La paradoja partidista

Si preguntamos, ya sea en una encuesta formal o por nuestra cuenta para matar el tiempo, cuál es el mayor mal de la democracia en México – y hasta en México a secas – la respuesta más probable es: “los partidos políticos”. Beneméritas instituciones que no han frenado su caída en las encuestas que miden la confianza ciudadana, en todo el mundo, y que a pesar de su profunda crisis de credibilidad, no solamente están más fuertes que nunca, sino que parecen destinados a mantenerse como los pilares de la vida pública, a pesar de las escaramuzas antipartidos cada vez más frecuentes.

La verdad es que nada debe de extrañarnos. La democracia representativa, la forma política que domina el mundo occidental desde finales del Siglo XIX y hoy la más extendida del mundo, está concebida desde y para los partidos políticos. En México la falta de partidos se advertía como un problema a principios del Siglo XX y la debilidad de los partidos opositores fue un obstáculo para la democracia durante buena parte del mismo. De hecho la transición a la democracia mexicana puede leerse como el proceso de empoderamiento de los partidos – distintos al PRI – hasta volverse competitivos y la reingeniería del PRI para transitar de secretaría de estado a fuerza política.

Los partidos políticos mexicanos llevan casi medio siglo acumulando fortalezas y privilegios: diputados federales de partido, más tarde de representación proporcional, después diputados locales, regidores y senadores electos por el mismo principio, financiamiento público, tiempos oficiales de radio y televisión, participación en la integración de órganos y tribunales electorales, control del Poder Legislativo, y participación en la negociaciones donde se decide el destino de la Nación.

La disyuntiva es, si no es posible una democracia sin partidos, paradójicamente, ¿nuestra democracia es posible con estos partidos? La ruta de la partidocracia en que nos hemos convertido pareciera, al mismo tiempo agotada y enrutada a la permanencia, lo cual es peligroso pues normalmente las rupturas que se han presentado a situaciones semejantes en otros países, han sido revoluciones seguidas – como siempre – de tiranías.

Los partidos han acumulado privilegios que no están dispuestos a perder y por ello ante cualquier iniciativa que amenace el status quo reaccionan con violencia, sean nuevos partidos, candidaturas independientes o movimientos sociales, la respuesta es su desarticulación y su asimilación al régimen. Así operó exitosamente el PRI por décadas. Coptaba partidos de oposición, sindicatos, gremios, medios de comunicación, asociaciones y un interminable etcétera. Ahora los partidos dominantes, todos expresiones de la misma cultura, todos asimilados al sistema, buscan coptar todo lo distinto, o bien, eliminarlo.

En México hemos transitado de un régimen en que poco importaba la ideología y el rumbo del gobierno, siempre y cuando el poder no saliera del PRI; a un régimen en que poco importa la ideología, el rumbo del gobierno y el partido que lo ejerza siempre y cuando el poder no salga de una clase política oligárquica. La elección del 2015 lo confirma, fuera de la excepción que representan los candidatos que han encontrado cobijo en partidos no tradicionales y de algunos candidatos independientes, se trata de una defensa del status quo, particularmente del que emergió con el Pacto por México y un reajuste de fuerzas para la contienda del 2018. Pero el que espere cambio –a escala nacional – de las urnas del 7 de junio es un ingenuo.

En muchos sectores sociales, incluso en los mismos partidos hay personajes, grupos y ciudadanos que no comparten la agenda de la oligarquía en turno, pero no se ve que aun tengan una estrategia común o que sus esfuerzos puedan alcanzar masa crítica en un breve plazo. Pero es necesario que quienes tenemos una visión semejante de esta necesidad de cambio institucional, de transformación del sistema de partidos, de romper este pantano de intereses y corrupción en que se ha convertido la vida pública, sin destruir el sistema democrático, empecemos a dar forma a las alternativas, antes de que la impaciencia y el malestar que están en el ánimo social, impongan soluciones no democráticas.

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Votaré por Ernesto Cordero

Hay a quienes no les gustan las campañas en las que se dicen verdades acres. Yo prefiero las campañas turbulentas a las tersas, porque de otra forma se impone la forma al fondo. En la elección del PAN, hay que agradecerle a Cordero que tengamos una campaña de verdad, en que hemos presenciado un debate auténtico, muy a pesar de Gustavo Madero. Yo voy con Cordero porque representa mejor el ideal que tengo de Acción Nacional, el PAN de Madero huele, sabe, se parece demasiado al PRI.

 

A los mexicanos nos resulta más evidente cada día una realidad que contrasta con lo que durante mucho tiempo pensamos: la democracia no es linda o por lo menos no lo es siempre. Las contiendas democráticas son duras y entrañan conflicto, al que la mayoría de las personas nos desagrada. Las campañas políticas en que todo son spots televisivos y eventos cargados de música y fuegos de artificio son poco útiles para formar opinión e inducen al engaño. Esta arista dulzona cada vez con mayor frecuencia, se ve acompañada de la crítica de las trayectorias de los candidatos y la discusión de lo que proponen o representan, y en este proceso siempre se desvelan errores, verdades incomodas, pasados turbulentos, presentes ambiguos.

El PAN está hoy en la picota porque su proceso de renovación del Presidente Nacional ha sido intenso y ha puesto de manifiesto debilidades de sus candidatos y ha polarizado a sus militantes. Pero yo creo que el proceso ha sido más útil así, de lo que pudiera ser un proceso banal en que los contendientes intercambien cumplidos, por una sencilla razón, los electores panistas son un colectivo reflexivo, exigente, crítico. No una clientela ni un rebaño.

La campaña por la Presidencia del PAN se ha dado en los términos de Ernesto Cordero. El candidato que busca la reelección, quería una contienda de trámite, de cortesías, de fachada. Gustavo Madero preparó el terreno para ser reelecto por clientelas al servicio de caciques locales a los que podía controlar a través de privilegios derivados del uso de los recursos del partido o de los recursos públicos que obtuvo acordando con Peña Nieto. No sabemos aún si esta estrategia será suficiente para derrotar a Cordero, lo que sí podemos afirmar ya, es que no lo fue para hacer de su campaña el paseo por el campo que su equipo esperaba.

Hay voces dentro del PAN que piden “cuidar” la imagen del partido. Permítanme diferir. Yo prefiero cuidar quién llega a la Presidencia del partido. Me parece más importante cuidar el fondo que la forma. Lo contrario es propio de la cultura política del PRI, la estética ante todo. Por eso los autoritarismos son confortables (para quien manda) y son lindos, por el contrario en la democracia, quien ejerce o aspira a un cargo, está bajo un escrutinio de la opinión pública, permanente y minucioso, a veces malintencionado, de su pasado y su presente, de sus palabras y de sus silencios. La maravilla de la democracia es precisamente que los que no tienen el poder pueden incomodar y hasta hacer caer a los tienen el poder. Yo le agradezco a Ernesto Cordero que tengamos una campaña de verdad, en la mejor tradición panista, previa a la decisión de nuestro voto.

No es ninguna novedad que apoyo a Ernesto Cordero. Pero en la recta final, quiero compartir las razones por las que decidí votar por él y promover entre los panistas que voten por él.

Ernesto Cordero y el equipo que le rodea no están exentos del problemas y defectos, pero encuadran mejor con el ideal del PAN al que yo me adherí hace 19 años. Un PAN de militantes, democrático, respetuoso de las reglas, capaz de debatir, valiente al oponerse, que pone los principios por encima de las conveniencias, y en el que la mentira y la corrupción no tienen una autopista de complicidad ante sí. Responsable a la hora de negociar y siempre dispuesto a competir. Afanoso a la hora de gobernar, capaz en lo técnico y claro en lo político. Un PAN para los ciudadanos y para las clases medias.

Madero representa otra idea de partido y de política. Habrá a quien le guste. A mi me recuerda marcados rasgos de la cultura del PRI, obsesiva de las formas y de las negociaciones, laxa ante la corrupción, más pragmática que de convicciones, ambigua y más centrada en el manejo de la corte que en el ejercicio del gobierno. Para mi estos son males que aquejan nuestra vida pública y los he combatido dentro y fuera del PAN. Por eso me sumé a la campaña de Ernesto Cordero y promoveré el voto por la fórmula que encabeza hasta el final.

¿Qué espera el PAN para pedir la renuncia de Fausto?

Los recientes acontecimientos dejan lugar a pocas dudas, determinante o no, Fausto Vallejo recibió apoyo de Los Caballeros Templarios para ganar la gubernatura en el 2011. Por ese solo hecho es un gobernante ilegítimo y estaría moralmente obligado a dejar su encargo, lo que no va a ocurrir. Pero lo que más llama la atención es la complacencia de la oposición, especialmente del PAN, con la permanencia de Vallejo.

Fausto Vallejo ganó la elección de Gobernador de Michoacán en el 2011, por menos de 60,000 votos equivalentes a poco más del 2.5% de la votación emitida. La jornada electoral del 13 de noviembre estuvo llena de incidentes y señalamientos de presión a electores, que se tradujeron en impugnaciones de los candidatos del PAN y PRD, las cuales a la postre fueron desechadas.

Esto no representaría ninguna novedad en un proceso electoral tan competido, sino fuera porque uno de los agravios esgrimidos por los perdedores fue la intervención del crimen organizado a favor del candidato del PRI, lo que alguien llamó el “voto pistola”, el que grupos de sicarios amenacen a ciudadanos para que sufraguen por un determinado candidato, y que el día de la elección se apersonan en las casillas para asegurarse de que los votos sean emitidos según su voluntad.

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Uno de los grandes problemas que plantea esta situación al sistema electoral es la dificultad de probar que los hechos ocurrieron. A diferencia de lo que pasaba en los años oscuros del autoritarismo priísta, las actas fueron impecables, incluso los resultados, a pesar de ser abultados y atípicos a favor de Fausto Vallejo, no rayan el absurdo ni superan lo materialmente posible. De testigos ni hablar. Impensable que un funcionario de casilla, que un asistente electoral o un representante de partido se negara a firmar o asentara una irregularidad. Le hubiera costado la vida.

El sistema electoral diseñado para acreditar la certeza y conservar la voluntad ciudadana, llegó a su límite y las impugnaciones fueron desechadas por falta de pruebas o por no considerarse determinantes para el resultado de la elección.

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Pero, ¿a que viene esto a más de dos años de la polémica elección?

Pues que Jesús Reyna, coordinador de la campaña de Fausto Vallejo, se encuentra arraigado en la PGR por tener presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios, el cártel en cuestión, y entre las pruebas que se han hecho públicas, destaca la celebración de más de una reunión con el máximo dirigente de esa organización, Servando Gómez “La Tuta”.

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Como ha dicho otro de los implicados y presunto participante de las reuniones, entonces diputado local, Trinidad Martínez Pasalagua, reunirse con un delincuente no es un delito por sí mismo. Quizá el propio Jesús Reyna sea exonerado y Fausto Vallejo no sea siquiera llamado a declarar. La culpabilidad criminal es una cosa muy distinta a la legitimidad política, que es más delicada, susceptible de desaparecer en cuestión de horas, inasible, inconmensurable.

La legitimidad de un gobernante la podemos definir como el reconocimiento social de que tiene el derecho de ejercer y ocupar el cargo. Por eso podemos decir que la legitimidad de Vallejo está en entredicho. ¿Tiene derecho a ser gobernador alguien que obtuvo el cargo con el apoyo del crimen organizado? Por supuesto que no. Fausto Vallejo es un gobernante ilegítimo, aun cuando haya sido legalmente electo.

Toman relevancia hechos como las grabaciones que diera a conocer Milenio en ese tiempo, en que un miembro de Los Caballeros Templarios amenazaba con quemar las casas de una población si no ganaba el candidato del PRI o el análisis que recientemente publicara Federico Berrueto del Gabinete de Comunicación Estratégica, sobre lo atípico de la votación en la zona de influencia del cártel.

El mensaje que se manda cada día que Vallejo permanece al frente del Gobierno de Michoacán, es que es aceptable ganar una elección con el apoyo de la delincuencia organizada. Por eso Vallejo se debe ir. Por su bien y por el de su partido. Sería un gesto de patriotismo, del que, desafortunadamente, no creo que sea capaz.

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Si esta postura del PRI y de Vallejo no es sorprendente, sí lo es que ninguno de los partidos opositores y derrotados así en aquella jornada electoral, no hayan hecho este planteamiento político con claridad. ¿Qué detiene, especialmente al PAN, principal agraviado de la historia del 2011, de exigir la renuncia de Fausto Vallejo? ¿Tiene temor el PAN? ¿Tiene intereses económicos el PAN? ¿O sencillamente es incapaz el PAN? Cualquiera que sea, la respuesta es penosa.

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Por supuesto que una postura así entraña riesgos. Pero ese tipo de posiciones claras, de lo que es tolerable y de lo que no, de dibujar la línea que no se puede cruzar en la actividad política, son las posturas que los ciudadanos extrañan del PAN y la falta de ese tipo de definiciones, la razón por la que le han retirado su apoyo. El PAN está extraviado, va en una ruta muy distinta de la que debe recorrer para ser electoralmente exitoso y una alternativa política real en Michoacán.

La música de la orquesta del Titanic

La propaganda de los gobernantes y legisladores a propósito de sus informes es vacía y dispendiosa, además de que muchas veces transgrede una legislación insuficiente, surgida del encono. Para que nuestra democracia funcione debemos regular el gasto y contenido de lo que se nos informa, para que los ciudadanos podamos debatir y valorar el desempeño de quienes nos gobiernan, criterio básico para decidir nuestro voto en la siguiente elección. Sin estos requisitos la propaganda gubernamental es la música que toca la orquesta, mientras el barco se va a pique.

El caso más sonado de propaganda gubernamental es el del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien dilapidó millones en promocionar los logros de su primer año de gobierno y su amor por Anahí, a lo largo y ancho de la geografía nacional, causando la indignación de los mexicanos. Pero se suman a éste los presidentes municipales michoacanos, incluso alguno que no puede estar en el municipio que dice gobernar, que en la primera quincena de diciembre tienen la obligación de rendir informe de sus administraciones y los diputados federales y senadores, que sin fecha precisa para informar eligieron el fin del año para presumir lo que han alcanzado.

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El derroche de recursos y la transgresión de la ley en cuanto a dónde informar (como Manuel Velasco que hace nacional su informe estatal) o el periodo de siete días previos y cinco posteriores en que se puede realizar la difusión (como Chon Orihuela y Silvano Aureoles cuyas carteleras espectaculares subsisten a pesar de que sus informes fueron el 30 de noviembre y el 20 de diciembre respectivamente), llama a reflexionar sobre un tema polémico y muy relevante, y que seguirá siendo fuente de conflictos políticos, pues su regulación es bastante inapropiada.

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La regulación de los informes de los funcionarios de elección popular es fruto de la reforma electoral del 2008, y como el resto de la cosecha creció de una semilla de revancha por el proceso electoral de 2006. Lo importante era atar de manos a Felipe Calderón y al Gobierno Federal para que no pudieran volver a “hacer trampa” como le hicieron al “Peje” (olvidando como AMLO usó el presupuesto del DF en materia de comunicación y que el final tuvo en su campaña más tiempo publicitario y gastó más dinero que el panista). Lo cual es un precedente terrible pues llevó un conflicto particular, por demás ácido, a convertirse en ley.

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Por tanto, las disposiciones que se emitieron, buscaban reducir lo más posible la capacidad de los funcionarios de informar, en un absoluto contrasentido de la aspiración ciudadana de saber lo que el gobierno y los legisladores hacen con los impuestos de todos, y limitaron el periodo para que los funcionarios puedan aparecer ante la ciudadanía a exponer lo que han hecho, pero nunca establecieron límites claros a la publicidad por internet o redes sociales ni a los recursos públicos que pudieran destinarse a estos fines, ni requisitos mínimos de contenido para evitar la banalidad de estas campañas relámpago.

La democracia es un sistema frágil, entre otras cosas porque se basa en la opinión pública que es un mar encrespado. A pesar de que no opera aún la reelección, los resultados de gobierno influyen en el ánimo de los electores, y los funcionarios que aspiran a hacer o continuar su carrera, buscando una nueva responsabilidad en las urnas, tratan de convencer a los ciudadanos de los buenos resultados de su mandato, lo cual está bien hasta que el informe de lo hecho, se reduce a unos segundos de televisión o a una cartelera con una fotografía y una frase. Peor cuando no se informa nada o lo informado es una distorsión de la realidad o una mentira completa.

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 Uno de los retos de nuestra democracia, es como hacer que la publicidad gubernamental y de los legisladores no se convierta en mera propaganda. Es decir, que los ciudadanos sepamos lo que nuestros representantes hacen debiera ser un derecho para nosotros y una navaja de doble filo para ellos, que les diera dividendos cuando su trabajo sea exitoso y benéfico para la sociedad y les perjudicara cuando no lo fuera.

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Para avanzar en esa dirección y mejorar nuestra actual legislación me atrevo a sugerir dos ideas para sustituir la actual limitación del informe a un periodo de trece días: primera, establecer un tope de gasto por cada ciudadano de la demarcación administrativa o legislativa, equiparable a lo que se puede gastar en una campaña electoral. Segunda establecer un mínimo de información a publicar, que dé sustancia a las frases de propaganda y una base de datos pública que contenga este cúmulo de información.

Finalmente, nada de esto servirá y todo irá a peor, si los ciudadanos no asumimos como compromiso el evaluar a nuestros gobernantes y legisladores, más allá de las sonrisas de sus anuncios. Si los partidos no se toman en serio la tarea de debatir con sus opositores, si continuamos en este dialogo de sordos, que a veces se parece a la música de la orquesta, que no para de tocar mientras el Titanic se hunde.

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No me gusta su reforma política

Está dicho. Antes diré también que entiendo que los cambios deben ser graduales y acepto que a la hora de legislar no podemos asumir posturas de todo o nada, pero hay cosas que sencillamente no me gustan de su reforma. Ahora trataré de explicar por qué. Empezaré por decir que en ella hay cosas muy buenas y que excluiré de mi diatriba: la autonomía del Coneval, ese organismo desconocido que evalúa los resultados de las políticas públicas en materia de desarrollo social y que ha hecho un trabajo extraordinario, y que hay que preservar de la codicia gubernamental, especialmente ahora.

Hay otras cosas bastante sensatas como la ratificación de la estrategia de seguridad y la rendición de cuentas asociada a ella, o la participación del Senado en el nombramiento de los titulares de Hacienda y Relaciones Exteriores, la reducción del periodo entre la elección presidencial y la toma de protesta y el incremento en el umbral de votos necesarios para mantener el registro como partido político, incluso la paridad de los sexos en candidaturas al Congreso. Son buenas pero ninguna revoluciona la vida política. Es como cuando en una carretera se arregla una curva para que sea menos peligrosa, se agradece, pero si se dejan igual cientos más, el viaje sigue siendo el mismo.

Mis desacuerdos empiezan con esa ilusión que les hace a los legisladores cambiarles el nombre a las cosas. Creo que les da la impresión de que se elevan a la categoría de demiurgos. Por dejar de llamarse PGR o IFE, esas instituciones no han de funcionar mejor, es más, pasará un buen rato antes de que les dejemos de llamar por sus viejos nombres.

Hay medidas que serán más litigiosas que útiles, como la nulidad de las elecciones por violar el tope de gastos de campaña en forma “sistemática” y “determinante”, un par de palabras que han permitido cualquier trapacería en materia electoral y que ya nadie sabe que significan a ciencia cierta. Durante los primeros años de vigencia de este precepto vamos a experimentar un avivamiento del conflicto postelectoral. El que además sea sancionable solo cuando se excede por un 5% del tope de gasto, son como los 15 minutos de tolerancia que nos daba el maestro en la escuela. Una reforma a la mexicana, puedes hacer trampa, pero poquita.

Hay otras que están destinadas a convertirse en vetustos elefantes blancos, como el gobierno de coalición, que sin segunda vuelta (ese cambio sí que hubiera sido relevante) en la elección del ejecutivo es totalmente inútil. Coaliciones en el mundo hay de dos tipos: electorales como en Chile, que antes de la elección construyen un programa de gobierno y van por él a las urnas o parlamentarias como en Alemania, en que el equivalente del Presidente debe ser electo por más de la mitad de los diputados y a los de su partido no les alcanzan los votos, por lo que invitan a otros a gobernar. Ambos casos son de necesidad, nadie quiere compartir y esto lo soslayan nuestros legisladores.

Pero los temas mayores son dos y no me gustan:

El nombramiento de los consejeros electorales de los estados por el INE, es la única atribución real que se dio al súper IFE que nació bastante enclenque. Será factor de conflicto muy fuerte, moneda de cambio, espacio para el tráfico de influencias, y en nada garantiza la independencia de estos organismos. ¿O no hemos visto vocales ejecutivos y consejeros locales del IFE postrados ante el gobernador del estado en que despachan? Además seguimos en ruta para desmantelar el federalismo que tímidamente empezábamos a construir. Hemos asumido que los problemas que conlleva un pacto federal se resuelven con elementos centralistas.

Finalmente, la medida más trascedente de todas y quizá la única importante es la reelección. La de alcaldes está en manos de los congresos estatales. Es una historia por escribirse, pero no deja de ser buena noticia, pues permitirá en algún momento evaluar el desempeño de los ayuntamientos y abrirá la puerta de la continuidad en el desarrollo municipal.

La reelección legislativa la he defendido siempre, tiene múltiples virtudes en lo referente a rendición de cuentas y profesionalización del Poder Legislativo. Pero nace torcida, perversa. Uno de los objetivos de la reelección era restar poder a las cúpulas de los partidos y regresarlo a los electores, lo cual no va a ocurrir, peor aún las cúpulas partidistas se van a empoderar todavía más, con la persistencia de los diputados plurinominales y la posibilidad de que estos se mantengan durante periodos sucesivos, las oligarquías partidarias que no rinden cuentas, que no hacen campaña, que no son representativas, van a trasladar sus reales de las dirigencias partidistas a las Cámaras del Congreso. Estas son muy malas noticias.

Así una reforma con muchas pretensiones y celebrada por adelantado, terminó siendo un claroscuro que deja mucho por resolver en la legislación secundaria, pero que tiene más aspectos preocupantes que razones para el optimismo. El problema esencial sigue siendo la falta de legisladores demócratas. Otra vez, los anticuerpos priístas nos traicionaron cuando pretendimos avanzar.