La reforma fiscal y el precio de la gasolina

En mitad de la acalorada discusión sobre las reformas fiscales propuestas por el Presidente Peña, uno de los temas más relevantes se ha quedado a la zaga en el debate: el precio y por ende, el subsidio de la gasolina, el cual de acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP) representa al mes de agosto un gasto superior a los 76 MMDP y llegará según sus estimaciones a unos 91 MMDP, superando en un 86% los casi 49 MMDP que se habían presupuestado para el 2013 y que se agotaron en mayo.

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Para comprender mejor el asunto, recapitulemos: el precio de la gasolina en México lo define cada mes la SHCP mediante un precio internacional de referencia más los costos de transporte y la ganancia del concesionario, a lo que aplica la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que durante todo el 2013 (y muchos ejercicios anteriores) ha sido negativa, es decir el gobierno en lugar de cobrarnos a los mexicanos un impuesto sobre la gasolina, nos otorga un subsidio.

En otros países, y en el mercado internacional, el precio de la gasolina se determina libremente por la oferta, demanda y costos de producción y transporte. El precio se ajusta en periodos de inestabilidad incluso diariamente. Al determinarse por el gobierno para la venta a través del monopolio de Pemex, los mexicanos pagamos precios artificiales por la gasolina, en ocasiones excepcionales, más altos y recientemente, más bajos.

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Hagamos una comparación. El Programa Oportunidades que otorga un subsidio en efectivo a la mayoría de los hogares más pobres del país, cuesta 36 MMDP. El subsidio a la gasolina nos hubiera alcanzado para pagar dos veces y media Oportunidades. Sólo que el subsidio a la gasolina concentra un 37.2% en el decil de mayores ingresos de los mexicanos, mientras que solo 1.5% va al decil de menores ingresos. Más fácil, una camioneta de 8 cilindros puede recibir $1,800.00 de subsidio mensual de gasolina, una familia de 4 personas recibe $1,400.00 de subsidio a través de Oportunidades.

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Una más: a través del IVA en todo el país durante todo el año se pretende recaudar 622 MMDP, es decir que de cada peso que pagamos por concepto de IVA, 15 centavos se destinan a pagar el subsidio de la gasolina. Dicho de otra manera, sin subsidio a las gasolinas la tasa general del IVA pudiera haber sido del 13.6% en lugar del 16% que pagamos. El tan llevado y traído tema del IVA en alimentos y medicinas vale 200 MMDP, un poco más del doble que el subsidio a la gasolina.

Ahora permítanme desmentir algunos mitos. En México la gasolina no es cara. Vale unos centavos de dólar menos que en los Estados Unidos que tiene una de las políticas más liberales respecto del mercado de combustibles en el mundo. En países productores de petróleo como Brasil, el precio de la gasolina es un 40% mayor que en México. En Cuba y Centroamérica las cifras son parecidas. En Europa ni hablar, incluso productores de petróleo como Noruega pagan hasta 4 veces más por un litro de gasolina.

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Otro mito es que mayores precios en la gasolina impulsarían una espiral inflacionaria, lo cual es inexacto. Países como Brasil, Turquía o los países europeos tienen precios más altos en el combustible y sin embargo sus tasas de inflación son equiparables a la mexicana. En el propio caso mexicano esta hipótesis no es verificable. El incremento de la inflación y el del incremento de los combustibles no ha seguido la misma serie histórica. Es decir, incluso los deslizamientos de once centavos que se han realizado a lo largo del año, no se corresponden con los incrementos mensuales de la tasa de inflación y si nos remitimos a años anteriores, los incrementos de la gasolina han estado por encima de la inflación de 2010 a la fecha y durante 2009 que el precio del hidrocarburo estuvo congelado, el incremento de los precios se mantuvo.

Finalmente, el precio subsidiado de la gasolina es un incentivo perverso contra el medio ambiente. La gasolina más barata invita a que los mexicanos usemos nuestros autos más frecuentemente, que tengamos más autos, que nuestros autos gasten más gasolina y que cuidemos menos del buen estado de estos para evitar mayor gasto.

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Por otro lado, también se ha mitificado que el transporte público costaría más si se liberará el precio de la gasolina. Aquí debemos considerar dos cosas. La gasolina subsidiada genera un ciclo vicioso, pues promueve el uso de vehículos que transportan pocos pasajeros, en malas condiciones mecánicas que siguen rutas poco eficientes. Por otra parte, el subsidio a la gasolina de este año alcanzaría para construir cuatro veces la Línea 12 del Metro. Por supuesto que podríamos invertir en sistemas de transporte más eficientes y baratos.

Para el 2014, se ha planteado que el subsidio a la gasolina será de 35 MMDP y que el deslizamiento en el precio se reducirá de once a seis centavos mensuales. Si nos atenemos a la tendencia de los años anteriores, estos recursos serán insuficientes. El problema es que el PRI se tropieza con su propia lengua, pues durante el gobierno de Felipe Calderón ellos inventaron el término “gazolinazo”, y de vuelta en el gobierno les toca enfrentar la realidad.

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 En resumen, una alternativa a la reforma recaudatoria que golpea a la clase media, pasa por dejar de subsidiar a los mexicanos más ricos a través de la gasolina, permitir que el mercado funcione libremente e invertir los recursos públicos en políticas social y ambientalmente más responsables.

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Ante la violencia, unidad

La semana pasada, la violencia del crimen organizado volvió a sacudir a Michoacán. El diputado local Osbaldo Esquivel Lucatero, del PRD, originario de Buenavista y electo en el distrito de Coalcomán, fue brutalmente asesinado en las afueras de Morelia. El primer legislador local que se suma a una lista ya larga de alcaldes y funcionarios municipales que han perdido la vida en los últimos años a manos de los sicarios de la delincuencia.

Ninguna vida vale más que otra, pero casos como este nos recuerdan que los grupos delincuenciales cada vez tienen menos temor de enfrentar al estado y se atreven a atacar a personajes cada vez más destacados, al amparo de un amplio cono de impunidad. Son hechos que nos hablan de la profundidad de la crisis y de la gravedad de la amenaza.

El domingo 15 se cumplieron cinco años del más grave hecho de violencia del crimen organizado contra la población civil que se haya registrado en nuestro estado. Fue en el 2008 cuando en mitad de la celebración delGrito de Independencia delincuentes detonaron granadas en mitad de la multitud que ocupaba la Plaza Melchor Ocampo. Ha sido uno de nuestros momentos más trágicos.

Y traigo a cuento ambos hechos, a los que podríamos agregar muchos otros, para subrayar la gravedad de la situación que enfrenta nuestro país. La magnitud de la amenaza que el crimen organizado plantea a nuestra sociedad. Una amenaza que se cierne sobre nuestras vidas, nuestro patrimonio, nuestra libertad; y que ha dañado nuestra economía y nuestra calidad de vida, además de nuestra percepción de la realidad y nuestra comprensión del mundo. Esto último no es menor, pues nos hemos acostumbrado a coexistir con el fenómeno delictivo y con los delincuentes, y hemos asumido pautas de comportamiento más tolerantes hacia estos que hacia el gobierno que los combate.

La actitud escéptica y agresiva de la sociedad ante la lucha gubernamental contra el crimen, es responsabilidad de todos los actores políticos. La lucha contra la delincuencia debiera ser un asunto de estado, en el que no hubiera fisuras ni dudas. Sin embargo hacia la mitad del sexenio anterior el tema se politizó. El PAN quiso capitalizar el tema en las elecciones intermedias y acusar al PRI de haber pactado con el crimen organizado. El PRI respondió y el PRD, especialmente los fieles de AMLO y los aludidos en gobiernos locales como el de Michoacán, pusieron el acento más agresivo en el discurso, responsabilizando al gobierno federal de los homicidios que ocurrían.

Cuando otros países han enfrentado amenazas a su seguridad, como los estadounidenses el terrorismo de Al Qaeda o los españoles a ETA, lo han hecho con un sentido de unidad nacional indispensable para imponerse ante los criminales, y ello no ha supuesto que quienes ocupen la oposición no critiquen acciones de quienes ocupan el gobierno, pero siempre dentro de una frontera muy clara: los criminales son los malos, el gobierno cuando los persigue, es el bueno. Al gobierno se le puede recriminar su falta de eficacia, pero no que enfrente a los criminales como ha ocurrido aquí.

Una barrera clara debiera ser que las consecuencias de los delitos no son culpa del gobierno, son culpa de los criminales, así los muertos del World Trade Center el 11-S no son los muertos de Bush, son de Al Qaeda y de Bin Laden. Los muertos de los ataques de ETA no son los muertos de Felipe González o de Aznar, son de ETA. Sólo en México es concebible que los homicidios cometidos por los Zetas, por el Cartel de Sinaloa o los Caballeros Templarios sean los muertos de Calderón o los muertos de Peña Nieto y no los muertos del crimen organizado. A ese extremo estamos dispuestos a llegar con tal de denostar a nuestros opositores políticos. Preferimos disculpar al Chapo o a Tony Tormenta con tal de culpar a Felipe Calderón o a Peña Nieto.

El actual gobierno federal ha gastado su tiempo y sus recursos en convencernos que su estrategia es distinta a la de su antecesor. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los malos son los que matan, los que venden droga, los que extorsionan, los que secuestran. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los ciudadanos también jugamos un papel importante si denunciamos, si no somos permisivos ante los delincuentes, si no admiramos su estilo de vida, si no los idolatramos en corridos y un largo etcétera.

El inicio de la administración era el momento justo para que el Gobierno Federal diera el giro en el discurso y convocara a los mexicanos a la unidad frente a la amenaza del crimen organizado. La dejó pasar. Pero nunca es tarde. Ese cambio de discurso, ese mea culpa de todos los actores políticos es lo que debiera suscribirse en el Pacto por México o en el Acuerdo por Michoacán. Dibujar con toda claridad una línea que nadie pueda cruzar porque en ese momento ayuda a los criminales y se opone al estado y a la sociedad.

En el horizonte está el 2015. En Michoacán cada partido registrará 150 candidatos (más síndicos y regidores) y las acusaciones de complicidad con los carteles no se harán esperar. Eso debilitará a todos los partidos y a los futuros gobiernos, fortalecerá la percepción de fuerza de los delincuentes y hará más profunda nuestra desesperación. Los partidos deben entender que no pueden pactar con los criminales, deben superar la tentaciónde ganar elecciones a ese precio y pactar entre sí la defensa del proceso electoral, de los candidatos, de la democracia misma y por ende, la legitimidad de los gobiernos y representantes que han de emanar.

Ya lo dijo San Agustín, en lo fundamental unidad. En el México de hoy nada es más fundamental.

Peña Nieto cambia de rumbo

Como cada septiembre el Presidente de la República ha presentado su informe de gobierno. Como desde el 2006, el informe se presenta no ante el Congreso de la Unión sino ante las cámaras de televisión en un acto ad hoc. Los poderes cada loco con su tema. Como es frecuente en el primer informe de todo presidente, presentado sólo nueve meses después de su asunción del cargo, las notas están más en lo que viene que en lo realizado. En el caso del Presidente Peña, lo que estamos viendo es un esfuerzo por sostener su narrativa de gobierno eficaz, que está en seria duda y por otra parte un paso al frente para mantener apoyo entre los sectores de menor ingreso, especialmente frente a la perspectiva de no perder electores ante los partidos de la izquierda.

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Me explico. Peña obtuvo los votos que lo llevaron a la Presidencia de una amplia variedad de electores entre los que destacan un nutrido grupo perteneciente a la clase media, temerosa del radicalismo de López Obrador y desencantada del PAN. Este grupo, es particularmente importante, pues son votantes independientes, que difícilmente pueden ser manejados como una clientela corporativa. Para ellos es el discurso de “mover a México” y la reforma educativa, que según las mediciones de la aprobación del Presidente es su punto más fuerte.

Sin embargo, Peña ha pagado un elevado costo político por pasar esa reforma, sin romper con el PRD que se ha visto presionado por uno de sus más poderosos y antiguos aliados: la CNTE. Por otro lado, la presentación de la reforma petrolera, modificando la Constitución ha llevado al límite los consensos con ese partido que se debate entre su necesidad de diferenciarse del radicalismo de López Obrador y su posición histórica en el tema. Si en la reforma educativa el mensaje fue para la clase media, en la reforma energética, el mensaje presidencial apunta a sectores más populares cuyo concepto de nacionalismo incluye el monopolio energético.

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Por eso la propuesta de reforma hacendaria se trazó para complacer al PRD, y quizá al sector más conservador del PRI. El rechazar el IVA universal que hubiera permitido ampliar la base de contribuyentes y gravar la economía informal, se asume la bandera que como oposición estos partidos enarbolaron contra las administraciones panistas. La reforma hacendaria, tiene algunos méritos, pero no transforma el sistema impositivo mexicano, cuando mucho nos dará una mejor versión del modelo insuficiente y mediocre en que estamos atrapados desde hace décadas y que aumenta la carga de los mismos contribuyentes.

Sin embargo la necesidad de incrementar los recursos gubernamentales subsiste. Y al gobierno de Peña le urge, especialmente para impulsar temas como la pensión universal o el seguro de desempleo que prometió en campaña y para tratar de evitar desesperadamente que la Cruzada contra el Hambre tenga el rotundo fracaso al que se encamina, cuando se presente la siguiente medición bianual de la pobreza.

También urge reactivar la economía tras el primer gran fracaso de la administración que tuvo que corregir la previsión de crecimiento del PIB y aceptar que en el 2013, este rondará el 1.5% anual. Especialmente cuando entre las causas de la desaceleración de la economía está el mayor subejercicio del gasto público registrado en años, aun para un primer año de gobierno, y que en el pasado era objeto de duras críticas del PRI.

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Por eso hay un golpe de timón y el compromiso de déficit cero no cumplió ni su primer aniversario. El gobierno necesita dinero pronto, sin costo político, así que otra vez vamos a la deuda. Este viraje no es menor. En resumen estamos viendo un Presidente que se encamina a complacer a sus opositores de izquierda, para restañar las heridas de sus primaras acciones de gobierno y que se aleja de una clase media que desencantada del PAN le había apoyado desde la elección y la que había dirigido su estrategia durante todo el año.

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Las encuestas nos ayudan a entender. Peña llegó a su Primer Informe con la aprobación (56%) más baja para ese momento desde Ernesto Zedillo, que enfrentaba la peor crisis de nuestra historia reciente, con un desacuerdo en ascenso (41% vs. 34 en diciembre)con la credibilidad en negativo (42% le cree vs. 53% que no), dato inusual para este momento del sexenio. Históricamente la evaluación previa al primer informe es la mejor de cualquier presidente, con lo que es comprensible la preocupación en Los Pinos, cuya siguiente gran aduana es la elección de julio del 2015.

Ante los hechos, Peña y el PRI cambiarán de receta. Dejan atrás la etapa de buscar la complacencia de las clases medias y los electores independientes, que son sin duda los más difíciles de persuadir y se reorientan a consolidar el voto de sectores de menor ingreso y nivel educativo. Para ello requieren más dinero en sus programas sociales sin cambiar el modelo de cobro de impuestos. La narrativa perfecta fue descarrilada por la realidad en menos de un año. Preparémonos para el regreso de la maquinaria electoral impulsada por el gasto público soportado en déficit.

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El impacto político de la reforma energética

Kramer vs. Kramer o Cárdenas vs. Cárdenas, podríamos llamar al episodio de los días pasados en la opinión pública pues con la estrategia elegida por el gobierno de Peña Nieto para defender su propuesta de reforma energética, al igual que en aquella celebrada cinta de 1979, se disputa la custodia de un hijo: la soberanía petrolera. Por un lado la invocación priísta de uno de sus artífices, creador de los sectores del partido y precursor del moderno presidencialismo y hasta la ruptura en los años 80 tótem del partidazo. Por el otro lado, el hijo del General invocado, el líder olvidado y rescatado tras la partida de AMLO, el de la ruptura con Salinas, el histórico defensor del petróleo por herencia y por gesta propia.

El equipo de Peña sin duda experto en manejar la opinión pública, sembró con su alusión cardenista una vacuna contra el liderazgo de Cuauhtémoc encabezando la resistencia del PRD y envía un mensaje directo a ese más de 60% de mexicanos que rechazan la “privatización” (lo que sea que quiera decir) para que (quizá contradictoriamente) en otra encuesta un equiparable más de 60% apruebe su propuesta de reforma (con poquísimo o ningún conocimiento) en sólo unas semanas.

Pero la posición del PRD le resulta completamente favorable al gobierno de Peña, con lo cual la hipótesis de que el Pacto por México sobrevivirá al desacuerdo de la Reforma Energética toma fuerza. La oposición a la reforma propuesta realizando consultas, planteando una iniciativa alterna, votando en contra en los órganos legislativos y hasta la propuesta de un referéndum revocatorio en el 2015 permite procesar el acuerdo institucionalmente frente a la protesta callejera y de absoluto rechazo que plantean AMLO y su Morena. Esto beneficia a ambos actores, pues el gobierno saca su reforma y el PRD se diferencia de su antiguo candidato (se quita la imagen de rijoso y negativo) con quien se disputara los votos de la izquierda en las elecciones del 2015.

El PAN por su parte, al presentar su iniciativa primero, tuvo su momentum, que se ha agotado tras la presentación de la iniciativa presidencial. Sin embargo, su posición favorable a modificar la Constitución le dará un nuevo periodo de protagonismo cuando la discusión parlamentaria se realice, y además obtendrá si no todos los cambios que desea en materia política, algunas modificaciones sustanciales al diseño institucional del país tendientes a limitar la influencia de los gobiernos, especialmente de los gobernadores, en los procesos electorales.

La reforma energética es indispensable para el país por una sola razón: no tenemos ni el dinero ni la tecnología para extraer el petróleo y el gas natural que ciertamente tenemos en abundancia. El dinero lo podemos obtener trayendo capitales privados del extranjero o prescindiendo de uno de cada tres pesos del gasto público de todo el país. La tecnología sólo podemos adquirirla de otras empresas, Pemex tardaría demasiado en desarrollarla, probablemente hasta 30 años, contra los aproximadamente 10 años que tomaría alcanzar la explotación plena de los yacimientos con la intervención de contratistas.

El PRI pagará la mezquindad de haberle negado a Calderón la reforma energética en el 2008 pues no podrá cosechar en este sexenio, más que una parte magra de los frutos económicos y de gasto público disponible que propiciará la reforma. Serán las administraciones siguientes, especialmente a partir del 2025, los que se beneficiarán más de lo que hoy se está reformando. Esto debería alentarnos, pues representa un caso extraño que la clase política, o una parte de ella, sea capaz de ver ya no digamos a más de una década de distancia, sino más allá de la siguiente elección.

La reforma constitucional quedará aprobada antes de terminar el año, pero las leyes secundarias tardarán un poco más. También vendrá la propuesta de reforma hacendaria, la cual someterá nuevamente al país, a los actores políticos y al Pacto por México a una enorme tensión. Lo previsible es que el Presidente Peña proponga básicamente lo que su partido le negó primero a Fox y luego a Calderón: IVA generalizado, lo cual también sería bueno para la economía y las finanzas públicas.

Pero la ruta política aun no puede considerarse despejada –literalmente – pues López Obrador no abandonará la escena tan fácilmente y estas reformas han sido sus banderas durante largos años. Y para engrosar su movimiento cuenta con movimientos radicales como la CNTE que sigue en pie de guerra contra la reforma educativa cuyas leyes secundarias no se han expedido y los sindicatos que buscan reivindicación por la aprobación de la reforma laboral en los últimos meses del gobierno de Calderón.

El peor subproducto de todo este conflicto es que, como en el 2012, las posiciones se polaricen en torno a AMLO y Peña Nieto, borrando a los moderados de izquierda (PRD) y a la derecha liberal democrática que se encuentra en un ala del PAN, lo que llevaría a una elección intermedia en el 2015 muy conflictiva y a la integración de un Congreso menos proclive a los acuerdos para la segunda mitad del sexenio.

Esto explica porque todos los actores tienen prisa, por que se firmó el Pacto, por que se ha mantenido y puede mantenerse en el mediano plazo. Más que la habilidad que presumen los operadores del PRI, vivimos a pesar de todo una alineación de intereses de los actores hacia la moderación y el consenso, una pequeña ventana que no se presentaba desde mediados de los años 90 y que esperemos se aproveche al máximo antes de que nuevamente domine el sonido de los tambores de guerra.

Declaraciones Patrimoniales: en busca de la rendición de cuentas

La semana pasada la Suprema Corte (SCJN) declaró que el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es constitucional y que por lo tanto las declaraciones patrimoniales de aquéllos se harán públicas solo con su autorización. Este hecho incrementó el debate que ya tenía lugar al respecto, que ha sido impulsado por diferentes actores de la sociedad civil y en torno al cual, hay una serie de mitos que conviene sean aclarados para que podamos avanzar en políticas reales de rendición de cuentas y combate de la corrupción.

Pleno de la SCJN

Para empezar, en mi opinión la SCJN juzgó correctamente al reconocer que los servidores públicos si bien tienen obligaciones distintas a las del común de los ciudadanos, no pierden sus derechos, entre otros el derecho a la privacidad y por tanto les corresponde decidir sobre la publicidad que se da su información personal. Esta sentencia de ninguna forma cierra el debate, pues ahora la decisión está en el terreno legislativo que podría reformar la ley e imponer la obligación de publicitar su patrimonio a los servidores públicos, por lo que es muy oportuno reflexionar el tema.

El actual régimen de responsabilidades de los servidores públicos surge a finales de 1982 y se inscribe en el proyecto de “renovación moral” que promovía el recién electo Presidente De La Madrid como respuesta a los excesos y escándalos de corrupción vividos durante el mandato del Presidente López Portillo. En este contexto, las declaraciones patrimoniales no tienen como destino a los ciudadanos sino a la autoridad encargada de supervisar el desempeño de los funcionarios, es decir a la Secretaría de la Contraloría que ya con el Presidente Fox cambiaría su nombre por el de Secretaría de la Función Pública, hoy en vías de extinción.

Miguel de la Madrid Hurtado                      José López Portillo

La información contenida en las declaraciones debe servir para dar seguimiento al patrimonio de cada servidor público y constatar que éste no se incremente en forma inexplicable atendiendo a los ingresos lícitos de la persona en cuestión, lo cual suena bien, sin embargo se presentan dos grandes problemas: la capacidad del órgano de control para revisar y seguir miles de declaraciones patrimoniales (pues están obligados a su presentación desde jefes de departamento o equivalentes) aún suponiendo que quisiera en verdad hacerlo; y por otra parte el principal problema es lo que no se asienta en las declaraciones.

En este último renglón hay casos en que es obvio el problema, pues sin duda, los 88 millones en efectivo de Andrés Granier no figuran en su declaración patrimonial, como no están las propiedades de Moreira, Montiel o Reynoso Femat en las suyas. Pero también el problema existe con la “pequeña corrupción” de sobornos en efectivo a inspectores, policías y funcionarios del menor nivel que reciben cantidades menores y recompensas en especie. Por eso señalo que creer que la simple publicación de las declaraciones patrimoniales reducirá la corrupción es ingenuo, por decir lo menos, y que en cambio dejaría a merced de las vicisitudes de la inseguridad que vivimos, a miles de servidores públicos que verían los detalles de cada uno de sus bienes, como domicilió y valor de inmuebles, placas y número de serie de autos, números de cuentas bancarias, sueldos, rentas, utilidades propios y de toda su familia expuestos al público.

Andrés Granier Melo

Tratándose de encontrar soluciones a este grave problema de la falta de rendición de cuentas que lleva a la corrupción, me atrevo a proponer algunas medidas que pudieran ser efectivas.

Normar en la ley un régimen de publicidad de la información patrimonial de los servidores públicos, que sea respetuoso de su privacidad pero que satisfaga la justa demanda ciudadana de información. Un régimen que considere las diferencias de responsabilidad y de ingreso y que no trate por igual al Presidente de la República que al empleado de una ventanilla, a mayor responsabilidad mayor publicidad. Esto también evitaría simulaciones de transparencia como la del Presidente Peña y su gabinete, cuando declaró haber recibido en donación varios inmuebles sin aclarar su origen.

Enrique Peña Nieto

Consolidar la información de todos los poderes y todos los órganos de gobierno, pues hoy no hay forma de seguir la trayectoria pública de un ciudadano que cambia de Poder o de ámbito, lo cual es muy frecuente. También es fundamental integrar lo con información financiera de la que se maneja en la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, así como con los registros de la propiedad raíz y de vehículos. El trabajo de seguimiento de la información patrimonial es equiparable al de inteligencia financiera que se hace para evitar el lavado de dinero y de hecho debiera estar conectado.

Seguir fortaleciendo las medidas precisamente contra el lavado de dinero y reduciendo el uso de efectivo, pues es la forma más simple de ocultar el producto de la corrupción. Contar con registros de bienes inmuebles y vehículos reales y actualizados.

Recursos incautados en Tabasco

Por otro lado debe seguirse buscando reducir los trámites, pagos y sanciones innecesarios en el sector público y perseverar en la mejora regulatoria, pues la corrupción se anida en los enredos de la burocracia.

Sin duda todos queremos gobiernos y servidores públicos que rindan cuentas, y queremos reducir la corrupción y la impunidad, pero no debemos caer en la tentación de las soluciones simples y equivocadas, pues con ello seremos cómplices involuntarios de esos males. Para avanzar se requiere inteligencia y valor. Esperemos que nuestros legisladores tengan ambas cosas.