamos empezar a imaginar soluciones. Especialmente a un año de elegir nuevo gobierno municipal, debemos empezar a hacer una lista de lo que importa.

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Aunque sea una obviedad no podemos soslayar el problema de la seguridad pública en Morelia. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de alto impacto se han disparado en el último año. Morelia tiene una policía creada apenas en el 2012. Desde que tener policía municipal es legalmente posible (2001) Fausto Vallejo (alcalde durante 7 de esos 11 años) se negó, Salvador López no lo consiguió y Manuel Nocetti finalmente la estableció. Apenas creada, parece que será engullida por el “mando único” en este formato impreciso y misterioso que nos receta el comisionado Alfredo Castillo. Es tarea pendiente.

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Morelia como todos los municipios del país tiene graves problemas financieros y absoluta dependencia de las transferencias federales. El modelo de cobro del impuesto predial y de los servicios públicos es ineficiente y obsoleto. Las nuevas reglas del Ramo 33 y el convenio del “mando único” limitarán más los recursos. En particular Morelia sobrelleva la pesada carga financiera del OOAPAS, en buena parte derivada del contrato colectivo que ostenta su sindicato. Si bien las finanzas no están quebradas, si impiden la inversión pública al ritmo que la ciudad necesita, y esto no puede suplirse con deuda.

Ligado al tema financiero está el tema del desarrollo urbano, porque las ciudades recaudan dinero por habitante y lo gastan por metro cuadrado. En 30 años (1981 – 2011) la ciudad duplicó su población, pero su extensión alcanzó 2.6 el tamaño que tenía Morelia al inicio del periodo. Los servicios públicos incrementan su costo en ciudades dispersas y hoy el modelo urbano, les impone a los desarrolladores de vivienda costos que solo pueden amortizar abaratando la tierra y por tanto incrementando la distancia del centro a los nuevos desarrollos y dejando áreas desocupadas al interior de la ciudad. Esta circunstancias generan costos que todos pagamos, con impuestos y con calidad de vida, y que solo benefician a unos cuantos especuladores inmobiliarios. Tenemos que revisar el modelo de fondo y crear una política de ganancias justas y costos compartidos con quienes desarrollan vivienda.

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Uno de los problemas más graves que nos ha traído la dispersión es la movilidad urbana. Equivocadamente hemos abordado solo partes del problema: el tráfico, el transporte o algunas vialidades. El problema es que no se piensa en que los desplazamientos de los morelianos para ir de sus casas a sus trabajos y demás ocupaciones, deben formar un sistema coherente que sea barato, no contaminante y que permita la inclusión social. Una de las peores muestras de lo mal que se aborda el tema de la movilidad son las “Wilyvías”, pretendidas ciclopistas trazadas con pintura verde deslavada, sin ton ni son, en algunas calles.

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Morelia es una zona conurbada pero no una metrópoli. Nuestro crecimiento desordenado ha alcanzado Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón. Pero Morelia no ha tomado responsabilidad ni liderazgo en la zona metropolitana y paga el precio por ello: es una de las ciudades más desfavorecidas en la distribución de fondos federales del rubro. La seguridad, el agua, los servicios y la movilidad urbana deben tener un enfoque metropolitano o no podrán sustentar un desarrollo suficiente para los morelianos.

No puedo omitir el tema de la lacerante pobreza urbana que viven vastas zonas de nuestra ciudad. En México los esfuerzos para combatir la pobreza urbana han sido archivados por el gobierno de Peña y el gobierno municipal nunca ha tenido una política de desarrollo humano. Hasta ahora el signo de la política social es el asistencialismo, y muchas colonias de Morelia sufren por falta de satisfactores mínimos y carecen de oportunidades de desarrollo cuando unos y otras parecieran estar al alcance de la mano.

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Finalmente, el gran tema de fondo. Morelia no ha definido una vocación económica, mucho menos ha emprendido un camino. La vocación turística como ciudad colonial ha alcanzado sus límites, es un mercado maduro que poco puede crecer. Si vamos a continuar por la vía del turismo necesitamos diversificar la oferta, mejorar la infraestructura, contar con más cuartos de hotel e invertir en atractivos específicos, como un centro de convenciones o un parque temático. Y si vamos a explorar otras alternativas como la agroindustrial o la logística debemos empezar a alinear la visión de ciudad, desde la planificación y construcción de infraestructura hasta la formación de profesionistas.

Celebramos 473 de la fundación de Morelia. Deberíamos regalarle algunas ideas para mejorar su futuro y hacerla más humana. Es el mejor regalo que podemos darnos.

*Este plano es una interpretación del Arq. Enrique Cervantes, de un croquis trazado en 1579. Fue tomado del sitio www.espejel.com, creación de Ricardo Espejel Cruz, a quien no tengo el gusto de conocer pero que felicito su espléndido trabajo de recopilación cartográfica.

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El extraviado gasto social

En el gobierno del Presidente Peña la política de gasto social  no está respondiendo a la realidad del país y está contribuyendo a incrementar la presión sobre las finanzas municipales. Los ayuntamientos no tienen herramientas eficaces para instrumentar un desarrollo urbano equilibrado y combatir las carencias sociales y la pobreza en las zonas urbanas, lo que supone una doble amenaza a la viabilidad financiera de las ciudades medias y al tejido social en las mismas.

Permítanme tratar de explicar esta enredada madeja del gasto social.

Los gobiernos locales son altamente dependientes de la recaudación federal (Michoacán recibe de la Federación el 95% de lo que gasta). Las dos bolsas importantes de donde proviene el dinero son el Ramo 20, que es lo que les toca a los estados y municipios por dejar que sea la Federación la que cobre los impuestos (ISR e IVA principalmente) y el Ramo 33, que es el dinero que la Federación le da de su dinero a los estados para que presten servicios fundamentales a la población.

En el 2012, la distribución de las participaciones federales (Ramo 20) sufrió una importante modificación, pues para la fórmula con que se reparten estos recursos se usaron por primera vez los resultados del Censo 2010, en sustitución de los datos obtenidos en el año 2000. ¿Y qué pasó?  Pues que los estados que habían abatido las carencias de servicios básicos e incrementado su Producto Interno Bruto recibieron menos dinero, y los estados que se habían rezagado recibieron más, algunos como Chiapas recibieron mucho más. La fórmula diseñada en los años noventa “premia” la pobreza y “castiga” el desarrollo.

El Ramo 33 por su parte es una herramienta básicamente redistributiva, es decir la Federación ayuda a los gobiernos locales a atender las mayores carencias, pero por su impacto, los gobernadores y alcaldes se han opuesto a regular estos recursos que son dinero de la Federación. Uno de los reportes más polémicos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en el 2011 fue la evaluación de los recursos destinados al desarrollo de infraestructura social (Fondo III), que resultó negativa, en cuanto al conocimiento y capacidad de los funcionarios locales para aplicar los recursos y porque genera los incentivos para que los municipios invirtieran menos en infraestructura, pues si no superan las carencias sociales reciben más dinero.

Ahora la Sedesol, ha expedido unas complicadas reglas de operación del citado Fondo III, que ignoran los resultados de la evaluación 2011 del Coneval y que nuevamente nos dan muestra que la administración de Peña Nieto, a pesar de la muy publicitada Cruzada contra el hambre, no tiene una política de desarrollo social clara, que la coordinación entre los órdenes de gobierno no es efectiva y se sigue desalentando la inversión en infraestructura.

Las reglas de operación expedidas harán más tortuoso que nunca el manejo del Fondo III, uno de los que más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación acumula, y seguirán reforzando el perverso ciclo de que el gobierno que avanza, pierde recursos.

Por otro lado con la salida de los programas para zonas urbanas de la Sedesol a la Sedatu, los municipios con localidades urbanas carecen de herramientas para combatir la pobreza urbana, que de acuerdo con los informes de Coneval del 2010 a la fecha, es la que más avanza y la que tiene efectos inmediatos y devastadores en el tejido social.  Con las nuevas reglas del Fondo III, las inversiones en pavimentaciones, movilidad, alumbrado público, espacios urbanos, áreas deportivas y de convivencia, rehabilitación de redes de agua y drenaje, entre otros conceptos de alto impacto en el desarrollo urbano han perdido prioridad y serán relegadas.

Uno de los logros poco reconocidos de las administraciones panistas es haber expedido la Ley Federal de Desarrollo Social y haber establecido mediciones objetivas de la pobreza a través de un ente independiente como el Coneval, que nos ha permitido saber si las políticas públicas de los gobiernos en materia de desarrollo social y superación de la pobreza son efectivas o no lo son, y si por tanto nuestros impuestos están siendo bien gastados o no. Sabemos donde nos aprieta el zapato hay que implementar los remedios.

Urge replantear los esquemas de distribución de las participaciones (Ramo 20) y aportaciones (Ramo 33) para que el esfuerzo de una comunidad y su gobierno local no les lleven a perder recursos, y también es imperioso (re)incorporar a las políticas sociales el gran cambio que se gesta en nuestra sociedad, que se está volviendo más urbana cada día, y que si no atendemos, pone en riesgo el futuro de nuestras ciudades.

Los gobiernos estatales, mayoritariamente en manos del PRI, se resistieron durante los gobiernos del PAN a crear una política de estado y largo aliento en materia de desarrollo social. Ahora con el PRI de vuelta en Los Pinos, sería posible avanzar por ese camino, si existe la voluntad de no usar electoralmente y en forma asistencial los recursos públicos del ramo. Si existe una visión de futuro. Ojalá que sí.

La reforma fiscal y el precio de la gasolina

En mitad de la acalorada discusión sobre las reformas fiscales propuestas por el Presidente Peña, uno de los temas más relevantes se ha quedado a la zaga en el debate: el precio y por ende, el subsidio de la gasolina, el cual de acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP) representa al mes de agosto un gasto superior a los 76 MMDP y llegará según sus estimaciones a unos 91 MMDP, superando en un 86% los casi 49 MMDP que se habían presupuestado para el 2013 y que se agotaron en mayo.

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Para comprender mejor el asunto, recapitulemos: el precio de la gasolina en México lo define cada mes la SHCP mediante un precio internacional de referencia más los costos de transporte y la ganancia del concesionario, a lo que aplica la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que durante todo el 2013 (y muchos ejercicios anteriores) ha sido negativa, es decir el gobierno en lugar de cobrarnos a los mexicanos un impuesto sobre la gasolina, nos otorga un subsidio.

En otros países, y en el mercado internacional, el precio de la gasolina se determina libremente por la oferta, demanda y costos de producción y transporte. El precio se ajusta en periodos de inestabilidad incluso diariamente. Al determinarse por el gobierno para la venta a través del monopolio de Pemex, los mexicanos pagamos precios artificiales por la gasolina, en ocasiones excepcionales, más altos y recientemente, más bajos.

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Hagamos una comparación. El Programa Oportunidades que otorga un subsidio en efectivo a la mayoría de los hogares más pobres del país, cuesta 36 MMDP. El subsidio a la gasolina nos hubiera alcanzado para pagar dos veces y media Oportunidades. Sólo que el subsidio a la gasolina concentra un 37.2% en el decil de mayores ingresos de los mexicanos, mientras que solo 1.5% va al decil de menores ingresos. Más fácil, una camioneta de 8 cilindros puede recibir $1,800.00 de subsidio mensual de gasolina, una familia de 4 personas recibe $1,400.00 de subsidio a través de Oportunidades.

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Una más: a través del IVA en todo el país durante todo el año se pretende recaudar 622 MMDP, es decir que de cada peso que pagamos por concepto de IVA, 15 centavos se destinan a pagar el subsidio de la gasolina. Dicho de otra manera, sin subsidio a las gasolinas la tasa general del IVA pudiera haber sido del 13.6% en lugar del 16% que pagamos. El tan llevado y traído tema del IVA en alimentos y medicinas vale 200 MMDP, un poco más del doble que el subsidio a la gasolina.

Ahora permítanme desmentir algunos mitos. En México la gasolina no es cara. Vale unos centavos de dólar menos que en los Estados Unidos que tiene una de las políticas más liberales respecto del mercado de combustibles en el mundo. En países productores de petróleo como Brasil, el precio de la gasolina es un 40% mayor que en México. En Cuba y Centroamérica las cifras son parecidas. En Europa ni hablar, incluso productores de petróleo como Noruega pagan hasta 4 veces más por un litro de gasolina.

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Otro mito es que mayores precios en la gasolina impulsarían una espiral inflacionaria, lo cual es inexacto. Países como Brasil, Turquía o los países europeos tienen precios más altos en el combustible y sin embargo sus tasas de inflación son equiparables a la mexicana. En el propio caso mexicano esta hipótesis no es verificable. El incremento de la inflación y el del incremento de los combustibles no ha seguido la misma serie histórica. Es decir, incluso los deslizamientos de once centavos que se han realizado a lo largo del año, no se corresponden con los incrementos mensuales de la tasa de inflación y si nos remitimos a años anteriores, los incrementos de la gasolina han estado por encima de la inflación de 2010 a la fecha y durante 2009 que el precio del hidrocarburo estuvo congelado, el incremento de los precios se mantuvo.

Finalmente, el precio subsidiado de la gasolina es un incentivo perverso contra el medio ambiente. La gasolina más barata invita a que los mexicanos usemos nuestros autos más frecuentemente, que tengamos más autos, que nuestros autos gasten más gasolina y que cuidemos menos del buen estado de estos para evitar mayor gasto.

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Por otro lado, también se ha mitificado que el transporte público costaría más si se liberará el precio de la gasolina. Aquí debemos considerar dos cosas. La gasolina subsidiada genera un ciclo vicioso, pues promueve el uso de vehículos que transportan pocos pasajeros, en malas condiciones mecánicas que siguen rutas poco eficientes. Por otra parte, el subsidio a la gasolina de este año alcanzaría para construir cuatro veces la Línea 12 del Metro. Por supuesto que podríamos invertir en sistemas de transporte más eficientes y baratos.

Para el 2014, se ha planteado que el subsidio a la gasolina será de 35 MMDP y que el deslizamiento en el precio se reducirá de once a seis centavos mensuales. Si nos atenemos a la tendencia de los años anteriores, estos recursos serán insuficientes. El problema es que el PRI se tropieza con su propia lengua, pues durante el gobierno de Felipe Calderón ellos inventaron el término “gazolinazo”, y de vuelta en el gobierno les toca enfrentar la realidad.

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 En resumen, una alternativa a la reforma recaudatoria que golpea a la clase media, pasa por dejar de subsidiar a los mexicanos más ricos a través de la gasolina, permitir que el mercado funcione libremente e invertir los recursos públicos en políticas social y ambientalmente más responsables.

Ladies, gentlemen y cultura ciudadana

En las últimas semanas hemos atestiguado el ascenso del escándalo plenamente justificable, cortesía de una serie de personajes impresentables, políticos, exitosos miembros del sector privado o sus familiares. Y todos han hecho las delicias de comentaristas formales y aficionados, de las charlas de sobremesa y de los programas de análisis. Todos nos hemos escandalizado con estos bufos pasajes de nuestra vida pública que la hacen lucir más descompuesta aun, pero creo que la reiteración de los sucesos merece que nos hagamos algunas preguntas.

Primero hay que decir que esta proliferación es novedosa porque, merced de las redes sociales y el video al alcance de todos en todo momento, millones somos testigos de lo que antes solo unos pocos se enteraban. Además el impacto de la imagen se pone de manifiesto, forma nuestra percepción como la anécdota no podría hacerlo jamás. No hay mas personas comportándose en forma grosera y prepotente ahora que antes, hoy se les exhibe en HD.

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La prepotencia y el trato majadero hacia quien es percibido como inferior tristemente no son una novedad en nuestra sociedad. Esta es sin duda una de las aristas cortantes de nuestra cultura mexicana, hija de una sociedad de clases que casi fueron castas, la modernidad no ha terminado por borrar un elitismo sin fundamento que desprecia al pobre, al campesino, al obrero, al indígena, al marginal.

Las ladies y los gentlemen ventaneados recientemente no son seres tan distintos del resto de nosotros. Fueron retratados desde su peor ángulo, en su peor momento, pero no son desafortunadamente tan raras excepciones. La discriminación, la falta de respeto, la intolerancia, el influyentismo y la prepotencia son actitudes que tienen carta de naturalización en nuestra cultura. Lo que ha proliferado no son estos personajes sino los teléfonos móviles con cámara, las conexiones a internet y las redes sociales.

Los personajes son síntoma de una sociedad que no acaba de saltar a la modernidad y que sigue sin abrazar una cultura ciudadana, que supone igualdad, respeto, obediencia de reglas y castigo para los transgresores, en que los servidores públicos más que privilegios tienen responsabilidades y una de ellas es conducirse con mayor prudencia y sobriedad pues su vida, incluso su vida privada, ocupa una parte del espacio público y constituye referencia para los demás miembros de la sociedad. Por eso en otros países funcionarios de alto rango – electos y designados – dimiten cuando son sorprendidos en acciones indebidas.

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Pero quiero hablar de la otra cara de la moneda. De que nuestra sociedad debiera aprovechar momentos como estos para la reflexión y buscar caminos para mejorar nuestra cultura ciudadana y por lo tanto las bases de nuestra convivencia. Y esto también es tema del gobierno, pues lo que planteo no es una utopía moralina de extrema derecha. Es una política pública –concebida de hecho en gobiernos de izquierda – que permite reducir la criminalidad, los accidentes y las infracciones de tránsito, el consumo de drogas, la violencia, la discriminación, entre otras cosas.

Existen casos plenamente documentados como el de la alcaldía de Bogotá en los años noventa que aplicando modelos y políticas para mejorar la convivencia se logro reducir el índice de homicidios, las muertes asociadas a accidentes viales, se logró incautar cifras record de armas de fuego y reducir el desperdicio de agua drásticamente.

El fundamento de esto es que la ley no es la única forma de imponer una conducta. De hecho la moral y las costumbres sociales son más eficaces para regular el comportamiento, aun cuando la misma conducta sea un delito. La mayoría de nosotros no nos abstenemos de herir o matar a otro ser humano porque sea un delito, sino porque creemos en respetar la vida humana, es un asunto moral. Y usar la reprobación social de conductas que dañan la convivencia es una magnífica estrategia para reducirlas.

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Y vaya que hay muchos lugares por donde empezar. En nuestro entorno inmediato ocurren muchas cosas que dañan nuestra convivencia y que repararlas cuesta dinero público. Arrojar basura, desperdiciar agua, estacionarse en lugares prohibidos, abordar o descender del transporte público en cualquier lugar, no respetar las reglas de tránsito son conductas emparentadas con las que practican las ladies y los gentlemen que hemos atestiguado. Maltratar a empleados, vigilantes, meseros y otras personas no es tan poco común, en muchas ocasiones lo que ha faltado es la cámara.

Así que bien valdría empezar por alguno de nuestros defectos comunes y organizarnos para superarlo, por supuesto que los teléfonos y el twitter harán su papel, pero una buena convivencia se funda en el respeto y para desarrollar esa y otras virtudes cívicas la tecnología no es suficiente, hay que regresar a la buena y ancestral práctica de reprobar lo que nos daña, si se impulsa como acción pública el gobierno puede evitarse muchos dolores de cabeza y ahorrar dinero, y nuestros escándalos habrán servido de algo.

Morelia: superar la indefinición

Apenas el sábado se han cumplido 472 años de la fundación, por Don Antonio de Mendoza, de la ciudad de Morelia, entonces con el nombre de Valladolid y que sería renombrada en honor de su hijo más ilustre en 1828. Confieso que este año he sido un hijo poco entusiasta de la celebración del cumpleaños de mi querida ciudad, no me asomé por los festejos ni me acerque al Centro Histórico donde además crecí, pero el hecho me trajo una reflexión que quiero compartir en este espacio.

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Morelia es una ciudad, de hecho es una de las 56 zonas metropolitanas del país (3 en el Estado) y tiene conurbaciones con los municipios de Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón. Por su población ocupa el vigésimo lugar en México y el lugar 29 por su contribución al Producto Interno Bruto (2010). Es cabecera municipal y capital de Michoacán. Es un punto de encuentro entre el Centro, el Occidente y el Sur del país, podría considerársele como parte de cualquiera de estas regiones o de ninguna, y esta indefinición geográfica pareciera haberse contagiado a la indefinición de su vocación, pues más allá de la perogrullada de que es una ciudad turística, podemos y no ser considerados una ciudad con vocación agropecuaria, de servicios, educativa y hasta con ciertas potencialidades industriales y logísticas.

En lo social y político andamos por las mismas. Somos conservadores, pero somos liberales, nos han gobernado los tres principales partidos y a veces nos sentimos muy modernos y otras muy atrasados, nuestros problemas a veces se parecen a los de una ciudad desarrollada y otras a los de una localidad atrasada. Ser la capital del Estado nos enorgullece, y nos favorece tanto como nos agobia. Aquí estamos viviendo el epicentro del conflicto magisterial y de las normales, nuestra economía se ha visto paralizada por la crisis de las finanzas públicas, pero también por la huelga de la UMSNH y por la inseguridad. Y a propósito de indefiniciones ayer éramos la capital del Estado olvidado en las giras presidenciales y hoy lo somos del foco de atención en materia de seguridad.

 

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¿Cuáles son las claves para el futuro de esta ciudad añosa e histórica, con una joven población y una situación geográfica envidiable? Sin hablar ex cátedra me atrevo a sugerir algunas para aprovechar sus múltiples potencialidades. Morelia tiene muchas cosas que pueden traducirse en desarrollo económico no sólo el turismo. Algunas requieren más inversión en infraestructura que otras pero todas requieren definiciones y rutas hacia el futuro.

En el socorrido caso del turismo, para crecer debemos incrementar nuestra capacidad para recibir convenciones, exposiciones y eventos, eso requiere un centro de convenciones de mayor capacidad y más cuartos de hotel.

Estamos muy cerca de importantes rutas comerciales. Del Centro a Jalisco, del Pacífico al Bajío. Eso nos da potencial manufacturero y logístico, pero eso requiere inversión pública y la búsqueda de inversión privada, que con excepción de la realizada en el Puerto de Lázaro Cárdenas ha estado ausente.

Estamos en medio de un fértil valle y al pie de magníficos bosques, no podemos renegar nuestra vocación agropecuaria y especialmente agroindustrial, pero no contamos con ninguna infraestructura para desarrollar estos aspectos.

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Tenemos una enorme comunidad estudiantil y una universidad ancestral, además de varias instituciones privadas, sin embargo no hemos puesto en sintonía la actividad educativa y la actividad económica. Nuestras escuelas no han generado investigaciones que se vuelven fuentes de riqueza y la demanda de espacios en las escuelas no se relaciona con nuestras actividades económicas preponderantes. En este terreno más que infraestructura necesitamos coordinación entre académicos, funcionarios y empresarios.

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Dejando de lado las actividades productivas y pasando a los servicios públicos, Morelia requiere solucionar algunos temas fundamentales. El primero es asumirse como metrópoli y tomar el liderazgo de sus conurbados vecinos, que están totalmente extraviados en la transición de lo rural a lo urbano e incubando el peor rostro de los problemas urbanos. Un aspecto fundamental es detener la expansión territorial de la zona urbana que hemos vivido en los últimos 30 años y desarrollar un proceso inverso, desde la periferia aprovechando cada metro disponible de terreno baldío.

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El abasto de agua y muy especialmente el manejo de su organismo operador, los residuos sólidos, en especial su recolección, la movilidad urbana, en particular el transporte público y la seguridad pública, son a mi juicio las tareas gubernamentales centrales para los próximos años y condición indispensable para la prosperidad. Y deben abordarse con un enfoque metropolitano y pensando al menos en la coordinación sino en la unificación de los servicios.

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 Morelia no puede seguir en la indefinición, porque la inercia la hará derivar hacia los peores mundos posibles. Necesita que la sociedad y su gobierno asumamos compromisos sobre el destino de Morelia, que empecemos hoy a construir la ciudad moderna, próspera, sustentable y humana. Ese es el mejor regalo para Morelia hoy, y pudiera ser una realidad muy pronto, por qué no, cuando cumpla 500 años.