Fausto, el STASPE y la tolerancia

El pasado jueves primero de mayo, en el marco de la celebración del Día del Trabajo, tuvo lugar un acontecimiento desagradable. Un grupo de trabajadores sindicalizados del STASPE, el sindicato de los trabajadores del Gobierno del Estado, increpó al Gobernador Fausto Vallejo y lo insultó en repetidas ocasiones, inclusive hubo quien le arrojó alguna bola de papel.

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El hecho tiene varias aristas. Primero hay que decir que los trabajadores se encontraban particularmente indignados pues unas horas antes el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la instancia judicial, dependiente del propio Gobernador, declaró inexistente su huelga, en un procedimiento que dejó sorprendido al más mañoso abogado. El famoso Tribunal ha estado implicado en más de una controversia, y mas allá de sus integrantes, es por mucho evidente que se trata de un órgano vetusto que carece de la normatividad adecuada, es ajeno a la transparencia y que está débilmente constituido. Por eso sus fallos siempre terminan siendo cuestionables.

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La insistencia del Gobernador de acudir al acto, y sorprendentemente, sin un dispositivo adecuado de seguridad, es más que anecdótico, es una imprudencia que pudo salir mucho peor, y de la que no son responsables los manifestantes, sino las autoridades. Pero las cosas se complicaron, pues en su ruta de salida, cuando más intensos fueron los gritos en contra de su persona, Fausto Vallejo se detuvo y pretendió encarar a los manifestantes. Sin duda fue un impulso de ira comprensible, pero que comprometía más la seguridad del mandatario.

Los hechos concluyeron felizmente pues no hubo mayores consecuencias, hasta que unas horas después el Secretario de Gobierno del Estado, anunció que la Consejería Jurídica del Ejecutivo presentó ante la Procuraduría del Estado denuncia penal en contra de los manifestantes del acto en que se ofendió al Gobernador del Estado, la denuncia no precisa delito y se encamina contra quien resulte responsable, pero se ha señalado que se citará a declarar al líder del sindicato Antonio Ferreyra.

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No sé, ni se me ocurre porque delitos pudieran procesar a los miembros del STASPE. Desde el 2007, a iniciativa de un servidor las injurias y la difamación no son delitos en Michoacán, del delito de lesiones no puede configurarse ni la tentativa y pretender que se configuren la sedición o el motín sería un despropósito bastante ajeno a un gobierno democrático, más cuando vivimos un tiempo en que se tiene una tolerancia excesiva a grupos de civiles armados, que incluso reciben el apoyo de la autoridad. Pero el sólo hecho de que se presente la denuncia ya me parece asombroso.

 Podemos pensar que se trata de una maniobra más política que legal. Una vez vencido el STASPE en juicio (como haya sido) y declarada inexistente la huelga, el que sobre la cabeza de su dirigente se cierna, como espada de Damocles la amenaza de un proceso penal, es sin duda muy conveniente para un gobierno al que solo le resta asegurarse que se abran las oficinas públicas y los burócratas regresen a trabajar.

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No simpatizo con el STASPE ni con los sindicatos del sector público. En general creo que sus contratos colectivos son abusivos y que en nada han beneficiado ni al servicio público, ni a los ciudadanos y ni siquiera a sus agremiados. Pero creo que lo que atestiguamos en días pasados retrata un Gobierno Estatal que tiene un talante de autoritarismo e intolerancia al que ya nos estábamos desacostumbrando.

Resolver procedimientos en órganos que carecen de independencia y en el filo de la legalidad, presentar denuncias por insultar a un funcionario en una plaza y dedicarle una rechifla pública, así como negociar con interlocutores bajo amenaza de cárcel, forzando los tipos penales más allá de los hechos no son hechos alentadores menos en un estado en que el crimen, el vandalismo y la portación de armas se han generalizado. Nos hablan de que el gobierno no es sensible socialmente, sino impotente, que la ley se aplica selectivamente y que el discurso democrático es una fachada, que los humores autoritarios del pasado están intactos, esperando una grieta en nuestra frágil modernidad para regresar.

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¡No pienses en un Michoacanazo!

No he podido determinar quien bautizó como Michoacanazo, al escandaloso arresto de 38 funcionarios públicos de Michoacán en el 2009 acusados de brindar protección a La Familia Michoacana, entonces el cártel dominante en el estado.

Entre los detenidos se encontraba una docena de presidentes municipales y el funcionario de mayor rango de la administración estatal era el Procurador de Justicia Miguel García Hurtado. A la postre todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, principalmente por la ausencia de un testigo protegido denominado “Emilio” de los procesos judiciales de los exfuncionarios, y quien unos años después sería asesinado en Cuernavaca. El juez primero de distrito con sede en Morelia, que concedió los amparos a 12 de los imputados y suspendió la orden de aprehensión contra Julio César Godoy Toscano, fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal y apenas libró la acción de la PGR en su contra.

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Ahora el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no pudo escapar a la comparación con ese hecho de la detención de Jesús Reyna – Secretario de Gobierno, Gobernador Interino y uno de los políticos más poderosos de Michoacán – por tener vínculos con Los Caballeros Templarios, al igual que la de José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado y líder transportista.

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El Gobierno Federal no quiere que estos hechos sean equiparados pues el Michoacanazo se convirtió en sinónimo de fracaso en la impartición de justicia y en la operación política. Por el momento, la actual detención de Reyna y Pasalagua, tiene la ventaja de no contar con la oposición y el sabotaje del Gobierno Estatal, pues Fausto Vallejo ha hecho mutis ante la imputación a su más importante aliado y colaborador en el gobierno y en la campaña que lo llevara a éste. En tanto que en el 2009, el gobierno de Felipe Calderón enfrentó la resistencia de Leonel Godoy apoyado por supuesto por el PRD, y también por no pocos militantes del PRI y hasta por sus adversarios en el PAN (como Marko Cortés).

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Otro elemento distintivo es la concentración de la acción. Si en el 2009 se privilegió el operativo para detener simultáneamente a numerosos individuos de variada posición política sobre los que se tenía sospecha, ahora se centra en un par de personajes de la mayor relevancia. Aun cuando vengan otros detenidos, la lista es previsiblemente corta. Además el Comisionado Alfredo Castillo parece tener por modus operandi, golpear al objetivo más grande, visible y poderoso primero, tal como ocurrió con la destitución de los delegados federales en que el primero fue el considerado intocable Antonio Guzmán o el caso de Humberto Suárez extesorero de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy.

Sin duda esperamos todos que la detención de estos funcionarios no se parezca al Michoacanazo en la incapacidad del ministerio público de procesar a los inculpados y lograr su condena si son culpables. Esperaríamos también que al proceder contra un funcionario y político de tanto peso como Jesús Reyna, el Gobierno Federal tendría todos los elementos para probar su culpabilidad. De lo contrario la espiral de descrédito y escepticismo se prolongará y agravará.

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Mucho llama la atención que por todos los medios se ha tratado de deslindar y exculpar a Fausto Vallejo de toda responsabilidad, cuando el golpe debiera ser mortal para él y su administración. De confirmarse las imputaciones realizadas a Jesús Reyna quedarían de manifiesto dos hechos gravísimos:

Que efectivamente, como lo denunciaron los candidatos derrotados en el 2011, Los Caballeros Templarios apoyaron con dinero y con sus capacidad de amedrentar votantes, la campaña de Fausto Vallejo, y que su triunfo es ilegítimo. Que su gobierno está marcado de origen.

Que además de su falta de legitimidad, el Gobierno Estatal se encuentra coludido con la delincuencia organizada y que Los Caballeros Templarios tienen acceso a información privilegiada que les permite evadir la acción de la justicia y realizar mejor sus actividades ilícitas como la extorsión a proveedores, constructores y autoridades municipales, además de que tienen la posibilidad de influir en algunas de las decisiones de la administración estatal.

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Suponer que Fausto Vallejo ignoraba los hechos es ingenuo y candoroso. Pero incluso esa indiferencia hacia la conducta delictuosa de su más importante colaborador no es una conducta que pueda quedar impune. Era deber de Fausto Vallejo saber que Jesús Reyna estaba delinquiendo, como era su deber impedirlo y en su caso perseguirlo y someterlo a la ley. También se antoja insostenible pensar en que Jesús Reyna es el único personaje que participaba de la asociación con criminales.

Nadie queremos otro Michoacanazo en el sentido del fracaso y la confrontación en que concluyó. Pero tampoco podemos quedarnos impávidos ante una aplicación de la justicia parcial, en que unos cuantos cargan con las culpas de todos, para que haya quienes puedan salir impunes. Ni Fausto Vallejo ni el PRI pueden escapar de su responsabilidad.

Tenemos una deuda

El pasado sábado 22 de marzo, a la puerta de su casa fue cobardemente asesinado Gustavo Garibay, alcalde de Tanhuato, Michoacán y miembro de la PAN. A Gustavo le decíamos “La Brocha”, nunca supe por qué, quizá por su tupido bigote. De muy joven, emigró como miles de michoacanos a los Estados Unidos, a la zona de Chicago, pero tuvo éxito como muy pocos en el ramo de la construcción. Tanto, que pudo regresar a Michoacán con fuerzas y ánimos no sólo de trabajar, sino de participar en política para sacar adelante a su pueblo. En el 2007 fue candidato a diputado local por el distrito con cabecera en La Piedad, y perdió por unos cuantos votos, perseveró y en el 2011, ganó con una histórica votación la alcaldía del pueblo que tanto amaba.

Era un hombre duro, que hablaba claro, incorruptible y a veces obstinado. Trabajador como muy pocos y uno de los más honestos que haya conocido. Como candidato era impredeciblemente carismático, su sencillez conectaba con la gente. Se negó a repartir hasta una camiseta, pues decía que él no iba a comprar los votos, que votarán por él quienes quisieran, que ya lo conocían. El dos de enero de 2012, su primer día hábil como alcalde, amaneció en el banco porque desconfiaba de su antecesor y cuidó hasta el último centavo en la entrega recepción. Yo le pregunté una vez, en broma, que si era alcalde o maestro de obra, porque al ejecutar obra pública, acompañaba frecuentemente a los trabajadores y supervisaba con ojo experto, los menores detalles.

Su gobierno lo marcó la tragedia. En el 2012 libró milagrosamente un atentado y a los pocos días, perdió (perdimos)  a su Secretario del Ayuntamiento, Pedro Córdoba, joven piedadense que era su mano derecha. Aún así le fue retirada la escolta de la Policía Federal que lo protegía. En público y en privado, al Gobernador, al Secretario de Gobierno, al Procurador de Justicia, al Subprocurador de Zamora, a los mandos de la Policía Federal les pidió protección y su solicitud nunca fue atendida. “Me van a matar”, nos decía en las reuniones del partido y de funcionarios. Por eso no le creo a Fausto Vallejo cuando dice que rechazó que el Gobierno Estatal le proporcionara una escolta. No es lógico y no hay evidencia del rechazo, mientras que sí hay de su solicitud.

Deja una familia numerosa, que se debate entre el dolor y la indignación, la rabia de saber que la desgracia se pudo evitar y la negligencia culpable de los gobiernos federal y estatal no lo permitió. En particular me duele ver a su esposa, muy joven, con sus hijos gemelos casi niños, casi hombres, y con una bebé de un año que le heredó todo el semblante, pero con la dulzura de un ángel.

Pensemos el tema de la escolta. La diferencia entre matar a un hombre solo y desarmado, y matar a un hombre custodiado por un grupo de policías federales, bien armados y entrenados no es menor. Es un asunto de oportunidad, armas, hombres, vehículos, riesgo y dinero. El crimen es un negocio y se cuida la rentabilidad. Matar a un hombre desamparado, en estos días salvajes es fácil y cuesta unos cuantos pesos. Enfrentar una escolta bien pertrechada, implica un esfuerzo y un gasto significativo. Es la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde el 2005 han muerto asesinados en Michoacán los alcaldes de Buenavista, Madero, Vista Hermosa, Tancítaro, La Piedad, Nahuatzen, Santa Ana Maya y ahora Tanhuato, además de la exalcaldesa de Tiquicheo y el exedil de Quiroga. También han muerto varios síndicos y regidores, secretarios de los ayuntamientos, como el del mismo Tanhuato o recientemente el de Jiquilpan. También hay otros servidores públicos y muy señaladamente el diputado local de Coalcomán, Osbaldo Esquivel Lucatero, a quienes les han arrebatado la vida.

Aún con esta larga lista en Michoacán y en todo el país, tenemos dos grandes asuntos pendientes:

Primero, no contamos con un protocolo de seguridad para proteger la vida de los funcionarios municipales. Si un funcionario considera que su vida está en riesgo, no sabe a quién acudir, no hay elementos para valorar objetivamente el riesgo y decidir si otorgar protección o no, y de qué tipo, no hay procedimientos para los casos de atentados ni con posterioridad a ellos. Por eso la respuesta de los funcionarios es errática y vergonzosa.

Segundo, no hay un sistema de protección de los deudos de los funcionarios públicos que han sido privados de la vida en relación con el desempeño de su cargo. Mujeres, niños y jóvenes, quedan además de llenos de dolor y de rabia, desamparados y con un futuro incierto, como único pago de la vocación de servicio de sus padres.

Estos dos factores juegan en contra de que hombres buenos y honestos participen como candidatos y como funcionarios públicos. También refuerzan los incentivos de los munícipes para pactar con los delincuentes. Los alcaldes saben que están solos y que sobrevivir su administración depende de no incomodar en demasía a los criminales y de una poca de suerte, o de mucha. La tragedia ha golpeado por igual a todos los partidos y nadie ha tomado cartas en el asunto. Ya es tiempo. Mi propia reflexión es quizá tardía, pero aún podemos hacer algo al respecto. Sería un mínimo homenaje para quienes así han perdido la vida y una acción básica de justicia para quienes han perdido a sus seres amados.

El extraviado gasto social

En el gobierno del Presidente Peña la política de gasto social  no está respondiendo a la realidad del país y está contribuyendo a incrementar la presión sobre las finanzas municipales. Los ayuntamientos no tienen herramientas eficaces para instrumentar un desarrollo urbano equilibrado y combatir las carencias sociales y la pobreza en las zonas urbanas, lo que supone una doble amenaza a la viabilidad financiera de las ciudades medias y al tejido social en las mismas.

Permítanme tratar de explicar esta enredada madeja del gasto social.

Los gobiernos locales son altamente dependientes de la recaudación federal (Michoacán recibe de la Federación el 95% de lo que gasta). Las dos bolsas importantes de donde proviene el dinero son el Ramo 20, que es lo que les toca a los estados y municipios por dejar que sea la Federación la que cobre los impuestos (ISR e IVA principalmente) y el Ramo 33, que es el dinero que la Federación le da de su dinero a los estados para que presten servicios fundamentales a la población.

En el 2012, la distribución de las participaciones federales (Ramo 20) sufrió una importante modificación, pues para la fórmula con que se reparten estos recursos se usaron por primera vez los resultados del Censo 2010, en sustitución de los datos obtenidos en el año 2000. ¿Y qué pasó?  Pues que los estados que habían abatido las carencias de servicios básicos e incrementado su Producto Interno Bruto recibieron menos dinero, y los estados que se habían rezagado recibieron más, algunos como Chiapas recibieron mucho más. La fórmula diseñada en los años noventa “premia” la pobreza y “castiga” el desarrollo.

El Ramo 33 por su parte es una herramienta básicamente redistributiva, es decir la Federación ayuda a los gobiernos locales a atender las mayores carencias, pero por su impacto, los gobernadores y alcaldes se han opuesto a regular estos recursos que son dinero de la Federación. Uno de los reportes más polémicos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en el 2011 fue la evaluación de los recursos destinados al desarrollo de infraestructura social (Fondo III), que resultó negativa, en cuanto al conocimiento y capacidad de los funcionarios locales para aplicar los recursos y porque genera los incentivos para que los municipios invirtieran menos en infraestructura, pues si no superan las carencias sociales reciben más dinero.

Ahora la Sedesol, ha expedido unas complicadas reglas de operación del citado Fondo III, que ignoran los resultados de la evaluación 2011 del Coneval y que nuevamente nos dan muestra que la administración de Peña Nieto, a pesar de la muy publicitada Cruzada contra el hambre, no tiene una política de desarrollo social clara, que la coordinación entre los órdenes de gobierno no es efectiva y se sigue desalentando la inversión en infraestructura.

Las reglas de operación expedidas harán más tortuoso que nunca el manejo del Fondo III, uno de los que más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación acumula, y seguirán reforzando el perverso ciclo de que el gobierno que avanza, pierde recursos.

Por otro lado con la salida de los programas para zonas urbanas de la Sedesol a la Sedatu, los municipios con localidades urbanas carecen de herramientas para combatir la pobreza urbana, que de acuerdo con los informes de Coneval del 2010 a la fecha, es la que más avanza y la que tiene efectos inmediatos y devastadores en el tejido social.  Con las nuevas reglas del Fondo III, las inversiones en pavimentaciones, movilidad, alumbrado público, espacios urbanos, áreas deportivas y de convivencia, rehabilitación de redes de agua y drenaje, entre otros conceptos de alto impacto en el desarrollo urbano han perdido prioridad y serán relegadas.

Uno de los logros poco reconocidos de las administraciones panistas es haber expedido la Ley Federal de Desarrollo Social y haber establecido mediciones objetivas de la pobreza a través de un ente independiente como el Coneval, que nos ha permitido saber si las políticas públicas de los gobiernos en materia de desarrollo social y superación de la pobreza son efectivas o no lo son, y si por tanto nuestros impuestos están siendo bien gastados o no. Sabemos donde nos aprieta el zapato hay que implementar los remedios.

Urge replantear los esquemas de distribución de las participaciones (Ramo 20) y aportaciones (Ramo 33) para que el esfuerzo de una comunidad y su gobierno local no les lleven a perder recursos, y también es imperioso (re)incorporar a las políticas sociales el gran cambio que se gesta en nuestra sociedad, que se está volviendo más urbana cada día, y que si no atendemos, pone en riesgo el futuro de nuestras ciudades.

Los gobiernos estatales, mayoritariamente en manos del PRI, se resistieron durante los gobiernos del PAN a crear una política de estado y largo aliento en materia de desarrollo social. Ahora con el PRI de vuelta en Los Pinos, sería posible avanzar por ese camino, si existe la voluntad de no usar electoralmente y en forma asistencial los recursos públicos del ramo. Si existe una visión de futuro. Ojalá que sí.

Michoacán a medio río

Con más pena que gloria han transcurrido 24 de los 44 meses de la administración de Fausto Vallejo al frente del Gobierno de Michoacán. No solo por lo breve de la administración o por la mala salud del mandatario, que lo obligara a estar de licencia una cuarta parte de ese tiempo. El gobierno actual se ha caracterizado por la parálisis, el desacierto y la incapacidad. Los problemas heredados no se han resuelto, se han agravado y el sello de la administración ha sido la contención.

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Culpar en exclusiva del lamentable estado de Michoacán a Fausto Vallejo y su gobierno sería desproporcionado. Nuestro Estado ocupa desde hace mucho tiempo los últimos lugares en los índices nacionales que refieren progreso y los primeros en los que refieren atraso y conflicto.

En Michoacán, sin definiciones estratégicas sobre su destino, la inversión en infraestructura ha sido magra y errática por décadas. Las condiciones de pobreza y marginación han permitido el crecimiento de los conflictos sociales y de la delincuencia, y ambas con la complicidad de sucesivos gobiernos se volvieron inmanejables. Aunado a ello, las malas administraciones endeudaron sin provecho al gobierno, destruyeron sus capacidades y la crisis de las finanzas públicas terminó por contagiarse a la economía local.

Entonces ¿cuál es el papel del actual gobierno en esta triste historia?

Su incapacidad para romper con las inercias, ya no digamos en generar una estrategia de prosperidad, sino en atajar los vicios recibidos e iniciar su corrección. Pero el gobierno de Fausto Vallejo buscó refugio ante la tormenta y decidió esperar que transcurriera su breve mandato, aprovechando lo bueno, ejecutando pequeñas acciones bien vistas por la sociedad y conteniendo los problemas, tal como hizo cada vez que fue alcalde de Morelia. Lo que no consideró es que la dimensión de los problemas estatales era muy distinta de los problemas de la capital y que además, estos se habían catalizado con algunos hechos fortuitos, hasta volverse inmanejables.

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Fausto Vallejo siempre rehuyó el tema de seguridad. En su último periodo como alcalde de Morelia incluso trató de regresar la corporación de tránsito municipal al Gobierno Estatal. Pero ya como gobernador tuvo que enfrentar una delincuencia que había crecido al amparo de complicidades y en medio de la pobreza del Estado, y eludió el problema hasta que los grupos de autodefensa pusieron el estado al borde de la ingobernabilidad. Ahora como gobernador le ha cedido a la Federación el manejo de la seguridad, pero su responsabilidad en el tema es inevitable.

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El actual gobernador en sus encargos como alcalde siempre dispuso de abundantes recursos y de finanzas sanas. En sus cargos anteriores, él tomaba los créditos y ejecutaba las obras, las siguientes administraciones pagaban. En el Gobierno del Estado le ocurrió al revés. La deuda ilegal y tóxica heredada por Leonel Godoy asfixió rápidamente su administración, que ha sido incapaz de reestructurar los pasivos, pagar las obligaciones y determinar las responsabilidades de sus predecesores. El botón de muestra: tres secretarios de administración en 24 meses.

Fausto Vallejo siempre manejó bien los grupos de presión. Entre la disponibilidad de recursos y la alianza política mantuvo de su lado a comerciantes ambulantes, recolectores de basura, Antorcha Campesina y demás especies de organizaciones. Pero la CNTE es otra historia. Acostumbrada a las prebendas que le concedieron las administraciones perredistas y sin ninguna posibilidad de alianza política, espoleada por la reforma educativa de Peña Nieto, los maestros y sus aliados le han planteado al gobernador un dilema que no atina a resolver. Entre otras cosas porque aplicar la ley no está en su ADN.

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Sin ser los únicos, estos tres factores detonaron la crisis de gobernabilidad que concluyó con la intervención del Gobierno Federal y el nombramiento de un funcionario con atribuciones metaconstitucionales, sin precedente en nuestra historia moderna. En Michoacán se estrena el nuevo modelo de control del Presidente a los gobernadores. Fausto repite como un mantra que no ha sido desplazado y que no está supeditado a Alfredo Castillo. Creo que pretende convencerse a sí mismo.

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No es fortuito que la publicidad estatal refiera como su mayor logro el apoyo del Presidente Peña. Para el náufrago el mayor éxito es sobrevivir. El apoyo fue tardío en materia de seguridad. Prevalecía la idea de “cambiar de estrategia”. El apoyo de gasto e inversión es insuficiente y su anuncio, tramposo. Los 45,500 millones de pesos son los mismos que año con año la Federación gasta en Michoacán, como parte de sus programas ordinarios. Más de la mitad de ese dinero ya está incluido en el Presupuesto del Estado para pagar los rubros de educación, salud y seguridad. Las estimaciones de apoyo adicional oscilan entre el 3 y el 5% de esa cifra, no más de 2000 millones.

Las nubes de tormenta siguen ahí. En los 20 meses  que restan al Gobernador Vallejo no parece que las cosas vayan a mejorar y todavía puede ser que nos tengan reservada alguna sorpresa. Pero, parafraseando al Maquío, es momento de dejar de llorar por lo que no fue y empezar a pensar, a construir el Michoacán que todavía puede ser y que es muy claro, que no vendrá del gobierno.