¡Fuera!: Arrancaron las campañas

Han iniciado las campañas a la gubernatura en Michoacán y las campañas de los tres principales contendientes, empiezan a tomar su tono y sus alcances comienzan a perfilarse. Es un proceso muy interesante, pues al arranque pareciera existir un consenso en torno a que la elección inicia a tercios y que si bien existen diferencias en las preferencias electorales, nadie tiene una ventaja decisiva ni se encuentra en una posición que no pudiera remontar hasta obtener la victoria.

Desde un punto de vista exclusivamente del proceso de campaña, se aprecian diferencias que serán importantes. Los candidatos y sus equipos hacen apuestas muy diversas. Por ahora ninguno de los tres ha realizado propuestas específicas, por ahora están definiendo posicionamiento y estableciendo su discurso. Hay que decir también que ninguno de los tres asume de entreda ningún riesgo. La imagen y slogan de todos los candidatos se encuentran en el rango de lo convencional, por no decir de lo aburrido.

Silvano Aureoles ha optado por una campaña festiva y colorida. Bajo la premisa de que ganará, pretende desvincularse de los atributos negativos del PRD, sumando además a otros partidos. Sin embargo, además que la efectividad de sus alianzas es poco clara, su campaña pareciera tener una perspectiva estratégica confusa, pues su ventaja, de existir no es tan amplia como para celebrar anticipadamente una victoria, su discurso es el menos claro, el más vacío y el dispendio de recursos ha comenzado a pasarle factura, lo que lo obligaría a modificar su estrategia y entrar en un terreno de mayor desgaste para el que no está preparado.

Luisa María por el contario echa mano de su credibilidad y la legitimidad que los hechos le dieron. Dejada de su partido y con pocos recursos busca poner creatividad y originalidad. Trata de compensar las debilidades en torno a su campaña con sus fortalezas personales, sin embargo, su apuesta de slogan y discurso no aprovecha las circunstancias a plenitud y se queda en lugares común. Le falta atrevimiento, frescura, le sobra corrección. Quiere hacer de la necesidad virtud en cuanto a sus limitaciones presupuestales pero al titubear, falla. Luisa María no tiene a su partido, pero no se resigna a ello, a pesar de que la dirigencia y no pocos candidatos de éste son un lastre, un estorbo.

Ascención Orihuela parece que ha entendido mejor que nadie su circunstancia. Se sabe en desventaja y rema contra corriente. Parte del descredito del gobierno de Vallejo – Reyna – Jara y sufre el peor momento de la aprobación del presidente Peña y del PRI en un largo tiempo. Sin embargo, ha logrado cerrar sus frentes internos, seleccionar candidatos competitivos y se ha dado tiempo de sumar a disidentes de otros partidos. La imagen no es lo suyo, pero los mensajes en clave política sí. Falta ver si logran que la unidad del PRI se sostenga en los hechos y si la apuesta por un slogan más bien opositor, resulta creíble y no cínica.

 El arranque de las campañas marca, pero aun nada está decidido. Creo que el cierre no será de tres, sino de dos y que uno de estos se empezará a rezagar en los primeros 20 días. Hoy, contienden tres con posibilidades, veremos que sucede al calor de la campaña.

Votos andaluces, encuestas mexicanas

El cambio político es muy difícil. Contrario a lo que pudieran hacer pensar las muestras de descontento social y el desacuerdo con las gestión gubernamental, los cambios en la clase política necesitan de una larga gestación y de muchas coyunturas favorables para concretarse. Las crisis políticas no siempre se traducen en cambios electorales, y eso pareciera estar ocurriendo en nuestro país. Ciertamente la crisis política le ha pasado factura a la popularidad del Presidente Peña y a la identificación con el PRI, pero si hoy fueran las elecciones, el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados se mantendría intacto.

Algo parecido ha pasado en Andalucía donde las elecciones locales se vaticinaban inéditas por el ascenso de nuevas agrupaciones políticas, en particular de “Podemos” el colectivo que entre numerosas polémicas se ha convertido en la tercera fuerza política de España, desplazando a fuerzas tradicionales como Izquierda Unida. Sin embargo, a pesar que en esa elección del pasado domingo el Partido Popular (el partido de Mariano Rajoy, actualmente en el gobierno central) sufrio un duro revés, tampoco puede decirse que el bipartidismo español esté a las puertas de la debacle. Los socialistas, retuvieron el gobierno andaluz y su retroceso es apenas significativo. La sorpresa la dio otra fuerza política recién creada “Ciudadanos” que se convirtió en la cuarta más votada, disputándole el nicho de los independientes e indignados a “Podemos”.

¿Por qué traigo a cuento una elección al otro lado del Atlántico? Porque las encuestas recientemente publicadas por diferentes firmas mexicanas, más que anticipar que la crisis política que vivimos se convierta en un punto de inflexión en la vida pública, parecen indicar que se presentará una continuación del actual status quo: el PRI con sus aliados se mantendría como fuerza mayoritaria, seguido del PAN y por otro lado, todas las fuerzas de la izquierda, ahora divididas y enfrentadas matendrían, balcanizada pero suya, una importante porción del electorado.

En este sentido, México se encuentra muchos más atrás que España en materia de cambios políticos. De los partidos que participarán por primera vez en la elección de este año, el único que tiene en algunas encuestas más de un dígito de intención de voto es Morena, pero de ninguna manera representa una novedad, es la alternativa lopezobradorista desvinculada del PRD ahora en manos de “los chuchos”. Es decir, que no hay una fuerza política que sea disruptiva en el sistema de partidos, para el que la única amenaza pudieran representarla algunas candidaturas independientes que tienen probabilidades de éxito como la de Jaime Rodríguez “El Bronco” en Nuevo León o la de Alfonso Martínez a la alcaldía de Morelia.

En este contexto, el proceso electoral tendrá un efecto limitado en cambiar el rumbo del país, y esto generará desánimo y frustración entre aquellos que desean un cambio de rumbo más drástico e inmediato. En México faltan apuestas ciudadanas más atrevidas, de mediano plazo y menos condecendientes con los gobiernos en turno. En tanto, seguiremos padeciendo a los mismos.

La paradoja partidista

Si preguntamos, ya sea en una encuesta formal o por nuestra cuenta para matar el tiempo, cuál es el mayor mal de la democracia en México – y hasta en México a secas – la respuesta más probable es: “los partidos políticos”. Beneméritas instituciones que no han frenado su caída en las encuestas que miden la confianza ciudadana, en todo el mundo, y que a pesar de su profunda crisis de credibilidad, no solamente están más fuertes que nunca, sino que parecen destinados a mantenerse como los pilares de la vida pública, a pesar de las escaramuzas antipartidos cada vez más frecuentes.

La verdad es que nada debe de extrañarnos. La democracia representativa, la forma política que domina el mundo occidental desde finales del Siglo XIX y hoy la más extendida del mundo, está concebida desde y para los partidos políticos. En México la falta de partidos se advertía como un problema a principios del Siglo XX y la debilidad de los partidos opositores fue un obstáculo para la democracia durante buena parte del mismo. De hecho la transición a la democracia mexicana puede leerse como el proceso de empoderamiento de los partidos – distintos al PRI – hasta volverse competitivos y la reingeniería del PRI para transitar de secretaría de estado a fuerza política.

Los partidos políticos mexicanos llevan casi medio siglo acumulando fortalezas y privilegios: diputados federales de partido, más tarde de representación proporcional, después diputados locales, regidores y senadores electos por el mismo principio, financiamiento público, tiempos oficiales de radio y televisión, participación en la integración de órganos y tribunales electorales, control del Poder Legislativo, y participación en la negociaciones donde se decide el destino de la Nación.

La disyuntiva es, si no es posible una democracia sin partidos, paradójicamente, ¿nuestra democracia es posible con estos partidos? La ruta de la partidocracia en que nos hemos convertido pareciera, al mismo tiempo agotada y enrutada a la permanencia, lo cual es peligroso pues normalmente las rupturas que se han presentado a situaciones semejantes en otros países, han sido revoluciones seguidas – como siempre – de tiranías.

Los partidos han acumulado privilegios que no están dispuestos a perder y por ello ante cualquier iniciativa que amenace el status quo reaccionan con violencia, sean nuevos partidos, candidaturas independientes o movimientos sociales, la respuesta es su desarticulación y su asimilación al régimen. Así operó exitosamente el PRI por décadas. Coptaba partidos de oposición, sindicatos, gremios, medios de comunicación, asociaciones y un interminable etcétera. Ahora los partidos dominantes, todos expresiones de la misma cultura, todos asimilados al sistema, buscan coptar todo lo distinto, o bien, eliminarlo.

En México hemos transitado de un régimen en que poco importaba la ideología y el rumbo del gobierno, siempre y cuando el poder no saliera del PRI; a un régimen en que poco importa la ideología, el rumbo del gobierno y el partido que lo ejerza siempre y cuando el poder no salga de una clase política oligárquica. La elección del 2015 lo confirma, fuera de la excepción que representan los candidatos que han encontrado cobijo en partidos no tradicionales y de algunos candidatos independientes, se trata de una defensa del status quo, particularmente del que emergió con el Pacto por México y un reajuste de fuerzas para la contienda del 2018. Pero el que espere cambio –a escala nacional – de las urnas del 7 de junio es un ingenuo.

En muchos sectores sociales, incluso en los mismos partidos hay personajes, grupos y ciudadanos que no comparten la agenda de la oligarquía en turno, pero no se ve que aun tengan una estrategia común o que sus esfuerzos puedan alcanzar masa crítica en un breve plazo. Pero es necesario que quienes tenemos una visión semejante de esta necesidad de cambio institucional, de transformación del sistema de partidos, de romper este pantano de intereses y corrupción en que se ha convertido la vida pública, sin destruir el sistema democrático, empecemos a dar forma a las alternativas, antes de que la impaciencia y el malestar que están en el ánimo social, impongan soluciones no democráticas.

Legislación electoral: más dudas que certezas

En este mismo espacio, no hace mucho que dije que no me gustaba la reforma política que se había expedido como consecuencia de los acuerdos del Pacto por México. Es una extensa modificación de disposiciones constitucionales, y en forma inédita, a través de sus artículos transitorios una colección de prescripciones obligatorias para los poderes legislativos de la Federación y de los estados que han de entrar en vigor a la brevedad, en las entidades que celebrarán elecciones en  el año 2015.

México por su prolongada transición a la democracia, tuvo sucesivas reformas electorales, que crearon un marco legal e institucional que permitió elecciones confiables en manos de los ciudadanos, que si bien no estuvieron exentas de conflictos, permitían la normalidad en el relevo de las autoridades locales y federales.

La elección presidencial de 2006 sometió al sistema electoral a una durísima prueba, pues la diferencia entre los dos principales contendientes fue inferior a 1% de los votos. El sistema soportó la prueba pero quedó exhausto. Desde el PRD y con el apoyo del PRI se armó una primera generación de reformas electorales posteriores a la alternancia que devino en un nuevo Código Electoral pero no en cambios constitucionales, que entre sus principales novedades trajo una fuerte restricción en el uso de los medios de comunicación y en el derecho de los ciudadanos de apoyar las opciones políticas de su preferencia.

La elección del 2012 echó por tierra dos mitos en materia político electoral. El primero, que no hay una diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar que por sí misma garantice que no habrá inconformidad con el resultado. El segundo que la equidad en el proceso electoral se puede lograr con más regulación. Los que en el 2006 se quejaron, en el 2012 se volvieron a inconformar, y tras el proceso electoral, ahora el PAN de la mano del PRI trajeron una mucho más amplia reforma que aspira a poner el ámbito local, bajo las autoridades que en el ámbito federal han sido sistemáticamente cuestionadas.

La reforma política, ha abierto más preguntas que respuestas en el ámbito electoral. Cuestiones tan básicas como la fecha en que han de celebrarse los comicios están en duda. El órgano electoral que conducirá el proceso no está formado, la legislación electoral local se tendrá que realizar en un tiempo record y muchos detalles que son imprescindibles para la buena marcha de una elección se encuentran sumidos en confusiones e indefiniciones.

La reforma prevé en sus transitorios que el 30 de abril deberá quedar expedida la legislación federal secundaria para materializar la reforma, plazo apenas suficiente e improrrogable para generar las normas que deberán precisar la aplicación de la extensa reforma constitucional.

También se anticipa que la elección federal podría llevarse a cabo un mes antes, es decir el primer domingo de junio, lo cual debe quedar definido en la legislación secundaria, tal y como ahora lo está en el Cofipe, y aun cuando prevé que en las entidades de la Federación la elección de sus autoridades debe celebrarse el primer domingo de junio, exenta de esta disposición, en forma absurda e inexplicable, los procesos electorales que se celebran el mismo año que la elección federal.

Podríamos estar entonces ante un 2015 con dos procesos electorales: el federal el primer domingo de junio y el local el primer domingo de julio. Esta aberración podía evitarse adicionando un transitorio a la reforma constitucional. Hubiera sido lo fácil, pero es improbable ya. Se puede evitar al establecer la fecha de la elección federal en la las leyes federales secundarias, incluso con un transitorio. De lo contrario el único camino será modificar las normas locales, en el caso de Michoacán su Constitución, para cambiar la jornada electoral al primer domingo de junio.

Son muchas las tareas pendientes para nuestra legislación local en Michoacán. La pregunta es si los diputados serán capaces de tener las leyes listas en tiempo y a pesar de la complicación que supone tener que esperar la promulgación de las normas federales (el 30 de abril) y tener que respetar el plazo del artículo 105 de la Constitución, que en el caso de que el proceso electoral arranque en septiembre, obliga a expedir la legislación local, reformas constitucionales incluidas, antes de que termine mayo.

El Congreso del Estado y los partidos en Michoacán, deben estar atentos y ser proactivos, pues de lo contrario, iremos como uno más de nuestros males a un proceso sin el marco legal adecuado y llenos de dudas.

La música de la orquesta del Titanic

La propaganda de los gobernantes y legisladores a propósito de sus informes es vacía y dispendiosa, además de que muchas veces transgrede una legislación insuficiente, surgida del encono. Para que nuestra democracia funcione debemos regular el gasto y contenido de lo que se nos informa, para que los ciudadanos podamos debatir y valorar el desempeño de quienes nos gobiernan, criterio básico para decidir nuestro voto en la siguiente elección. Sin estos requisitos la propaganda gubernamental es la música que toca la orquesta, mientras el barco se va a pique.

El caso más sonado de propaganda gubernamental es el del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien dilapidó millones en promocionar los logros de su primer año de gobierno y su amor por Anahí, a lo largo y ancho de la geografía nacional, causando la indignación de los mexicanos. Pero se suman a éste los presidentes municipales michoacanos, incluso alguno que no puede estar en el municipio que dice gobernar, que en la primera quincena de diciembre tienen la obligación de rendir informe de sus administraciones y los diputados federales y senadores, que sin fecha precisa para informar eligieron el fin del año para presumir lo que han alcanzado.

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El derroche de recursos y la transgresión de la ley en cuanto a dónde informar (como Manuel Velasco que hace nacional su informe estatal) o el periodo de siete días previos y cinco posteriores en que se puede realizar la difusión (como Chon Orihuela y Silvano Aureoles cuyas carteleras espectaculares subsisten a pesar de que sus informes fueron el 30 de noviembre y el 20 de diciembre respectivamente), llama a reflexionar sobre un tema polémico y muy relevante, y que seguirá siendo fuente de conflictos políticos, pues su regulación es bastante inapropiada.

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La regulación de los informes de los funcionarios de elección popular es fruto de la reforma electoral del 2008, y como el resto de la cosecha creció de una semilla de revancha por el proceso electoral de 2006. Lo importante era atar de manos a Felipe Calderón y al Gobierno Federal para que no pudieran volver a “hacer trampa” como le hicieron al “Peje” (olvidando como AMLO usó el presupuesto del DF en materia de comunicación y que el final tuvo en su campaña más tiempo publicitario y gastó más dinero que el panista). Lo cual es un precedente terrible pues llevó un conflicto particular, por demás ácido, a convertirse en ley.

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Por tanto, las disposiciones que se emitieron, buscaban reducir lo más posible la capacidad de los funcionarios de informar, en un absoluto contrasentido de la aspiración ciudadana de saber lo que el gobierno y los legisladores hacen con los impuestos de todos, y limitaron el periodo para que los funcionarios puedan aparecer ante la ciudadanía a exponer lo que han hecho, pero nunca establecieron límites claros a la publicidad por internet o redes sociales ni a los recursos públicos que pudieran destinarse a estos fines, ni requisitos mínimos de contenido para evitar la banalidad de estas campañas relámpago.

La democracia es un sistema frágil, entre otras cosas porque se basa en la opinión pública que es un mar encrespado. A pesar de que no opera aún la reelección, los resultados de gobierno influyen en el ánimo de los electores, y los funcionarios que aspiran a hacer o continuar su carrera, buscando una nueva responsabilidad en las urnas, tratan de convencer a los ciudadanos de los buenos resultados de su mandato, lo cual está bien hasta que el informe de lo hecho, se reduce a unos segundos de televisión o a una cartelera con una fotografía y una frase. Peor cuando no se informa nada o lo informado es una distorsión de la realidad o una mentira completa.

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 Uno de los retos de nuestra democracia, es como hacer que la publicidad gubernamental y de los legisladores no se convierta en mera propaganda. Es decir, que los ciudadanos sepamos lo que nuestros representantes hacen debiera ser un derecho para nosotros y una navaja de doble filo para ellos, que les diera dividendos cuando su trabajo sea exitoso y benéfico para la sociedad y les perjudicara cuando no lo fuera.

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Para avanzar en esa dirección y mejorar nuestra actual legislación me atrevo a sugerir dos ideas para sustituir la actual limitación del informe a un periodo de trece días: primera, establecer un tope de gasto por cada ciudadano de la demarcación administrativa o legislativa, equiparable a lo que se puede gastar en una campaña electoral. Segunda establecer un mínimo de información a publicar, que dé sustancia a las frases de propaganda y una base de datos pública que contenga este cúmulo de información.

Finalmente, nada de esto servirá y todo irá a peor, si los ciudadanos no asumimos como compromiso el evaluar a nuestros gobernantes y legisladores, más allá de las sonrisas de sus anuncios. Si los partidos no se toman en serio la tarea de debatir con sus opositores, si continuamos en este dialogo de sordos, que a veces se parece a la música de la orquesta, que no para de tocar mientras el Titanic se hunde.

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