Alegría en el gobierno, borrachera en el contribuyente

   Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en última instancia el juicio de amparo que un grupo de mexicanos, que han destacado como comunicadores, analistas, académicos y líderes de ONGs, y que se identificaron como “#YoContribuyente”, promovieron en contra del último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos del ejercicio 2013, en que se extiende la condonación a estados y ayuntamientos del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) que estos entes retuvieron a sus trabajadores, que se realiza desde el 2008. La SCJN descartó que los promoventes, como ciudadanos, tengan el interés legítimo para impugnar que el Congreso de Unión conceda este beneficio.

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El asunto no es menor y es desafortunado. La SCJN cierra la puerta para que los ciudadanos tengamos a nuestro alcance un instrumento de control de las acciones del poder público. Contrario a la tendencia que en muchos campos predomina, en esta materia la Corte restringe la posibilidad de impugnar una mala decisión gubernamental, contraria a las leyes, porque la afectación no es directa y personal, sino difusa. Habremos de esperar a que uno de los ministros que formaron mayoría en torno de este criterio, redacte el proyecto para evaluar la argumentación y el daño que causa a la vida pública.

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Por ahora ya podemos hacer un balance de este tema. Permítanme explicarlo un poco. Los gobiernos de estados y municipios les descuentan a sus trabajadores el ISR que por ley deben pagar a la Secretaría de Hacienda, como cualquier otro patrón lo hace con sus trabajadores. Esto se llama retención. La diferencia viene después. Si quien hace la retención es un contribuyente cualquiera y no hace el pago correspondiente, puede incluso ser sujeto a proceso penal y terminar en la cárcel por el delito de defraudación fiscal. Si el contribuyente que no paga es el gobierno de un estado o de un municipio, pues los diputados hacen una ley para que se pueda quedar con ese dinero. Así de injusto.

Ahora bien, sabemos que los gobiernos de los municipios disponen de recursos muy escasos para cumplir con sus fines, sin embargo, esta manera es el peor camino para otorgarles recursos adicionales, porque se premia el desorden administrativo y el incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué pasa cuando se premia al que no cumple? Pues se crea un incentivo para no cumplir. Los alcaldes y gobernadores que destinaron recursos a cumplir sus obligaciones fiscales, deben estar arrepentidos de no haber empleado ese dinero en acciones más rentables para su administración y su popularidad.

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Por otro lado ese dinero, que no deja de ser un recurso público, se usó sin ninguna planificación y sin ningún control. Ningún gobierno planeó no pagar el ISR retenido a sus trabajadores, los gobiernos dejaron de pagar porque crecieron su gasto corriente o porque las obras que ejecutaron costaron más de lo que habían programado, y ambos casos reflejan ineficiencia y falta de cuidado en el manejo de los recursos públicos.

No podemos olvidar como surgió la medida. Algunos diputados la gestaron como un obsequio para los gobernadores y alcaldes que habían apoyado sus aspiraciones y les habían ayudado a ganar la curul. El origen es perverso y los efectos también. Hasta hoy el “beneficio” se extiende solo al ejercicio 2014, sin embargo, y especialmente a raíz de la desafortunada sentencia de la SCJN, la tentación de continuar con este fraude legalizado se hará más grande y alentará otras perversidades como incrementar plantillas y salarios de funcionarios y burócratas, pues el ISR “se recupera” o promover la condonación de otros pagos de impuestos y derechos federales.

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Creo que es necesario incrementar los recursos que administran los gobiernos locales, en especial los municipios, pero este es el peor camino. Lo que necesitamos es que estos gobiernos sean corresponsables de la recaudación, que el gasto lo dirijan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que estén sujetos a una estricta rendición de cuentas. Lo demás es tirar el dinero y fomentar los cacicazgos. Lamentablemente la SCJN dejó intacto este circulo vicioso de ilegalidad, dispendio y corrupción.

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El extraviado gasto social

En el gobierno del Presidente Peña la política de gasto social  no está respondiendo a la realidad del país y está contribuyendo a incrementar la presión sobre las finanzas municipales. Los ayuntamientos no tienen herramientas eficaces para instrumentar un desarrollo urbano equilibrado y combatir las carencias sociales y la pobreza en las zonas urbanas, lo que supone una doble amenaza a la viabilidad financiera de las ciudades medias y al tejido social en las mismas.

Permítanme tratar de explicar esta enredada madeja del gasto social.

Los gobiernos locales son altamente dependientes de la recaudación federal (Michoacán recibe de la Federación el 95% de lo que gasta). Las dos bolsas importantes de donde proviene el dinero son el Ramo 20, que es lo que les toca a los estados y municipios por dejar que sea la Federación la que cobre los impuestos (ISR e IVA principalmente) y el Ramo 33, que es el dinero que la Federación le da de su dinero a los estados para que presten servicios fundamentales a la población.

En el 2012, la distribución de las participaciones federales (Ramo 20) sufrió una importante modificación, pues para la fórmula con que se reparten estos recursos se usaron por primera vez los resultados del Censo 2010, en sustitución de los datos obtenidos en el año 2000. ¿Y qué pasó?  Pues que los estados que habían abatido las carencias de servicios básicos e incrementado su Producto Interno Bruto recibieron menos dinero, y los estados que se habían rezagado recibieron más, algunos como Chiapas recibieron mucho más. La fórmula diseñada en los años noventa “premia” la pobreza y “castiga” el desarrollo.

El Ramo 33 por su parte es una herramienta básicamente redistributiva, es decir la Federación ayuda a los gobiernos locales a atender las mayores carencias, pero por su impacto, los gobernadores y alcaldes se han opuesto a regular estos recursos que son dinero de la Federación. Uno de los reportes más polémicos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en el 2011 fue la evaluación de los recursos destinados al desarrollo de infraestructura social (Fondo III), que resultó negativa, en cuanto al conocimiento y capacidad de los funcionarios locales para aplicar los recursos y porque genera los incentivos para que los municipios invirtieran menos en infraestructura, pues si no superan las carencias sociales reciben más dinero.

Ahora la Sedesol, ha expedido unas complicadas reglas de operación del citado Fondo III, que ignoran los resultados de la evaluación 2011 del Coneval y que nuevamente nos dan muestra que la administración de Peña Nieto, a pesar de la muy publicitada Cruzada contra el hambre, no tiene una política de desarrollo social clara, que la coordinación entre los órdenes de gobierno no es efectiva y se sigue desalentando la inversión en infraestructura.

Las reglas de operación expedidas harán más tortuoso que nunca el manejo del Fondo III, uno de los que más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación acumula, y seguirán reforzando el perverso ciclo de que el gobierno que avanza, pierde recursos.

Por otro lado con la salida de los programas para zonas urbanas de la Sedesol a la Sedatu, los municipios con localidades urbanas carecen de herramientas para combatir la pobreza urbana, que de acuerdo con los informes de Coneval del 2010 a la fecha, es la que más avanza y la que tiene efectos inmediatos y devastadores en el tejido social.  Con las nuevas reglas del Fondo III, las inversiones en pavimentaciones, movilidad, alumbrado público, espacios urbanos, áreas deportivas y de convivencia, rehabilitación de redes de agua y drenaje, entre otros conceptos de alto impacto en el desarrollo urbano han perdido prioridad y serán relegadas.

Uno de los logros poco reconocidos de las administraciones panistas es haber expedido la Ley Federal de Desarrollo Social y haber establecido mediciones objetivas de la pobreza a través de un ente independiente como el Coneval, que nos ha permitido saber si las políticas públicas de los gobiernos en materia de desarrollo social y superación de la pobreza son efectivas o no lo son, y si por tanto nuestros impuestos están siendo bien gastados o no. Sabemos donde nos aprieta el zapato hay que implementar los remedios.

Urge replantear los esquemas de distribución de las participaciones (Ramo 20) y aportaciones (Ramo 33) para que el esfuerzo de una comunidad y su gobierno local no les lleven a perder recursos, y también es imperioso (re)incorporar a las políticas sociales el gran cambio que se gesta en nuestra sociedad, que se está volviendo más urbana cada día, y que si no atendemos, pone en riesgo el futuro de nuestras ciudades.

Los gobiernos estatales, mayoritariamente en manos del PRI, se resistieron durante los gobiernos del PAN a crear una política de estado y largo aliento en materia de desarrollo social. Ahora con el PRI de vuelta en Los Pinos, sería posible avanzar por ese camino, si existe la voluntad de no usar electoralmente y en forma asistencial los recursos públicos del ramo. Si existe una visión de futuro. Ojalá que sí.

Para bien y para mal: los mismos de siempre

Que el PRD y demás partidos de izquierda se opongan a la apertura del sector energético a los capitales privados no es nuevo. Que el PAN haya promovido la reforma constitucional en ese sentido tampoco es una sorpresa. La diferencia tras varios intentos fallidos de modificar la Constitución para quitar el monopolio energético de las manos del Estado es la postura del PRI, que apenas hace cinco años le negó una reforma menos ambiciosa al Presidente Calderón, siendo senadores, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, hoy coordinador de los diputados priístas y operador de la reforma o Pedro Joaquín Codwel, ahora Secretario de Energía.

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Hay quienes dicen que el PRI se ha corrido a la derecha, como en los tiempos de Salinas, agregan los afectos a las teorías conspiratorias. Yo sigo sosteniendo que el PRI solo tiene una ideología y es el pragmatismo. Si el PRI de Peña Nieto estuviera corrido a la derecha no habría aprobado la  miscelánea fiscal que pretende hacernos creer que es una reforma hacendaria y que perjudica a las clases medias y a los emprendedores.    

Durante el año que ha transcurrido desde su regreso al Gobierno Federal, los priístas han demostrado que sus virtudes y defectos son los mismos de siempre. Son malos para ejercer el presupuesto bien y a tiempo, pésimos para combatir la pobreza, están paralizados ante el crimen organizado y la economía se les hace bolas. Pero para la política son muy buenos. Lo suyo es el manejo de la corte y allí le llevan ventaja a todos los actores políticos de México, por una sola y poderosa razón: nada los ata, ni la ideología, ni sus bases sociales, ni un compromiso ético. Son absolutamente pragmáticos.

El Pacto por México sirvió en el principio de la administración para reducir la conflictividad tras la elección. Aprovechando la debilidad en que se encontraban las dirigencias del PRI y del PRD, además de la afortunada coincidencia del estilo personal de Zambrano y Madero, el nuevo gobierno encontró interlocutores a modo, expertos en beneficiarse de pactar pequeñeces. El límite del pacto era uno y muy simple: la reforma constitucional en materia energética, pero el PAN estaría encantado de sumarse, pues el tema representa un compromiso histórico y programático.

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Con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el resto era sencillo. Anular al impresentable Romero Deschamps, mantener dividida a la izquierda con base en concesiones en temas varios y mucho dinero para el Gobierno del Distrito Federal y activar a través de los gobernadores las mayorías necesarias en los congresos estatales en un tiempo record. Los operadores del PRI hicieron gala de sus habilidades y como peces en el agua consiguieron lo que ellos mismos negaron por 12 años, en unos cuantos días y hoy defienden la apertura del sector energético como si fuera su lucha histórica o como si se les hubiera caído una venda de los ojos.

 Yo he defendido la postura de abrir el sector energético y creo que la reforma es una buena reforma. Como estoy hecho a las instituciones republicanas, estos pactos de pasillo y las maniobras que llevan al vertiginoso estilo legislativo de estos días, me dejan con un extraño sabor de boca. Porque sé que ese pragmatismo, así como hoy produjo un cambio con el que estoy de acuerdo, puede producir monstruos (como ya pasó en el tema hacendario). La lentitud de algunos procesos institucionales tiene razones y virtudes que hoy se soslayan con el eslogan de “Mover a México” que aprovecha bien el cansancio y la sensación de parálisis de muchos mexicanos.

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Por otro lado, al PRD le han dejado una salida digna pero falsa. Con la aprobación de la consulta popular, todos juegan a que el asunto se zanje en 2015, a sabiendas de que el tema, como está actualmente estructurada la figura de participación, es improcedente. Es la misma historia que los amparos contra la miscelánea fiscal. Lo que olvidan algunos, es que este tipo de expectativas incumplibles son las que causan el desanimo y la ira de los ciudadanos.

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Y no son las únicas expectativas incumplibles. Se ha mentido abiertamente diciendo que con la reforma energética se va abaratar el gas, la luz y la gasolina. Lo cual es falso. No hay manera de que los precios bajen a menos que el gobierno vaya a dilapidar los recursos frescos que obtendrá en subsidiar energéticos, lo cual sería un error brutal. Por otro lado se ha dicho que me crearán miles de empleos, lo cual es solo parcialmente cierto, pues falta ver las leyes secundarias y la puesta en operación de las reformas, lo que puede llevar todo el sexenio.

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Podemos estar en un mundo muy distinto al prometido, con combustibles caros, con una reforma política fallida, sin consulta popular y sin el crecimiento y los empleos anunciados, apalancado todo, la economía, el gobierno, el PRI y hasta sus cómodos opositores, en el endeudamiento histórico que le fue aprobado con apoyo del PRD. No soy tan pesimista pero puede pasar, y con estos opositores débiles, divididos y obsequiosos, el pragmatismo priísta hará de las suyas.

Malos tiempos

Perdónenme el pesimismo pero en Michoacán llueve sobre mojado. Dos grandes crisis han asolado el estado durante casi dos años – justamente tras la elección local del 2011 – y el panorama que tenemos delante es poco halagüeño, pues el principal actor para enfrentar los problemas de nuestro estado está él mismo, inmerso en una crisis que lo paraliza de arriba a abajo. Permítanme documentar mi pesimismo.

En el frente económico Michoacán vive malos tiempos principalmente porque los motores tradicionales de su economía se han desacelerado. ¿Cuáles son? Por una parte las remesas que envían los numerosos michoacanos que se encuentran en los Estados Unidos, que se han visto reducidas por la crisis económica que enfrenta el vecino del Norte y que no está superada. Otro más el turismo, que entre el mal estado de la economía nacional y la escalada de la violencia local se ha frenado. Un tercer componente es el gasto público. En una entidad que carece de una planta productiva importante, la obra pública y las compras de gobierno constituyen una fuente de ingresos para muchos, que debido a la crisis financiera que el gobierno de Leonel Godoy heredó y que Fausto Vallejo no ha podido superar, se han visto seriamente afectados.

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La agroindustria que es una poderosa palanca de desarrollo en Michoacán vive buenos tiempos a pesar de sufrir cotidianamente el flagelo de la extorsión a manos de la delincuencia organizada. Esto se nota en algunas regiones del estado en que la crisis económica ha sido menos intensa. Pasemos al segundo frente: la seguridad.

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La Tierra Caliente siempre ha sido una región con mayores índices de violencia y delictivos que el promedio del estado. Sin embargo ante la indolencia gubernamental los cárteles dedicados al tráfico de drogas echaron fuertes raíces y se apoderaron del territorio. El gobierno de Felipe Calderón emprendió el combate de estos grupos con claroscuros en la forma y mixtos en el resultado. A la llegada del gobierno de Enrique Peña hubo un repliegue de las fuerzas federales que desató una situación sin precedentes: la aparición de “guardias comunitarias” grupos aparentemente de los pobladores de la región cansados de los abusos de la delincuencia, pero que no han podido explicar el origen de sus armas y cierta conexión con grupos delictivos rivales del cártel local.

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El fin de semana pasado sufrimos en el estado un nuevo nivel de violencia de la delincuencia: ataques a instalaciones estratégicas como son las subestaciones eléctricas de la CFE  y que resultaron en apagones que afectaron a medio millón de personas. Al tiempo que en Apatzingán se disparaba y se lanzaban gradas contra una marcha de los llamados “guardias comunitarios” desarmados en esa localidad (esto había ocurrido ya en Los Reyes). Apenas unos días antes habían aparecido mantas amenazando al gobierno estatal que si no tomaba acciones contra los guardias comunitarios, el pueblo se levantaría.

Tenemos que recordar que Los Caballeros Templarios son una organización peculiar, que a diferencia de otros cárteles tiene una ideología y pretende controlar a las autoridades del territorio donde están establecidos e influir en las decisiones gubernamentales, sin que haya claridad hasta donde han sido exitosos en muchos casos.

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La noticia más desagradable es que mientras esto ocurre y afecta la vida de millones de michoacanos, en el gobierno estatal y el partido del que emanó el gobernador hay una sorda disputa por el poder. Fausto Vallejo, enfermo y en condiciones de total opacidad sobre su salud, lanza una agresiva estrategia para retomar su cargo y deshacerse de quien fuera su remplazo, colaborador en la Secretaría de Gobierno y aliado en campaña, Jesús Reyna. Las formas y los comedimientos se han dejado para después y se echa mano de filtraciones, rumores y descalificaciones.

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Esto no tendría mayor relevancia para el ciudadano común, si no hubiera cuestiones como que no tenemos un Secretario de Finanzas o un Procurador de Justicia, y que por ello los temas prioritarios del Estado, como la reestructuración de la deuda pública que inyectaría varios miles de millones de pesos, están detenidos. O que ante los ataques de la madrugada del domingo la reacción gubernamental se dio 36 horas después mediante comunicados de prensa. Es explicable que los priístas no estén gobernando, están ocupados disputándose el gobierno. Pero es inmoral e intolerable.

A las malas noticias sume usted la reforma hacendaria que gravará con IVA a los productores del campo, el motor económico que aun estaba encendido y el golpe a los pequeños contribuyentes que va a generar mayor informalidad en la economía. Por supuesto las marchas y plantones de la CNTE y los normalistas continuarán, a la par de sus exigencias de dinero público para financiar sus movimientos, que también son parte de la disputa por el poder local y que no serán enfrentados en este contexto.

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Del PRI que prometió respeto para Michoacán no lo hemos recibido. La esperanza es la sociedad civil que pueda organizarse para exigir resultados, y en la rendición de cuentas cambiar el rumbo del Estado. La ciudadanía, como colectivo y como valor es lo único que puede sacarnos de estos malos tiempos.

Matemáticas políticas: la reforma fiscal

Por primera vez en lo que va del sexenio de Peña Nieto, y excepcionalmente en la historia de las coaliciones legislativas en México, el PRI y el PRD unieron fuerzas para aprobar una miscelánea fiscal que dista mucho de ser una reforma hacendaria, con la oposición del PAN y también la de López Obrador a través del PT y el Movimiento Ciudadano. Las preguntas a contestar son: ¿Por qué cada uno de estos actores se comportó así? ¿Qué gana y qué pierde cada involucrado? ¿Cómo queda la relación política y en específico el Pacto por México? ¿Qué sigue?

Empecemos por el PRI. La obviedad es su deseo de contar con más recursos para ejercer desde el Gobierno Federal. También el presumir que ha triunfado donde los gobiernos panistas fracasaron al impulsar una reforma hacendaria y mantener el discurso de mover a México. La ganancia en recaudación es magra: 200 MMDP, apenas poco más de un punto del PIB, si todo sale bien (que nunca sale) más el preocupante tema del déficit presupuestal que es de aproximadamente 300 MMDP equivalente a 1.4% del PIB. Más deuda pública que recaudación y la mayor en más de 20 años.

El PRI esquivó el tema de IVA en alimentos y medicinas y revocó el IDE y el IETU, con lo que cambia la dirección de la política fiscal que apuntaba a cobrarle impuestos a los informales y aumentar la base de contribuyentes. Lo políticamente relevante de la reforma es que el PRI le da la espalda a las clases medias urbanas y al sector productivo, en quienes se apoyó para regresar a la Presidencia de la República y obtener victorias significativas en ciudades grandes y medias y las gubernaturas de los estados donde se asienta gran parte de la planta productiva. Por supuesto que la apuesta es mitigar los efectos negativos con gasto público a lo largo de 2014 y un poco de desmemoria de la sociedad.

El PRD siempre se ha apoyado en sectores populares, urbanos y rurales, que se benefician de la informalidad y que no tributan impuestos directos. Por eso se ha opuesto a las reformas que han pretendido gravar la actividad económica de quienes tradicionalmente no pagan impuestos. Los sectores corporativos sindicales están en su mayoría protegidos por contratos colectivos que compensan el pago de Impuesto sobre la Renta a los asalariados. La única preocupación del PRD en torno a la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes fue que el DF dejaría de recaudar 400 MDP. Una vez que los perredistas incrementaron jugosamente la tajada de recursos destinados al gobierno del Distrito Federal, que claramente ha dejado de ser aliado de AMLO y que requiere recursos para la disputa interna y para ir a las urnas en su contra en el 2015, el asunto se zanjó.

AMLO se opone por posición política antirrégimen. Nada que proponga EPN contará con el visto bueno de quien fuera su competidor principal en el 2012. Además, sus adversarios en la búsqueda de los votos de la izquierda en el 2015, el PRD de “los Chuchos”, se han beneficiado al llevar recursos al Distrito Federal, que a diferencia de cuando gobernaba Marcelo Ebrard ha dejado de estar a su servicio, por lo que Morena no gana nada en el trueque.

La oposición del PAN es legítima. Su visión de la política fiscal es ampliar la base de contribuyentes. Esto despertó la ira de otros sectores sociales cuando se propuso la universalidad del impuesto al consumo, y medidas de control como el IETU no le granjearon simpatías. Ahora sin embargo, está usando el tema para recuperar terreno perdido en municipios y estados con clases medias y sectores empresariales dinámicos, con lo que se está reposicionando favorablemente. Al interior Gustavo Madero no pudo darse el lujo de aprobar ni siquiera parcialmente la propuesta del Ejecutivo, pues hubiera dejado la bandera en manos de Ernesto Cordero y Josefina Vázquez en la contienda por la Presidencia de ese partido. Así se decantó la oposición tajante de todos los actores panistas.

Finalmente el Pacto por México parece caminar lentamente hacia su fin. Luego de tres reformas unánimes en materia educativa, financiera y de telecomunicaciones, el aclamado instrumento ha sido insuficiente para generar el consenso en torno al tema fiscal. Lo mismo ocurrirá en materia energética, donde incluso la viabilidad de la reforma es incierta, pues el PRD ya ha anunciado su rechazo y un ala del PAN querrá cobrar la derrota infligida en el tema hacendario. La reforma política avanza con lentitud y aun cuando es moneda de cambio, enfrentará poderosas resistencias en el PRI. Después de eso, no habrá más que pactar.

Como sucede cada inicio de gobierno, el bono del ganador tarde o temprano se agota. Parece que esto ocurre cada vez más rápido, pues las victorias de los presidentes han sido cada vez más cuestionadas. EPN ha agotado sus bonos y hemos visto ya los alcances de su agenda reformadora. El tono y rumbo del sexenio están ya marcados. La siguiente parada es en el 2015.