Chequeo rápido de una señora de 473 años

Morelia cumplió este mes que expira, 473 años de que fue fundada. Y como debiéramos hacer las personas, vale la pena hacer un breve diagnóstico de los males que la aquejan, para que pueda tener una vida no solo larga, sino saludable y feliz, o mejor dicho, que quienes en ella vivimos hoy y en el futuro la tengamos.

     *  (ver nota al pie)

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Pasemos de la obviedad. La ciudad histórica, turística y cultural, con su belleza y su riqueza, ha sido ampliamente celebrada en estos días, y nuestra capital no ocupa que le cantemos himnos. Pensemos en lo que le duele a Morelia. Cuales son los graves problemas que tiene frente a sí, para que podamos empezar a imaginar soluciones. Especialmente a un año de elegir nuevo gobierno municipal, debemos empezar a hacer una lista de lo que importa.

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Aunque sea una obviedad no podemos soslayar el problema de la seguridad pública en Morelia. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de alto impacto se han disparado en el último año. Morelia tiene una policía creada apenas en el 2012. Desde que tener policía municipal es legalmente posible (2001) Fausto Vallejo (alcalde durante 7 de esos 11 años) se negó, Salvador López no lo consiguió y Manuel Nocetti finalmente la estableció. Apenas creada, parece que será engullida por el “mando único” en este formato impreciso y misterioso que nos receta el comisionado Alfredo Castillo. Es tarea pendiente.

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Morelia como todos los municipios del país tiene graves problemas financieros y absoluta dependencia de las transferencias federales. El modelo de cobro del impuesto predial y de los servicios públicos es ineficiente y obsoleto. Las nuevas reglas del Ramo 33 y el convenio del “mando único” limitarán más los recursos. En particular Morelia sobrelleva la pesada carga financiera del OOAPAS, en buena parte derivada del contrato colectivo que ostenta su sindicato. Si bien las finanzas no están quebradas, si impiden la inversión pública al ritmo que la ciudad necesita, y esto no puede suplirse con deuda.

Ligado al tema financiero está el tema del desarrollo urbano, porque las ciudades recaudan dinero por habitante y lo gastan por metro cuadrado. En 30 años (1981 – 2011) la ciudad duplicó su población, pero su extensión alcanzó 2.6 el tamaño que tenía Morelia al inicio del periodo. Los servicios públicos incrementan su costo en ciudades dispersas y hoy el modelo urbano, les impone a los desarrolladores de vivienda costos que solo pueden amortizar abaratando la tierra y por tanto incrementando la distancia del centro a los nuevos desarrollos y dejando áreas desocupadas al interior de la ciudad. Esta circunstancias generan costos que todos pagamos, con impuestos y con calidad de vida, y que solo benefician a unos cuantos especuladores inmobiliarios. Tenemos que revisar el modelo de fondo y crear una política de ganancias justas y costos compartidos con quienes desarrollan vivienda.

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Uno de los problemas más graves que nos ha traído la dispersión es la movilidad urbana. Equivocadamente hemos abordado solo partes del problema: el tráfico, el transporte o algunas vialidades. El problema es que no se piensa en que los desplazamientos de los morelianos para ir de sus casas a sus trabajos y demás ocupaciones, deben formar un sistema coherente que sea barato, no contaminante y que permita la inclusión social. Una de las peores muestras de lo mal que se aborda el tema de la movilidad son las “Wilyvías”, pretendidas ciclopistas trazadas con pintura verde deslavada, sin ton ni son, en algunas calles.

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Morelia es una zona conurbada pero no una metrópoli. Nuestro crecimiento desordenado ha alcanzado Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón. Pero Morelia no ha tomado responsabilidad ni liderazgo en la zona metropolitana y paga el precio por ello: es una de las ciudades más desfavorecidas en la distribución de fondos federales del rubro. La seguridad, el agua, los servicios y la movilidad urbana deben tener un enfoque metropolitano o no podrán sustentar un desarrollo suficiente para los morelianos.

No puedo omitir el tema de la lacerante pobreza urbana que viven vastas zonas de nuestra ciudad. En México los esfuerzos para combatir la pobreza urbana han sido archivados por el gobierno de Peña y el gobierno municipal nunca ha tenido una política de desarrollo humano. Hasta ahora el signo de la política social es el asistencialismo, y muchas colonias de Morelia sufren por falta de satisfactores mínimos y carecen de oportunidades de desarrollo cuando unos y otras parecieran estar al alcance de la mano.

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Finalmente, el gran tema de fondo. Morelia no ha definido una vocación económica, mucho menos ha emprendido un camino. La vocación turística como ciudad colonial ha alcanzado sus límites, es un mercado maduro que poco puede crecer. Si vamos a continuar por la vía del turismo necesitamos diversificar la oferta, mejorar la infraestructura, contar con más cuartos de hotel e invertir en atractivos específicos, como un centro de convenciones o un parque temático. Y si vamos a explorar otras alternativas como la agroindustrial o la logística debemos empezar a alinear la visión de ciudad, desde la planificación y construcción de infraestructura hasta la formación de profesionistas.

Celebramos 473 de la fundación de Morelia. Deberíamos regalarle algunas ideas para mejorar su futuro y hacerla más humana. Es el mejor regalo que podemos darnos.

*Este plano es una interpretación del Arq. Enrique Cervantes, de un croquis trazado en 1579. Fue tomado del sitio www.espejel.com, creación de Ricardo Espejel Cruz, a quien no tengo el gusto de conocer pero que felicito su espléndido trabajo de recopilación cartográfica.

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Fausto, el STASPE y la tolerancia

El pasado jueves primero de mayo, en el marco de la celebración del Día del Trabajo, tuvo lugar un acontecimiento desagradable. Un grupo de trabajadores sindicalizados del STASPE, el sindicato de los trabajadores del Gobierno del Estado, increpó al Gobernador Fausto Vallejo y lo insultó en repetidas ocasiones, inclusive hubo quien le arrojó alguna bola de papel.

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El hecho tiene varias aristas. Primero hay que decir que los trabajadores se encontraban particularmente indignados pues unas horas antes el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la instancia judicial, dependiente del propio Gobernador, declaró inexistente su huelga, en un procedimiento que dejó sorprendido al más mañoso abogado. El famoso Tribunal ha estado implicado en más de una controversia, y mas allá de sus integrantes, es por mucho evidente que se trata de un órgano vetusto que carece de la normatividad adecuada, es ajeno a la transparencia y que está débilmente constituido. Por eso sus fallos siempre terminan siendo cuestionables.

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La insistencia del Gobernador de acudir al acto, y sorprendentemente, sin un dispositivo adecuado de seguridad, es más que anecdótico, es una imprudencia que pudo salir mucho peor, y de la que no son responsables los manifestantes, sino las autoridades. Pero las cosas se complicaron, pues en su ruta de salida, cuando más intensos fueron los gritos en contra de su persona, Fausto Vallejo se detuvo y pretendió encarar a los manifestantes. Sin duda fue un impulso de ira comprensible, pero que comprometía más la seguridad del mandatario.

Los hechos concluyeron felizmente pues no hubo mayores consecuencias, hasta que unas horas después el Secretario de Gobierno del Estado, anunció que la Consejería Jurídica del Ejecutivo presentó ante la Procuraduría del Estado denuncia penal en contra de los manifestantes del acto en que se ofendió al Gobernador del Estado, la denuncia no precisa delito y se encamina contra quien resulte responsable, pero se ha señalado que se citará a declarar al líder del sindicato Antonio Ferreyra.

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No sé, ni se me ocurre porque delitos pudieran procesar a los miembros del STASPE. Desde el 2007, a iniciativa de un servidor las injurias y la difamación no son delitos en Michoacán, del delito de lesiones no puede configurarse ni la tentativa y pretender que se configuren la sedición o el motín sería un despropósito bastante ajeno a un gobierno democrático, más cuando vivimos un tiempo en que se tiene una tolerancia excesiva a grupos de civiles armados, que incluso reciben el apoyo de la autoridad. Pero el sólo hecho de que se presente la denuncia ya me parece asombroso.

 Podemos pensar que se trata de una maniobra más política que legal. Una vez vencido el STASPE en juicio (como haya sido) y declarada inexistente la huelga, el que sobre la cabeza de su dirigente se cierna, como espada de Damocles la amenaza de un proceso penal, es sin duda muy conveniente para un gobierno al que solo le resta asegurarse que se abran las oficinas públicas y los burócratas regresen a trabajar.

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No simpatizo con el STASPE ni con los sindicatos del sector público. En general creo que sus contratos colectivos son abusivos y que en nada han beneficiado ni al servicio público, ni a los ciudadanos y ni siquiera a sus agremiados. Pero creo que lo que atestiguamos en días pasados retrata un Gobierno Estatal que tiene un talante de autoritarismo e intolerancia al que ya nos estábamos desacostumbrando.

Resolver procedimientos en órganos que carecen de independencia y en el filo de la legalidad, presentar denuncias por insultar a un funcionario en una plaza y dedicarle una rechifla pública, así como negociar con interlocutores bajo amenaza de cárcel, forzando los tipos penales más allá de los hechos no son hechos alentadores menos en un estado en que el crimen, el vandalismo y la portación de armas se han generalizado. Nos hablan de que el gobierno no es sensible socialmente, sino impotente, que la ley se aplica selectivamente y que el discurso democrático es una fachada, que los humores autoritarios del pasado están intactos, esperando una grieta en nuestra frágil modernidad para regresar.

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¿Qué espera el PAN para pedir la renuncia de Fausto?

Los recientes acontecimientos dejan lugar a pocas dudas, determinante o no, Fausto Vallejo recibió apoyo de Los Caballeros Templarios para ganar la gubernatura en el 2011. Por ese solo hecho es un gobernante ilegítimo y estaría moralmente obligado a dejar su encargo, lo que no va a ocurrir. Pero lo que más llama la atención es la complacencia de la oposición, especialmente del PAN, con la permanencia de Vallejo.

Fausto Vallejo ganó la elección de Gobernador de Michoacán en el 2011, por menos de 60,000 votos equivalentes a poco más del 2.5% de la votación emitida. La jornada electoral del 13 de noviembre estuvo llena de incidentes y señalamientos de presión a electores, que se tradujeron en impugnaciones de los candidatos del PAN y PRD, las cuales a la postre fueron desechadas.

Esto no representaría ninguna novedad en un proceso electoral tan competido, sino fuera porque uno de los agravios esgrimidos por los perdedores fue la intervención del crimen organizado a favor del candidato del PRI, lo que alguien llamó el “voto pistola”, el que grupos de sicarios amenacen a ciudadanos para que sufraguen por un determinado candidato, y que el día de la elección se apersonan en las casillas para asegurarse de que los votos sean emitidos según su voluntad.

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Uno de los grandes problemas que plantea esta situación al sistema electoral es la dificultad de probar que los hechos ocurrieron. A diferencia de lo que pasaba en los años oscuros del autoritarismo priísta, las actas fueron impecables, incluso los resultados, a pesar de ser abultados y atípicos a favor de Fausto Vallejo, no rayan el absurdo ni superan lo materialmente posible. De testigos ni hablar. Impensable que un funcionario de casilla, que un asistente electoral o un representante de partido se negara a firmar o asentara una irregularidad. Le hubiera costado la vida.

El sistema electoral diseñado para acreditar la certeza y conservar la voluntad ciudadana, llegó a su límite y las impugnaciones fueron desechadas por falta de pruebas o por no considerarse determinantes para el resultado de la elección.

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Pero, ¿a que viene esto a más de dos años de la polémica elección?

Pues que Jesús Reyna, coordinador de la campaña de Fausto Vallejo, se encuentra arraigado en la PGR por tener presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios, el cártel en cuestión, y entre las pruebas que se han hecho públicas, destaca la celebración de más de una reunión con el máximo dirigente de esa organización, Servando Gómez “La Tuta”.

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Como ha dicho otro de los implicados y presunto participante de las reuniones, entonces diputado local, Trinidad Martínez Pasalagua, reunirse con un delincuente no es un delito por sí mismo. Quizá el propio Jesús Reyna sea exonerado y Fausto Vallejo no sea siquiera llamado a declarar. La culpabilidad criminal es una cosa muy distinta a la legitimidad política, que es más delicada, susceptible de desaparecer en cuestión de horas, inasible, inconmensurable.

La legitimidad de un gobernante la podemos definir como el reconocimiento social de que tiene el derecho de ejercer y ocupar el cargo. Por eso podemos decir que la legitimidad de Vallejo está en entredicho. ¿Tiene derecho a ser gobernador alguien que obtuvo el cargo con el apoyo del crimen organizado? Por supuesto que no. Fausto Vallejo es un gobernante ilegítimo, aun cuando haya sido legalmente electo.

Toman relevancia hechos como las grabaciones que diera a conocer Milenio en ese tiempo, en que un miembro de Los Caballeros Templarios amenazaba con quemar las casas de una población si no ganaba el candidato del PRI o el análisis que recientemente publicara Federico Berrueto del Gabinete de Comunicación Estratégica, sobre lo atípico de la votación en la zona de influencia del cártel.

El mensaje que se manda cada día que Vallejo permanece al frente del Gobierno de Michoacán, es que es aceptable ganar una elección con el apoyo de la delincuencia organizada. Por eso Vallejo se debe ir. Por su bien y por el de su partido. Sería un gesto de patriotismo, del que, desafortunadamente, no creo que sea capaz.

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Si esta postura del PRI y de Vallejo no es sorprendente, sí lo es que ninguno de los partidos opositores y derrotados así en aquella jornada electoral, no hayan hecho este planteamiento político con claridad. ¿Qué detiene, especialmente al PAN, principal agraviado de la historia del 2011, de exigir la renuncia de Fausto Vallejo? ¿Tiene temor el PAN? ¿Tiene intereses económicos el PAN? ¿O sencillamente es incapaz el PAN? Cualquiera que sea, la respuesta es penosa.

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Por supuesto que una postura así entraña riesgos. Pero ese tipo de posiciones claras, de lo que es tolerable y de lo que no, de dibujar la línea que no se puede cruzar en la actividad política, son las posturas que los ciudadanos extrañan del PAN y la falta de ese tipo de definiciones, la razón por la que le han retirado su apoyo. El PAN está extraviado, va en una ruta muy distinta de la que debe recorrer para ser electoralmente exitoso y una alternativa política real en Michoacán.

¡No pienses en un Michoacanazo!

No he podido determinar quien bautizó como Michoacanazo, al escandaloso arresto de 38 funcionarios públicos de Michoacán en el 2009 acusados de brindar protección a La Familia Michoacana, entonces el cártel dominante en el estado.

Entre los detenidos se encontraba una docena de presidentes municipales y el funcionario de mayor rango de la administración estatal era el Procurador de Justicia Miguel García Hurtado. A la postre todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, principalmente por la ausencia de un testigo protegido denominado “Emilio” de los procesos judiciales de los exfuncionarios, y quien unos años después sería asesinado en Cuernavaca. El juez primero de distrito con sede en Morelia, que concedió los amparos a 12 de los imputados y suspendió la orden de aprehensión contra Julio César Godoy Toscano, fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal y apenas libró la acción de la PGR en su contra.

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Ahora el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no pudo escapar a la comparación con ese hecho de la detención de Jesús Reyna – Secretario de Gobierno, Gobernador Interino y uno de los políticos más poderosos de Michoacán – por tener vínculos con Los Caballeros Templarios, al igual que la de José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado y líder transportista.

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El Gobierno Federal no quiere que estos hechos sean equiparados pues el Michoacanazo se convirtió en sinónimo de fracaso en la impartición de justicia y en la operación política. Por el momento, la actual detención de Reyna y Pasalagua, tiene la ventaja de no contar con la oposición y el sabotaje del Gobierno Estatal, pues Fausto Vallejo ha hecho mutis ante la imputación a su más importante aliado y colaborador en el gobierno y en la campaña que lo llevara a éste. En tanto que en el 2009, el gobierno de Felipe Calderón enfrentó la resistencia de Leonel Godoy apoyado por supuesto por el PRD, y también por no pocos militantes del PRI y hasta por sus adversarios en el PAN (como Marko Cortés).

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Otro elemento distintivo es la concentración de la acción. Si en el 2009 se privilegió el operativo para detener simultáneamente a numerosos individuos de variada posición política sobre los que se tenía sospecha, ahora se centra en un par de personajes de la mayor relevancia. Aun cuando vengan otros detenidos, la lista es previsiblemente corta. Además el Comisionado Alfredo Castillo parece tener por modus operandi, golpear al objetivo más grande, visible y poderoso primero, tal como ocurrió con la destitución de los delegados federales en que el primero fue el considerado intocable Antonio Guzmán o el caso de Humberto Suárez extesorero de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy.

Sin duda esperamos todos que la detención de estos funcionarios no se parezca al Michoacanazo en la incapacidad del ministerio público de procesar a los inculpados y lograr su condena si son culpables. Esperaríamos también que al proceder contra un funcionario y político de tanto peso como Jesús Reyna, el Gobierno Federal tendría todos los elementos para probar su culpabilidad. De lo contrario la espiral de descrédito y escepticismo se prolongará y agravará.

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Mucho llama la atención que por todos los medios se ha tratado de deslindar y exculpar a Fausto Vallejo de toda responsabilidad, cuando el golpe debiera ser mortal para él y su administración. De confirmarse las imputaciones realizadas a Jesús Reyna quedarían de manifiesto dos hechos gravísimos:

Que efectivamente, como lo denunciaron los candidatos derrotados en el 2011, Los Caballeros Templarios apoyaron con dinero y con sus capacidad de amedrentar votantes, la campaña de Fausto Vallejo, y que su triunfo es ilegítimo. Que su gobierno está marcado de origen.

Que además de su falta de legitimidad, el Gobierno Estatal se encuentra coludido con la delincuencia organizada y que Los Caballeros Templarios tienen acceso a información privilegiada que les permite evadir la acción de la justicia y realizar mejor sus actividades ilícitas como la extorsión a proveedores, constructores y autoridades municipales, además de que tienen la posibilidad de influir en algunas de las decisiones de la administración estatal.

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Suponer que Fausto Vallejo ignoraba los hechos es ingenuo y candoroso. Pero incluso esa indiferencia hacia la conducta delictuosa de su más importante colaborador no es una conducta que pueda quedar impune. Era deber de Fausto Vallejo saber que Jesús Reyna estaba delinquiendo, como era su deber impedirlo y en su caso perseguirlo y someterlo a la ley. También se antoja insostenible pensar en que Jesús Reyna es el único personaje que participaba de la asociación con criminales.

Nadie queremos otro Michoacanazo en el sentido del fracaso y la confrontación en que concluyó. Pero tampoco podemos quedarnos impávidos ante una aplicación de la justicia parcial, en que unos cuantos cargan con las culpas de todos, para que haya quienes puedan salir impunes. Ni Fausto Vallejo ni el PRI pueden escapar de su responsabilidad.

Tenemos una deuda

El pasado sábado 22 de marzo, a la puerta de su casa fue cobardemente asesinado Gustavo Garibay, alcalde de Tanhuato, Michoacán y miembro de la PAN. A Gustavo le decíamos “La Brocha”, nunca supe por qué, quizá por su tupido bigote. De muy joven, emigró como miles de michoacanos a los Estados Unidos, a la zona de Chicago, pero tuvo éxito como muy pocos en el ramo de la construcción. Tanto, que pudo regresar a Michoacán con fuerzas y ánimos no sólo de trabajar, sino de participar en política para sacar adelante a su pueblo. En el 2007 fue candidato a diputado local por el distrito con cabecera en La Piedad, y perdió por unos cuantos votos, perseveró y en el 2011, ganó con una histórica votación la alcaldía del pueblo que tanto amaba.

Era un hombre duro, que hablaba claro, incorruptible y a veces obstinado. Trabajador como muy pocos y uno de los más honestos que haya conocido. Como candidato era impredeciblemente carismático, su sencillez conectaba con la gente. Se negó a repartir hasta una camiseta, pues decía que él no iba a comprar los votos, que votarán por él quienes quisieran, que ya lo conocían. El dos de enero de 2012, su primer día hábil como alcalde, amaneció en el banco porque desconfiaba de su antecesor y cuidó hasta el último centavo en la entrega recepción. Yo le pregunté una vez, en broma, que si era alcalde o maestro de obra, porque al ejecutar obra pública, acompañaba frecuentemente a los trabajadores y supervisaba con ojo experto, los menores detalles.

Su gobierno lo marcó la tragedia. En el 2012 libró milagrosamente un atentado y a los pocos días, perdió (perdimos)  a su Secretario del Ayuntamiento, Pedro Córdoba, joven piedadense que era su mano derecha. Aún así le fue retirada la escolta de la Policía Federal que lo protegía. En público y en privado, al Gobernador, al Secretario de Gobierno, al Procurador de Justicia, al Subprocurador de Zamora, a los mandos de la Policía Federal les pidió protección y su solicitud nunca fue atendida. “Me van a matar”, nos decía en las reuniones del partido y de funcionarios. Por eso no le creo a Fausto Vallejo cuando dice que rechazó que el Gobierno Estatal le proporcionara una escolta. No es lógico y no hay evidencia del rechazo, mientras que sí hay de su solicitud.

Deja una familia numerosa, que se debate entre el dolor y la indignación, la rabia de saber que la desgracia se pudo evitar y la negligencia culpable de los gobiernos federal y estatal no lo permitió. En particular me duele ver a su esposa, muy joven, con sus hijos gemelos casi niños, casi hombres, y con una bebé de un año que le heredó todo el semblante, pero con la dulzura de un ángel.

Pensemos el tema de la escolta. La diferencia entre matar a un hombre solo y desarmado, y matar a un hombre custodiado por un grupo de policías federales, bien armados y entrenados no es menor. Es un asunto de oportunidad, armas, hombres, vehículos, riesgo y dinero. El crimen es un negocio y se cuida la rentabilidad. Matar a un hombre desamparado, en estos días salvajes es fácil y cuesta unos cuantos pesos. Enfrentar una escolta bien pertrechada, implica un esfuerzo y un gasto significativo. Es la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde el 2005 han muerto asesinados en Michoacán los alcaldes de Buenavista, Madero, Vista Hermosa, Tancítaro, La Piedad, Nahuatzen, Santa Ana Maya y ahora Tanhuato, además de la exalcaldesa de Tiquicheo y el exedil de Quiroga. También han muerto varios síndicos y regidores, secretarios de los ayuntamientos, como el del mismo Tanhuato o recientemente el de Jiquilpan. También hay otros servidores públicos y muy señaladamente el diputado local de Coalcomán, Osbaldo Esquivel Lucatero, a quienes les han arrebatado la vida.

Aún con esta larga lista en Michoacán y en todo el país, tenemos dos grandes asuntos pendientes:

Primero, no contamos con un protocolo de seguridad para proteger la vida de los funcionarios municipales. Si un funcionario considera que su vida está en riesgo, no sabe a quién acudir, no hay elementos para valorar objetivamente el riesgo y decidir si otorgar protección o no, y de qué tipo, no hay procedimientos para los casos de atentados ni con posterioridad a ellos. Por eso la respuesta de los funcionarios es errática y vergonzosa.

Segundo, no hay un sistema de protección de los deudos de los funcionarios públicos que han sido privados de la vida en relación con el desempeño de su cargo. Mujeres, niños y jóvenes, quedan además de llenos de dolor y de rabia, desamparados y con un futuro incierto, como único pago de la vocación de servicio de sus padres.

Estos dos factores juegan en contra de que hombres buenos y honestos participen como candidatos y como funcionarios públicos. También refuerzan los incentivos de los munícipes para pactar con los delincuentes. Los alcaldes saben que están solos y que sobrevivir su administración depende de no incomodar en demasía a los criminales y de una poca de suerte, o de mucha. La tragedia ha golpeado por igual a todos los partidos y nadie ha tomado cartas en el asunto. Ya es tiempo. Mi propia reflexión es quizá tardía, pero aún podemos hacer algo al respecto. Sería un mínimo homenaje para quienes así han perdido la vida y una acción básica de justicia para quienes han perdido a sus seres amados.