Recuperar el territorio perdido (por ellos mismos)

Finalmente, después de meses de negación, hace unos días (todo inició el 16 de mayo) el Gobierno Federal y el del Estado aceptaron que la situación de inseguridad e ingobernabilidad en la Tierra Caliente michoacana es grave y tomaron acciones encaminadas a resolver la compleja problemática. Sustituyeron tras solo unas semanas en el cargo al Secretario de Seguridad Pública con un general del Ejército con experiencia operativa y de mando, incluso de fuerzas especiales, desplegaron un número significativo de elementos de las corporaciones militares y policiacas de la Federación, que fuentes periodísticas contabilizaron en 6000.

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El despliegue político también fue significativo. Reunión del Gabinete de Seguridad en Morelia y designación de un “padrino”, el titular de la Sedatu Jorge Carlos Ramírez Marín fue nombrado para dar seguimiento a la estrategia integral. Como a lo largo de la campaña y del primer semestre del gobierno del Presidente Peña, escuchamos los mismos mantras sobre la seguridad: cambio de estrategia, enfoque integral, coordinación con el estado. Lugares comunes que no son claros ni se traducen en acciones puntuales.

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Lo que vemos es cualquier cosa menos un cambio de estrategia. Lo cual es malo sólo para Peña y su equipo porque desnuda la mentira que han cultivado desde el proceso electoral. A los delincuentes se les combate desplegando fuerzas de seguridad, no hay alternativas reales, los objetivos pueden variar, pero en esencia es usar la fuerza del estado. La novedad fue el repliegue de militares y policías que ordenó la nueva administración y las consecuencias están a la vista. Hoy regresan a “recuperar el territorio”, sí, a recuperarlo porque lo abandonaron hace meses y la violencia y la descomposición social llegaron a nuevos umbrales nunca antes vistos.

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Lo de tener un enfoque integral suena estupendo, y aun aceptando que antes no existiera, cosa que personalmente rechazo pero no discutiré aquí, las primeras acciones que se han emprendido son estrictamente de seguridad. Ningún municipio de la Tierra Caliente está en la Cruzada contra el Hambre, por ejemplo, ni se ha delineado una estrategia de intervención en materia social o económica. Incluso las obras de infraestructura que han beneficiado a la región son de administraciones anteriores y no se han anunciado nuevas.

La coordinación con el estado es sin duda bienvenida. Entre las administraciones de Calderón y Vallejo existió por supuesto. No fue casualidad que el Secretario de Seguridad Pública de ese periodo fuera el anterior Comisionado de la Policía Federal y que este se marchara con el cambio de gobierno y el repliegue de las fuerzas federales. Entre Calderón y Godoy no solo no había coordinación, había una fundada sospecha de colusión del gobierno estatal y por lo tanto las fuerzas federales siempre operaron en territorio hostil. Así que bienvenida la coordinación.

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Desde aquel arranque han sucedido no pocas cosas. Grupos de autodefensa retuvieron a militares y su libertad se obtuvo negociando impunidad, no acaba por quedar claro cual es la política respecto de estos grupos que han tomado por su cuenta la ley en la región. El Gobernador Interino prometió resultados en 30 días, el titular de Gobernación declaró que las fuerzas armadas permanecerán en Michoacán hasta pacificarlo, pero menos de una semana después ya celebra la recuperación del territorio y avances sustanciales, lo cual no es un buen augurio, pues para cumplir con su agenda política, los dos gobiernos pudieran declara en breve que el objetivo se ha cumplido y replegarse de nuevo. Este es otro de los riesgos de politizar la seguridad.

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Por otro lado, las fuerzas federales no van a combatir los delitos del fuero común que lastiman profundamente a la sociedad como la extorsión, el secuestro y los robos. Para eso se requiere tener una policía estatal profesional y confiable que el gobierno godoyista se resistió a construir y en la que el gobierno actual ha avanzado poco y lentamente, incluso en el mando único sobre las policías municipales que ha sido parte recurrente de su discurso.

A lo anterior se suma un increíble posicionamiento público del perredismo para “alertar” sobre la descomposición que sufre el Estado y la posibilidad de que en el 2015 el narco infiltre las candidaturas. Increíble para el partido que gobernó Michoacán 11 años, los años durante los que se establecieron los cárteles como en su casa, en los que se desató la violencia y se incrementaron los delitos. Lo que sí hay que reconocer es que si alguien sabe de tener candidatos coludidos con el narco, son los perredistas, tal como Julio César Godoy.

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En conclusión, a pesar del optimismo gubernamental la lucha por la seguridad y la paz de Michoacán y en particular de la Tierra Caliente tiene mucho trecho por recorrer aun. Nos corresponde a la sociedad y a la oposición, sin estridencias absurdas como la del PRD, vigilar que esta batalla se dé con constancia y sin regateos, con inteligencia y con la fuerza requerida, y que se avance en paralelo, tanto en fortalecer las policías locales y en construir soluciones económicas y sociales para el Estado.

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Consensos y convicciones

Recientemente el Gobierno del Estado, las dirigencias y las bancadas en el Congreso de los partidos opositores deshojan la margarita de firmar un “Pacto por Michoacán” imbuidos del espíritu conciliador y favorable a los acuerdos que impulsa la Presidencia de la República y que tiene su piedra filosofal en el Pacto por México.

He manifestado mi desconfianza hacia ese tipo de instrumentos políticos en que para poder coincidir todos, es necesario limar las aristas afiladas de los temas polémicos – y todos los temas trascendentes lo son – con lo que terminamos con catálogos de buenas intenciones impracticables. Para muestra, el Pacto por México enfrenta ya una sorda resistencia en el tema, originalmente incuestionable de la reforma educativa y el PRD una situación esquizofrénica entre avanzar en su compromiso firmado o ponerse del lado de grupos de presión históricamente ligados a él, como la CNTE o los normalistas. O la reforma de las telecomunicaciones que ha evidenciado que al interior del PAN hay diferencias de forma y fondo.

Plantear un “Pacto por Michoacán”, además de evidenciar que la moda de este gobierno es copiar la moda sexenal y por ende, su pobreza de conceptos y su dependencia partidista, nos obliga a preguntarnos si esto tendría alguna utilidad práctica. Por similitud ineludible, el Pacto por México es útil para los actores nacionales: al Presidente Peña y a su partido les sirve para ilustrar su narrativa de que son capaces de alcanzar acuerdos, a Gustavo Madero, que no al PAN, le permite tomar distancia del gobierno de Felipe Calderón y articular sus extraviadas fuerzas en la Cámara de Diputados, al PRD de los “Chuchos” ya sin AMLO, les sirve para deslindarse de éste y presentarse como una izquierda moderna y civilizada. Y todo esto se da con base en un supuesto central: la agenda del Pacto es legislativa. Todos los asuntos que aborda requieren una modificación constitucional o legal que necesita el consenso de al menos uno de los dos principales partidos opositores.

En el caso del Pacto por Michoacán no se ha planteado con claridad una agenda de temas, pero pensando en los grandes asuntos públicos de Michoacán podemos concluir que estos no son primordialmente legislativos. La seguridad es un tema del Ejecutivo, aplicar la reforma educativa ya en curso le compete a la Secretaría de Educación, la parte legislativa de la deuda pública ha quedado superada y ahora toca ejercer lo autorizado. Las renovaciones de órganos como el IEM y los magistrados del Poder Judicial no han requerido pomposos pactos para transitar. Pactar en materia de combate a la corrupción y rendición de cuentas sería contraproducente, pues en ese campo lo que ocupamos es que se cumpla la ley sin concesiones.

En el otro extremo valdría preguntarnos si los poderes y los órdenes de gobierno van a pactar sobre lo que les compete en exclusiva, por ejemplo si el Ejecutivo va a ceder en la parte presupuestal, en sus programas o si va a subir a la mesa temas como el transporte público, si los ayuntamientos van a ceder atribuciones en temas como el mando de la policía o el desarrollo urbano y si el Congreso del Estado va a pactar la renovación de la Auditoría Superior, por ejemplo. Es decir que no encuentro una agenda que pueda siquiera equipararse a la del Pacto por México en los temas locales. Pues no debiéramos pactar entre otras cosas que cada quien haga lo que le toca hacer, en particular el Ejecutivo. No hay materia para un gran pacto. Pero, ¿políticamente hay utilidad en un acuerdo de este tipo?

Para el Gobernador y su partido representa la posibilidad de “hacer algo” en un momento en que su margen de maniobra se reduce rápidamente por la falta de recursos, el recrudecimiento de la violencia y la intermitente presencia de Fausto Vallejo. Permitiría reducir la crítica opositora y ganar tiempo. Para el PAN y el PRD yo no veo incentivos reales, creo más bien que les ataría las manos para cumplir con su rol de contrapeso y sana crítica al gobierno y los sometería a tensiones internas innecesarias, pero la debilidad de sus dirigencias formales y su proclividad a las vanidades del poder los puede llevar a codiciar una foto estrechando manos con el Gobernador y que al pie les llame hombres de estado.

Ya veremos, pero me gustaría traer a la memoria una frase de la recién fallecida Margaret Tatcher, que dijera “no soy líder de consensos, sino de convicciones”, y me arriesgo a plantear esto cuando el consenso está de moda, pero creo que en el caso de Michoacán ocupamos un gobierno fuerte que legitimado por los votos, pueda llevar a cabo una agenda de transformaciones fundamentalmente ejecutivas, aun contra minorías estridentes que defienden intereses ilegítimos, y para ello no se ocupan pactos, se ocupa decisión y capacidad: convicciones más que consensos.  Un gobierno fuerte que bien puede empezar hoy en la oposición.

Los informes y el Primer Informe

El próximo jueves el Gobernador Fausto Vallejo rendirá ante el Congreso del Estado su Primer Informe de Gobierno. A diferencia del orden federal en que a partir del 2007, la presentación del informe se realiza por escrito y sinla comparecencia del titular del ejecutivo, en nuestro Estado el gobernador en turno acude a la cita constitucional, en la que un diputado de cada grupo parlamentario fijará posición y posteriormente el Presidente del Congreso “responderá” al informe. Y entrecomillo lo de la respuesta, pues poco puede responderse cuando tanto acaba de escucharse.

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El informe es una institución propia de los sistemas presidenciales, pues en los parlamentos tanto la cabeza del gobierno como sus ministros son a su vez miembros del parlamento y su presencia en este órgano y el debate es cosa de todos los días. Por eso, precisamente esta semana el Presidente Barack Obama acudirá al Capitolio a presentar el “State of the Union” es decir el estado que guardan las cosas en la Unión Norteamericana.

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En nuestro país es una institución en crisis. Desde que el Diputado Porfirio Muñoz Ledo en 1997 quien frente al Presidente Ernesto Zedillo por primera vez en nuestra historia moderna respondía un informe como diputado de oposición, hasta el sainete perredista que le impidiera al Presidente Fox rendir su Sexto Informe y la posterior reforma que eliminó para el Presidente Calderón rendir un solo informe personalmente ante el Congreso en Pleno, hemos pasado del Día del Presidente que comenzaba con la transmisión televisiva de un aburrido y adulador desayuno en Los Pinos con Zabludovsky, el viaje en auto descapotado hasta el Palacio de San Lázaro y concluía entre loas y vítores de la abrumadora mayoría priísta, al día en quelos poderes legislativo y ejecutivo han llevado al máximo sus diferencias y evidencian su incapacidad de colaborar.

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En nuestro Estado las cosas han sido afortunadamente más civilizadas, desde hace ya varios años los gobernadores acuden al Congreso y escuchan los posicionamientos críticos de sus opositores sin mayores sobresaltos. Yo creo que es valioso que el titular del ejecutivo acuda al Congreso y hable ante él, y que este proceso se enriquezca y complemente con la comparecencia de sus colaboradores ante las comisiones. Es deseable que en Michoacán este proceso se profundice y perfeccione y en la Federación se recupere.

Por otra parte, Fausto Vallejo, político experimentado y maestro del manejo de los medios de comunicación, llega con poco que informar. El año que cumple tras su asunción de la gubernatura ha sido particularmente difícil, enmarcado en la elección y en la sucesión presidencial, y heredando la peor crisis en las finanzas públicas en toda la historia moderna de Michoacán y una situación social bastante crispada y salpicada por todos lados de violencia y crimen.

Yo creo que más que un informe de acciones veremos un corte da caja un tanto tardío, quizá explicable pero no tan fácil de justificar para una administración de menos de 4 años, del estado que guarda la administración pública tras el desastre del gobierno de Leonel Godoy. A falta de logros importantes, escucharemos como el actual gobierno a puesto orden y ahora sí pone proa a cumplir su agenda y sus compromisos. Ya ido el Presidente Calderón, atestiguaremos un menor comedimiento y veremos como se le transfiere a esa administración el costo de los problemas de seguridad.

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Es decir, lo más probable esque el discurso sea algo como a pesar de la crisis financiera que nos dejó Godoy y la inseguridad y la violencia que nos dejó Calderón, nosotros hemos hecho muchas cosas. Habrá que recontarlas una vez que se enumeren. También acompañarán algunos golpes de timón, los relevos que se han dado y algunos otros que pudieran concretarse y la fusión de la Secretaría de Seguridad bajo la de Gobierno, son buenos ejemplos. La narrativa del gobernador es que la mejor parte de su administración inicia ahora, y puede ser así.

Por otro lado será interesante ver como se sortea la ruptura de la bancada perredista en el Congreso y a quién se autoriza a usar la tribuna y por otra parte, como será la respuesta del diputado Fidel Calderón, Exsecretario de Gobierno y alfil de Leonel Godoy. ¿Institucional o partidista?

La deuda de los estados y municipios

En Michoacán hemos sido testigos a lo largo de poco más de una año de las consecuencias de una de las aristas más perjudiciales para la sociedad de la actividad gubernamental: el endeudamiento irresponsable del gobierno. Esta situación en principio tiene dos afiladas aristas. Por una parte el gasto gubernamental se encuentra detenido, demostrándonos hasta que punto la actividad económica de nuestro estado es débil y dependiente del dinero público. Por el otro, la falta de pago de obligaciones contraídas con empresarios locales ha dado un fuerte golpe al motor privado de la economía local. Por eso hemos experimentado momentos difíciles.

Pero también nos hemos enterado de otros estados en circunstancias de deuda en todo el país y también de municipios – cosa que en Michoacán no ha sucedido – que incluso alegan no poder pagar nómina o energía eléctrica por los elevados servicios de deuda que pesan sobre sus arcas. Esto en el contexto de que muchos de ellos piden ser ‘rescatados’ por la Federación, lo cual sería una salida paternalista que incentivaría aún mas el endeudamiento irresponsable.

Recientemente Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México ha declarado que el endeudamiento de estados y municipios no representa una amenaza para las finanzas del país, que por el contrario, parecen estar más sanas que nunca, pero su declaración debe entenderse en un contexto global y financiero únicamente. Un municipio en quiebra representa un grave problema social, político y económico. Una entidad federativa insolvente es una auténtica bomba en todos aspectos.

La buena noticia de todo esto, es que el tema ha llegado al primer plano de la agenda nacional, aun sin la claridad necesaria, pero hace apenas unos meses era un tema olvidado. Esperemos que los actores políticos no sucumban a la tentación de usarlo como arma en los procesos electorales de este año y se resistan a implementar soluciones fáciles, claras, plausibles y equivocadas – parafraseando a Henry-Louis Mencken – pues es un tema de enorme complejidad.

El endeudamiento como instrumento económico es bueno. En lo privado nos endeudamos para acceder a bienes duraderos e incrementar nuestro patrimonio. En lo público es igual, podemos endeudarnos para mejorar la infraestructura y ampliar el patrimonio colectivo. Pero en ambos casos, si nos endeudamos para financiar un gasto improductivo y exagerado, pronto pagaremos las consecuencias.

Las soluciones no son muchas. Para quien ya está endeudado solo queda una y es pagar. Sin importar que sea un individuo o un gobierno. El único posible camino es ayudarle a refinanciar su deuda para hacer viable su pago y la continuidad de sus actividades y funciones pero con disciplina y austeridad.

Para todos, la solución no es eliminar la opción de recurrir a la deuda. Es encontrar nuevos arreglos que permitan financiar el gasto público. Por supuesto que debemos desaparecer el gasto excesivo y superfluo de las autoridades y erradicar la corrupción. Pero por encima de eso la sociedad mexicana está demandando servicios y bienes en mayor cantidad y calidad de lo que las actuales finanzas públicas pueden proveer. Esta aspiración no es equivocada por sí misma. Nuestro error colectivo radica en que no hemos asumido que si queremos un estado que brinde más y mejores servicios, pues también debemos pagar impuestos más justos y en proporción a lo que demandamos.

Esta es sin duda la gran discusión del país en los siguientes meses. Y como ciudadanos debemos estar informados y dispuestos a participar. Cuánto pagamos de impuestos y en qué forma es la discusión que dio forma a la ciudadanía, a la democracia y al estado moderno, fue la causa de las grandes revoluciones y también de los grandes avances sociales y económicos del mundo occidental. Hagamos votos por que la que ha de venir en los siguientes meses, muchas veces postergada, sea provechosa para México.