Para bien y para mal: los mismos de siempre

Que el PRD y demás partidos de izquierda se opongan a la apertura del sector energético a los capitales privados no es nuevo. Que el PAN haya promovido la reforma constitucional en ese sentido tampoco es una sorpresa. La diferencia tras varios intentos fallidos de modificar la Constitución para quitar el monopolio energético de las manos del Estado es la postura del PRI, que apenas hace cinco años le negó una reforma menos ambiciosa al Presidente Calderón, siendo senadores, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, hoy coordinador de los diputados priístas y operador de la reforma o Pedro Joaquín Codwel, ahora Secretario de Energía.

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Hay quienes dicen que el PRI se ha corrido a la derecha, como en los tiempos de Salinas, agregan los afectos a las teorías conspiratorias. Yo sigo sosteniendo que el PRI solo tiene una ideología y es el pragmatismo. Si el PRI de Peña Nieto estuviera corrido a la derecha no habría aprobado la  miscelánea fiscal que pretende hacernos creer que es una reforma hacendaria y que perjudica a las clases medias y a los emprendedores.    

Durante el año que ha transcurrido desde su regreso al Gobierno Federal, los priístas han demostrado que sus virtudes y defectos son los mismos de siempre. Son malos para ejercer el presupuesto bien y a tiempo, pésimos para combatir la pobreza, están paralizados ante el crimen organizado y la economía se les hace bolas. Pero para la política son muy buenos. Lo suyo es el manejo de la corte y allí le llevan ventaja a todos los actores políticos de México, por una sola y poderosa razón: nada los ata, ni la ideología, ni sus bases sociales, ni un compromiso ético. Son absolutamente pragmáticos.

El Pacto por México sirvió en el principio de la administración para reducir la conflictividad tras la elección. Aprovechando la debilidad en que se encontraban las dirigencias del PRI y del PRD, además de la afortunada coincidencia del estilo personal de Zambrano y Madero, el nuevo gobierno encontró interlocutores a modo, expertos en beneficiarse de pactar pequeñeces. El límite del pacto era uno y muy simple: la reforma constitucional en materia energética, pero el PAN estaría encantado de sumarse, pues el tema representa un compromiso histórico y programático.

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Con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el resto era sencillo. Anular al impresentable Romero Deschamps, mantener dividida a la izquierda con base en concesiones en temas varios y mucho dinero para el Gobierno del Distrito Federal y activar a través de los gobernadores las mayorías necesarias en los congresos estatales en un tiempo record. Los operadores del PRI hicieron gala de sus habilidades y como peces en el agua consiguieron lo que ellos mismos negaron por 12 años, en unos cuantos días y hoy defienden la apertura del sector energético como si fuera su lucha histórica o como si se les hubiera caído una venda de los ojos.

 Yo he defendido la postura de abrir el sector energético y creo que la reforma es una buena reforma. Como estoy hecho a las instituciones republicanas, estos pactos de pasillo y las maniobras que llevan al vertiginoso estilo legislativo de estos días, me dejan con un extraño sabor de boca. Porque sé que ese pragmatismo, así como hoy produjo un cambio con el que estoy de acuerdo, puede producir monstruos (como ya pasó en el tema hacendario). La lentitud de algunos procesos institucionales tiene razones y virtudes que hoy se soslayan con el eslogan de “Mover a México” que aprovecha bien el cansancio y la sensación de parálisis de muchos mexicanos.

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Por otro lado, al PRD le han dejado una salida digna pero falsa. Con la aprobación de la consulta popular, todos juegan a que el asunto se zanje en 2015, a sabiendas de que el tema, como está actualmente estructurada la figura de participación, es improcedente. Es la misma historia que los amparos contra la miscelánea fiscal. Lo que olvidan algunos, es que este tipo de expectativas incumplibles son las que causan el desanimo y la ira de los ciudadanos.

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Y no son las únicas expectativas incumplibles. Se ha mentido abiertamente diciendo que con la reforma energética se va abaratar el gas, la luz y la gasolina. Lo cual es falso. No hay manera de que los precios bajen a menos que el gobierno vaya a dilapidar los recursos frescos que obtendrá en subsidiar energéticos, lo cual sería un error brutal. Por otro lado se ha dicho que me crearán miles de empleos, lo cual es solo parcialmente cierto, pues falta ver las leyes secundarias y la puesta en operación de las reformas, lo que puede llevar todo el sexenio.

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Podemos estar en un mundo muy distinto al prometido, con combustibles caros, con una reforma política fallida, sin consulta popular y sin el crecimiento y los empleos anunciados, apalancado todo, la economía, el gobierno, el PRI y hasta sus cómodos opositores, en el endeudamiento histórico que le fue aprobado con apoyo del PRD. No soy tan pesimista pero puede pasar, y con estos opositores débiles, divididos y obsequiosos, el pragmatismo priísta hará de las suyas.

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Ante la violencia, unidad

La semana pasada, la violencia del crimen organizado volvió a sacudir a Michoacán. El diputado local Osbaldo Esquivel Lucatero, del PRD, originario de Buenavista y electo en el distrito de Coalcomán, fue brutalmente asesinado en las afueras de Morelia. El primer legislador local que se suma a una lista ya larga de alcaldes y funcionarios municipales que han perdido la vida en los últimos años a manos de los sicarios de la delincuencia.

Ninguna vida vale más que otra, pero casos como este nos recuerdan que los grupos delincuenciales cada vez tienen menos temor de enfrentar al estado y se atreven a atacar a personajes cada vez más destacados, al amparo de un amplio cono de impunidad. Son hechos que nos hablan de la profundidad de la crisis y de la gravedad de la amenaza.

El domingo 15 se cumplieron cinco años del más grave hecho de violencia del crimen organizado contra la población civil que se haya registrado en nuestro estado. Fue en el 2008 cuando en mitad de la celebración delGrito de Independencia delincuentes detonaron granadas en mitad de la multitud que ocupaba la Plaza Melchor Ocampo. Ha sido uno de nuestros momentos más trágicos.

Y traigo a cuento ambos hechos, a los que podríamos agregar muchos otros, para subrayar la gravedad de la situación que enfrenta nuestro país. La magnitud de la amenaza que el crimen organizado plantea a nuestra sociedad. Una amenaza que se cierne sobre nuestras vidas, nuestro patrimonio, nuestra libertad; y que ha dañado nuestra economía y nuestra calidad de vida, además de nuestra percepción de la realidad y nuestra comprensión del mundo. Esto último no es menor, pues nos hemos acostumbrado a coexistir con el fenómeno delictivo y con los delincuentes, y hemos asumido pautas de comportamiento más tolerantes hacia estos que hacia el gobierno que los combate.

La actitud escéptica y agresiva de la sociedad ante la lucha gubernamental contra el crimen, es responsabilidad de todos los actores políticos. La lucha contra la delincuencia debiera ser un asunto de estado, en el que no hubiera fisuras ni dudas. Sin embargo hacia la mitad del sexenio anterior el tema se politizó. El PAN quiso capitalizar el tema en las elecciones intermedias y acusar al PRI de haber pactado con el crimen organizado. El PRI respondió y el PRD, especialmente los fieles de AMLO y los aludidos en gobiernos locales como el de Michoacán, pusieron el acento más agresivo en el discurso, responsabilizando al gobierno federal de los homicidios que ocurrían.

Cuando otros países han enfrentado amenazas a su seguridad, como los estadounidenses el terrorismo de Al Qaeda o los españoles a ETA, lo han hecho con un sentido de unidad nacional indispensable para imponerse ante los criminales, y ello no ha supuesto que quienes ocupen la oposición no critiquen acciones de quienes ocupan el gobierno, pero siempre dentro de una frontera muy clara: los criminales son los malos, el gobierno cuando los persigue, es el bueno. Al gobierno se le puede recriminar su falta de eficacia, pero no que enfrente a los criminales como ha ocurrido aquí.

Una barrera clara debiera ser que las consecuencias de los delitos no son culpa del gobierno, son culpa de los criminales, así los muertos del World Trade Center el 11-S no son los muertos de Bush, son de Al Qaeda y de Bin Laden. Los muertos de los ataques de ETA no son los muertos de Felipe González o de Aznar, son de ETA. Sólo en México es concebible que los homicidios cometidos por los Zetas, por el Cartel de Sinaloa o los Caballeros Templarios sean los muertos de Calderón o los muertos de Peña Nieto y no los muertos del crimen organizado. A ese extremo estamos dispuestos a llegar con tal de denostar a nuestros opositores políticos. Preferimos disculpar al Chapo o a Tony Tormenta con tal de culpar a Felipe Calderón o a Peña Nieto.

El actual gobierno federal ha gastado su tiempo y sus recursos en convencernos que su estrategia es distinta a la de su antecesor. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los malos son los que matan, los que venden droga, los que extorsionan, los que secuestran. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los ciudadanos también jugamos un papel importante si denunciamos, si no somos permisivos ante los delincuentes, si no admiramos su estilo de vida, si no los idolatramos en corridos y un largo etcétera.

El inicio de la administración era el momento justo para que el Gobierno Federal diera el giro en el discurso y convocara a los mexicanos a la unidad frente a la amenaza del crimen organizado. La dejó pasar. Pero nunca es tarde. Ese cambio de discurso, ese mea culpa de todos los actores políticos es lo que debiera suscribirse en el Pacto por México o en el Acuerdo por Michoacán. Dibujar con toda claridad una línea que nadie pueda cruzar porque en ese momento ayuda a los criminales y se opone al estado y a la sociedad.

En el horizonte está el 2015. En Michoacán cada partido registrará 150 candidatos (más síndicos y regidores) y las acusaciones de complicidad con los carteles no se harán esperar. Eso debilitará a todos los partidos y a los futuros gobiernos, fortalecerá la percepción de fuerza de los delincuentes y hará más profunda nuestra desesperación. Los partidos deben entender que no pueden pactar con los criminales, deben superar la tentaciónde ganar elecciones a ese precio y pactar entre sí la defensa del proceso electoral, de los candidatos, de la democracia misma y por ende, la legitimidad de los gobiernos y representantes que han de emanar.

Ya lo dijo San Agustín, en lo fundamental unidad. En el México de hoy nada es más fundamental.

La forma sin fondo o el Acuerdo por Michoacán

No conozco casi a ningún político – y ciertamente a ninguno del PRI – que no recite como si fuera el Credo la frase de Jesús Reyes Heroles,       “la forma es fondo”. Este distinguido hombre de indudable valía y mérito, es lo más parecido que puede tener un partido sin ideología, a un ideólogo. Significa que el protocolo y la manera de procesar una decisión pública es tan importante como su contenido, que el continente vale tanto como el contenido o que la articulación y difusión del mensaje es tan relevante como el concepto.

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El PRI es el maestro de las formas políticas, las formas priístas son reconocibles para bien y para mal en la política mexicana, como rituales que han llegado a confundirse con los rituales institucionales dado su prolongado dominio de los poderes públicos. Sin embargo, las formas no bastan como han descubierto los priístas tras su regreso al poder.

El Acuerdo por Michoacán es una historia que ejemplifica esto. Firmado apenas el pasado 29 de agosto, cuando han transcurrido más de 18 de los 44 meses que durará la actual administración, es tardío para cualquier gobierno, con mayor razón para uno tan breve, pero no del todo inoportuno si asumimos que Fausto Vallejo no regresará, y que Jesús Reyna está tomando las riendas del gobierno y relanzando una agenda para lo que será su gobierno.

Mas que un acuerdo, el documento que ha sido signado por diferentes actores, es una agenda. A diferencia del Pacto por México que se refiere a asuntos que al inicio del gobierno de Peña estaban detenidos por falta de consenso para ser aprobados en el Congreso de la Unión, en el caso local no hay iniciativas cuyo trámite se encuentre detenido en el Congreso del Estado por falta de acuerdo. Los grupos parlamentarios opositores al del Gobernador han sido obsequiosos en la aprobación de los temas más polémicos como la restructuración de la deuda pública y la adquisición de nuevos empréstitos, y aun cuando el acuerdo enuncia 16 acciones que implican nuevas leyes o modificaciones a existentes, 3 de las cuales requieren cambios constitucionales, ninguna ha sufrido el rechazo previo de las bancadas.

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Es evidente que si de las 57 acciones propuestas 41 corresponden exclusivamente al ámbito del Ejecutivo Estatal, el documento firmado dista mucho de requerir el concurso de otros actores. Es una agenda, un plan de gobierno, una hoja de ruta, el hilo conductor que ciertamente le ha faltado a la errática administración estatal encabezada por un enfermo Fausto Vallejo primero y un acotado Jesús Reyna después, o al menos acotado hasta hace muy pocos días.

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Si estamos ante un plan de gobierno para los restantes 25 meses, debemos preguntarnos a donde se dirigen los esfuerzos de la administración. ¿Qué es lo que se pretende alcanzar? Si atendemos a los ejes propuestos en cuanto a su número de acciones el más nutrido es el denominado Administración, Finanzas, Transparencia y Rendición de Cuentas (15) lo que confirma que el principal reto del Gobierno del Estado es superar su disfuncionalidad y corrupción. El de Gobernabilidad (11) reitera este hecho: establece acciones elementales de las que se habla desde hace meses, pero además carece de concreción pues sus puntos tienen que ver con diseñar la estrategia y la agenda, mas que con las soluciones de fondo.

Los ejes de Desarrollo Económico y Educación empatan también con 11 propuestas. El primero va a los lugares comunes fomento, infraestructura, nuestro caballito de batalla el Puerto de Lázaro Cárdenas y de lejos algunos los productos agropecuarios. El último retoma los recientes puntos del conflicto con el magisterio y las normales y la adecuación de la reforma educativa. Su mayor mérito es que asume la necesidad de revisar la situación financiera de la Secretaría de Educación y la Universidad Michoacana.

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Mención especial merece la pobreza conceptual del eje de Desarrollo Social, solo 5 propuestas y nada relevante, se limita a decir que aprovechará la Cruzada contra el Hambre, caótica estrategia sin dinero del Gobierno Federal que solo incluye a siete municipios. Los temas urbanos están ausentes, la migración también, la vivienda no se menciona, los temas forestales y el medio ambiente tampoco, del agua ni una palabra, del turismo solo el sambenito de pensar y hablar positivamente.

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Otro asunto es quien firmó y quien no. Hace unas semanas el PRD votó sorpresivamente por renovar la licencia a Fausto Vallejo y el PAN se negó por falta de información. Ahora el PAN firma un Acuerdo insustancial lleno de vaguedades que competen al Ejecutivo y el PRD se niega arguyendo formalismos. Las oposiciones están tan confundidas como el gobierno. Están desperdiciando la única oportunidad que las ha dado y que probablemente les dará el Ejecutivo de discutir su agenda pobre, mediocre y extraviada. El gobierno se confeso desarticulado, incapaz, corrupto y le han dejado salir intocado y hasta fortalecido.

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Concluyo: el Acuerdo por Michoacán no es tal, es apenas una agenda escueta de acciones que debieran ser obligatorias para un gobierno mediano. Revelan sus graves problemas y sus pocas capacidades, pero una oposición y otra han dejado pasar increíblemente la ocasión. Todos están fascinados por el protocolo, confundidos entre la forma y el fondo, sin advertir que entre las manos tienen un cascaron vacío. Lástima que Reyes Heroles nunca tuvo ocasión de completar su sentencia: el fondo no sólo puede ser forma.

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Todos ganaron el domingo siete

El pasado domingo tuvimos elecciones en 14 estados del país. Se disputaba la gubernatura de Baja California, 13 congresos locales (la excepción fue Coahuila) y las presidencias municipales de 13 entidades (Hidalgo no renovó ayuntamientos). Desde la tarde del domingo hemos sido testigos de las afirmaciones felices de los presidentes de los tres principales partidos nacionales sobre lo bien que les fue y de las quejas y diatribas que lanzan contra sus adversarios. La lectura del resultado se vuelve más difícil de lo que la propia dispersión de la elección impone. Aquí unas claves de lo que significa la elección y cuales son sus implicaciones.

La participación ciudadana es para reflexionar. Mucho se ha dicho que los ciudadanos se alejaron de las urnas y que los gobiernos emanados de estas elecciones carecen de legitimidad, sin embargo, México nunca ha sido un país de participaciones ni cercanas al 100%, nuestras más bajas abstenciones rondan el 30%, por lo que si vota aproximadamente la mitad del padrón no hay elementos para sonar las alarmas. Incluso en Baja California que los electores no llegaron al 40% del padrón, esta cifra está en línea con los datos registrados en los últimos años.

Nuestra cultura ciudadana es incipiente, y hoy algunos sectores muy politizados de la sociedad apuntan al rechazo de todas las fuerzas y llegan al extremo de ridiculizar los procesos electorales, como con el “candigato Morris”, lo cual lejos de construir ciudadanía, la deteriora. Desafortunadamente la indignación ciudadana con el pobre desempeño de los gobierno no se ha traducido, mayoritariamente en la formación de nuevos partidos o de movimientos que propongan nuevas vías políticas.

Toda la política es local, como sentenció Tip O’Neill. Y nada más local que elegir ayuntamientos. Un entorno local deteriorado con malos servicios y obras públicas pesan más en el ánimo del elector que los grandes temas nacionales. Mal alcalde mata buen Presidente de la República y viceversa. Con los gobernadores en medio de esa ecuación, podemos explicar lo errático que resulta el mapa de resultados electorales. No hay una gran explicación, ni un hilo conductor. Hay muchas pequeñas historias locales que se suman.

Los gobernadores mandan. Esta tendencia se ha reforzado durante las dos administraciones panistas que liberaron a los mandatarios estatales de la obediencia al Presidente y por ahora no se ha revertido. En muchos estados hubo reveses para los mandatarios, pero sin importar la extracción partidista, los resultados apunta a que todos los gobernadores lograron que los candidatos de su partido triunfaran mayoritariamente. Especialmente todos, excepto Sinaloa lograron la mayoría o la primera minoría en sus respectivos congresos locales.

Los denostados diputados de representación proporcional (RP), llamados coloquialmente “pluris”, vuelve a quedar de manifiesto, que especialmente en el ámbito local son indispensables. En estados como Quintana Roo o Hidalgo donde el PRI ganó todos los distritos locales, los gobernadores despacharían sin contrapeso alguno y los votos conjuntos de la oposición que en ambos casos superan el 50% de los emitidos se irían a la basura sino existieran los diputados de RP. Lo discutiremos después con más amplitud, pero quienes sostienen que deben desaparecer diagnostican correctamente la enfermedad y prescriben mal la medicina.

Con esto podría concluirse que los partidos tienen razón cuando se quejan de que los gobernadores intervienen indebidamente en los procesos electorales. Pero esto tiene matices. El primero es que nuestra cultura política requiere asimilar mejor el peso político del gobernante en turno, reconocer su derecho a ser actor político y aquilatar que el gobierno puede ser una desventaja, es decir dejar de escandalizarnos por lo que es legal y concentrarnos en los delitos. Los partidos son cada vez más estridentes y menos eficientes en demostrar las supuestas irregularidades, lo cual inhibe la participación y deteriora la cultura ciudadana. Es un juego en el todos pierden, pues los ciudadanos solo registran que todos los partidos hacen trampa, y distinguen poco al acusado del acusador.

En el contexto nacional todos los partidos nacionales ganaron algo. Los partidos pequeños obtuvieron votaciones significativas, el PRD en una elección que no es la suya, pues el grueso de sus votos se concentran en entidades que no tuvieron proceso electoral, registra avances en Veracruz, conserva su votación en Oaxaca y vía alianzas con el PAN logra colarse en lugares donde su presencia es marginal. El principal retroceso perredista se presenta en Quintana Roo.

El PAN conserva con las uñas la gubernatura de Baja California, conserva Puebla, la ciudad más poblada en disputa, gana Aguascalientes, Mexicali, Tlaxcala y Saltillo. Gana ciudades importantes como Nuevo Laredo, Boca del Río, Monclova y da cerrada batalla en otras como Oaxaca y Torreón. Sufre importantes derrotas en Sinaloa, Chihuahua y no logra los avances esperados en Veracruz, Tamaulipas y Durango, pero obtiene muchos votos más que hace tres años y gobernará a muchos más mexicanos.

El PRI pierde votos y municipios gobernados. Pero todos sus gobernadores conservan la mayoría en sus congresos estatales y con lo perdido en las urnas han salvado el Pacto por México, el PAN y el PRD han ganado lo suficiente para que sus presidentes sigan defendiendo una posición de dialogo y concertación con el gobierno de Enrique Peña, la posición es ciertamente cuestionable, pero ambos dirigentes opositores han salvado los blasones partidarios con estos números y seguirán en la lógica que tanto les ha acomodado, eso sí después de gritar un poco, con todo, nada garantiza a sus corrientes mantener el control de sus respectivas dirigencias. La cosa se pondrá interesante.