Declaraciones Patrimoniales: en busca de la rendición de cuentas

La semana pasada la Suprema Corte (SCJN) declaró que el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es constitucional y que por lo tanto las declaraciones patrimoniales de aquéllos se harán públicas solo con su autorización. Este hecho incrementó el debate que ya tenía lugar al respecto, que ha sido impulsado por diferentes actores de la sociedad civil y en torno al cual, hay una serie de mitos que conviene sean aclarados para que podamos avanzar en políticas reales de rendición de cuentas y combate de la corrupción.

Pleno de la SCJN

Para empezar, en mi opinión la SCJN juzgó correctamente al reconocer que los servidores públicos si bien tienen obligaciones distintas a las del común de los ciudadanos, no pierden sus derechos, entre otros el derecho a la privacidad y por tanto les corresponde decidir sobre la publicidad que se da su información personal. Esta sentencia de ninguna forma cierra el debate, pues ahora la decisión está en el terreno legislativo que podría reformar la ley e imponer la obligación de publicitar su patrimonio a los servidores públicos, por lo que es muy oportuno reflexionar el tema.

El actual régimen de responsabilidades de los servidores públicos surge a finales de 1982 y se inscribe en el proyecto de “renovación moral” que promovía el recién electo Presidente De La Madrid como respuesta a los excesos y escándalos de corrupción vividos durante el mandato del Presidente López Portillo. En este contexto, las declaraciones patrimoniales no tienen como destino a los ciudadanos sino a la autoridad encargada de supervisar el desempeño de los funcionarios, es decir a la Secretaría de la Contraloría que ya con el Presidente Fox cambiaría su nombre por el de Secretaría de la Función Pública, hoy en vías de extinción.

Miguel de la Madrid Hurtado                      José López Portillo

La información contenida en las declaraciones debe servir para dar seguimiento al patrimonio de cada servidor público y constatar que éste no se incremente en forma inexplicable atendiendo a los ingresos lícitos de la persona en cuestión, lo cual suena bien, sin embargo se presentan dos grandes problemas: la capacidad del órgano de control para revisar y seguir miles de declaraciones patrimoniales (pues están obligados a su presentación desde jefes de departamento o equivalentes) aún suponiendo que quisiera en verdad hacerlo; y por otra parte el principal problema es lo que no se asienta en las declaraciones.

En este último renglón hay casos en que es obvio el problema, pues sin duda, los 88 millones en efectivo de Andrés Granier no figuran en su declaración patrimonial, como no están las propiedades de Moreira, Montiel o Reynoso Femat en las suyas. Pero también el problema existe con la “pequeña corrupción” de sobornos en efectivo a inspectores, policías y funcionarios del menor nivel que reciben cantidades menores y recompensas en especie. Por eso señalo que creer que la simple publicación de las declaraciones patrimoniales reducirá la corrupción es ingenuo, por decir lo menos, y que en cambio dejaría a merced de las vicisitudes de la inseguridad que vivimos, a miles de servidores públicos que verían los detalles de cada uno de sus bienes, como domicilió y valor de inmuebles, placas y número de serie de autos, números de cuentas bancarias, sueldos, rentas, utilidades propios y de toda su familia expuestos al público.

Andrés Granier Melo

Tratándose de encontrar soluciones a este grave problema de la falta de rendición de cuentas que lleva a la corrupción, me atrevo a proponer algunas medidas que pudieran ser efectivas.

Normar en la ley un régimen de publicidad de la información patrimonial de los servidores públicos, que sea respetuoso de su privacidad pero que satisfaga la justa demanda ciudadana de información. Un régimen que considere las diferencias de responsabilidad y de ingreso y que no trate por igual al Presidente de la República que al empleado de una ventanilla, a mayor responsabilidad mayor publicidad. Esto también evitaría simulaciones de transparencia como la del Presidente Peña y su gabinete, cuando declaró haber recibido en donación varios inmuebles sin aclarar su origen.

Enrique Peña Nieto

Consolidar la información de todos los poderes y todos los órganos de gobierno, pues hoy no hay forma de seguir la trayectoria pública de un ciudadano que cambia de Poder o de ámbito, lo cual es muy frecuente. También es fundamental integrar lo con información financiera de la que se maneja en la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, así como con los registros de la propiedad raíz y de vehículos. El trabajo de seguimiento de la información patrimonial es equiparable al de inteligencia financiera que se hace para evitar el lavado de dinero y de hecho debiera estar conectado.

Seguir fortaleciendo las medidas precisamente contra el lavado de dinero y reduciendo el uso de efectivo, pues es la forma más simple de ocultar el producto de la corrupción. Contar con registros de bienes inmuebles y vehículos reales y actualizados.

Recursos incautados en Tabasco

Por otro lado debe seguirse buscando reducir los trámites, pagos y sanciones innecesarios en el sector público y perseverar en la mejora regulatoria, pues la corrupción se anida en los enredos de la burocracia.

Sin duda todos queremos gobiernos y servidores públicos que rindan cuentas, y queremos reducir la corrupción y la impunidad, pero no debemos caer en la tentación de las soluciones simples y equivocadas, pues con ello seremos cómplices involuntarios de esos males. Para avanzar se requiere inteligencia y valor. Esperemos que nuestros legisladores tengan ambas cosas.

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¿Legalizar la mariguana?

Diversas noticias sobre la legalización de la mariguana en  Estados Unidos – en Colorado se firmó la ley estatal que reglamenta su venta y uso en 2014 y el gobernador de Nueva York presentó ante la legislatura estatal una iniciativa para reducir las sanciones e incrementar las dosis que no son penalizadas – y la declaración de Vicente Fox, en su más puro estilo, de que el podría dedicarse a producir la yerba si esta fuera legal, trajeron consigo otro capítulo mediático de este debate, que lleva ya mucho tiempo.

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El gobierno mexicano ha dicho con toda claridad que no legalizará el uso de la mariguana, sin embargo los expresidentes Fox y Zedillo se han manifestado, cada quien a su manera y guardando las diferencias, por revisar la política prohibicionista que con los Estados Unidos a la cabeza aplican la mayoría de los países del mundo. Incluso el expresidente Calderón llegó a señalar que si los Estados Unidos no pueden controlar las consecuencias del tráfico de drogas, especialmente las armas y el dinero, deberían analizar una alternativa de mercado.

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El debate del tema sin duda es relevante pero especialmente en el momento en que vivimos en México, en que la violencia asociada a los cárteles que trafican con drogas ha conocido niveles altísimos, debemos separar dos aristas de esta discusión para ser precisos. Por una parte está la visión de levantar la prohibición del comercio de mariguana como un asunto de salud pública y el reclamo de que ingerir esta – y otras – sustancias debiera estar dentro de la esfera de libertades individuales y que el estado nada tendría que hacer al respecto, como el tabaco y alcohol, que a pesar de impuestos y restricciones su consumo no está criminalizado.

Si bien el reclamo es atendible, y efectivamente los daños a la salud que causa la mariguana son incluso menores que los que provoca el alcohol y que no existe evidencia suficiente para afirmar que la política de prohibición previene el consumo, hay que ir con cuidado. Apenas seremos testigos de lo que ocurre en algunos estados de la Unión Americana cuando se libere en forma general el consumo recreativo y eso nos permitirá normar mejor nuestro criterio. Sin embargo, sí hay dos datos que vienen al caso: en los estados norteamericanos donde la mariguana es legal con fines terapéuticos, la incidencia de pacientes con sobredosis es mayor. Por otro lado en los países europeos la tendencia de consumir mariguana – e incluso cocaína – va a la baja mientras que el consumo de drogas más “duras” está a la alza.

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Por otro lado están quienes sugieren que debiera despenalizarse el uso de la mariguana como parte de la estrategia de lucha contra el crimen organizado, pues se le arrebataría una fuente de ingresos y se reduciría su poder, facilitándose su combate. Esta sí que es una dulce mentira, una falacia, un pretexto para no enfrentar la dura realidad que plantean la situación de seguridad en México y buena parte de Latinoamérica.

Para empezar hay una tendencia a inflar los datos de la producción de mariguana – se ha dicho que México produce 21 mil toneladas al año o que los Estados Unidos producen diez mil, cuando el mercado anual estadounidense no pasa de 5000 toneladas al año en total – y de las cantidades de dinero que genera su comercio – se ha señalado que la venta al menudeo en el mercado mexicano valdría casi 8000 MDD o que California solamente representaría catorce mil MDD cuando la realidad es que el primero valdría para todas las drogas apenas 1.4 MMDD y la cifra de California se basa en el mito de una producción de diez mil toneladas.

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Esta tendencia se explica porque a las agencias gubernamentales les favorece incrementar los números de la economía de la droga para resaltar su importancia, en tanto que a quienes abogan por la liberalización les permite hacer cuentas alegres de los beneficios que tendría esto para la economía formal.

Por consecuencia, siendo menores las ganancias derivadas de la mariguana de las que las estimaciones que se hacen con cierta frecuencia y quedando aún negocios tan lucrativos como la cocaína y las drogas sintéticas, la teoría de que los cárteles se debilitarían pierde fuerza, además los delincuentes que militan en estas organizaciones es poco probable que abandonaran la actividad criminal para  dedicarse a actividades lícitas por la desaparición del trasiego ilegal de la mariguana. La experiencia nos demuestra que estos individuos son residuales a la actividad criminal, si un delito deja de ser lucrativo se dedican a otra actividad también criminal para sustituir sus ingresos. En parte, la mayor complejidad en el trasiego de droga explica el incremento en secuestros y extorsiones en nuestro país.

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Pero la principal razón por la que el problema del crimen organizado no se resolvería con la legalización de la mariguana, es que estas organizaciones  surgieron en México por la debilidad del Estado, por la incapacidad de aplicar la ley en todo el territorio, por la proclividad a la corrupción del gobierno y por la tolerancia social a la delincuencia. Esos son los problemas de fondo que debemos enfrentar, que desde el sexenio pasado se empezaron a enfrentar y en lo que no debe haber marcha atrás.

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Recuperar el territorio perdido (por ellos mismos)

Finalmente, después de meses de negación, hace unos días (todo inició el 16 de mayo) el Gobierno Federal y el del Estado aceptaron que la situación de inseguridad e ingobernabilidad en la Tierra Caliente michoacana es grave y tomaron acciones encaminadas a resolver la compleja problemática. Sustituyeron tras solo unas semanas en el cargo al Secretario de Seguridad Pública con un general del Ejército con experiencia operativa y de mando, incluso de fuerzas especiales, desplegaron un número significativo de elementos de las corporaciones militares y policiacas de la Federación, que fuentes periodísticas contabilizaron en 6000.

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El despliegue político también fue significativo. Reunión del Gabinete de Seguridad en Morelia y designación de un “padrino”, el titular de la Sedatu Jorge Carlos Ramírez Marín fue nombrado para dar seguimiento a la estrategia integral. Como a lo largo de la campaña y del primer semestre del gobierno del Presidente Peña, escuchamos los mismos mantras sobre la seguridad: cambio de estrategia, enfoque integral, coordinación con el estado. Lugares comunes que no son claros ni se traducen en acciones puntuales.

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Lo que vemos es cualquier cosa menos un cambio de estrategia. Lo cual es malo sólo para Peña y su equipo porque desnuda la mentira que han cultivado desde el proceso electoral. A los delincuentes se les combate desplegando fuerzas de seguridad, no hay alternativas reales, los objetivos pueden variar, pero en esencia es usar la fuerza del estado. La novedad fue el repliegue de militares y policías que ordenó la nueva administración y las consecuencias están a la vista. Hoy regresan a “recuperar el territorio”, sí, a recuperarlo porque lo abandonaron hace meses y la violencia y la descomposición social llegaron a nuevos umbrales nunca antes vistos.

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Lo de tener un enfoque integral suena estupendo, y aun aceptando que antes no existiera, cosa que personalmente rechazo pero no discutiré aquí, las primeras acciones que se han emprendido son estrictamente de seguridad. Ningún municipio de la Tierra Caliente está en la Cruzada contra el Hambre, por ejemplo, ni se ha delineado una estrategia de intervención en materia social o económica. Incluso las obras de infraestructura que han beneficiado a la región son de administraciones anteriores y no se han anunciado nuevas.

La coordinación con el estado es sin duda bienvenida. Entre las administraciones de Calderón y Vallejo existió por supuesto. No fue casualidad que el Secretario de Seguridad Pública de ese periodo fuera el anterior Comisionado de la Policía Federal y que este se marchara con el cambio de gobierno y el repliegue de las fuerzas federales. Entre Calderón y Godoy no solo no había coordinación, había una fundada sospecha de colusión del gobierno estatal y por lo tanto las fuerzas federales siempre operaron en territorio hostil. Así que bienvenida la coordinación.

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Desde aquel arranque han sucedido no pocas cosas. Grupos de autodefensa retuvieron a militares y su libertad se obtuvo negociando impunidad, no acaba por quedar claro cual es la política respecto de estos grupos que han tomado por su cuenta la ley en la región. El Gobernador Interino prometió resultados en 30 días, el titular de Gobernación declaró que las fuerzas armadas permanecerán en Michoacán hasta pacificarlo, pero menos de una semana después ya celebra la recuperación del territorio y avances sustanciales, lo cual no es un buen augurio, pues para cumplir con su agenda política, los dos gobiernos pudieran declara en breve que el objetivo se ha cumplido y replegarse de nuevo. Este es otro de los riesgos de politizar la seguridad.

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Por otro lado, las fuerzas federales no van a combatir los delitos del fuero común que lastiman profundamente a la sociedad como la extorsión, el secuestro y los robos. Para eso se requiere tener una policía estatal profesional y confiable que el gobierno godoyista se resistió a construir y en la que el gobierno actual ha avanzado poco y lentamente, incluso en el mando único sobre las policías municipales que ha sido parte recurrente de su discurso.

A lo anterior se suma un increíble posicionamiento público del perredismo para “alertar” sobre la descomposición que sufre el Estado y la posibilidad de que en el 2015 el narco infiltre las candidaturas. Increíble para el partido que gobernó Michoacán 11 años, los años durante los que se establecieron los cárteles como en su casa, en los que se desató la violencia y se incrementaron los delitos. Lo que sí hay que reconocer es que si alguien sabe de tener candidatos coludidos con el narco, son los perredistas, tal como Julio César Godoy.

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En conclusión, a pesar del optimismo gubernamental la lucha por la seguridad y la paz de Michoacán y en particular de la Tierra Caliente tiene mucho trecho por recorrer aun. Nos corresponde a la sociedad y a la oposición, sin estridencias absurdas como la del PRD, vigilar que esta batalla se dé con constancia y sin regateos, con inteligencia y con la fuerza requerida, y que se avance en paralelo, tanto en fortalecer las policías locales y en construir soluciones económicas y sociales para el Estado.

Por sus frutos los conoceréis

Esta es la regla bíblica que propongo para juzgar la liberación de Florence Cassez.

Qué buenos frutos se han alcanzado con la concesión de un amparo liso y llano a aquella de cuya culpabilidad no se ha establecido duda, sino que se le ha liberado por considerar que el proceso que se llevó en su contra no cumple con todos los requisitos legales, en su mayoría tecnicismos, pero cuya sentencia había sido dictada por un juez y dos veces confirmada. Yo digo que ninguno.

De un montaje a otro

En primer lugar se ha dado un mensaje de impunidad. Los criminales no son castigados siempre y cuando, tengan los medios para contar con una defensa, legal, política, mediática y diplomática lo suficientemente poderosa para oponerse al estado mexicano.

Los derechos de las víctimas a la justicia y la reparación del daño son de segundo orden. Las víctimas pueden ser atropelladas por el criminal y olvidadas por la autoridad, nada tienen que decir en la liberación de sus ofensores.

La autonomía del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia está en entredicho. Hace apenas unos meses la misma opción del amparo liso y llano fue rechazada por la misma Sala de la Corte. Hoy con un nuevo Ministro (Gutiérrez Ortiz Mena), que tras una tortuosa elección en el Senado, con una fuerte influencia del PRI, el fallo es aprobado por mayoría. El Poder Ejecutivo ejerce una fuerte influencia en las decisiones del máximo tribunal una vez más. Mala señal para el comienzo de un sexenio.

Los ministros de la Corte pretenden ser intocables. En una etapa en que todo personaje público está sujeto a escrutinio y crítica revisión de sus actos, los ministros esperan quedar indemnes ante quienes discrepamos de su decisión y se les ve indignados ante la crítica.

El Presidente supedita el interés nacional a la agenda política de su partido. Más le interesa mandar el mensaje que los gobiernos del PAN todo lo hicieron mal y el suyo desfacerá todo entuerto, que preservar la fortaleza de nuestra recién construidas instituciones. Primero el aplauso fácil, luego los asuntos de Estado.

Un defensor de las víctimas de la delincuencia queda desnudo como un ariete político del PRI. Javier Sicilia, ruidoso y rijoso ante todos, de Calderón a Arpaio, de Cuernavaca a Harvard, no dijo una sola palabra en defensa de las víctimas de Los Zodiacos, banda de Cassez, a solo unos días de ocupar los titulares cuando disparaba elogios al Presidente Peña por expedir la deficiente Ley de Víctimas. Por si dudaba alguien de sus filias.

Todo funcionario puede quedar impune, menos ante los medios de comunicación. Genaro García Luna está en la picota, una vez más, por el montaje que empañó la captura de Cassez y sus cómplices. Para los medios y la opinión pública ya es culpable, paradójicamente de presentar a una banda de secuestradores como culpables ante los medios y la opinión pública. No se ve en el futuro inmediato un proceso de responsabilidad administrativa, política o penal en su contra. A sus enemigos les basta el linchamiento mediático, del que es más difícil defenderse.

El prestigio internacional de México está lastimado. El expresidente francés, Sarkozy, en el momento que su popularidad era menor que la de Leonel Godoy y buscando la reelección, se lanzó a buscar la libertad de una francesa encarcelada del otro lado del mar en una república bananera. Esa es la historia que el gobierno de Francia ideo y propagó por el mundo. Durante algunos años el gobierno mexicano la enfrentó con otra muy distinta: el nuestro es un estado moderno de leyes y tribunales donde se castiga a los delincuentes. Hemos claudicado en esa defensa, para decir antes sí éramos salvajes, hoy ya no.

De delincuente a celebridad. El escándalo ha producido una estrella, la señora Cassez se reúne con políticos, actores y distinguidos franceses, ocupa los medios electrónicos y las primeras planas, reafirmando su inocencia, la injusticia sufrida y su frivolidad.

Con el precedente de la liberación de Cassez, muchos otros delincuentes pueden ser liberados, pues los argumentos, excepcionales y débiles que sustentaron el amparo que le fue concedido pueden asestar muchos golpes más a la justicia mexicana y a las víctimas de esos criminales. Lo cual seguiría sentando bien a la narrativa presidencial, por lo que es de esperarse.

Nuestro país ha tenido un retroceso enorme con la decisión de una Sala de su Corte Suprema, que no de toda ella, en especial hay que reconocer a los ministros Cossío y Pardo su voto contra el proyecto. Pero esta es un señal temprana de lo que puede ser una restauración autoritaria, regresar al país de la justicia politizada, el Poder Judicial sometido y las víctimas ignoradas. Esos son los frutos que podemos reconocer, y hablan muy mal de su árbol.

Lo seguimos comentando en tuiter: @antplaza