La música de la orquesta del Titanic

La propaganda de los gobernantes y legisladores a propósito de sus informes es vacía y dispendiosa, además de que muchas veces transgrede una legislación insuficiente, surgida del encono. Para que nuestra democracia funcione debemos regular el gasto y contenido de lo que se nos informa, para que los ciudadanos podamos debatir y valorar el desempeño de quienes nos gobiernan, criterio básico para decidir nuestro voto en la siguiente elección. Sin estos requisitos la propaganda gubernamental es la música que toca la orquesta, mientras el barco se va a pique.

El caso más sonado de propaganda gubernamental es el del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien dilapidó millones en promocionar los logros de su primer año de gobierno y su amor por Anahí, a lo largo y ancho de la geografía nacional, causando la indignación de los mexicanos. Pero se suman a éste los presidentes municipales michoacanos, incluso alguno que no puede estar en el municipio que dice gobernar, que en la primera quincena de diciembre tienen la obligación de rendir informe de sus administraciones y los diputados federales y senadores, que sin fecha precisa para informar eligieron el fin del año para presumir lo que han alcanzado.

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El derroche de recursos y la transgresión de la ley en cuanto a dónde informar (como Manuel Velasco que hace nacional su informe estatal) o el periodo de siete días previos y cinco posteriores en que se puede realizar la difusión (como Chon Orihuela y Silvano Aureoles cuyas carteleras espectaculares subsisten a pesar de que sus informes fueron el 30 de noviembre y el 20 de diciembre respectivamente), llama a reflexionar sobre un tema polémico y muy relevante, y que seguirá siendo fuente de conflictos políticos, pues su regulación es bastante inapropiada.

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La regulación de los informes de los funcionarios de elección popular es fruto de la reforma electoral del 2008, y como el resto de la cosecha creció de una semilla de revancha por el proceso electoral de 2006. Lo importante era atar de manos a Felipe Calderón y al Gobierno Federal para que no pudieran volver a “hacer trampa” como le hicieron al “Peje” (olvidando como AMLO usó el presupuesto del DF en materia de comunicación y que el final tuvo en su campaña más tiempo publicitario y gastó más dinero que el panista). Lo cual es un precedente terrible pues llevó un conflicto particular, por demás ácido, a convertirse en ley.

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Por tanto, las disposiciones que se emitieron, buscaban reducir lo más posible la capacidad de los funcionarios de informar, en un absoluto contrasentido de la aspiración ciudadana de saber lo que el gobierno y los legisladores hacen con los impuestos de todos, y limitaron el periodo para que los funcionarios puedan aparecer ante la ciudadanía a exponer lo que han hecho, pero nunca establecieron límites claros a la publicidad por internet o redes sociales ni a los recursos públicos que pudieran destinarse a estos fines, ni requisitos mínimos de contenido para evitar la banalidad de estas campañas relámpago.

La democracia es un sistema frágil, entre otras cosas porque se basa en la opinión pública que es un mar encrespado. A pesar de que no opera aún la reelección, los resultados de gobierno influyen en el ánimo de los electores, y los funcionarios que aspiran a hacer o continuar su carrera, buscando una nueva responsabilidad en las urnas, tratan de convencer a los ciudadanos de los buenos resultados de su mandato, lo cual está bien hasta que el informe de lo hecho, se reduce a unos segundos de televisión o a una cartelera con una fotografía y una frase. Peor cuando no se informa nada o lo informado es una distorsión de la realidad o una mentira completa.

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 Uno de los retos de nuestra democracia, es como hacer que la publicidad gubernamental y de los legisladores no se convierta en mera propaganda. Es decir, que los ciudadanos sepamos lo que nuestros representantes hacen debiera ser un derecho para nosotros y una navaja de doble filo para ellos, que les diera dividendos cuando su trabajo sea exitoso y benéfico para la sociedad y les perjudicara cuando no lo fuera.

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Para avanzar en esa dirección y mejorar nuestra actual legislación me atrevo a sugerir dos ideas para sustituir la actual limitación del informe a un periodo de trece días: primera, establecer un tope de gasto por cada ciudadano de la demarcación administrativa o legislativa, equiparable a lo que se puede gastar en una campaña electoral. Segunda establecer un mínimo de información a publicar, que dé sustancia a las frases de propaganda y una base de datos pública que contenga este cúmulo de información.

Finalmente, nada de esto servirá y todo irá a peor, si los ciudadanos no asumimos como compromiso el evaluar a nuestros gobernantes y legisladores, más allá de las sonrisas de sus anuncios. Si los partidos no se toman en serio la tarea de debatir con sus opositores, si continuamos en este dialogo de sordos, que a veces se parece a la música de la orquesta, que no para de tocar mientras el Titanic se hunde.

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No me gusta su reforma política

Está dicho. Antes diré también que entiendo que los cambios deben ser graduales y acepto que a la hora de legislar no podemos asumir posturas de todo o nada, pero hay cosas que sencillamente no me gustan de su reforma. Ahora trataré de explicar por qué. Empezaré por decir que en ella hay cosas muy buenas y que excluiré de mi diatriba: la autonomía del Coneval, ese organismo desconocido que evalúa los resultados de las políticas públicas en materia de desarrollo social y que ha hecho un trabajo extraordinario, y que hay que preservar de la codicia gubernamental, especialmente ahora.

Hay otras cosas bastante sensatas como la ratificación de la estrategia de seguridad y la rendición de cuentas asociada a ella, o la participación del Senado en el nombramiento de los titulares de Hacienda y Relaciones Exteriores, la reducción del periodo entre la elección presidencial y la toma de protesta y el incremento en el umbral de votos necesarios para mantener el registro como partido político, incluso la paridad de los sexos en candidaturas al Congreso. Son buenas pero ninguna revoluciona la vida política. Es como cuando en una carretera se arregla una curva para que sea menos peligrosa, se agradece, pero si se dejan igual cientos más, el viaje sigue siendo el mismo.

Mis desacuerdos empiezan con esa ilusión que les hace a los legisladores cambiarles el nombre a las cosas. Creo que les da la impresión de que se elevan a la categoría de demiurgos. Por dejar de llamarse PGR o IFE, esas instituciones no han de funcionar mejor, es más, pasará un buen rato antes de que les dejemos de llamar por sus viejos nombres.

Hay medidas que serán más litigiosas que útiles, como la nulidad de las elecciones por violar el tope de gastos de campaña en forma “sistemática” y “determinante”, un par de palabras que han permitido cualquier trapacería en materia electoral y que ya nadie sabe que significan a ciencia cierta. Durante los primeros años de vigencia de este precepto vamos a experimentar un avivamiento del conflicto postelectoral. El que además sea sancionable solo cuando se excede por un 5% del tope de gasto, son como los 15 minutos de tolerancia que nos daba el maestro en la escuela. Una reforma a la mexicana, puedes hacer trampa, pero poquita.

Hay otras que están destinadas a convertirse en vetustos elefantes blancos, como el gobierno de coalición, que sin segunda vuelta (ese cambio sí que hubiera sido relevante) en la elección del ejecutivo es totalmente inútil. Coaliciones en el mundo hay de dos tipos: electorales como en Chile, que antes de la elección construyen un programa de gobierno y van por él a las urnas o parlamentarias como en Alemania, en que el equivalente del Presidente debe ser electo por más de la mitad de los diputados y a los de su partido no les alcanzan los votos, por lo que invitan a otros a gobernar. Ambos casos son de necesidad, nadie quiere compartir y esto lo soslayan nuestros legisladores.

Pero los temas mayores son dos y no me gustan:

El nombramiento de los consejeros electorales de los estados por el INE, es la única atribución real que se dio al súper IFE que nació bastante enclenque. Será factor de conflicto muy fuerte, moneda de cambio, espacio para el tráfico de influencias, y en nada garantiza la independencia de estos organismos. ¿O no hemos visto vocales ejecutivos y consejeros locales del IFE postrados ante el gobernador del estado en que despachan? Además seguimos en ruta para desmantelar el federalismo que tímidamente empezábamos a construir. Hemos asumido que los problemas que conlleva un pacto federal se resuelven con elementos centralistas.

Finalmente, la medida más trascedente de todas y quizá la única importante es la reelección. La de alcaldes está en manos de los congresos estatales. Es una historia por escribirse, pero no deja de ser buena noticia, pues permitirá en algún momento evaluar el desempeño de los ayuntamientos y abrirá la puerta de la continuidad en el desarrollo municipal.

La reelección legislativa la he defendido siempre, tiene múltiples virtudes en lo referente a rendición de cuentas y profesionalización del Poder Legislativo. Pero nace torcida, perversa. Uno de los objetivos de la reelección era restar poder a las cúpulas de los partidos y regresarlo a los electores, lo cual no va a ocurrir, peor aún las cúpulas partidistas se van a empoderar todavía más, con la persistencia de los diputados plurinominales y la posibilidad de que estos se mantengan durante periodos sucesivos, las oligarquías partidarias que no rinden cuentas, que no hacen campaña, que no son representativas, van a trasladar sus reales de las dirigencias partidistas a las Cámaras del Congreso. Estas son muy malas noticias.

Así una reforma con muchas pretensiones y celebrada por adelantado, terminó siendo un claroscuro que deja mucho por resolver en la legislación secundaria, pero que tiene más aspectos preocupantes que razones para el optimismo. El problema esencial sigue siendo la falta de legisladores demócratas. Otra vez, los anticuerpos priístas nos traicionaron cuando pretendimos avanzar.

La próxima decepción política

El pasado 11 de julio el Congreso de Michoacán reformó el Código Electoral del Estado para permitir las candidaturas independientes, es decir ciudadanos que compiten sin el respaldo de ningún partido político, rompiendo el monopolio sobre éstas que los partidos habían tenido siempre en nuestro estado. Este hecho desató a nivel nacional inclusive, las críticas y diatribas, justas e injustas, acertadas e ignorantes, merecidas y desproporcionadas contra los partidos políticos, villanos favoritos de los medios de comunicación y de muchos mexicanos. Aparejado a ellas, se ha entonado la alabanza generalizada de las candidaturas que muchos llaman ya con sesgo “ciudadanas”, y se anticipa un luminoso futuro democrático gracias a ellas.

No me opongo a las candidaturas independientes, creo que eran un derecho pendiente de reconocimiento que el autoritarismo priísta nos negó y que la temerosa transición nos escamoteaba. Son una figura que existe en cualquier democracia avanzada y en ningún lugar han sido la debacle ni la utopía democrática. Por eso afirmo que las candidaturas ciudadanas son la siguiente gran decepción de quienes analizan la política como si narraran un partido de rugby, la primera vez que ven un partido de rugby. Permítanme documentar mi pesimismo.

Lo primero que debo decir es que la legislación que ha expedido el Congreso Michoacano es sumamente burocrática y litigiosa. El listado de simpatizantes de la candidatura equivalente al 2% del padrón, la fianza equivalente a la mitad del tope de campaña, los requisitos para monitorear el gasto del candidato y la prohibición de haber militado en un partido un año antes de la elección van a judicializar cualquier candidatura que amenace a los partidos políticos. Es una reforma gatoparda: propone cambios para preservar la continuidad.

Uno de los graves problemas de las candidaturas independientes en México es la inequidad que genera el financiamiento público. Los partidos lo reciben. Los candidatos independientes no. Hoy nadie se ha quejado, pero una vez que inicie el proceso electoral este será un tema explosivo y recurrente, y que de entrada limitará el desarrollo de candidaturas independientes a municipios pequeños donde los recursos necesarios para competir no son cifras astronómicas.

Los partidos políticos además de organizaciones con recursos son referentes ideológicos de la población en general. Por supuesto no solo hay simpatizantes o militantes que rompen el molde de un partido, también sus candidatos pueden ser muy disímbolos, pero en general, el respaldo partidista de una candidatura nos permite, aún sin conocer al candidato, saber que esperar respecto de su posición política, hasta por prejuicio las identidades partidistas nos orientan y le dan significado a la actividad pública. Los candidatos independientes tendrán un doble reto de posicionar su plataforma, sobretodo cuando pase la novedad y ser independiente no baste como plataforma, así como no ser del PRI dejó de bastarle a los demás partidos como discurso.

Una cosa que los analistas políticos tipo rugby olvidan es que los militantes, los candidatos y los funcionarios surgidos de un partido no somos marcianos. No vamos a escuelas distintas ni vivimos en guetos, no odiamos a la patria ni somos largamente entrenados para engañar a los demás, ni formamos parte de hermandades secretas que conspiran contra la humanidad. Somos seres humanos y mexicanos comunes con un interés por los temas públicos que otros muchos ciudadanos no tienen, tenemos la misma cultura y los mismos defectos y vicios que el promedio de los mexicanos y quizá que la humanidad. También las mismas virtudes.

Los candidatos ciudadanos tampoco serán venusinos o mercurianos, serán muy parecidos a quienes hoy participamos en política con algún partido. Algunos tendrán menos experiencia y más entusiasmo, algunos serán más simplistas, algunos tendrán virtudes refrescantes y espontaneas que los hábitos nos hacen olvidar a los políticos, pero no tendrán la potestad de salvar a la patria. Con el tiempo habrá representantes y gobernantes electos como independientes que sean incapaces y deshonestos y que incurran en excesos y que despierten la ira popular. Sin duda los habrá buenos, como los partidos nos han dado también a muchos buenos.

Los problemas que tiene México son muy complejos y se deben a instituciones, leyes,  cultura, condiciones poblacionales, económicas y geográficas estructurales, atrasos históricos si se quiere. Pensar que los candidatos independientes resolverán por voluntad nuestros problemas es una manifestación light y posmoderna de nuestro caudillismo ancestral.

El estado no tiene el derecho de negar a un ciudadano que contienda en una elección y que pueda ser alcalde, diputado o gobernador, eso es no es democrático, por eso considero las candidaturas independientes como un avance aunque no serán la transfiguración de la política mexicana. Personalmente creo en las instituciones y en los programas más que en las personas y en las buenas intensiones. Me hice panista leyendo a Gómez Morín y ésta es la idea central de su pensamiento que aprendí y defiendo a todo trance, por eso termino transcribiendo una línea de la carta que Don Manuel le escribió a José Vasconcelos en 1928 sobre su candidatura presidencial y que viene mucho a cuento:

En resumen: ¿vale más lanzarse a una lucha que pueda llevar a los grupos contrarios al exterminio, para lograr el triunfo inmediato o perderlo todo, o vale más sacrificar el triunfo inmediato a la adquisición de una fuerza que solo puede venir de una organización bien orientada y con capacidad de vida?

Todos ganaron el domingo siete

El pasado domingo tuvimos elecciones en 14 estados del país. Se disputaba la gubernatura de Baja California, 13 congresos locales (la excepción fue Coahuila) y las presidencias municipales de 13 entidades (Hidalgo no renovó ayuntamientos). Desde la tarde del domingo hemos sido testigos de las afirmaciones felices de los presidentes de los tres principales partidos nacionales sobre lo bien que les fue y de las quejas y diatribas que lanzan contra sus adversarios. La lectura del resultado se vuelve más difícil de lo que la propia dispersión de la elección impone. Aquí unas claves de lo que significa la elección y cuales son sus implicaciones.

La participación ciudadana es para reflexionar. Mucho se ha dicho que los ciudadanos se alejaron de las urnas y que los gobiernos emanados de estas elecciones carecen de legitimidad, sin embargo, México nunca ha sido un país de participaciones ni cercanas al 100%, nuestras más bajas abstenciones rondan el 30%, por lo que si vota aproximadamente la mitad del padrón no hay elementos para sonar las alarmas. Incluso en Baja California que los electores no llegaron al 40% del padrón, esta cifra está en línea con los datos registrados en los últimos años.

Nuestra cultura ciudadana es incipiente, y hoy algunos sectores muy politizados de la sociedad apuntan al rechazo de todas las fuerzas y llegan al extremo de ridiculizar los procesos electorales, como con el “candigato Morris”, lo cual lejos de construir ciudadanía, la deteriora. Desafortunadamente la indignación ciudadana con el pobre desempeño de los gobierno no se ha traducido, mayoritariamente en la formación de nuevos partidos o de movimientos que propongan nuevas vías políticas.

Toda la política es local, como sentenció Tip O’Neill. Y nada más local que elegir ayuntamientos. Un entorno local deteriorado con malos servicios y obras públicas pesan más en el ánimo del elector que los grandes temas nacionales. Mal alcalde mata buen Presidente de la República y viceversa. Con los gobernadores en medio de esa ecuación, podemos explicar lo errático que resulta el mapa de resultados electorales. No hay una gran explicación, ni un hilo conductor. Hay muchas pequeñas historias locales que se suman.

Los gobernadores mandan. Esta tendencia se ha reforzado durante las dos administraciones panistas que liberaron a los mandatarios estatales de la obediencia al Presidente y por ahora no se ha revertido. En muchos estados hubo reveses para los mandatarios, pero sin importar la extracción partidista, los resultados apunta a que todos los gobernadores lograron que los candidatos de su partido triunfaran mayoritariamente. Especialmente todos, excepto Sinaloa lograron la mayoría o la primera minoría en sus respectivos congresos locales.

Los denostados diputados de representación proporcional (RP), llamados coloquialmente “pluris”, vuelve a quedar de manifiesto, que especialmente en el ámbito local son indispensables. En estados como Quintana Roo o Hidalgo donde el PRI ganó todos los distritos locales, los gobernadores despacharían sin contrapeso alguno y los votos conjuntos de la oposición que en ambos casos superan el 50% de los emitidos se irían a la basura sino existieran los diputados de RP. Lo discutiremos después con más amplitud, pero quienes sostienen que deben desaparecer diagnostican correctamente la enfermedad y prescriben mal la medicina.

Con esto podría concluirse que los partidos tienen razón cuando se quejan de que los gobernadores intervienen indebidamente en los procesos electorales. Pero esto tiene matices. El primero es que nuestra cultura política requiere asimilar mejor el peso político del gobernante en turno, reconocer su derecho a ser actor político y aquilatar que el gobierno puede ser una desventaja, es decir dejar de escandalizarnos por lo que es legal y concentrarnos en los delitos. Los partidos son cada vez más estridentes y menos eficientes en demostrar las supuestas irregularidades, lo cual inhibe la participación y deteriora la cultura ciudadana. Es un juego en el todos pierden, pues los ciudadanos solo registran que todos los partidos hacen trampa, y distinguen poco al acusado del acusador.

En el contexto nacional todos los partidos nacionales ganaron algo. Los partidos pequeños obtuvieron votaciones significativas, el PRD en una elección que no es la suya, pues el grueso de sus votos se concentran en entidades que no tuvieron proceso electoral, registra avances en Veracruz, conserva su votación en Oaxaca y vía alianzas con el PAN logra colarse en lugares donde su presencia es marginal. El principal retroceso perredista se presenta en Quintana Roo.

El PAN conserva con las uñas la gubernatura de Baja California, conserva Puebla, la ciudad más poblada en disputa, gana Aguascalientes, Mexicali, Tlaxcala y Saltillo. Gana ciudades importantes como Nuevo Laredo, Boca del Río, Monclova y da cerrada batalla en otras como Oaxaca y Torreón. Sufre importantes derrotas en Sinaloa, Chihuahua y no logra los avances esperados en Veracruz, Tamaulipas y Durango, pero obtiene muchos votos más que hace tres años y gobernará a muchos más mexicanos.

El PRI pierde votos y municipios gobernados. Pero todos sus gobernadores conservan la mayoría en sus congresos estatales y con lo perdido en las urnas han salvado el Pacto por México, el PAN y el PRD han ganado lo suficiente para que sus presidentes sigan defendiendo una posición de dialogo y concertación con el gobierno de Enrique Peña, la posición es ciertamente cuestionable, pero ambos dirigentes opositores han salvado los blasones partidarios con estos números y seguirán en la lógica que tanto les ha acomodado, eso sí después de gritar un poco, con todo, nada garantiza a sus corrientes mantener el control de sus respectivas dirigencias. La cosa se pondrá interesante.

¡No Monex!

Monex

El pasado 22 de enero el Consejo General del IFE resolvió no sancionar a la Coalición Compromiso por México (PRI – PVEM) por considerar que la queja presentada originalmente por el PAN y secundada por la Coalición MovimientoProgresista (PRD – PT – MC) en relación con la distribución de muchos millones de pesos a través de monederos electrónicos del Banco Monex antes de la elección presidencial del 1º de julio. Lo cual desató una nueva tormenta en torno a la credibilidad del IFE y sus consejeros y a la legitimidad del Presidente.

En resumen, la investigación del IFE arrojó que en marzo el PRI contrato con la empresa Alkino un mutuo (préstamo) por 66.3 MDP, que ésta a su vez contrato mediante el mismo instrumento con la empresa Atama, que contrato a la empresa Inizzio para adquirir las tarjetas del Banco Monex y dispersarlas. El dinero, un total de 71.8 MDP, llegó a Monex procedente de más de una decena de personas físicas y morales mediante depósitos en otros cuatro bancos. Cabe recordar que las empresas mercantiles tienen prohibido aportar dinero a los partidos políticos y las personas morales tienen límites a la cantidad que pueden aportar, ambos candados fueron burlados por este mecanismo.

El informe del IFE consideró que el PRI no violó estas disposiciones porque entre el 13 de julio y el 9 de agosto abonó un total de 49.2 MDP a Alkino por concepto del contrato de mutuo. Después de la denuncia del PAN que detonó el escándalo (presentada el 26 de junio) , por supuesto después de ganar la elección e incluso, el 60% de esos pagos se realizaron después del 23 de julio en que la Unidad de Fiscalización del IFE admitió las quejas a trámite e inició la investigación. Es decir el PRI, al verse descubierto, subsanó parcialmente su grave falta pagando el dinero (liquidó el adeudo el 1 de noviembre). Este razonamiento, así de obvio no fue considerado por el IFE.

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Por otro lado, el resultado de la investigación del IFE arroja que el 88% de los recursos dispersados (44.6 MDP) fueron extraídos en efectivo de cajeros automáticos en todo el país, por lo que el destino de los mismos no puede considerarse nada claro, y que echa por tierra las restricciones que impone el IFE al gasto de los partidos políticos, con las que los obliga a no realizar operaciones en efectivo y sin comprobantes fiscales, pero si les permite dispersar a través de monederos electrónicos sin destinatario ni destino cantidades multimillonarias.

En este tema si repararon cuatro consejeros electorales que propusieron sancionar por ello al PRI, pero una mayoría de cinco consejeros se opuso y le permitió al tricolor salir indemne de la queja.

A estos hechos han venido ha sumarse la renuncia al IFE del consejero Sergio García Ramírez – hombre afín al PRI – quien incluso se había excusado de conocer del asunto y que terminó participando y rompiendo el empate a favor del  PRI. Además del proyecto en que se da a conocer que la misma Unidad de Fiscalización, ahora considera que el PRI novioló el tope de gastos de campaña presidencial, a pesar de haber considerado en su dictamen del caso Monex que debían añadirse a estos gastos 50.5 MDP. Es decir, la única promesa de sancionar la conducta del PRI terminaría por esfumarse en este último dictamen.

CG IFE

La nota sin embargo, es la sanción de casi 130 MDP a la Coalición Movimiento Ciudadano por violar el tope de campaña y el debate que se ha desatado sobre lo que debe considerarse y no gasto de campaña y lo que corresponde a las diferentes campañas, con lo que se ha tendido una densa cortina de humo sobre los restos del naufragio de la queja del caso Monex.

Finalizo con dos reflexiones:

Primero. El IFE, si bien menos cuestionado que en 2006, deja una estela de dudas e impunidades, en que el éxito electoral del PRI, el número de votos con que obtuvo la victoria, son el único argumento de legitimidad. Mal precedente.

Segundo. Nuestra legislación tiene deficiencias importantes. Apunto una muy pertinente: dividir el gasto de los partidos en ordinario y de campañas, y este a su vez en las diferentes campañas y permitir el prorrateo entre candidatos obscurece el fondo importante: cuentas claras de lo que gastan los partidos y que esto no haga la contienda inequitativa. Importante pendiente en la agenda.

Así que señores consejeros del IFE: ¡No monex con esa resolución!