Yo, feminista

Para Sofía y Andrea

A lo largo de mi vida, creo que más por enojo o antipatía, más de alguna mujer me ha lanzado a la cara el epíteto de misógino o machista. Nunca me he considerado tal. Creo que mi mérito es poco pues mi generación creció en un entorno en que las mujeres trabajan, opinan, votan, van a la escuela, viven solas, tienen dinero, tienen hijos sin casarse, compiten para cargos públicos y un venturosamente largo etcétera, que también podría traducirse en cosas que ya no ocurren en mi entorno personal: mujeres esclavizadas, niñas discriminadas, esposas golpeadas y otras calamidades que muchas mujeres siguen sufriendo en todos lados, incluso a la vuelta de la esquina.

Decía que en lo personal nunca he visto a ninguna mujer como inferior ni he considerado que por el hecho de su sexo tenga destinado un lugar distinto al de los varones. Mentiría si negara que he contado muchos chistes machistas como lo que son, despropósitos que buscan hacer reir, y creo que el contarlos como tales acredita que se piensa lo contrario, pero en fin, tampoco podría reputarme como un activista de la causa de las mujeres en la búsqueda de la igualdad y sí confieso que hay en mi vida un hecho que me cambió: en el 2010 nació mi hija Sofía y ahora, hace apenas un mes nació mi hija Andrea. Ahora no puedo entender que el padre de una hija no se comprometa a luchar porque ella viva en un mundo sin límites impuestos por su condición humana. Porque ser mujer – al igual que ser varón – es exactamente eso. No se puede ser humano sin ser varón o mujer.

Las mujeres son más que los hombres, viven más años, trabajan más horas, viven la exigente maternidad y además tienen que enfrentar las adversidades que un mundo construido desde hace milenios sin ellas, les impone. Por eso nuestras vidas giran siempre en torno a mujeres, y cuando no, se vuelven vacías y tristes. Y por eso las vidas de esas mujeres que son centros de gravedad y ejes de su mundo nos parecen tan impresionantes, frecuentemente arduas, a veces dolorosas, pero nunca irrelevantes.

Aunque celebro la relevancia que ha tomado, no me gusta el tono rosado y socialité que se le da recientemente al Día Internacional de la Mujer. Quizá el primer ejemplo de nuestra misoginia cultural sea que felicitemos a otro ser humano por pertenecer a un sexo determinado. ¡Vaya acierto de aquél espermatozoide cargar un cromosoma XX! Es un día que debe servir para recordar una causa, y una que no ha sido fácil. El acontecimiento tiene como antecedente directo la muerte de 146 mujeres en una fábrica de Nueva York en la que laboraban en condiciones infrahumanas y la lucha de sindicatos y organizaciones sociales por cambiar, primero cuestiones laborales. Es un día originado por el dolor y la indignación ante la rapacidad de los salvajes capitalistas de ese tiempo.

El Día de la Mujer es así una ocasión para declararme feminista: creo en la necesidad absoluta de que en la sociedad existan las condiciones para que las mujeres puedan acceder a una vida plena de derechos y oportunidades no en igualdad con los hombres porque no somos iguales, ellas son diferentes y requieren condiciones diferentes, es una obviedad que no siempre reconocemos a la hora de diseñar las reglas de nuestra sociedad. Creo en las acciones afirmativas en la política, en la necesidad de abrir espacios para forzar su inclusión, pues nunca competirían en condiciones iguales, pero mucho más creo que la gran batalla por la equidad, sigue estando en el mundo laboral y relacionada al tema de la maternidad. Antes, en el embarazo y en el cuidado de los hijos la mujer debe tener condiciones que no la lleven a elegir entre tener una familia o una vida profesional exitosa, los hombres nunca hemos enfrentado esa disyuntiva y ellas no tienen porque sufrirla.

Y estoy totalmente convencido que promover la equidad entre mujeres y varones es un tema de humanidad, de justicia, de necesidad. Sí, ser feminista es cosa de hombres.

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Contra la mezquindad

Honor a quien honor merece. El Gobierno Federal se ha apuntado un gran logro en la lucha contra el crímen organizado – en particular en Michoacán – con la detención de Servando Gómez Martínez “La Tuta”. En este tema los partidos y los actores políticos no han dejado de tratar de llevar agua a su molino, olvidándose que enfrentar a los delincuentes en primer lugar, reclama unidad de los buenos: de los ciudadanos, las autoridades y los políticos. Nada sería más mezquino que escamotear los logros de un gobierno con el que no simpatizo, regatear el apoyo a la autoridad que hace algo bien por razones políticas es ruin.

Durante el sexenio de Felipe Calderón el PRI fue mezquino y ruín. El PRD – por lo menos en Michoacán – fue peor que eso. Abiertamente se puso del lado de los criminales –lo mismo hicieron algunos distinguidos personajes del PAN como Marko Cortés – por razones políticas y argumentos baladíes. A esa administración le negaron reconocimiento cuando detuvo y abatió a importantes capos de la delincuencia organizada. Se centraban en cosas tan superfluas como si el detenido – presunto responsable – sufría una violación a sus derechos humanos por hacerlo aparecer ante los medios esposado, así como ahora apareció Gómez.

Se ha dicho que Gómez se entregó, que su captura fue negociada, lo cual no quitaría brillo al hecho. Finalmente el objetivo de sacar al criminal de la calle se cumple y la entrega de zares criminales no es algo extraño en el mundo entero. Sin embargo, nuestra tendencia a las teorías conspiratorias es fuerte. En su precipitada salida, el primero en decir que la captura de Gómez ya no era importante, fue Alfredo Castillo, que ahora será mejor que guarde silencio. También hay quienes hablan de todos los problemas que genera la captura de un líder criminal y los baños de sangre que inician con estos hechos. Son falacias. Siempre será mejor, será un avance detener a un criminal, nada ganamos teniéndolo en la calle.

También hay que reconocer que los esfuerzos iniciados durante la administración de Fox y que tuvieron su mayor impulsor a Felipe Calderón en materia de construir capacidades institucionales para la Policía Federal, empiezan a dar fruto. Monte Alejandro Rubido es un buen policía y funcionario de los servicios de inteligencia que tiene una larga carrera y su nombramiento al frente de la Comisión de Seguridad, queda claro que fue pertinente. Mejor sería que fuera Secretario de Seguridad, pero el centralismo de esta administración no lo permite.

La agenda de seguridad posterior a la caída del último líder del cártel de “Los Caballeros Templarios” es compleja. Claro que habrá enfrentamientos entre los delincuentes por los restos de una organización que ha sido fuertemente golpeada. Habrá otras organizaciones delictivas que tratarán de apoderarse de la plaza y eso también genera violencia. Sigue pendiente resolver la presencia de grupos armados en todo el estado, merced al error monumental de haber permitido la expansión de las autodefensas, y con la complejidad de que ahora es casi imposible separar el trigo de la paja.

Detener a Gómez es un logro enorme, pero no resuelve la falta de capacidades de las instituciones de seguridad del gobierno estatal. Nuestro principal reto es contar con una policía estatal capaz y resolver el pantano en que Alfredo Castillo convirtió el tema del mando único, así como superar los abusos de autoridad en que la “Fuerza Ciudadana” ha incurrido en forma cotidiana. Después de esto podemos empezar a recuperar la confianza. Pero por lo pronto reconozcamos lo conseguido. Muy bien por la Policía Federal.

Tenemos una deuda

El pasado sábado 22 de marzo, a la puerta de su casa fue cobardemente asesinado Gustavo Garibay, alcalde de Tanhuato, Michoacán y miembro de la PAN. A Gustavo le decíamos “La Brocha”, nunca supe por qué, quizá por su tupido bigote. De muy joven, emigró como miles de michoacanos a los Estados Unidos, a la zona de Chicago, pero tuvo éxito como muy pocos en el ramo de la construcción. Tanto, que pudo regresar a Michoacán con fuerzas y ánimos no sólo de trabajar, sino de participar en política para sacar adelante a su pueblo. En el 2007 fue candidato a diputado local por el distrito con cabecera en La Piedad, y perdió por unos cuantos votos, perseveró y en el 2011, ganó con una histórica votación la alcaldía del pueblo que tanto amaba.

Era un hombre duro, que hablaba claro, incorruptible y a veces obstinado. Trabajador como muy pocos y uno de los más honestos que haya conocido. Como candidato era impredeciblemente carismático, su sencillez conectaba con la gente. Se negó a repartir hasta una camiseta, pues decía que él no iba a comprar los votos, que votarán por él quienes quisieran, que ya lo conocían. El dos de enero de 2012, su primer día hábil como alcalde, amaneció en el banco porque desconfiaba de su antecesor y cuidó hasta el último centavo en la entrega recepción. Yo le pregunté una vez, en broma, que si era alcalde o maestro de obra, porque al ejecutar obra pública, acompañaba frecuentemente a los trabajadores y supervisaba con ojo experto, los menores detalles.

Su gobierno lo marcó la tragedia. En el 2012 libró milagrosamente un atentado y a los pocos días, perdió (perdimos)  a su Secretario del Ayuntamiento, Pedro Córdoba, joven piedadense que era su mano derecha. Aún así le fue retirada la escolta de la Policía Federal que lo protegía. En público y en privado, al Gobernador, al Secretario de Gobierno, al Procurador de Justicia, al Subprocurador de Zamora, a los mandos de la Policía Federal les pidió protección y su solicitud nunca fue atendida. “Me van a matar”, nos decía en las reuniones del partido y de funcionarios. Por eso no le creo a Fausto Vallejo cuando dice que rechazó que el Gobierno Estatal le proporcionara una escolta. No es lógico y no hay evidencia del rechazo, mientras que sí hay de su solicitud.

Deja una familia numerosa, que se debate entre el dolor y la indignación, la rabia de saber que la desgracia se pudo evitar y la negligencia culpable de los gobiernos federal y estatal no lo permitió. En particular me duele ver a su esposa, muy joven, con sus hijos gemelos casi niños, casi hombres, y con una bebé de un año que le heredó todo el semblante, pero con la dulzura de un ángel.

Pensemos el tema de la escolta. La diferencia entre matar a un hombre solo y desarmado, y matar a un hombre custodiado por un grupo de policías federales, bien armados y entrenados no es menor. Es un asunto de oportunidad, armas, hombres, vehículos, riesgo y dinero. El crimen es un negocio y se cuida la rentabilidad. Matar a un hombre desamparado, en estos días salvajes es fácil y cuesta unos cuantos pesos. Enfrentar una escolta bien pertrechada, implica un esfuerzo y un gasto significativo. Es la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde el 2005 han muerto asesinados en Michoacán los alcaldes de Buenavista, Madero, Vista Hermosa, Tancítaro, La Piedad, Nahuatzen, Santa Ana Maya y ahora Tanhuato, además de la exalcaldesa de Tiquicheo y el exedil de Quiroga. También han muerto varios síndicos y regidores, secretarios de los ayuntamientos, como el del mismo Tanhuato o recientemente el de Jiquilpan. También hay otros servidores públicos y muy señaladamente el diputado local de Coalcomán, Osbaldo Esquivel Lucatero, a quienes les han arrebatado la vida.

Aún con esta larga lista en Michoacán y en todo el país, tenemos dos grandes asuntos pendientes:

Primero, no contamos con un protocolo de seguridad para proteger la vida de los funcionarios municipales. Si un funcionario considera que su vida está en riesgo, no sabe a quién acudir, no hay elementos para valorar objetivamente el riesgo y decidir si otorgar protección o no, y de qué tipo, no hay procedimientos para los casos de atentados ni con posterioridad a ellos. Por eso la respuesta de los funcionarios es errática y vergonzosa.

Segundo, no hay un sistema de protección de los deudos de los funcionarios públicos que han sido privados de la vida en relación con el desempeño de su cargo. Mujeres, niños y jóvenes, quedan además de llenos de dolor y de rabia, desamparados y con un futuro incierto, como único pago de la vocación de servicio de sus padres.

Estos dos factores juegan en contra de que hombres buenos y honestos participen como candidatos y como funcionarios públicos. También refuerzan los incentivos de los munícipes para pactar con los delincuentes. Los alcaldes saben que están solos y que sobrevivir su administración depende de no incomodar en demasía a los criminales y de una poca de suerte, o de mucha. La tragedia ha golpeado por igual a todos los partidos y nadie ha tomado cartas en el asunto. Ya es tiempo. Mi propia reflexión es quizá tardía, pero aún podemos hacer algo al respecto. Sería un mínimo homenaje para quienes así han perdido la vida y una acción básica de justicia para quienes han perdido a sus seres amados.

¿Impotentes o perversos?

Los grupos de autodefensa surgieron como consecuencia de la incapacidad del gobierno de defender a los ciudadanos, pero fueron perversamente tolerados para debilitar a los Caballeros Templarios. Hoy el gobierno enfrenta el dilema de desarmarlos, lo que supone perder lo ganado y arriesgarse a lastimar a civiles inocentes o seguirlos tolerando, y además de sentar el precedente del paramilitarismo, arriesgar el surgimiento de una nueva organización criminal que eventualmente sustituya a los Templarios.

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Tras los años del gobierno del Presidente Calderón, en que la dinámica en la Tierra Caliente estuvo marcada por el enfrentamiento de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios con el Gobierno Federal, con la llegada del Presidente Peña, surgió un nuevo elemento por demás inquietante: los grupos de autodefensa, civiles armados para defenderse de los delincuentes ante el repliegue de las fuerzas federales y la inexistencia de las estatales. Estos grupos han estado marcados de origen por la contradicción. En una cara la historia de heroísmo civil ante la amenaza del crimen, en la otra su carácter paramilitar y las preguntas sin respuesta: ¿Quién los armó? ¿De dónde obtienen financiamiento? ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno Federal respecto de ellos? ¿Hay otras organizaciones criminales detrás de la autodefensa?

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Estos grupos al principio se explicaron por la impotencia, la incapacidad del gobierno de brindar seguridad a los habitantes de las comunidades de Tierra Caliente y la desesperación de sus pobladores que recurrieron a sus viejas armas de cacería para hacer frente a los criminales, lo cual, con sus bemoles era creíble mientras la acción de estos grupos se limitaba a sus localidades de origen y a salvaguardar sus vidas y su patrimonio. Pero antes de concluir el 2013 iniciaron un rápido proceso de expansión tanto en territorio como en capacidades: armas, vehículos y equipo de comunicación se volvieron ostensibles y abundantes y el objetivo se volvió ambicioso: acabar con Los Caballeros Templarios.

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Los acontecimientos de los últimos días de diciembre de 2013 y los primeros de este año vuelven cada vez más insostenible la tesis de la impotencia gubernamental y nos enfrentan a la escalofriante tesis de perversidad: que el Gobierno Federal, aprovechando el hartazgo y la desesperación genuina que se vive en la Tierra Caliente, por sí o peor aún con la participación de alguna organización criminal como el Cartel de Jalisco, hayan instigado la formación de los grupos de autodefensa, les hayan facilitado las armas y los recursos necesarios para su despliegue y les hayan tolerado su expansión territorial.

Esta teoría admite una prolongada escala de grises, desde el supuesto más perverso hasta la aparentemente inocente permisividad, glorificada como insurrección ciudadana. No soy afecto a las teoría conspiratorias, creo que lo más simple es lo más probable, y por eso creo que la Secretaría de Osorio Chong, con el oportunismo que ha mostrado inscrito en su ADN, decidió usar a los grupos de autodefensa para debilitar a los Caballeros Templarios, permitiendo su expansión, que se convirtió en una auténtica guerra relámpago hasta que llegó a Nueva Italia, el nodo carretero del sur de Michoacán. Ése fue el primer acto intolerable y la evidencia de que la perversa indiferencia hacia los grupos paramilitares habían ido demasiado lejos.

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El daño está hecho y tras el aparatoso despliegue militar y el aún más aparatoso despliegue político, que incluye por supuesto la firma de un nuevo acuerdo, estéril acto protocolario que alegra el corazón de un príista como ninguna otra cosa, el Gobierno Federal enfrenta las consecuencias de su propia perversidad.

Para los grupos de autodefensa desarmarse en suicida. Y por desgracia mi expresión no es metafórica. En un valle agrícola de poblaciones pequeñas en el que todo mundo se conoce, lleno de intrincados caminos, rodeado de imponentes montañas, a un paso de la sierra, dejar las armas es sentarse a esperar la ejecución propia y de los seres queridos a manos de los replegados y heridos, pero por ello más peligrosos que nunca, sicarios de los Caballeros Templarios.

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El Gobierno Federal no puede mostrarse como un gobierno eficaz y respetuoso de ley mientras los grupos de autodefensa estén armados y patrullen el territorio, pero desarmarlos mediante la fuerza pública supone un reto enorme que ya cobró sus primeras víctimas en la comunidad Antúnez, en el episodio más desafortunado de ésta incursión de las fuerzas militares. Enfrentar la resistencia de los autodefensas supondría también retroceder en los territorios ganados al crimen organizado en la última ofensiva y darles tiempo para que se reorganicen y puedan plantar una mayor resistencia, por lo que el escenario probable es que la tolerancia a estos grupos paramilitares continúe, pero guardando ciertas formas, como ya acordaron con Fausto Vallejo, no ostentarán su arsenal y se mantendrán alejados de las carreteras y las ciudades. El más puro estilo priísta, lo cosmético por encima de lo ético.

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Sin embargo la permanencia de estos grupos supone otros riesgos, el principal, que la Tierra Caliente pase del control de un grupo criminal a otro. No es improbable que en el mediano plazo algunos de los participantes en los grupos de autodefensa se vuelvan consientes del poder que detentan y ante lo costos que resulta mantenerse activos, comiencen a buscar fuentes de financiamiento, y lo que hoy puede ser una contribución voluntaria a la insurgencia ciudadana mañana puede ser extorsión, con lo que el ciclo de violencia y crimen reiniciaría peor cada vez.

El gobierno de Peña Nieto prometió una estrategia distinta y recurrió si no al paramilitarismo, sí a la perversa manipulación de la desesperación de los pobladores del Valle de Apatzingán y como consecuencia de ello, hoy enfrenta dos problemas en lugar de uno.

Ante la violencia, unidad

La semana pasada, la violencia del crimen organizado volvió a sacudir a Michoacán. El diputado local Osbaldo Esquivel Lucatero, del PRD, originario de Buenavista y electo en el distrito de Coalcomán, fue brutalmente asesinado en las afueras de Morelia. El primer legislador local que se suma a una lista ya larga de alcaldes y funcionarios municipales que han perdido la vida en los últimos años a manos de los sicarios de la delincuencia.

Ninguna vida vale más que otra, pero casos como este nos recuerdan que los grupos delincuenciales cada vez tienen menos temor de enfrentar al estado y se atreven a atacar a personajes cada vez más destacados, al amparo de un amplio cono de impunidad. Son hechos que nos hablan de la profundidad de la crisis y de la gravedad de la amenaza.

El domingo 15 se cumplieron cinco años del más grave hecho de violencia del crimen organizado contra la población civil que se haya registrado en nuestro estado. Fue en el 2008 cuando en mitad de la celebración delGrito de Independencia delincuentes detonaron granadas en mitad de la multitud que ocupaba la Plaza Melchor Ocampo. Ha sido uno de nuestros momentos más trágicos.

Y traigo a cuento ambos hechos, a los que podríamos agregar muchos otros, para subrayar la gravedad de la situación que enfrenta nuestro país. La magnitud de la amenaza que el crimen organizado plantea a nuestra sociedad. Una amenaza que se cierne sobre nuestras vidas, nuestro patrimonio, nuestra libertad; y que ha dañado nuestra economía y nuestra calidad de vida, además de nuestra percepción de la realidad y nuestra comprensión del mundo. Esto último no es menor, pues nos hemos acostumbrado a coexistir con el fenómeno delictivo y con los delincuentes, y hemos asumido pautas de comportamiento más tolerantes hacia estos que hacia el gobierno que los combate.

La actitud escéptica y agresiva de la sociedad ante la lucha gubernamental contra el crimen, es responsabilidad de todos los actores políticos. La lucha contra la delincuencia debiera ser un asunto de estado, en el que no hubiera fisuras ni dudas. Sin embargo hacia la mitad del sexenio anterior el tema se politizó. El PAN quiso capitalizar el tema en las elecciones intermedias y acusar al PRI de haber pactado con el crimen organizado. El PRI respondió y el PRD, especialmente los fieles de AMLO y los aludidos en gobiernos locales como el de Michoacán, pusieron el acento más agresivo en el discurso, responsabilizando al gobierno federal de los homicidios que ocurrían.

Cuando otros países han enfrentado amenazas a su seguridad, como los estadounidenses el terrorismo de Al Qaeda o los españoles a ETA, lo han hecho con un sentido de unidad nacional indispensable para imponerse ante los criminales, y ello no ha supuesto que quienes ocupen la oposición no critiquen acciones de quienes ocupan el gobierno, pero siempre dentro de una frontera muy clara: los criminales son los malos, el gobierno cuando los persigue, es el bueno. Al gobierno se le puede recriminar su falta de eficacia, pero no que enfrente a los criminales como ha ocurrido aquí.

Una barrera clara debiera ser que las consecuencias de los delitos no son culpa del gobierno, son culpa de los criminales, así los muertos del World Trade Center el 11-S no son los muertos de Bush, son de Al Qaeda y de Bin Laden. Los muertos de los ataques de ETA no son los muertos de Felipe González o de Aznar, son de ETA. Sólo en México es concebible que los homicidios cometidos por los Zetas, por el Cartel de Sinaloa o los Caballeros Templarios sean los muertos de Calderón o los muertos de Peña Nieto y no los muertos del crimen organizado. A ese extremo estamos dispuestos a llegar con tal de denostar a nuestros opositores políticos. Preferimos disculpar al Chapo o a Tony Tormenta con tal de culpar a Felipe Calderón o a Peña Nieto.

El actual gobierno federal ha gastado su tiempo y sus recursos en convencernos que su estrategia es distinta a la de su antecesor. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los malos son los que matan, los que venden droga, los que extorsionan, los que secuestran. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los ciudadanos también jugamos un papel importante si denunciamos, si no somos permisivos ante los delincuentes, si no admiramos su estilo de vida, si no los idolatramos en corridos y un largo etcétera.

El inicio de la administración era el momento justo para que el Gobierno Federal diera el giro en el discurso y convocara a los mexicanos a la unidad frente a la amenaza del crimen organizado. La dejó pasar. Pero nunca es tarde. Ese cambio de discurso, ese mea culpa de todos los actores políticos es lo que debiera suscribirse en el Pacto por México o en el Acuerdo por Michoacán. Dibujar con toda claridad una línea que nadie pueda cruzar porque en ese momento ayuda a los criminales y se opone al estado y a la sociedad.

En el horizonte está el 2015. En Michoacán cada partido registrará 150 candidatos (más síndicos y regidores) y las acusaciones de complicidad con los carteles no se harán esperar. Eso debilitará a todos los partidos y a los futuros gobiernos, fortalecerá la percepción de fuerza de los delincuentes y hará más profunda nuestra desesperación. Los partidos deben entender que no pueden pactar con los criminales, deben superar la tentaciónde ganar elecciones a ese precio y pactar entre sí la defensa del proceso electoral, de los candidatos, de la democracia misma y por ende, la legitimidad de los gobiernos y representantes que han de emanar.

Ya lo dijo San Agustín, en lo fundamental unidad. En el México de hoy nada es más fundamental.