No me gusta su reforma política

Está dicho. Antes diré también que entiendo que los cambios deben ser graduales y acepto que a la hora de legislar no podemos asumir posturas de todo o nada, pero hay cosas que sencillamente no me gustan de su reforma. Ahora trataré de explicar por qué. Empezaré por decir que en ella hay cosas muy buenas y que excluiré de mi diatriba: la autonomía del Coneval, ese organismo desconocido que evalúa los resultados de las políticas públicas en materia de desarrollo social y que ha hecho un trabajo extraordinario, y que hay que preservar de la codicia gubernamental, especialmente ahora.

Hay otras cosas bastante sensatas como la ratificación de la estrategia de seguridad y la rendición de cuentas asociada a ella, o la participación del Senado en el nombramiento de los titulares de Hacienda y Relaciones Exteriores, la reducción del periodo entre la elección presidencial y la toma de protesta y el incremento en el umbral de votos necesarios para mantener el registro como partido político, incluso la paridad de los sexos en candidaturas al Congreso. Son buenas pero ninguna revoluciona la vida política. Es como cuando en una carretera se arregla una curva para que sea menos peligrosa, se agradece, pero si se dejan igual cientos más, el viaje sigue siendo el mismo.

Mis desacuerdos empiezan con esa ilusión que les hace a los legisladores cambiarles el nombre a las cosas. Creo que les da la impresión de que se elevan a la categoría de demiurgos. Por dejar de llamarse PGR o IFE, esas instituciones no han de funcionar mejor, es más, pasará un buen rato antes de que les dejemos de llamar por sus viejos nombres.

Hay medidas que serán más litigiosas que útiles, como la nulidad de las elecciones por violar el tope de gastos de campaña en forma “sistemática” y “determinante”, un par de palabras que han permitido cualquier trapacería en materia electoral y que ya nadie sabe que significan a ciencia cierta. Durante los primeros años de vigencia de este precepto vamos a experimentar un avivamiento del conflicto postelectoral. El que además sea sancionable solo cuando se excede por un 5% del tope de gasto, son como los 15 minutos de tolerancia que nos daba el maestro en la escuela. Una reforma a la mexicana, puedes hacer trampa, pero poquita.

Hay otras que están destinadas a convertirse en vetustos elefantes blancos, como el gobierno de coalición, que sin segunda vuelta (ese cambio sí que hubiera sido relevante) en la elección del ejecutivo es totalmente inútil. Coaliciones en el mundo hay de dos tipos: electorales como en Chile, que antes de la elección construyen un programa de gobierno y van por él a las urnas o parlamentarias como en Alemania, en que el equivalente del Presidente debe ser electo por más de la mitad de los diputados y a los de su partido no les alcanzan los votos, por lo que invitan a otros a gobernar. Ambos casos son de necesidad, nadie quiere compartir y esto lo soslayan nuestros legisladores.

Pero los temas mayores son dos y no me gustan:

El nombramiento de los consejeros electorales de los estados por el INE, es la única atribución real que se dio al súper IFE que nació bastante enclenque. Será factor de conflicto muy fuerte, moneda de cambio, espacio para el tráfico de influencias, y en nada garantiza la independencia de estos organismos. ¿O no hemos visto vocales ejecutivos y consejeros locales del IFE postrados ante el gobernador del estado en que despachan? Además seguimos en ruta para desmantelar el federalismo que tímidamente empezábamos a construir. Hemos asumido que los problemas que conlleva un pacto federal se resuelven con elementos centralistas.

Finalmente, la medida más trascedente de todas y quizá la única importante es la reelección. La de alcaldes está en manos de los congresos estatales. Es una historia por escribirse, pero no deja de ser buena noticia, pues permitirá en algún momento evaluar el desempeño de los ayuntamientos y abrirá la puerta de la continuidad en el desarrollo municipal.

La reelección legislativa la he defendido siempre, tiene múltiples virtudes en lo referente a rendición de cuentas y profesionalización del Poder Legislativo. Pero nace torcida, perversa. Uno de los objetivos de la reelección era restar poder a las cúpulas de los partidos y regresarlo a los electores, lo cual no va a ocurrir, peor aún las cúpulas partidistas se van a empoderar todavía más, con la persistencia de los diputados plurinominales y la posibilidad de que estos se mantengan durante periodos sucesivos, las oligarquías partidarias que no rinden cuentas, que no hacen campaña, que no son representativas, van a trasladar sus reales de las dirigencias partidistas a las Cámaras del Congreso. Estas son muy malas noticias.

Así una reforma con muchas pretensiones y celebrada por adelantado, terminó siendo un claroscuro que deja mucho por resolver en la legislación secundaria, pero que tiene más aspectos preocupantes que razones para el optimismo. El problema esencial sigue siendo la falta de legisladores demócratas. Otra vez, los anticuerpos priístas nos traicionaron cuando pretendimos avanzar.

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Los motivos espirituales

En un acto disonante con el clima de polarización vivido en el Senado de la República en días pasados, se entregó post mortem la Medalla Belisario Domínguez a Manuel Gómez Morín (1897 – 1972) quien fuera un brillante abogado, fundador del Banco de México, del Banco de Crédito Agrícola, de la Escuela Bancaria y Comercial, subsecretario de Hacienda, Director de la Escuela de Jurisprudencia, Rector de la UNAM y fundador y primer Presidente del Partido Acción Nacional.

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En febrero del año 2004 sus restos se trasladaron a la Rotonda de las Personas Ilustres, lo cual constituye un precedente a este homenaje, que se rinde bajo el gobierno de un Presidente al que el homenaje al fundador de uno de sus partidos opositores, le mereció dos tuits. Nada nuevo en Peña Nieto ni en el PRI. Gómez Morín fue un activo opositor de los regímenes priístas y es uno de los personajes más denostados en la retórica de entonces: conservador, defensor de Maximiliano, gachupín, banquero, mocho, confesional, capitalista, pequeño burgués, a reserva de mejorarlo, fueron algunas de las mentiras incontables que sobre él se dijeron y escribieron durante décadas. Que hoy se le honre sin aspavientos es de por sí, un signo de los nuevos tiempos.

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Sobre él se han escrito libros como Manuel Gómez Morín 1915-1939 (María Teresa Gómez Mont), Caudillos Culturales de la Revolución (Enrique Krauze), Los Siete Sabios de México (Luis Calderón Vega) y Manuel Gómez Morín, Constructor de Instituciones (Carlos Castillo Peraza). Por su parte, Gómez Morín es autor de numerosos libros, de los que destaco su ensayo “1915” y el libro de sus discursos como Presidente del PAN (1939 – 1949), que lleva por título “10 Años de México”, y los cuales los panistas tenemos por costumbre citar profusamente en los primeros 30 minutos de una asamblea, antes de dedicarnos a deshonrar la memoria de su autor durante el resto de la misma.

Ambos son textos luminosos en que el hilo conductor es la transformación de un México postrado por el “dolor evitable”, el que unos hombres causan a otros, en un México de libertades y de prosperidad, a través de la práctica cotidiana de la solidaridad. Gómez Morín era un católico practicante, al que sus convicciones no le estorbaban para defender una sociedad abierta y hacer política sin atavismos ni confesiones. Gómez Morín era un pensador liberal, al que sus ideas no le impedían abrazar su fe y vivir según ella.

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La visión de la política de Gómez Morín es idealista y se funda en que el ser humano cumpla con un destino superior. Sin ser una visión religiosa, postula la existencia de un espíritu humano y apela a los valores que se desprenden de la misma: la búsqueda del bien, el respeto a la dignidad humana, y ante todo, la responsabilidad como piedra angular del libre ejercicio de la voluntad. Su último discurso como Presidente Nacional del PAN es un genuino testamento político. Más que redundar en una doctrina que a lo largo de una década se había consolidado con absoluta claridad, Gómez Morín establece la actitud que define a un político que se asuma humanista y demócrata. 

“Que nunca falten motivos espirituales en nuestra Organización”, sentencia, pues la política no puede ser instrumento hueco de la búsqueda del poder. La política es instrumento de la elevación humana, había escrito en otro texto, y sólo puede entenderse como un bien público que permite organizar y realizar los otros bienes sociales. La política con propósito y contenido. Una política de convicciones en que se puede perder una votación parlamentaria o una elección, pero no la brújula moral ni el objetivo programático.

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Gómez Morín no era un ingenuo ni caía en el academicismo. Conocía las duras realidades de la práctica política, en la oposición y en el ejercicio del gobierno. Era un acucioso redactor de leyes y un arquitecto de políticas públicas visionarias. Su defensa de la democracia y la libertad en un mundo fascinado por los totalitarismos, que era ridiculizada por el priísmo del “carro completo”, no era un misticismo, era la eficaz construcción a largo plazo de una ciudadanía y una democracia a las que hemos arribado parcialmente, gracias al empeño de personas como él.

Lejos está hoy Acción Nacional de la visión de su fundador. El PAN sucumbe a la dinámica del actual gobierno en la que todo es negociable, el reinado de los operadores políticos, por encima de los políticos a secas, cada vez más escasos. La visión de que gobernar es acordar, que el consenso – en torno de lo que sea – es el valor supremo y en que el proyecto de país no es sino un lienzo armado de los jirones que se arrancan de negociaciones cada vez más aviesas e inconfesables.

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A México le urge la recuperación de la política en la visión de Manuel Gómez Morín y de la que alguna vez el PAN fue portavoz. La política en que el ciudadano tiene el primado, en que se defiende un proyecto de país que contiene verdades que no se negocian, aun cuando sean transitoriamente derrotadas en el parlamento o en la urna, en que se defiende la democracia y la libertad a todo trance. Una política con motivos espirituales.

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La reforma fiscal y el precio de la gasolina

En mitad de la acalorada discusión sobre las reformas fiscales propuestas por el Presidente Peña, uno de los temas más relevantes se ha quedado a la zaga en el debate: el precio y por ende, el subsidio de la gasolina, el cual de acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP) representa al mes de agosto un gasto superior a los 76 MMDP y llegará según sus estimaciones a unos 91 MMDP, superando en un 86% los casi 49 MMDP que se habían presupuestado para el 2013 y que se agotaron en mayo.

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Para comprender mejor el asunto, recapitulemos: el precio de la gasolina en México lo define cada mes la SHCP mediante un precio internacional de referencia más los costos de transporte y la ganancia del concesionario, a lo que aplica la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que durante todo el 2013 (y muchos ejercicios anteriores) ha sido negativa, es decir el gobierno en lugar de cobrarnos a los mexicanos un impuesto sobre la gasolina, nos otorga un subsidio.

En otros países, y en el mercado internacional, el precio de la gasolina se determina libremente por la oferta, demanda y costos de producción y transporte. El precio se ajusta en periodos de inestabilidad incluso diariamente. Al determinarse por el gobierno para la venta a través del monopolio de Pemex, los mexicanos pagamos precios artificiales por la gasolina, en ocasiones excepcionales, más altos y recientemente, más bajos.

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Hagamos una comparación. El Programa Oportunidades que otorga un subsidio en efectivo a la mayoría de los hogares más pobres del país, cuesta 36 MMDP. El subsidio a la gasolina nos hubiera alcanzado para pagar dos veces y media Oportunidades. Sólo que el subsidio a la gasolina concentra un 37.2% en el decil de mayores ingresos de los mexicanos, mientras que solo 1.5% va al decil de menores ingresos. Más fácil, una camioneta de 8 cilindros puede recibir $1,800.00 de subsidio mensual de gasolina, una familia de 4 personas recibe $1,400.00 de subsidio a través de Oportunidades.

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Una más: a través del IVA en todo el país durante todo el año se pretende recaudar 622 MMDP, es decir que de cada peso que pagamos por concepto de IVA, 15 centavos se destinan a pagar el subsidio de la gasolina. Dicho de otra manera, sin subsidio a las gasolinas la tasa general del IVA pudiera haber sido del 13.6% en lugar del 16% que pagamos. El tan llevado y traído tema del IVA en alimentos y medicinas vale 200 MMDP, un poco más del doble que el subsidio a la gasolina.

Ahora permítanme desmentir algunos mitos. En México la gasolina no es cara. Vale unos centavos de dólar menos que en los Estados Unidos que tiene una de las políticas más liberales respecto del mercado de combustibles en el mundo. En países productores de petróleo como Brasil, el precio de la gasolina es un 40% mayor que en México. En Cuba y Centroamérica las cifras son parecidas. En Europa ni hablar, incluso productores de petróleo como Noruega pagan hasta 4 veces más por un litro de gasolina.

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Otro mito es que mayores precios en la gasolina impulsarían una espiral inflacionaria, lo cual es inexacto. Países como Brasil, Turquía o los países europeos tienen precios más altos en el combustible y sin embargo sus tasas de inflación son equiparables a la mexicana. En el propio caso mexicano esta hipótesis no es verificable. El incremento de la inflación y el del incremento de los combustibles no ha seguido la misma serie histórica. Es decir, incluso los deslizamientos de once centavos que se han realizado a lo largo del año, no se corresponden con los incrementos mensuales de la tasa de inflación y si nos remitimos a años anteriores, los incrementos de la gasolina han estado por encima de la inflación de 2010 a la fecha y durante 2009 que el precio del hidrocarburo estuvo congelado, el incremento de los precios se mantuvo.

Finalmente, el precio subsidiado de la gasolina es un incentivo perverso contra el medio ambiente. La gasolina más barata invita a que los mexicanos usemos nuestros autos más frecuentemente, que tengamos más autos, que nuestros autos gasten más gasolina y que cuidemos menos del buen estado de estos para evitar mayor gasto.

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Por otro lado, también se ha mitificado que el transporte público costaría más si se liberará el precio de la gasolina. Aquí debemos considerar dos cosas. La gasolina subsidiada genera un ciclo vicioso, pues promueve el uso de vehículos que transportan pocos pasajeros, en malas condiciones mecánicas que siguen rutas poco eficientes. Por otra parte, el subsidio a la gasolina de este año alcanzaría para construir cuatro veces la Línea 12 del Metro. Por supuesto que podríamos invertir en sistemas de transporte más eficientes y baratos.

Para el 2014, se ha planteado que el subsidio a la gasolina será de 35 MMDP y que el deslizamiento en el precio se reducirá de once a seis centavos mensuales. Si nos atenemos a la tendencia de los años anteriores, estos recursos serán insuficientes. El problema es que el PRI se tropieza con su propia lengua, pues durante el gobierno de Felipe Calderón ellos inventaron el término “gazolinazo”, y de vuelta en el gobierno les toca enfrentar la realidad.

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 En resumen, una alternativa a la reforma recaudatoria que golpea a la clase media, pasa por dejar de subsidiar a los mexicanos más ricos a través de la gasolina, permitir que el mercado funcione libremente e invertir los recursos públicos en políticas social y ambientalmente más responsables.

Ante la violencia, unidad

La semana pasada, la violencia del crimen organizado volvió a sacudir a Michoacán. El diputado local Osbaldo Esquivel Lucatero, del PRD, originario de Buenavista y electo en el distrito de Coalcomán, fue brutalmente asesinado en las afueras de Morelia. El primer legislador local que se suma a una lista ya larga de alcaldes y funcionarios municipales que han perdido la vida en los últimos años a manos de los sicarios de la delincuencia.

Ninguna vida vale más que otra, pero casos como este nos recuerdan que los grupos delincuenciales cada vez tienen menos temor de enfrentar al estado y se atreven a atacar a personajes cada vez más destacados, al amparo de un amplio cono de impunidad. Son hechos que nos hablan de la profundidad de la crisis y de la gravedad de la amenaza.

El domingo 15 se cumplieron cinco años del más grave hecho de violencia del crimen organizado contra la población civil que se haya registrado en nuestro estado. Fue en el 2008 cuando en mitad de la celebración delGrito de Independencia delincuentes detonaron granadas en mitad de la multitud que ocupaba la Plaza Melchor Ocampo. Ha sido uno de nuestros momentos más trágicos.

Y traigo a cuento ambos hechos, a los que podríamos agregar muchos otros, para subrayar la gravedad de la situación que enfrenta nuestro país. La magnitud de la amenaza que el crimen organizado plantea a nuestra sociedad. Una amenaza que se cierne sobre nuestras vidas, nuestro patrimonio, nuestra libertad; y que ha dañado nuestra economía y nuestra calidad de vida, además de nuestra percepción de la realidad y nuestra comprensión del mundo. Esto último no es menor, pues nos hemos acostumbrado a coexistir con el fenómeno delictivo y con los delincuentes, y hemos asumido pautas de comportamiento más tolerantes hacia estos que hacia el gobierno que los combate.

La actitud escéptica y agresiva de la sociedad ante la lucha gubernamental contra el crimen, es responsabilidad de todos los actores políticos. La lucha contra la delincuencia debiera ser un asunto de estado, en el que no hubiera fisuras ni dudas. Sin embargo hacia la mitad del sexenio anterior el tema se politizó. El PAN quiso capitalizar el tema en las elecciones intermedias y acusar al PRI de haber pactado con el crimen organizado. El PRI respondió y el PRD, especialmente los fieles de AMLO y los aludidos en gobiernos locales como el de Michoacán, pusieron el acento más agresivo en el discurso, responsabilizando al gobierno federal de los homicidios que ocurrían.

Cuando otros países han enfrentado amenazas a su seguridad, como los estadounidenses el terrorismo de Al Qaeda o los españoles a ETA, lo han hecho con un sentido de unidad nacional indispensable para imponerse ante los criminales, y ello no ha supuesto que quienes ocupen la oposición no critiquen acciones de quienes ocupan el gobierno, pero siempre dentro de una frontera muy clara: los criminales son los malos, el gobierno cuando los persigue, es el bueno. Al gobierno se le puede recriminar su falta de eficacia, pero no que enfrente a los criminales como ha ocurrido aquí.

Una barrera clara debiera ser que las consecuencias de los delitos no son culpa del gobierno, son culpa de los criminales, así los muertos del World Trade Center el 11-S no son los muertos de Bush, son de Al Qaeda y de Bin Laden. Los muertos de los ataques de ETA no son los muertos de Felipe González o de Aznar, son de ETA. Sólo en México es concebible que los homicidios cometidos por los Zetas, por el Cartel de Sinaloa o los Caballeros Templarios sean los muertos de Calderón o los muertos de Peña Nieto y no los muertos del crimen organizado. A ese extremo estamos dispuestos a llegar con tal de denostar a nuestros opositores políticos. Preferimos disculpar al Chapo o a Tony Tormenta con tal de culpar a Felipe Calderón o a Peña Nieto.

El actual gobierno federal ha gastado su tiempo y sus recursos en convencernos que su estrategia es distinta a la de su antecesor. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los malos son los que matan, los que venden droga, los que extorsionan, los que secuestran. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los ciudadanos también jugamos un papel importante si denunciamos, si no somos permisivos ante los delincuentes, si no admiramos su estilo de vida, si no los idolatramos en corridos y un largo etcétera.

El inicio de la administración era el momento justo para que el Gobierno Federal diera el giro en el discurso y convocara a los mexicanos a la unidad frente a la amenaza del crimen organizado. La dejó pasar. Pero nunca es tarde. Ese cambio de discurso, ese mea culpa de todos los actores políticos es lo que debiera suscribirse en el Pacto por México o en el Acuerdo por Michoacán. Dibujar con toda claridad una línea que nadie pueda cruzar porque en ese momento ayuda a los criminales y se opone al estado y a la sociedad.

En el horizonte está el 2015. En Michoacán cada partido registrará 150 candidatos (más síndicos y regidores) y las acusaciones de complicidad con los carteles no se harán esperar. Eso debilitará a todos los partidos y a los futuros gobiernos, fortalecerá la percepción de fuerza de los delincuentes y hará más profunda nuestra desesperación. Los partidos deben entender que no pueden pactar con los criminales, deben superar la tentaciónde ganar elecciones a ese precio y pactar entre sí la defensa del proceso electoral, de los candidatos, de la democracia misma y por ende, la legitimidad de los gobiernos y representantes que han de emanar.

Ya lo dijo San Agustín, en lo fundamental unidad. En el México de hoy nada es más fundamental.

Peña Nieto cambia de rumbo

Como cada septiembre el Presidente de la República ha presentado su informe de gobierno. Como desde el 2006, el informe se presenta no ante el Congreso de la Unión sino ante las cámaras de televisión en un acto ad hoc. Los poderes cada loco con su tema. Como es frecuente en el primer informe de todo presidente, presentado sólo nueve meses después de su asunción del cargo, las notas están más en lo que viene que en lo realizado. En el caso del Presidente Peña, lo que estamos viendo es un esfuerzo por sostener su narrativa de gobierno eficaz, que está en seria duda y por otra parte un paso al frente para mantener apoyo entre los sectores de menor ingreso, especialmente frente a la perspectiva de no perder electores ante los partidos de la izquierda.

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Me explico. Peña obtuvo los votos que lo llevaron a la Presidencia de una amplia variedad de electores entre los que destacan un nutrido grupo perteneciente a la clase media, temerosa del radicalismo de López Obrador y desencantada del PAN. Este grupo, es particularmente importante, pues son votantes independientes, que difícilmente pueden ser manejados como una clientela corporativa. Para ellos es el discurso de “mover a México” y la reforma educativa, que según las mediciones de la aprobación del Presidente es su punto más fuerte.

Sin embargo, Peña ha pagado un elevado costo político por pasar esa reforma, sin romper con el PRD que se ha visto presionado por uno de sus más poderosos y antiguos aliados: la CNTE. Por otro lado, la presentación de la reforma petrolera, modificando la Constitución ha llevado al límite los consensos con ese partido que se debate entre su necesidad de diferenciarse del radicalismo de López Obrador y su posición histórica en el tema. Si en la reforma educativa el mensaje fue para la clase media, en la reforma energética, el mensaje presidencial apunta a sectores más populares cuyo concepto de nacionalismo incluye el monopolio energético.

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Por eso la propuesta de reforma hacendaria se trazó para complacer al PRD, y quizá al sector más conservador del PRI. El rechazar el IVA universal que hubiera permitido ampliar la base de contribuyentes y gravar la economía informal, se asume la bandera que como oposición estos partidos enarbolaron contra las administraciones panistas. La reforma hacendaria, tiene algunos méritos, pero no transforma el sistema impositivo mexicano, cuando mucho nos dará una mejor versión del modelo insuficiente y mediocre en que estamos atrapados desde hace décadas y que aumenta la carga de los mismos contribuyentes.

Sin embargo la necesidad de incrementar los recursos gubernamentales subsiste. Y al gobierno de Peña le urge, especialmente para impulsar temas como la pensión universal o el seguro de desempleo que prometió en campaña y para tratar de evitar desesperadamente que la Cruzada contra el Hambre tenga el rotundo fracaso al que se encamina, cuando se presente la siguiente medición bianual de la pobreza.

También urge reactivar la economía tras el primer gran fracaso de la administración que tuvo que corregir la previsión de crecimiento del PIB y aceptar que en el 2013, este rondará el 1.5% anual. Especialmente cuando entre las causas de la desaceleración de la economía está el mayor subejercicio del gasto público registrado en años, aun para un primer año de gobierno, y que en el pasado era objeto de duras críticas del PRI.

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Por eso hay un golpe de timón y el compromiso de déficit cero no cumplió ni su primer aniversario. El gobierno necesita dinero pronto, sin costo político, así que otra vez vamos a la deuda. Este viraje no es menor. En resumen estamos viendo un Presidente que se encamina a complacer a sus opositores de izquierda, para restañar las heridas de sus primaras acciones de gobierno y que se aleja de una clase media que desencantada del PAN le había apoyado desde la elección y la que había dirigido su estrategia durante todo el año.

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Las encuestas nos ayudan a entender. Peña llegó a su Primer Informe con la aprobación (56%) más baja para ese momento desde Ernesto Zedillo, que enfrentaba la peor crisis de nuestra historia reciente, con un desacuerdo en ascenso (41% vs. 34 en diciembre)con la credibilidad en negativo (42% le cree vs. 53% que no), dato inusual para este momento del sexenio. Históricamente la evaluación previa al primer informe es la mejor de cualquier presidente, con lo que es comprensible la preocupación en Los Pinos, cuya siguiente gran aduana es la elección de julio del 2015.

Ante los hechos, Peña y el PRI cambiarán de receta. Dejan atrás la etapa de buscar la complacencia de las clases medias y los electores independientes, que son sin duda los más difíciles de persuadir y se reorientan a consolidar el voto de sectores de menor ingreso y nivel educativo. Para ello requieren más dinero en sus programas sociales sin cambiar el modelo de cobro de impuestos. La narrativa perfecta fue descarrilada por la realidad en menos de un año. Preparémonos para el regreso de la maquinaria electoral impulsada por el gasto público soportado en déficit.

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