Ante la violencia, unidad

La semana pasada, la violencia del crimen organizado volvió a sacudir a Michoacán. El diputado local Osbaldo Esquivel Lucatero, del PRD, originario de Buenavista y electo en el distrito de Coalcomán, fue brutalmente asesinado en las afueras de Morelia. El primer legislador local que se suma a una lista ya larga de alcaldes y funcionarios municipales que han perdido la vida en los últimos años a manos de los sicarios de la delincuencia.

Ninguna vida vale más que otra, pero casos como este nos recuerdan que los grupos delincuenciales cada vez tienen menos temor de enfrentar al estado y se atreven a atacar a personajes cada vez más destacados, al amparo de un amplio cono de impunidad. Son hechos que nos hablan de la profundidad de la crisis y de la gravedad de la amenaza.

El domingo 15 se cumplieron cinco años del más grave hecho de violencia del crimen organizado contra la población civil que se haya registrado en nuestro estado. Fue en el 2008 cuando en mitad de la celebración delGrito de Independencia delincuentes detonaron granadas en mitad de la multitud que ocupaba la Plaza Melchor Ocampo. Ha sido uno de nuestros momentos más trágicos.

Y traigo a cuento ambos hechos, a los que podríamos agregar muchos otros, para subrayar la gravedad de la situación que enfrenta nuestro país. La magnitud de la amenaza que el crimen organizado plantea a nuestra sociedad. Una amenaza que se cierne sobre nuestras vidas, nuestro patrimonio, nuestra libertad; y que ha dañado nuestra economía y nuestra calidad de vida, además de nuestra percepción de la realidad y nuestra comprensión del mundo. Esto último no es menor, pues nos hemos acostumbrado a coexistir con el fenómeno delictivo y con los delincuentes, y hemos asumido pautas de comportamiento más tolerantes hacia estos que hacia el gobierno que los combate.

La actitud escéptica y agresiva de la sociedad ante la lucha gubernamental contra el crimen, es responsabilidad de todos los actores políticos. La lucha contra la delincuencia debiera ser un asunto de estado, en el que no hubiera fisuras ni dudas. Sin embargo hacia la mitad del sexenio anterior el tema se politizó. El PAN quiso capitalizar el tema en las elecciones intermedias y acusar al PRI de haber pactado con el crimen organizado. El PRI respondió y el PRD, especialmente los fieles de AMLO y los aludidos en gobiernos locales como el de Michoacán, pusieron el acento más agresivo en el discurso, responsabilizando al gobierno federal de los homicidios que ocurrían.

Cuando otros países han enfrentado amenazas a su seguridad, como los estadounidenses el terrorismo de Al Qaeda o los españoles a ETA, lo han hecho con un sentido de unidad nacional indispensable para imponerse ante los criminales, y ello no ha supuesto que quienes ocupen la oposición no critiquen acciones de quienes ocupan el gobierno, pero siempre dentro de una frontera muy clara: los criminales son los malos, el gobierno cuando los persigue, es el bueno. Al gobierno se le puede recriminar su falta de eficacia, pero no que enfrente a los criminales como ha ocurrido aquí.

Una barrera clara debiera ser que las consecuencias de los delitos no son culpa del gobierno, son culpa de los criminales, así los muertos del World Trade Center el 11-S no son los muertos de Bush, son de Al Qaeda y de Bin Laden. Los muertos de los ataques de ETA no son los muertos de Felipe González o de Aznar, son de ETA. Sólo en México es concebible que los homicidios cometidos por los Zetas, por el Cartel de Sinaloa o los Caballeros Templarios sean los muertos de Calderón o los muertos de Peña Nieto y no los muertos del crimen organizado. A ese extremo estamos dispuestos a llegar con tal de denostar a nuestros opositores políticos. Preferimos disculpar al Chapo o a Tony Tormenta con tal de culpar a Felipe Calderón o a Peña Nieto.

El actual gobierno federal ha gastado su tiempo y sus recursos en convencernos que su estrategia es distinta a la de su antecesor. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los malos son los que matan, los que venden droga, los que extorsionan, los que secuestran. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los ciudadanos también jugamos un papel importante si denunciamos, si no somos permisivos ante los delincuentes, si no admiramos su estilo de vida, si no los idolatramos en corridos y un largo etcétera.

El inicio de la administración era el momento justo para que el Gobierno Federal diera el giro en el discurso y convocara a los mexicanos a la unidad frente a la amenaza del crimen organizado. La dejó pasar. Pero nunca es tarde. Ese cambio de discurso, ese mea culpa de todos los actores políticos es lo que debiera suscribirse en el Pacto por México o en el Acuerdo por Michoacán. Dibujar con toda claridad una línea que nadie pueda cruzar porque en ese momento ayuda a los criminales y se opone al estado y a la sociedad.

En el horizonte está el 2015. En Michoacán cada partido registrará 150 candidatos (más síndicos y regidores) y las acusaciones de complicidad con los carteles no se harán esperar. Eso debilitará a todos los partidos y a los futuros gobiernos, fortalecerá la percepción de fuerza de los delincuentes y hará más profunda nuestra desesperación. Los partidos deben entender que no pueden pactar con los criminales, deben superar la tentaciónde ganar elecciones a ese precio y pactar entre sí la defensa del proceso electoral, de los candidatos, de la democracia misma y por ende, la legitimidad de los gobiernos y representantes que han de emanar.

Ya lo dijo San Agustín, en lo fundamental unidad. En el México de hoy nada es más fundamental.

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¿Legalizar la mariguana?

Diversas noticias sobre la legalización de la mariguana en  Estados Unidos – en Colorado se firmó la ley estatal que reglamenta su venta y uso en 2014 y el gobernador de Nueva York presentó ante la legislatura estatal una iniciativa para reducir las sanciones e incrementar las dosis que no son penalizadas – y la declaración de Vicente Fox, en su más puro estilo, de que el podría dedicarse a producir la yerba si esta fuera legal, trajeron consigo otro capítulo mediático de este debate, que lleva ya mucho tiempo.

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El gobierno mexicano ha dicho con toda claridad que no legalizará el uso de la mariguana, sin embargo los expresidentes Fox y Zedillo se han manifestado, cada quien a su manera y guardando las diferencias, por revisar la política prohibicionista que con los Estados Unidos a la cabeza aplican la mayoría de los países del mundo. Incluso el expresidente Calderón llegó a señalar que si los Estados Unidos no pueden controlar las consecuencias del tráfico de drogas, especialmente las armas y el dinero, deberían analizar una alternativa de mercado.

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El debate del tema sin duda es relevante pero especialmente en el momento en que vivimos en México, en que la violencia asociada a los cárteles que trafican con drogas ha conocido niveles altísimos, debemos separar dos aristas de esta discusión para ser precisos. Por una parte está la visión de levantar la prohibición del comercio de mariguana como un asunto de salud pública y el reclamo de que ingerir esta – y otras – sustancias debiera estar dentro de la esfera de libertades individuales y que el estado nada tendría que hacer al respecto, como el tabaco y alcohol, que a pesar de impuestos y restricciones su consumo no está criminalizado.

Si bien el reclamo es atendible, y efectivamente los daños a la salud que causa la mariguana son incluso menores que los que provoca el alcohol y que no existe evidencia suficiente para afirmar que la política de prohibición previene el consumo, hay que ir con cuidado. Apenas seremos testigos de lo que ocurre en algunos estados de la Unión Americana cuando se libere en forma general el consumo recreativo y eso nos permitirá normar mejor nuestro criterio. Sin embargo, sí hay dos datos que vienen al caso: en los estados norteamericanos donde la mariguana es legal con fines terapéuticos, la incidencia de pacientes con sobredosis es mayor. Por otro lado en los países europeos la tendencia de consumir mariguana – e incluso cocaína – va a la baja mientras que el consumo de drogas más “duras” está a la alza.

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Por otro lado están quienes sugieren que debiera despenalizarse el uso de la mariguana como parte de la estrategia de lucha contra el crimen organizado, pues se le arrebataría una fuente de ingresos y se reduciría su poder, facilitándose su combate. Esta sí que es una dulce mentira, una falacia, un pretexto para no enfrentar la dura realidad que plantean la situación de seguridad en México y buena parte de Latinoamérica.

Para empezar hay una tendencia a inflar los datos de la producción de mariguana – se ha dicho que México produce 21 mil toneladas al año o que los Estados Unidos producen diez mil, cuando el mercado anual estadounidense no pasa de 5000 toneladas al año en total – y de las cantidades de dinero que genera su comercio – se ha señalado que la venta al menudeo en el mercado mexicano valdría casi 8000 MDD o que California solamente representaría catorce mil MDD cuando la realidad es que el primero valdría para todas las drogas apenas 1.4 MMDD y la cifra de California se basa en el mito de una producción de diez mil toneladas.

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Esta tendencia se explica porque a las agencias gubernamentales les favorece incrementar los números de la economía de la droga para resaltar su importancia, en tanto que a quienes abogan por la liberalización les permite hacer cuentas alegres de los beneficios que tendría esto para la economía formal.

Por consecuencia, siendo menores las ganancias derivadas de la mariguana de las que las estimaciones que se hacen con cierta frecuencia y quedando aún negocios tan lucrativos como la cocaína y las drogas sintéticas, la teoría de que los cárteles se debilitarían pierde fuerza, además los delincuentes que militan en estas organizaciones es poco probable que abandonaran la actividad criminal para  dedicarse a actividades lícitas por la desaparición del trasiego ilegal de la mariguana. La experiencia nos demuestra que estos individuos son residuales a la actividad criminal, si un delito deja de ser lucrativo se dedican a otra actividad también criminal para sustituir sus ingresos. En parte, la mayor complejidad en el trasiego de droga explica el incremento en secuestros y extorsiones en nuestro país.

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Pero la principal razón por la que el problema del crimen organizado no se resolvería con la legalización de la mariguana, es que estas organizaciones  surgieron en México por la debilidad del Estado, por la incapacidad de aplicar la ley en todo el territorio, por la proclividad a la corrupción del gobierno y por la tolerancia social a la delincuencia. Esos son los problemas de fondo que debemos enfrentar, que desde el sexenio pasado se empezaron a enfrentar y en lo que no debe haber marcha atrás.

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