Alegría en el gobierno, borrachera en el contribuyente

   Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en última instancia el juicio de amparo que un grupo de mexicanos, que han destacado como comunicadores, analistas, académicos y líderes de ONGs, y que se identificaron como “#YoContribuyente”, promovieron en contra del último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos del ejercicio 2013, en que se extiende la condonación a estados y ayuntamientos del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) que estos entes retuvieron a sus trabajadores, que se realiza desde el 2008. La SCJN descartó que los promoventes, como ciudadanos, tengan el interés legítimo para impugnar que el Congreso de Unión conceda este beneficio.

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El asunto no es menor y es desafortunado. La SCJN cierra la puerta para que los ciudadanos tengamos a nuestro alcance un instrumento de control de las acciones del poder público. Contrario a la tendencia que en muchos campos predomina, en esta materia la Corte restringe la posibilidad de impugnar una mala decisión gubernamental, contraria a las leyes, porque la afectación no es directa y personal, sino difusa. Habremos de esperar a que uno de los ministros que formaron mayoría en torno de este criterio, redacte el proyecto para evaluar la argumentación y el daño que causa a la vida pública.

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Por ahora ya podemos hacer un balance de este tema. Permítanme explicarlo un poco. Los gobiernos de estados y municipios les descuentan a sus trabajadores el ISR que por ley deben pagar a la Secretaría de Hacienda, como cualquier otro patrón lo hace con sus trabajadores. Esto se llama retención. La diferencia viene después. Si quien hace la retención es un contribuyente cualquiera y no hace el pago correspondiente, puede incluso ser sujeto a proceso penal y terminar en la cárcel por el delito de defraudación fiscal. Si el contribuyente que no paga es el gobierno de un estado o de un municipio, pues los diputados hacen una ley para que se pueda quedar con ese dinero. Así de injusto.

Ahora bien, sabemos que los gobiernos de los municipios disponen de recursos muy escasos para cumplir con sus fines, sin embargo, esta manera es el peor camino para otorgarles recursos adicionales, porque se premia el desorden administrativo y el incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué pasa cuando se premia al que no cumple? Pues se crea un incentivo para no cumplir. Los alcaldes y gobernadores que destinaron recursos a cumplir sus obligaciones fiscales, deben estar arrepentidos de no haber empleado ese dinero en acciones más rentables para su administración y su popularidad.

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Por otro lado ese dinero, que no deja de ser un recurso público, se usó sin ninguna planificación y sin ningún control. Ningún gobierno planeó no pagar el ISR retenido a sus trabajadores, los gobiernos dejaron de pagar porque crecieron su gasto corriente o porque las obras que ejecutaron costaron más de lo que habían programado, y ambos casos reflejan ineficiencia y falta de cuidado en el manejo de los recursos públicos.

No podemos olvidar como surgió la medida. Algunos diputados la gestaron como un obsequio para los gobernadores y alcaldes que habían apoyado sus aspiraciones y les habían ayudado a ganar la curul. El origen es perverso y los efectos también. Hasta hoy el “beneficio” se extiende solo al ejercicio 2014, sin embargo, y especialmente a raíz de la desafortunada sentencia de la SCJN, la tentación de continuar con este fraude legalizado se hará más grande y alentará otras perversidades como incrementar plantillas y salarios de funcionarios y burócratas, pues el ISR “se recupera” o promover la condonación de otros pagos de impuestos y derechos federales.

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Creo que es necesario incrementar los recursos que administran los gobiernos locales, en especial los municipios, pero este es el peor camino. Lo que necesitamos es que estos gobiernos sean corresponsables de la recaudación, que el gasto lo dirijan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que estén sujetos a una estricta rendición de cuentas. Lo demás es tirar el dinero y fomentar los cacicazgos. Lamentablemente la SCJN dejó intacto este circulo vicioso de ilegalidad, dispendio y corrupción.

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Michoacán a medio río

Con más pena que gloria han transcurrido 24 de los 44 meses de la administración de Fausto Vallejo al frente del Gobierno de Michoacán. No solo por lo breve de la administración o por la mala salud del mandatario, que lo obligara a estar de licencia una cuarta parte de ese tiempo. El gobierno actual se ha caracterizado por la parálisis, el desacierto y la incapacidad. Los problemas heredados no se han resuelto, se han agravado y el sello de la administración ha sido la contención.

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Culpar en exclusiva del lamentable estado de Michoacán a Fausto Vallejo y su gobierno sería desproporcionado. Nuestro Estado ocupa desde hace mucho tiempo los últimos lugares en los índices nacionales que refieren progreso y los primeros en los que refieren atraso y conflicto.

En Michoacán, sin definiciones estratégicas sobre su destino, la inversión en infraestructura ha sido magra y errática por décadas. Las condiciones de pobreza y marginación han permitido el crecimiento de los conflictos sociales y de la delincuencia, y ambas con la complicidad de sucesivos gobiernos se volvieron inmanejables. Aunado a ello, las malas administraciones endeudaron sin provecho al gobierno, destruyeron sus capacidades y la crisis de las finanzas públicas terminó por contagiarse a la economía local.

Entonces ¿cuál es el papel del actual gobierno en esta triste historia?

Su incapacidad para romper con las inercias, ya no digamos en generar una estrategia de prosperidad, sino en atajar los vicios recibidos e iniciar su corrección. Pero el gobierno de Fausto Vallejo buscó refugio ante la tormenta y decidió esperar que transcurriera su breve mandato, aprovechando lo bueno, ejecutando pequeñas acciones bien vistas por la sociedad y conteniendo los problemas, tal como hizo cada vez que fue alcalde de Morelia. Lo que no consideró es que la dimensión de los problemas estatales era muy distinta de los problemas de la capital y que además, estos se habían catalizado con algunos hechos fortuitos, hasta volverse inmanejables.

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Fausto Vallejo siempre rehuyó el tema de seguridad. En su último periodo como alcalde de Morelia incluso trató de regresar la corporación de tránsito municipal al Gobierno Estatal. Pero ya como gobernador tuvo que enfrentar una delincuencia que había crecido al amparo de complicidades y en medio de la pobreza del Estado, y eludió el problema hasta que los grupos de autodefensa pusieron el estado al borde de la ingobernabilidad. Ahora como gobernador le ha cedido a la Federación el manejo de la seguridad, pero su responsabilidad en el tema es inevitable.

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El actual gobernador en sus encargos como alcalde siempre dispuso de abundantes recursos y de finanzas sanas. En sus cargos anteriores, él tomaba los créditos y ejecutaba las obras, las siguientes administraciones pagaban. En el Gobierno del Estado le ocurrió al revés. La deuda ilegal y tóxica heredada por Leonel Godoy asfixió rápidamente su administración, que ha sido incapaz de reestructurar los pasivos, pagar las obligaciones y determinar las responsabilidades de sus predecesores. El botón de muestra: tres secretarios de administración en 24 meses.

Fausto Vallejo siempre manejó bien los grupos de presión. Entre la disponibilidad de recursos y la alianza política mantuvo de su lado a comerciantes ambulantes, recolectores de basura, Antorcha Campesina y demás especies de organizaciones. Pero la CNTE es otra historia. Acostumbrada a las prebendas que le concedieron las administraciones perredistas y sin ninguna posibilidad de alianza política, espoleada por la reforma educativa de Peña Nieto, los maestros y sus aliados le han planteado al gobernador un dilema que no atina a resolver. Entre otras cosas porque aplicar la ley no está en su ADN.

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Sin ser los únicos, estos tres factores detonaron la crisis de gobernabilidad que concluyó con la intervención del Gobierno Federal y el nombramiento de un funcionario con atribuciones metaconstitucionales, sin precedente en nuestra historia moderna. En Michoacán se estrena el nuevo modelo de control del Presidente a los gobernadores. Fausto repite como un mantra que no ha sido desplazado y que no está supeditado a Alfredo Castillo. Creo que pretende convencerse a sí mismo.

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No es fortuito que la publicidad estatal refiera como su mayor logro el apoyo del Presidente Peña. Para el náufrago el mayor éxito es sobrevivir. El apoyo fue tardío en materia de seguridad. Prevalecía la idea de “cambiar de estrategia”. El apoyo de gasto e inversión es insuficiente y su anuncio, tramposo. Los 45,500 millones de pesos son los mismos que año con año la Federación gasta en Michoacán, como parte de sus programas ordinarios. Más de la mitad de ese dinero ya está incluido en el Presupuesto del Estado para pagar los rubros de educación, salud y seguridad. Las estimaciones de apoyo adicional oscilan entre el 3 y el 5% de esa cifra, no más de 2000 millones.

Las nubes de tormenta siguen ahí. En los 20 meses  que restan al Gobernador Vallejo no parece que las cosas vayan a mejorar y todavía puede ser que nos tengan reservada alguna sorpresa. Pero, parafraseando al Maquío, es momento de dejar de llorar por lo que no fue y empezar a pensar, a construir el Michoacán que todavía puede ser y que es muy claro, que no vendrá del gobierno.

Matemáticas políticas: la reforma fiscal

Por primera vez en lo que va del sexenio de Peña Nieto, y excepcionalmente en la historia de las coaliciones legislativas en México, el PRI y el PRD unieron fuerzas para aprobar una miscelánea fiscal que dista mucho de ser una reforma hacendaria, con la oposición del PAN y también la de López Obrador a través del PT y el Movimiento Ciudadano. Las preguntas a contestar son: ¿Por qué cada uno de estos actores se comportó así? ¿Qué gana y qué pierde cada involucrado? ¿Cómo queda la relación política y en específico el Pacto por México? ¿Qué sigue?

Empecemos por el PRI. La obviedad es su deseo de contar con más recursos para ejercer desde el Gobierno Federal. También el presumir que ha triunfado donde los gobiernos panistas fracasaron al impulsar una reforma hacendaria y mantener el discurso de mover a México. La ganancia en recaudación es magra: 200 MMDP, apenas poco más de un punto del PIB, si todo sale bien (que nunca sale) más el preocupante tema del déficit presupuestal que es de aproximadamente 300 MMDP equivalente a 1.4% del PIB. Más deuda pública que recaudación y la mayor en más de 20 años.

El PRI esquivó el tema de IVA en alimentos y medicinas y revocó el IDE y el IETU, con lo que cambia la dirección de la política fiscal que apuntaba a cobrarle impuestos a los informales y aumentar la base de contribuyentes. Lo políticamente relevante de la reforma es que el PRI le da la espalda a las clases medias urbanas y al sector productivo, en quienes se apoyó para regresar a la Presidencia de la República y obtener victorias significativas en ciudades grandes y medias y las gubernaturas de los estados donde se asienta gran parte de la planta productiva. Por supuesto que la apuesta es mitigar los efectos negativos con gasto público a lo largo de 2014 y un poco de desmemoria de la sociedad.

El PRD siempre se ha apoyado en sectores populares, urbanos y rurales, que se benefician de la informalidad y que no tributan impuestos directos. Por eso se ha opuesto a las reformas que han pretendido gravar la actividad económica de quienes tradicionalmente no pagan impuestos. Los sectores corporativos sindicales están en su mayoría protegidos por contratos colectivos que compensan el pago de Impuesto sobre la Renta a los asalariados. La única preocupación del PRD en torno a la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes fue que el DF dejaría de recaudar 400 MDP. Una vez que los perredistas incrementaron jugosamente la tajada de recursos destinados al gobierno del Distrito Federal, que claramente ha dejado de ser aliado de AMLO y que requiere recursos para la disputa interna y para ir a las urnas en su contra en el 2015, el asunto se zanjó.

AMLO se opone por posición política antirrégimen. Nada que proponga EPN contará con el visto bueno de quien fuera su competidor principal en el 2012. Además, sus adversarios en la búsqueda de los votos de la izquierda en el 2015, el PRD de “los Chuchos”, se han beneficiado al llevar recursos al Distrito Federal, que a diferencia de cuando gobernaba Marcelo Ebrard ha dejado de estar a su servicio, por lo que Morena no gana nada en el trueque.

La oposición del PAN es legítima. Su visión de la política fiscal es ampliar la base de contribuyentes. Esto despertó la ira de otros sectores sociales cuando se propuso la universalidad del impuesto al consumo, y medidas de control como el IETU no le granjearon simpatías. Ahora sin embargo, está usando el tema para recuperar terreno perdido en municipios y estados con clases medias y sectores empresariales dinámicos, con lo que se está reposicionando favorablemente. Al interior Gustavo Madero no pudo darse el lujo de aprobar ni siquiera parcialmente la propuesta del Ejecutivo, pues hubiera dejado la bandera en manos de Ernesto Cordero y Josefina Vázquez en la contienda por la Presidencia de ese partido. Así se decantó la oposición tajante de todos los actores panistas.

Finalmente el Pacto por México parece caminar lentamente hacia su fin. Luego de tres reformas unánimes en materia educativa, financiera y de telecomunicaciones, el aclamado instrumento ha sido insuficiente para generar el consenso en torno al tema fiscal. Lo mismo ocurrirá en materia energética, donde incluso la viabilidad de la reforma es incierta, pues el PRD ya ha anunciado su rechazo y un ala del PAN querrá cobrar la derrota infligida en el tema hacendario. La reforma política avanza con lentitud y aun cuando es moneda de cambio, enfrentará poderosas resistencias en el PRI. Después de eso, no habrá más que pactar.

Como sucede cada inicio de gobierno, el bono del ganador tarde o temprano se agota. Parece que esto ocurre cada vez más rápido, pues las victorias de los presidentes han sido cada vez más cuestionadas. EPN ha agotado sus bonos y hemos visto ya los alcances de su agenda reformadora. El tono y rumbo del sexenio están ya marcados. La siguiente parada es en el 2015.

La reforma fiscal y el precio de la gasolina

En mitad de la acalorada discusión sobre las reformas fiscales propuestas por el Presidente Peña, uno de los temas más relevantes se ha quedado a la zaga en el debate: el precio y por ende, el subsidio de la gasolina, el cual de acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP) representa al mes de agosto un gasto superior a los 76 MMDP y llegará según sus estimaciones a unos 91 MMDP, superando en un 86% los casi 49 MMDP que se habían presupuestado para el 2013 y que se agotaron en mayo.

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Para comprender mejor el asunto, recapitulemos: el precio de la gasolina en México lo define cada mes la SHCP mediante un precio internacional de referencia más los costos de transporte y la ganancia del concesionario, a lo que aplica la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que durante todo el 2013 (y muchos ejercicios anteriores) ha sido negativa, es decir el gobierno en lugar de cobrarnos a los mexicanos un impuesto sobre la gasolina, nos otorga un subsidio.

En otros países, y en el mercado internacional, el precio de la gasolina se determina libremente por la oferta, demanda y costos de producción y transporte. El precio se ajusta en periodos de inestabilidad incluso diariamente. Al determinarse por el gobierno para la venta a través del monopolio de Pemex, los mexicanos pagamos precios artificiales por la gasolina, en ocasiones excepcionales, más altos y recientemente, más bajos.

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Hagamos una comparación. El Programa Oportunidades que otorga un subsidio en efectivo a la mayoría de los hogares más pobres del país, cuesta 36 MMDP. El subsidio a la gasolina nos hubiera alcanzado para pagar dos veces y media Oportunidades. Sólo que el subsidio a la gasolina concentra un 37.2% en el decil de mayores ingresos de los mexicanos, mientras que solo 1.5% va al decil de menores ingresos. Más fácil, una camioneta de 8 cilindros puede recibir $1,800.00 de subsidio mensual de gasolina, una familia de 4 personas recibe $1,400.00 de subsidio a través de Oportunidades.

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Una más: a través del IVA en todo el país durante todo el año se pretende recaudar 622 MMDP, es decir que de cada peso que pagamos por concepto de IVA, 15 centavos se destinan a pagar el subsidio de la gasolina. Dicho de otra manera, sin subsidio a las gasolinas la tasa general del IVA pudiera haber sido del 13.6% en lugar del 16% que pagamos. El tan llevado y traído tema del IVA en alimentos y medicinas vale 200 MMDP, un poco más del doble que el subsidio a la gasolina.

Ahora permítanme desmentir algunos mitos. En México la gasolina no es cara. Vale unos centavos de dólar menos que en los Estados Unidos que tiene una de las políticas más liberales respecto del mercado de combustibles en el mundo. En países productores de petróleo como Brasil, el precio de la gasolina es un 40% mayor que en México. En Cuba y Centroamérica las cifras son parecidas. En Europa ni hablar, incluso productores de petróleo como Noruega pagan hasta 4 veces más por un litro de gasolina.

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Otro mito es que mayores precios en la gasolina impulsarían una espiral inflacionaria, lo cual es inexacto. Países como Brasil, Turquía o los países europeos tienen precios más altos en el combustible y sin embargo sus tasas de inflación son equiparables a la mexicana. En el propio caso mexicano esta hipótesis no es verificable. El incremento de la inflación y el del incremento de los combustibles no ha seguido la misma serie histórica. Es decir, incluso los deslizamientos de once centavos que se han realizado a lo largo del año, no se corresponden con los incrementos mensuales de la tasa de inflación y si nos remitimos a años anteriores, los incrementos de la gasolina han estado por encima de la inflación de 2010 a la fecha y durante 2009 que el precio del hidrocarburo estuvo congelado, el incremento de los precios se mantuvo.

Finalmente, el precio subsidiado de la gasolina es un incentivo perverso contra el medio ambiente. La gasolina más barata invita a que los mexicanos usemos nuestros autos más frecuentemente, que tengamos más autos, que nuestros autos gasten más gasolina y que cuidemos menos del buen estado de estos para evitar mayor gasto.

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Por otro lado, también se ha mitificado que el transporte público costaría más si se liberará el precio de la gasolina. Aquí debemos considerar dos cosas. La gasolina subsidiada genera un ciclo vicioso, pues promueve el uso de vehículos que transportan pocos pasajeros, en malas condiciones mecánicas que siguen rutas poco eficientes. Por otra parte, el subsidio a la gasolina de este año alcanzaría para construir cuatro veces la Línea 12 del Metro. Por supuesto que podríamos invertir en sistemas de transporte más eficientes y baratos.

Para el 2014, se ha planteado que el subsidio a la gasolina será de 35 MMDP y que el deslizamiento en el precio se reducirá de once a seis centavos mensuales. Si nos atenemos a la tendencia de los años anteriores, estos recursos serán insuficientes. El problema es que el PRI se tropieza con su propia lengua, pues durante el gobierno de Felipe Calderón ellos inventaron el término “gazolinazo”, y de vuelta en el gobierno les toca enfrentar la realidad.

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 En resumen, una alternativa a la reforma recaudatoria que golpea a la clase media, pasa por dejar de subsidiar a los mexicanos más ricos a través de la gasolina, permitir que el mercado funcione libremente e invertir los recursos públicos en políticas social y ambientalmente más responsables.

Peña Nieto cambia de rumbo

Como cada septiembre el Presidente de la República ha presentado su informe de gobierno. Como desde el 2006, el informe se presenta no ante el Congreso de la Unión sino ante las cámaras de televisión en un acto ad hoc. Los poderes cada loco con su tema. Como es frecuente en el primer informe de todo presidente, presentado sólo nueve meses después de su asunción del cargo, las notas están más en lo que viene que en lo realizado. En el caso del Presidente Peña, lo que estamos viendo es un esfuerzo por sostener su narrativa de gobierno eficaz, que está en seria duda y por otra parte un paso al frente para mantener apoyo entre los sectores de menor ingreso, especialmente frente a la perspectiva de no perder electores ante los partidos de la izquierda.

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Me explico. Peña obtuvo los votos que lo llevaron a la Presidencia de una amplia variedad de electores entre los que destacan un nutrido grupo perteneciente a la clase media, temerosa del radicalismo de López Obrador y desencantada del PAN. Este grupo, es particularmente importante, pues son votantes independientes, que difícilmente pueden ser manejados como una clientela corporativa. Para ellos es el discurso de “mover a México” y la reforma educativa, que según las mediciones de la aprobación del Presidente es su punto más fuerte.

Sin embargo, Peña ha pagado un elevado costo político por pasar esa reforma, sin romper con el PRD que se ha visto presionado por uno de sus más poderosos y antiguos aliados: la CNTE. Por otro lado, la presentación de la reforma petrolera, modificando la Constitución ha llevado al límite los consensos con ese partido que se debate entre su necesidad de diferenciarse del radicalismo de López Obrador y su posición histórica en el tema. Si en la reforma educativa el mensaje fue para la clase media, en la reforma energética, el mensaje presidencial apunta a sectores más populares cuyo concepto de nacionalismo incluye el monopolio energético.

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Por eso la propuesta de reforma hacendaria se trazó para complacer al PRD, y quizá al sector más conservador del PRI. El rechazar el IVA universal que hubiera permitido ampliar la base de contribuyentes y gravar la economía informal, se asume la bandera que como oposición estos partidos enarbolaron contra las administraciones panistas. La reforma hacendaria, tiene algunos méritos, pero no transforma el sistema impositivo mexicano, cuando mucho nos dará una mejor versión del modelo insuficiente y mediocre en que estamos atrapados desde hace décadas y que aumenta la carga de los mismos contribuyentes.

Sin embargo la necesidad de incrementar los recursos gubernamentales subsiste. Y al gobierno de Peña le urge, especialmente para impulsar temas como la pensión universal o el seguro de desempleo que prometió en campaña y para tratar de evitar desesperadamente que la Cruzada contra el Hambre tenga el rotundo fracaso al que se encamina, cuando se presente la siguiente medición bianual de la pobreza.

También urge reactivar la economía tras el primer gran fracaso de la administración que tuvo que corregir la previsión de crecimiento del PIB y aceptar que en el 2013, este rondará el 1.5% anual. Especialmente cuando entre las causas de la desaceleración de la economía está el mayor subejercicio del gasto público registrado en años, aun para un primer año de gobierno, y que en el pasado era objeto de duras críticas del PRI.

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Por eso hay un golpe de timón y el compromiso de déficit cero no cumplió ni su primer aniversario. El gobierno necesita dinero pronto, sin costo político, así que otra vez vamos a la deuda. Este viraje no es menor. En resumen estamos viendo un Presidente que se encamina a complacer a sus opositores de izquierda, para restañar las heridas de sus primaras acciones de gobierno y que se aleja de una clase media que desencantada del PAN le había apoyado desde la elección y la que había dirigido su estrategia durante todo el año.

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Las encuestas nos ayudan a entender. Peña llegó a su Primer Informe con la aprobación (56%) más baja para ese momento desde Ernesto Zedillo, que enfrentaba la peor crisis de nuestra historia reciente, con un desacuerdo en ascenso (41% vs. 34 en diciembre)con la credibilidad en negativo (42% le cree vs. 53% que no), dato inusual para este momento del sexenio. Históricamente la evaluación previa al primer informe es la mejor de cualquier presidente, con lo que es comprensible la preocupación en Los Pinos, cuya siguiente gran aduana es la elección de julio del 2015.

Ante los hechos, Peña y el PRI cambiarán de receta. Dejan atrás la etapa de buscar la complacencia de las clases medias y los electores independientes, que son sin duda los más difíciles de persuadir y se reorientan a consolidar el voto de sectores de menor ingreso y nivel educativo. Para ello requieren más dinero en sus programas sociales sin cambiar el modelo de cobro de impuestos. La narrativa perfecta fue descarrilada por la realidad en menos de un año. Preparémonos para el regreso de la maquinaria electoral impulsada por el gasto público soportado en déficit.

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