La próxima decepción política

El pasado 11 de julio el Congreso de Michoacán reformó el Código Electoral del Estado para permitir las candidaturas independientes, es decir ciudadanos que compiten sin el respaldo de ningún partido político, rompiendo el monopolio sobre éstas que los partidos habían tenido siempre en nuestro estado. Este hecho desató a nivel nacional inclusive, las críticas y diatribas, justas e injustas, acertadas e ignorantes, merecidas y desproporcionadas contra los partidos políticos, villanos favoritos de los medios de comunicación y de muchos mexicanos. Aparejado a ellas, se ha entonado la alabanza generalizada de las candidaturas que muchos llaman ya con sesgo “ciudadanas”, y se anticipa un luminoso futuro democrático gracias a ellas.

No me opongo a las candidaturas independientes, creo que eran un derecho pendiente de reconocimiento que el autoritarismo priísta nos negó y que la temerosa transición nos escamoteaba. Son una figura que existe en cualquier democracia avanzada y en ningún lugar han sido la debacle ni la utopía democrática. Por eso afirmo que las candidaturas ciudadanas son la siguiente gran decepción de quienes analizan la política como si narraran un partido de rugby, la primera vez que ven un partido de rugby. Permítanme documentar mi pesimismo.

Lo primero que debo decir es que la legislación que ha expedido el Congreso Michoacano es sumamente burocrática y litigiosa. El listado de simpatizantes de la candidatura equivalente al 2% del padrón, la fianza equivalente a la mitad del tope de campaña, los requisitos para monitorear el gasto del candidato y la prohibición de haber militado en un partido un año antes de la elección van a judicializar cualquier candidatura que amenace a los partidos políticos. Es una reforma gatoparda: propone cambios para preservar la continuidad.

Uno de los graves problemas de las candidaturas independientes en México es la inequidad que genera el financiamiento público. Los partidos lo reciben. Los candidatos independientes no. Hoy nadie se ha quejado, pero una vez que inicie el proceso electoral este será un tema explosivo y recurrente, y que de entrada limitará el desarrollo de candidaturas independientes a municipios pequeños donde los recursos necesarios para competir no son cifras astronómicas.

Los partidos políticos además de organizaciones con recursos son referentes ideológicos de la población en general. Por supuesto no solo hay simpatizantes o militantes que rompen el molde de un partido, también sus candidatos pueden ser muy disímbolos, pero en general, el respaldo partidista de una candidatura nos permite, aún sin conocer al candidato, saber que esperar respecto de su posición política, hasta por prejuicio las identidades partidistas nos orientan y le dan significado a la actividad pública. Los candidatos independientes tendrán un doble reto de posicionar su plataforma, sobretodo cuando pase la novedad y ser independiente no baste como plataforma, así como no ser del PRI dejó de bastarle a los demás partidos como discurso.

Una cosa que los analistas políticos tipo rugby olvidan es que los militantes, los candidatos y los funcionarios surgidos de un partido no somos marcianos. No vamos a escuelas distintas ni vivimos en guetos, no odiamos a la patria ni somos largamente entrenados para engañar a los demás, ni formamos parte de hermandades secretas que conspiran contra la humanidad. Somos seres humanos y mexicanos comunes con un interés por los temas públicos que otros muchos ciudadanos no tienen, tenemos la misma cultura y los mismos defectos y vicios que el promedio de los mexicanos y quizá que la humanidad. También las mismas virtudes.

Los candidatos ciudadanos tampoco serán venusinos o mercurianos, serán muy parecidos a quienes hoy participamos en política con algún partido. Algunos tendrán menos experiencia y más entusiasmo, algunos serán más simplistas, algunos tendrán virtudes refrescantes y espontaneas que los hábitos nos hacen olvidar a los políticos, pero no tendrán la potestad de salvar a la patria. Con el tiempo habrá representantes y gobernantes electos como independientes que sean incapaces y deshonestos y que incurran en excesos y que despierten la ira popular. Sin duda los habrá buenos, como los partidos nos han dado también a muchos buenos.

Los problemas que tiene México son muy complejos y se deben a instituciones, leyes,  cultura, condiciones poblacionales, económicas y geográficas estructurales, atrasos históricos si se quiere. Pensar que los candidatos independientes resolverán por voluntad nuestros problemas es una manifestación light y posmoderna de nuestro caudillismo ancestral.

El estado no tiene el derecho de negar a un ciudadano que contienda en una elección y que pueda ser alcalde, diputado o gobernador, eso es no es democrático, por eso considero las candidaturas independientes como un avance aunque no serán la transfiguración de la política mexicana. Personalmente creo en las instituciones y en los programas más que en las personas y en las buenas intensiones. Me hice panista leyendo a Gómez Morín y ésta es la idea central de su pensamiento que aprendí y defiendo a todo trance, por eso termino transcribiendo una línea de la carta que Don Manuel le escribió a José Vasconcelos en 1928 sobre su candidatura presidencial y que viene mucho a cuento:

En resumen: ¿vale más lanzarse a una lucha que pueda llevar a los grupos contrarios al exterminio, para lograr el triunfo inmediato o perderlo todo, o vale más sacrificar el triunfo inmediato a la adquisición de una fuerza que solo puede venir de una organización bien orientada y con capacidad de vida?

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Todos ganaron el domingo siete

El pasado domingo tuvimos elecciones en 14 estados del país. Se disputaba la gubernatura de Baja California, 13 congresos locales (la excepción fue Coahuila) y las presidencias municipales de 13 entidades (Hidalgo no renovó ayuntamientos). Desde la tarde del domingo hemos sido testigos de las afirmaciones felices de los presidentes de los tres principales partidos nacionales sobre lo bien que les fue y de las quejas y diatribas que lanzan contra sus adversarios. La lectura del resultado se vuelve más difícil de lo que la propia dispersión de la elección impone. Aquí unas claves de lo que significa la elección y cuales son sus implicaciones.

La participación ciudadana es para reflexionar. Mucho se ha dicho que los ciudadanos se alejaron de las urnas y que los gobiernos emanados de estas elecciones carecen de legitimidad, sin embargo, México nunca ha sido un país de participaciones ni cercanas al 100%, nuestras más bajas abstenciones rondan el 30%, por lo que si vota aproximadamente la mitad del padrón no hay elementos para sonar las alarmas. Incluso en Baja California que los electores no llegaron al 40% del padrón, esta cifra está en línea con los datos registrados en los últimos años.

Nuestra cultura ciudadana es incipiente, y hoy algunos sectores muy politizados de la sociedad apuntan al rechazo de todas las fuerzas y llegan al extremo de ridiculizar los procesos electorales, como con el “candigato Morris”, lo cual lejos de construir ciudadanía, la deteriora. Desafortunadamente la indignación ciudadana con el pobre desempeño de los gobierno no se ha traducido, mayoritariamente en la formación de nuevos partidos o de movimientos que propongan nuevas vías políticas.

Toda la política es local, como sentenció Tip O’Neill. Y nada más local que elegir ayuntamientos. Un entorno local deteriorado con malos servicios y obras públicas pesan más en el ánimo del elector que los grandes temas nacionales. Mal alcalde mata buen Presidente de la República y viceversa. Con los gobernadores en medio de esa ecuación, podemos explicar lo errático que resulta el mapa de resultados electorales. No hay una gran explicación, ni un hilo conductor. Hay muchas pequeñas historias locales que se suman.

Los gobernadores mandan. Esta tendencia se ha reforzado durante las dos administraciones panistas que liberaron a los mandatarios estatales de la obediencia al Presidente y por ahora no se ha revertido. En muchos estados hubo reveses para los mandatarios, pero sin importar la extracción partidista, los resultados apunta a que todos los gobernadores lograron que los candidatos de su partido triunfaran mayoritariamente. Especialmente todos, excepto Sinaloa lograron la mayoría o la primera minoría en sus respectivos congresos locales.

Los denostados diputados de representación proporcional (RP), llamados coloquialmente “pluris”, vuelve a quedar de manifiesto, que especialmente en el ámbito local son indispensables. En estados como Quintana Roo o Hidalgo donde el PRI ganó todos los distritos locales, los gobernadores despacharían sin contrapeso alguno y los votos conjuntos de la oposición que en ambos casos superan el 50% de los emitidos se irían a la basura sino existieran los diputados de RP. Lo discutiremos después con más amplitud, pero quienes sostienen que deben desaparecer diagnostican correctamente la enfermedad y prescriben mal la medicina.

Con esto podría concluirse que los partidos tienen razón cuando se quejan de que los gobernadores intervienen indebidamente en los procesos electorales. Pero esto tiene matices. El primero es que nuestra cultura política requiere asimilar mejor el peso político del gobernante en turno, reconocer su derecho a ser actor político y aquilatar que el gobierno puede ser una desventaja, es decir dejar de escandalizarnos por lo que es legal y concentrarnos en los delitos. Los partidos son cada vez más estridentes y menos eficientes en demostrar las supuestas irregularidades, lo cual inhibe la participación y deteriora la cultura ciudadana. Es un juego en el todos pierden, pues los ciudadanos solo registran que todos los partidos hacen trampa, y distinguen poco al acusado del acusador.

En el contexto nacional todos los partidos nacionales ganaron algo. Los partidos pequeños obtuvieron votaciones significativas, el PRD en una elección que no es la suya, pues el grueso de sus votos se concentran en entidades que no tuvieron proceso electoral, registra avances en Veracruz, conserva su votación en Oaxaca y vía alianzas con el PAN logra colarse en lugares donde su presencia es marginal. El principal retroceso perredista se presenta en Quintana Roo.

El PAN conserva con las uñas la gubernatura de Baja California, conserva Puebla, la ciudad más poblada en disputa, gana Aguascalientes, Mexicali, Tlaxcala y Saltillo. Gana ciudades importantes como Nuevo Laredo, Boca del Río, Monclova y da cerrada batalla en otras como Oaxaca y Torreón. Sufre importantes derrotas en Sinaloa, Chihuahua y no logra los avances esperados en Veracruz, Tamaulipas y Durango, pero obtiene muchos votos más que hace tres años y gobernará a muchos más mexicanos.

El PRI pierde votos y municipios gobernados. Pero todos sus gobernadores conservan la mayoría en sus congresos estatales y con lo perdido en las urnas han salvado el Pacto por México, el PAN y el PRD han ganado lo suficiente para que sus presidentes sigan defendiendo una posición de dialogo y concertación con el gobierno de Enrique Peña, la posición es ciertamente cuestionable, pero ambos dirigentes opositores han salvado los blasones partidarios con estos números y seguirán en la lógica que tanto les ha acomodado, eso sí después de gritar un poco, con todo, nada garantiza a sus corrientes mantener el control de sus respectivas dirigencias. La cosa se pondrá interesante.

La salud de un hombre público

Así se ha llamado por muchos años a quien se dedica a la política: hombre público. Persona pública, desde que numerosas damas participan activamente y el machismo entreverado en el español tornaría chusco el mote. Y si aceptamos y usamos cotidianamente esta fórmula para referirnos a quienes gobiernan, ¿por qué hoy debatimos si la salud del gobernador de Michoacán es un asunto público o privado?

La respuesta es simple: al gobierno estatal y al equipo de Fausto Vallejo les interesa ganar tiempo y eso solo pueden hacerlo ocultando la información sobre la salud del mandatario.

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No soy médico, pero no necesito saber una palabra de medicina para saber que Fausto Vallejo no regresará a la gubernatura. La secrecía que se pretendió guardar sobre su enfermedad grita la gravedad de su condición. Si el mandatario sufriera, como se dijo al principio una hernia o de tos, la estrategia de comunicación sería aportar tanta información como fuera posible para dejar en claro que la situación es transitoria. Ante un padecimiento grave de pronóstico reservado la estrategia es ganar tiempo, para hacer ajustes, para cerrar asuntos pendientes, para tomar las decisiones sin duda trascedentes de lo que vendrá.

Por eso se ha recurrido a la mentira, a la evasiva, a la indignación. ¿Cómo se atreven?, gritan algunos, la salud es un asunto privado, íntimo. Y lo es para quien elige la senda de la vida privada, no así para quien opta por la vida tempestuosa de la responsabilidad pública. Países con legislaciones avanzadas lo prevén y exigen conocer el estado de salud de los gobernantes cuando estos enferman, pues la capacidad de cumplir con su mandato depende inevitablemente de su buen estado físico. Lo mismo ocurre en el mundo corporativo, donde los altos directivos, los CEOs de las grandes empresas deben informar a los accionistas sobre el estado de su salud, y cuando el caso se refiere a la salud de un gobernante los accionistas somos todos los ciudadanos.

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Sólo la estupidez podría provocar que alguien se alegrara de la enfermedad del gobernador Vallejo. Sólo la idiotez podría llevar a alguien a pensar que su abrupta salida del cargo y la llegada de un sustituto, podría traer algún beneficio. La renuncia de Fausto Vallejo a la gubernatura será una mala noticia que se acumulará a las de la crisis financiera, la deuda, la inseguridad y la incapacidad para resolverlas, porque aún en el mejor de los escenarios, representará inestabilidad e incertidumbre, ajustes en la estructura de gobierno y reacomodo de fuerzas, en los que siempre se pierde tiempo y esfuerzo.

Cuando se presentó la licencia yo sostuve que no había razón para no creer en la versión oficial, hasta que se presentara una razón para desconfiar. Ahora se ha revelado que el procedimiento era una cirugía de hígado, y aún cuando no se abunda en la información, lo dicho es suficiente para confirmar que hace 90 días se ocultó información sobre la salud del gobernador y ésa es ya una razón para desconfiar de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se diga en adelante. Y de eso nos debe rendir cuentas el gobierno estatal, de su falta de veracidad.

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Ahora habrá de resolverse en quien recaerá sustituir al gobernador Vallejo. Me parece que el tránsito del poder debe ser lo más rápido y seguro que sea posible. Para recuperar credibilidad el gobierno estatal debe dejar deshojar la margarita y anunciar la falta absoluta de gobernador y solicitar al Congreso la elección del gobernador sustituto, que en mi opinión debe ser el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna ya encargado del despacho y con quien el cambio sería más amable, menos incierto.

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Ha llegado el momento de cambiar la estrategia. Antes fue ganar tiempo, pero ya no puede ganarse más tiempo, paradójicamente la estrategia de ganar tiempo se convertirá a partir de ahora en una forma de perder tiempo, y lo que los integrantes del gobierno hayan  obtenido alargando el compás de espera lo pueden perder si continúan postergando la decisión que parece inevitable.

Fausto Vallejo me merece toda la consideración y le deseo que su salud se restablezca, pero hace muchos años que el asumió la vida pública y no hay duda que su salud no es un asunto íntimo, sino uno de interés público. El camino que siguieron para informar a los ciudadanos puede entenderse como jugada política, pero su ética es cuestionable y deben responder por ello. Y más importante, ahora que el tiempo se ha agotado deben actuar con responsabilidad y anteponiendo el interés general a los suyos propios.

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Declaraciones Patrimoniales: en busca de la rendición de cuentas

La semana pasada la Suprema Corte (SCJN) declaró que el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es constitucional y que por lo tanto las declaraciones patrimoniales de aquéllos se harán públicas solo con su autorización. Este hecho incrementó el debate que ya tenía lugar al respecto, que ha sido impulsado por diferentes actores de la sociedad civil y en torno al cual, hay una serie de mitos que conviene sean aclarados para que podamos avanzar en políticas reales de rendición de cuentas y combate de la corrupción.

Pleno de la SCJN

Para empezar, en mi opinión la SCJN juzgó correctamente al reconocer que los servidores públicos si bien tienen obligaciones distintas a las del común de los ciudadanos, no pierden sus derechos, entre otros el derecho a la privacidad y por tanto les corresponde decidir sobre la publicidad que se da su información personal. Esta sentencia de ninguna forma cierra el debate, pues ahora la decisión está en el terreno legislativo que podría reformar la ley e imponer la obligación de publicitar su patrimonio a los servidores públicos, por lo que es muy oportuno reflexionar el tema.

El actual régimen de responsabilidades de los servidores públicos surge a finales de 1982 y se inscribe en el proyecto de “renovación moral” que promovía el recién electo Presidente De La Madrid como respuesta a los excesos y escándalos de corrupción vividos durante el mandato del Presidente López Portillo. En este contexto, las declaraciones patrimoniales no tienen como destino a los ciudadanos sino a la autoridad encargada de supervisar el desempeño de los funcionarios, es decir a la Secretaría de la Contraloría que ya con el Presidente Fox cambiaría su nombre por el de Secretaría de la Función Pública, hoy en vías de extinción.

Miguel de la Madrid Hurtado                      José López Portillo

La información contenida en las declaraciones debe servir para dar seguimiento al patrimonio de cada servidor público y constatar que éste no se incremente en forma inexplicable atendiendo a los ingresos lícitos de la persona en cuestión, lo cual suena bien, sin embargo se presentan dos grandes problemas: la capacidad del órgano de control para revisar y seguir miles de declaraciones patrimoniales (pues están obligados a su presentación desde jefes de departamento o equivalentes) aún suponiendo que quisiera en verdad hacerlo; y por otra parte el principal problema es lo que no se asienta en las declaraciones.

En este último renglón hay casos en que es obvio el problema, pues sin duda, los 88 millones en efectivo de Andrés Granier no figuran en su declaración patrimonial, como no están las propiedades de Moreira, Montiel o Reynoso Femat en las suyas. Pero también el problema existe con la “pequeña corrupción” de sobornos en efectivo a inspectores, policías y funcionarios del menor nivel que reciben cantidades menores y recompensas en especie. Por eso señalo que creer que la simple publicación de las declaraciones patrimoniales reducirá la corrupción es ingenuo, por decir lo menos, y que en cambio dejaría a merced de las vicisitudes de la inseguridad que vivimos, a miles de servidores públicos que verían los detalles de cada uno de sus bienes, como domicilió y valor de inmuebles, placas y número de serie de autos, números de cuentas bancarias, sueldos, rentas, utilidades propios y de toda su familia expuestos al público.

Andrés Granier Melo

Tratándose de encontrar soluciones a este grave problema de la falta de rendición de cuentas que lleva a la corrupción, me atrevo a proponer algunas medidas que pudieran ser efectivas.

Normar en la ley un régimen de publicidad de la información patrimonial de los servidores públicos, que sea respetuoso de su privacidad pero que satisfaga la justa demanda ciudadana de información. Un régimen que considere las diferencias de responsabilidad y de ingreso y que no trate por igual al Presidente de la República que al empleado de una ventanilla, a mayor responsabilidad mayor publicidad. Esto también evitaría simulaciones de transparencia como la del Presidente Peña y su gabinete, cuando declaró haber recibido en donación varios inmuebles sin aclarar su origen.

Enrique Peña Nieto

Consolidar la información de todos los poderes y todos los órganos de gobierno, pues hoy no hay forma de seguir la trayectoria pública de un ciudadano que cambia de Poder o de ámbito, lo cual es muy frecuente. También es fundamental integrar lo con información financiera de la que se maneja en la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, así como con los registros de la propiedad raíz y de vehículos. El trabajo de seguimiento de la información patrimonial es equiparable al de inteligencia financiera que se hace para evitar el lavado de dinero y de hecho debiera estar conectado.

Seguir fortaleciendo las medidas precisamente contra el lavado de dinero y reduciendo el uso de efectivo, pues es la forma más simple de ocultar el producto de la corrupción. Contar con registros de bienes inmuebles y vehículos reales y actualizados.

Recursos incautados en Tabasco

Por otro lado debe seguirse buscando reducir los trámites, pagos y sanciones innecesarios en el sector público y perseverar en la mejora regulatoria, pues la corrupción se anida en los enredos de la burocracia.

Sin duda todos queremos gobiernos y servidores públicos que rindan cuentas, y queremos reducir la corrupción y la impunidad, pero no debemos caer en la tentación de las soluciones simples y equivocadas, pues con ello seremos cómplices involuntarios de esos males. Para avanzar se requiere inteligencia y valor. Esperemos que nuestros legisladores tengan ambas cosas.

7 de julio. Lo que está en juego.

Que a los michoacanos nos digan que estamos en año electoral nos suena ajeno. Hoy descansamos de las campañas y los candidatos después de un intenso maratón de más de 15 meses que representaron los procesos local y federal en forma consecutiva, pero el 7 de julio tendremos una jornada electoral muy intensa y cuyo desenlace incidirá en la forma en que los partidos y el gobierno convivirán en los siguientes meses.

El 7 de julio hay comicios en 14 estados, donde viven más de un tercio de los mexicanos (37.4%) y se renovarán 1348 de los 2457 ayuntamientos del país (55%) y 432 de los 1138 legisladores locales (38%). Hay que resaltar de ese universo las 13 ciudades capitales y otros 15 municipios que tienen más de 200,000 habitantes.

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En eso y el equilibrio de fuerzas al interior de los Congresos se medirá la victoria o derrota electoral de los partidos. Hay que tener presente que cada uno de los partidos juega una elección distinta, es decir, los resultados significan cosas muy distintas para cada uno de ellos, tanto por la historia de los resultados electorales, las posiciones actuales y el momento político que cada uno vive.

La única gubernatura en disputa es la de Baja California que ha estado en manos del PAN desde 1989 – sí hay electores que nunca han tenido un gobernador que no sea panista – que fue el primer estado en experimentar la alternancia y es bastión albiazul, sin embargo los 5 municipios de la entidad fueron ganados por el PRI en 2010, la elección es cerrada y se ha ensuciado. El regreso del PRI se sumaría a un ciclo de derrotas del PAN que perdería una de las pocas gubernaturas que conserva. Aquí el PAN puede perder mucho y ganar poco, para el PRI si bien sería un triunfo importante, una derrota no es ninguna catástrofe.

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Con excepción de Baja California, Sinaloa, Puebla y Oaxaca los otros 10 estados son gobernados por PRI. El municipio más significativo en disputa es Puebla, que gobierna el PAN. De las restantes capitales solo Oaxaca no está en manos del PRI y de las ciudades con más de 200,000 habitantes solo Cancún, Mazatlán, Tampico, Los Mochis y Tehuacán están en manos opositoras. Por tanto el PAN y el PRD tienen mucho que ganar y poco que perder en este terreno, con excepción de la citada Puebla donde para el PRI recuperar la capital allanaría el camino de regreso a la gubernatura y para el PAN sería un golpe muy duro perderla.

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Al interior de cada partido los resultados del 7 de julio tendrán lecturas muy distintas. Al PRI por supuesto le interesa ganar y con ello conservar los ayuntamientos que gobierna y la mayorías o primeras minorías al menos, en los congresos estatales. Cada gobernador de ese partido tiene su agenda local que pasa por refrendar su liderazgo y construir desde ahora la sucesión en su entidad, sin embargo un triunfo arrollador le acarrearía al gobierno de enrique Peña Nieto una seria dificultad con sus opositores panistas y perredistas.

Los líderes del PAN y PRD han apostado su propio liderazgo a una estrategia de colaboración con el Gobierno Federal a través del Pacto por México, enfrentando serios cuestionamientos por ello al interior de sus partidos. Su actitud conciliadora hacia Peña resistió incluso el caso del uso electoral de los programas de la Sedesol en Veracruz y el desafortunado espaldarazo de Peña a su Secretaria Rosario Robles. En este contexto, no solo obtener menos de lo que estos partidos tienen al día de hoy, sino el hecho de no obtener una clara ganancia electoral el 7 de julio debilitará las dirigencias de Madero y Zambrano, y dará a los opositores internos de éstos argumentos sólidos para promover una estrategia más crítica y menos obsecuente con el Ejecutivo.

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El resultado es sin duda más relevante para el PAN que para el PRD, que con excepción de Quintana Roo, Oaxaca y Zacatecas siempre ha mantenido un alejado tercer lugar de la más ardua disputa PAN – PRI. También por que una parte importante de los adversarios internos del grupo que controla la dirigencia perredista ha partido ya con López Obrador a fundar Morena y la batalla por el voto de la izquierda se dará hasta el 2015. Gustavo Madero en cambio, tiene ante sí preciosas plazas en disputa y su posible reelección como Presidente del PAN – con método nuevo, previa Asamblea Nacional inconclusa – en diciembre de este mismo año.

Habrá que observar con cuidado los resultados, pues de ellos dependerá el comportamiento de los partidos y el gobierno en el último semestre del año en que se han anunciado las reformas energética y fiscal donde los últimos tres presidentes han logrado muy poco o fracasado rotundamente, así que el asunto no es menor.