Fausto, el STASPE y la tolerancia

El pasado jueves primero de mayo, en el marco de la celebración del Día del Trabajo, tuvo lugar un acontecimiento desagradable. Un grupo de trabajadores sindicalizados del STASPE, el sindicato de los trabajadores del Gobierno del Estado, increpó al Gobernador Fausto Vallejo y lo insultó en repetidas ocasiones, inclusive hubo quien le arrojó alguna bola de papel.

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El hecho tiene varias aristas. Primero hay que decir que los trabajadores se encontraban particularmente indignados pues unas horas antes el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la instancia judicial, dependiente del propio Gobernador, declaró inexistente su huelga, en un procedimiento que dejó sorprendido al más mañoso abogado. El famoso Tribunal ha estado implicado en más de una controversia, y mas allá de sus integrantes, es por mucho evidente que se trata de un órgano vetusto que carece de la normatividad adecuada, es ajeno a la transparencia y que está débilmente constituido. Por eso sus fallos siempre terminan siendo cuestionables.

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La insistencia del Gobernador de acudir al acto, y sorprendentemente, sin un dispositivo adecuado de seguridad, es más que anecdótico, es una imprudencia que pudo salir mucho peor, y de la que no son responsables los manifestantes, sino las autoridades. Pero las cosas se complicaron, pues en su ruta de salida, cuando más intensos fueron los gritos en contra de su persona, Fausto Vallejo se detuvo y pretendió encarar a los manifestantes. Sin duda fue un impulso de ira comprensible, pero que comprometía más la seguridad del mandatario.

Los hechos concluyeron felizmente pues no hubo mayores consecuencias, hasta que unas horas después el Secretario de Gobierno del Estado, anunció que la Consejería Jurídica del Ejecutivo presentó ante la Procuraduría del Estado denuncia penal en contra de los manifestantes del acto en que se ofendió al Gobernador del Estado, la denuncia no precisa delito y se encamina contra quien resulte responsable, pero se ha señalado que se citará a declarar al líder del sindicato Antonio Ferreyra.

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No sé, ni se me ocurre porque delitos pudieran procesar a los miembros del STASPE. Desde el 2007, a iniciativa de un servidor las injurias y la difamación no son delitos en Michoacán, del delito de lesiones no puede configurarse ni la tentativa y pretender que se configuren la sedición o el motín sería un despropósito bastante ajeno a un gobierno democrático, más cuando vivimos un tiempo en que se tiene una tolerancia excesiva a grupos de civiles armados, que incluso reciben el apoyo de la autoridad. Pero el sólo hecho de que se presente la denuncia ya me parece asombroso.

 Podemos pensar que se trata de una maniobra más política que legal. Una vez vencido el STASPE en juicio (como haya sido) y declarada inexistente la huelga, el que sobre la cabeza de su dirigente se cierna, como espada de Damocles la amenaza de un proceso penal, es sin duda muy conveniente para un gobierno al que solo le resta asegurarse que se abran las oficinas públicas y los burócratas regresen a trabajar.

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No simpatizo con el STASPE ni con los sindicatos del sector público. En general creo que sus contratos colectivos son abusivos y que en nada han beneficiado ni al servicio público, ni a los ciudadanos y ni siquiera a sus agremiados. Pero creo que lo que atestiguamos en días pasados retrata un Gobierno Estatal que tiene un talante de autoritarismo e intolerancia al que ya nos estábamos desacostumbrando.

Resolver procedimientos en órganos que carecen de independencia y en el filo de la legalidad, presentar denuncias por insultar a un funcionario en una plaza y dedicarle una rechifla pública, así como negociar con interlocutores bajo amenaza de cárcel, forzando los tipos penales más allá de los hechos no son hechos alentadores menos en un estado en que el crimen, el vandalismo y la portación de armas se han generalizado. Nos hablan de que el gobierno no es sensible socialmente, sino impotente, que la ley se aplica selectivamente y que el discurso democrático es una fachada, que los humores autoritarios del pasado están intactos, esperando una grieta en nuestra frágil modernidad para regresar.

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La salud de un hombre público

Así se ha llamado por muchos años a quien se dedica a la política: hombre público. Persona pública, desde que numerosas damas participan activamente y el machismo entreverado en el español tornaría chusco el mote. Y si aceptamos y usamos cotidianamente esta fórmula para referirnos a quienes gobiernan, ¿por qué hoy debatimos si la salud del gobernador de Michoacán es un asunto público o privado?

La respuesta es simple: al gobierno estatal y al equipo de Fausto Vallejo les interesa ganar tiempo y eso solo pueden hacerlo ocultando la información sobre la salud del mandatario.

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No soy médico, pero no necesito saber una palabra de medicina para saber que Fausto Vallejo no regresará a la gubernatura. La secrecía que se pretendió guardar sobre su enfermedad grita la gravedad de su condición. Si el mandatario sufriera, como se dijo al principio una hernia o de tos, la estrategia de comunicación sería aportar tanta información como fuera posible para dejar en claro que la situación es transitoria. Ante un padecimiento grave de pronóstico reservado la estrategia es ganar tiempo, para hacer ajustes, para cerrar asuntos pendientes, para tomar las decisiones sin duda trascedentes de lo que vendrá.

Por eso se ha recurrido a la mentira, a la evasiva, a la indignación. ¿Cómo se atreven?, gritan algunos, la salud es un asunto privado, íntimo. Y lo es para quien elige la senda de la vida privada, no así para quien opta por la vida tempestuosa de la responsabilidad pública. Países con legislaciones avanzadas lo prevén y exigen conocer el estado de salud de los gobernantes cuando estos enferman, pues la capacidad de cumplir con su mandato depende inevitablemente de su buen estado físico. Lo mismo ocurre en el mundo corporativo, donde los altos directivos, los CEOs de las grandes empresas deben informar a los accionistas sobre el estado de su salud, y cuando el caso se refiere a la salud de un gobernante los accionistas somos todos los ciudadanos.

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Sólo la estupidez podría provocar que alguien se alegrara de la enfermedad del gobernador Vallejo. Sólo la idiotez podría llevar a alguien a pensar que su abrupta salida del cargo y la llegada de un sustituto, podría traer algún beneficio. La renuncia de Fausto Vallejo a la gubernatura será una mala noticia que se acumulará a las de la crisis financiera, la deuda, la inseguridad y la incapacidad para resolverlas, porque aún en el mejor de los escenarios, representará inestabilidad e incertidumbre, ajustes en la estructura de gobierno y reacomodo de fuerzas, en los que siempre se pierde tiempo y esfuerzo.

Cuando se presentó la licencia yo sostuve que no había razón para no creer en la versión oficial, hasta que se presentara una razón para desconfiar. Ahora se ha revelado que el procedimiento era una cirugía de hígado, y aún cuando no se abunda en la información, lo dicho es suficiente para confirmar que hace 90 días se ocultó información sobre la salud del gobernador y ésa es ya una razón para desconfiar de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se diga en adelante. Y de eso nos debe rendir cuentas el gobierno estatal, de su falta de veracidad.

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Ahora habrá de resolverse en quien recaerá sustituir al gobernador Vallejo. Me parece que el tránsito del poder debe ser lo más rápido y seguro que sea posible. Para recuperar credibilidad el gobierno estatal debe dejar deshojar la margarita y anunciar la falta absoluta de gobernador y solicitar al Congreso la elección del gobernador sustituto, que en mi opinión debe ser el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna ya encargado del despacho y con quien el cambio sería más amable, menos incierto.

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Ha llegado el momento de cambiar la estrategia. Antes fue ganar tiempo, pero ya no puede ganarse más tiempo, paradójicamente la estrategia de ganar tiempo se convertirá a partir de ahora en una forma de perder tiempo, y lo que los integrantes del gobierno hayan  obtenido alargando el compás de espera lo pueden perder si continúan postergando la decisión que parece inevitable.

Fausto Vallejo me merece toda la consideración y le deseo que su salud se restablezca, pero hace muchos años que el asumió la vida pública y no hay duda que su salud no es un asunto íntimo, sino uno de interés público. El camino que siguieron para informar a los ciudadanos puede entenderse como jugada política, pero su ética es cuestionable y deben responder por ello. Y más importante, ahora que el tiempo se ha agotado deben actuar con responsabilidad y anteponiendo el interés general a los suyos propios.

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¿Legalizar la mariguana?

Diversas noticias sobre la legalización de la mariguana en  Estados Unidos – en Colorado se firmó la ley estatal que reglamenta su venta y uso en 2014 y el gobernador de Nueva York presentó ante la legislatura estatal una iniciativa para reducir las sanciones e incrementar las dosis que no son penalizadas – y la declaración de Vicente Fox, en su más puro estilo, de que el podría dedicarse a producir la yerba si esta fuera legal, trajeron consigo otro capítulo mediático de este debate, que lleva ya mucho tiempo.

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El gobierno mexicano ha dicho con toda claridad que no legalizará el uso de la mariguana, sin embargo los expresidentes Fox y Zedillo se han manifestado, cada quien a su manera y guardando las diferencias, por revisar la política prohibicionista que con los Estados Unidos a la cabeza aplican la mayoría de los países del mundo. Incluso el expresidente Calderón llegó a señalar que si los Estados Unidos no pueden controlar las consecuencias del tráfico de drogas, especialmente las armas y el dinero, deberían analizar una alternativa de mercado.

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El debate del tema sin duda es relevante pero especialmente en el momento en que vivimos en México, en que la violencia asociada a los cárteles que trafican con drogas ha conocido niveles altísimos, debemos separar dos aristas de esta discusión para ser precisos. Por una parte está la visión de levantar la prohibición del comercio de mariguana como un asunto de salud pública y el reclamo de que ingerir esta – y otras – sustancias debiera estar dentro de la esfera de libertades individuales y que el estado nada tendría que hacer al respecto, como el tabaco y alcohol, que a pesar de impuestos y restricciones su consumo no está criminalizado.

Si bien el reclamo es atendible, y efectivamente los daños a la salud que causa la mariguana son incluso menores que los que provoca el alcohol y que no existe evidencia suficiente para afirmar que la política de prohibición previene el consumo, hay que ir con cuidado. Apenas seremos testigos de lo que ocurre en algunos estados de la Unión Americana cuando se libere en forma general el consumo recreativo y eso nos permitirá normar mejor nuestro criterio. Sin embargo, sí hay dos datos que vienen al caso: en los estados norteamericanos donde la mariguana es legal con fines terapéuticos, la incidencia de pacientes con sobredosis es mayor. Por otro lado en los países europeos la tendencia de consumir mariguana – e incluso cocaína – va a la baja mientras que el consumo de drogas más “duras” está a la alza.

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Por otro lado están quienes sugieren que debiera despenalizarse el uso de la mariguana como parte de la estrategia de lucha contra el crimen organizado, pues se le arrebataría una fuente de ingresos y se reduciría su poder, facilitándose su combate. Esta sí que es una dulce mentira, una falacia, un pretexto para no enfrentar la dura realidad que plantean la situación de seguridad en México y buena parte de Latinoamérica.

Para empezar hay una tendencia a inflar los datos de la producción de mariguana – se ha dicho que México produce 21 mil toneladas al año o que los Estados Unidos producen diez mil, cuando el mercado anual estadounidense no pasa de 5000 toneladas al año en total – y de las cantidades de dinero que genera su comercio – se ha señalado que la venta al menudeo en el mercado mexicano valdría casi 8000 MDD o que California solamente representaría catorce mil MDD cuando la realidad es que el primero valdría para todas las drogas apenas 1.4 MMDD y la cifra de California se basa en el mito de una producción de diez mil toneladas.

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Esta tendencia se explica porque a las agencias gubernamentales les favorece incrementar los números de la economía de la droga para resaltar su importancia, en tanto que a quienes abogan por la liberalización les permite hacer cuentas alegres de los beneficios que tendría esto para la economía formal.

Por consecuencia, siendo menores las ganancias derivadas de la mariguana de las que las estimaciones que se hacen con cierta frecuencia y quedando aún negocios tan lucrativos como la cocaína y las drogas sintéticas, la teoría de que los cárteles se debilitarían pierde fuerza, además los delincuentes que militan en estas organizaciones es poco probable que abandonaran la actividad criminal para  dedicarse a actividades lícitas por la desaparición del trasiego ilegal de la mariguana. La experiencia nos demuestra que estos individuos son residuales a la actividad criminal, si un delito deja de ser lucrativo se dedican a otra actividad también criminal para sustituir sus ingresos. En parte, la mayor complejidad en el trasiego de droga explica el incremento en secuestros y extorsiones en nuestro país.

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Pero la principal razón por la que el problema del crimen organizado no se resolvería con la legalización de la mariguana, es que estas organizaciones  surgieron en México por la debilidad del Estado, por la incapacidad de aplicar la ley en todo el territorio, por la proclividad a la corrupción del gobierno y por la tolerancia social a la delincuencia. Esos son los problemas de fondo que debemos enfrentar, que desde el sexenio pasado se empezaron a enfrentar y en lo que no debe haber marcha atrás.

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La necesidad y la voluntad: reforma hacendaria

En los gobiernos de Fox y Calderón el PAN insistió sin éxito en generalizar el IVA y reducir el ISR como receta para incrementar la recaudación, eliminar formas significativas de evasión y hacer más equitativa la carga tributaria. Hoy el gobierno de Peña habla de una reforma hacendaria e incluso ha puesto la intención sin mayor definición en el Pacto por México. El secretario Videgaray va y viene, cabildea y presume avances. Yo sostengo que la reforma hacendaria, una reforma real y no mas paliativos solo puede significar una cosa: IVA en alimentos y medicinas y reducción del ISR. Todo lo demás es demagogia.

El PAN asumió con valentía esta definición pero ha perdido en el Congreso de la Unión. El PRI tras la ruptura que este tema provocó entre Madrazo, entonces arropado por Emilio Chuayffet y Manlio Fabio Beltrones, y Elba Esther Gordillo, los llevó a poner en sus estatutos el rechazo de grabar con IVA alimentos y medicinas. Será interesante conocer su posición ahora que han regresado al Ejecutivo Federal.

Por su parte la izquierda lopezobradorista ha anticipado su rechazo. Veremos si el PRD es vencido por el temor de que su excandidato atraiga a la mayoría de sus partidarios si asumen una postura moderada y progresista o si deciden iniciar una carrera populista con su otrora líder.

De cualquier forma, destaca que la izquierda mexicana sea probablemente la única en el mundo que se opone a cobrar impuestos y que apuesta por promover subsidios y exenciones, que cualquiera de sus compañeros en la Tercera Internacional Socialista repudiaría por ser regresivos y en beneficio de los más ricos.

Esos son los partidos que frenaron a México durante 12 años. esperamos corrijan, si no por voluntad, por necesidad.

Aumenta la inseguridad en Morelia

El pasado jueves en #LíneaXLínea de @CB_television analizamos los últimos acontecimientos violentos que se han presentado en Morelia, y nos preguntábamos si esto representaba un incremento sustancial de la criminalidad en nuestra ciudad.

Panel de Línea X Línea,  jueves 24 de enero 2013

Mi reflexión fue en torno a la dificultad que tenemos los ciudadanos comunes de acceder a información sobre la incidencia delictiva del fuero común, pues ni la Procuraduría Estatal ni la Secretaría de Seguridad Pública local publican estos datos en sus sitios de internet. Recordaba yo además, que estas dificultades son incluso extensivas a la autoridad, pues cuando en el 2010, siendo un servidor delegado de Sedesol, tratamos de implementar la estrategia “Convivir Mejor” no contamos con los mapas delictivos de la ciudad.

Quizá la autoridad cuente con esta información y con otros instrumentos de análisis, pero el que no los haga públicos no sólamente impide la transparencia, también laparticipación ciudadana en la prevención y en la denuncia, importantes herramientas en cualquier estrategia de seguridad. Y si no hay cooperación con otras autoridades, especialmente en materia social y de servicios públicos, la estrategia estará trunca.

Para tener un elemento objetivo de análisis, aun cuando carezca de metodología y de rigor estadístico, tome los resultados del buscador de noticias de Google para las notas publicadas en los meses de enero de 2012 y 2013, y los resultados confirman la percepción: en el 2013 en 24 días de enero se registran notas periodísticas de 12 hechos criminales por sólo 6 en el mes de enero de 2012.

2012 2013
Fecha Nota Fecha Nota
08-ene Hallan cuerpo ex delegado IMSS 03-ene Robo de cableado de pozo OOAPAS
18-ene Captura PEP sujeto que robó hotel 03-ene Detienen a menor por robo de casa
19-ene Arresta PEP 5 presuntos ladrones 08-ene Mujer sobrevive intento de asesinato
27-ene Muere ex policia Cereso 08-ene Caen sujetos por robo de vehiculo
29-ene Matan dos vigilantes de un fraccionamiento 10-ene Asalto a casa de empeño
31-ene Dos personas privadas de su libertad 10-ene Sujetos perpetran robo en la ENUF
12-ene Intento de secuestro moviliza fuerzas policiacas
14-ene Problema vial deriva en asesinato
20-ene Aprehendido por intento de violacion
21-ene Recuperan tres autos robados
23-ene Aprenden a ladron rompecristales
24-ene Fallece menor tras robo de auto

En conclusión, Morelia atraviesa un momento complicado en materia de seguridad, y la mejor forma de atajar el problema es que a los esfuerzos de vigilancia y persecución de los delincuentes se sumen componentes de servicios como alumbrado, transporte, espacios públicos, atención social, participación ciudadana y transparencia.