Alegría en el gobierno, borrachera en el contribuyente

   Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en última instancia el juicio de amparo que un grupo de mexicanos, que han destacado como comunicadores, analistas, académicos y líderes de ONGs, y que se identificaron como “#YoContribuyente”, promovieron en contra del último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos del ejercicio 2013, en que se extiende la condonación a estados y ayuntamientos del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) que estos entes retuvieron a sus trabajadores, que se realiza desde el 2008. La SCJN descartó que los promoventes, como ciudadanos, tengan el interés legítimo para impugnar que el Congreso de Unión conceda este beneficio.

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El asunto no es menor y es desafortunado. La SCJN cierra la puerta para que los ciudadanos tengamos a nuestro alcance un instrumento de control de las acciones del poder público. Contrario a la tendencia que en muchos campos predomina, en esta materia la Corte restringe la posibilidad de impugnar una mala decisión gubernamental, contraria a las leyes, porque la afectación no es directa y personal, sino difusa. Habremos de esperar a que uno de los ministros que formaron mayoría en torno de este criterio, redacte el proyecto para evaluar la argumentación y el daño que causa a la vida pública.

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Por ahora ya podemos hacer un balance de este tema. Permítanme explicarlo un poco. Los gobiernos de estados y municipios les descuentan a sus trabajadores el ISR que por ley deben pagar a la Secretaría de Hacienda, como cualquier otro patrón lo hace con sus trabajadores. Esto se llama retención. La diferencia viene después. Si quien hace la retención es un contribuyente cualquiera y no hace el pago correspondiente, puede incluso ser sujeto a proceso penal y terminar en la cárcel por el delito de defraudación fiscal. Si el contribuyente que no paga es el gobierno de un estado o de un municipio, pues los diputados hacen una ley para que se pueda quedar con ese dinero. Así de injusto.

Ahora bien, sabemos que los gobiernos de los municipios disponen de recursos muy escasos para cumplir con sus fines, sin embargo, esta manera es el peor camino para otorgarles recursos adicionales, porque se premia el desorden administrativo y el incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué pasa cuando se premia al que no cumple? Pues se crea un incentivo para no cumplir. Los alcaldes y gobernadores que destinaron recursos a cumplir sus obligaciones fiscales, deben estar arrepentidos de no haber empleado ese dinero en acciones más rentables para su administración y su popularidad.

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Por otro lado ese dinero, que no deja de ser un recurso público, se usó sin ninguna planificación y sin ningún control. Ningún gobierno planeó no pagar el ISR retenido a sus trabajadores, los gobiernos dejaron de pagar porque crecieron su gasto corriente o porque las obras que ejecutaron costaron más de lo que habían programado, y ambos casos reflejan ineficiencia y falta de cuidado en el manejo de los recursos públicos.

No podemos olvidar como surgió la medida. Algunos diputados la gestaron como un obsequio para los gobernadores y alcaldes que habían apoyado sus aspiraciones y les habían ayudado a ganar la curul. El origen es perverso y los efectos también. Hasta hoy el “beneficio” se extiende solo al ejercicio 2014, sin embargo, y especialmente a raíz de la desafortunada sentencia de la SCJN, la tentación de continuar con este fraude legalizado se hará más grande y alentará otras perversidades como incrementar plantillas y salarios de funcionarios y burócratas, pues el ISR “se recupera” o promover la condonación de otros pagos de impuestos y derechos federales.

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Creo que es necesario incrementar los recursos que administran los gobiernos locales, en especial los municipios, pero este es el peor camino. Lo que necesitamos es que estos gobiernos sean corresponsables de la recaudación, que el gasto lo dirijan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que estén sujetos a una estricta rendición de cuentas. Lo demás es tirar el dinero y fomentar los cacicazgos. Lamentablemente la SCJN dejó intacto este circulo vicioso de ilegalidad, dispendio y corrupción.

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Notarios nuevos, ¡qué sean los últimos!

En Michoacán no hay un solo notario que haya ganado su notaria por la vía del mérito. Todos los notarios de Michoacán han recibido este cargo por decisión de algún gobernador. Esto de ninguna manera quiere decir que no haya notarios públicos con sobrada capacidad para ejercer o que todos los nombramientos son injustificables. Conozco notarios que son extraordinarios profesionales del derecho, y excepcionalmente me he tropezado con las incapacidades de alguno. Pero el punto es que a lo largo de la historia, todos los gobernadores han usado este privilegio para beneficiar a sus allegados y que en Michoacán carecemos de un sistema abierto y meritocrático para obtener el cargo de notario público.

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Para hacer una arqueología de quienes han integrado la clase política local a lo largo de los diferentes gobiernos, basta con pasar revista de las asignaciones de notarias. Revisar el listado de notarios en el orden que fueron nombrados es como analizar las capas de sedimento en el lecho de un río, es una tarea de paleontología política que permite documentar los cambios en el grupo gobernante.
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La semana pasada Fausto Vallejo hizo uso de esta atribución que la legislación vigente le otorga al Gobernador del Estado: nombrar con total discrecionalidad nuevos notarios públicos. En el caso de los recientes cuatro nombramientos encontramos un poco de lo mismo que hemos visto antes y otro poco de novedoso exceso. Los afortunados son un funcionario de larga trayectoria siempre ligado a Fausto Vallejo, un sobrino siempre protegido, el reconocimiento de la herencia de una notaría en el seno del círculo de amistades más cercanas del gobernador y el pago del servicio al operador de todo el asunto. Las notarias siempre se entregaron a personajes cercanos de los mandatarios locales pero en esta ocasión el círculo pareciera más estrecho que nunca, casi familiar.

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Sin embargo, en el exceso cometido por Fausto Vallejo hay una ventana de oportunidad, la actual legislatura tendría el tiempo para procesar un proyecto de ley que modifique en definitiva la designación de notarios a cargo del Gobernador y el titular del Ejecutivo pudiera tener los suficientes incentivos de sacarla adelante, ahora que ya ha beneficiado a sus cercanos y ha sido censurado por ello, incluso podría entenderlo como una estrategia de control de daños por el nepotismo y amiguismo desplegado.

El cargo de notario público sin duda representa una excelente oportunidad de ingreso para quien asume el cargo, no exenta de responsabilidad, pero si privilegiada. El problema es que es un privilegio que se obtiene a partir de la prestación de un servicio público. Toda acción que un particular lleva a cabo ante un notario, la realiza no por su gusto, sino porque la ley marca que así debe ser para alcanzar el propósito deseado.

Entonces hay dos razones claras por las que el nombramiento de los notarios reviste interés público y por las que debiera ser transparente y basado en un mecanismo objetivo de evaluación. La primera es que se trata de la prestación de un servicio público, y eso implica buscar a los mejores para la tarea. La segunda es que para acceder a un empleo público con contraprestaciones privilegiadas, todos los ciudadanos debieran tener oportunidad de someterse a evaluación y ser eventualmente elegibles.
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No hay otro tema que reúna más iniciativas de ley archivadas en el Congreso del Estado que la de una nueva Ley de Notariado. En cada legislatura de las últimas cuatro, incluyendo la actual, se ha presentado por lo menos una iniciativa y ninguna se ha dictaminado. Ciertamente hay muchos temas técnicos complejos que esta legislación debiera abordar, como cuántas notarias son necesarias, si sobran o si faltan y en dónde. Hay algunos otros aspectos polémicos como la colegiación o las facultades para revisar la actuación de los fedatarios, pero el ancla que no deja avanzar ese barco, es el proceso para designar nuevos notarios y la resistencia que todos los gobernadores han puesto a perder la facultad de designar notarios como privilegio.

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Fausto Vallejo ha sumado a su larga lista de errores un abuso más, ahora de una facultad heredada de los tiempos del más rancio dominio del PRI. Sin embargo, el momento en que lo hizo abre una oportunidad de debatir el tema y acabar de una vez con ese resabio autoritario y patrimonialista.

Legislación electoral: más dudas que certezas

En este mismo espacio, no hace mucho que dije que no me gustaba la reforma política que se había expedido como consecuencia de los acuerdos del Pacto por México. Es una extensa modificación de disposiciones constitucionales, y en forma inédita, a través de sus artículos transitorios una colección de prescripciones obligatorias para los poderes legislativos de la Federación y de los estados que han de entrar en vigor a la brevedad, en las entidades que celebrarán elecciones en  el año 2015.

México por su prolongada transición a la democracia, tuvo sucesivas reformas electorales, que crearon un marco legal e institucional que permitió elecciones confiables en manos de los ciudadanos, que si bien no estuvieron exentas de conflictos, permitían la normalidad en el relevo de las autoridades locales y federales.

La elección presidencial de 2006 sometió al sistema electoral a una durísima prueba, pues la diferencia entre los dos principales contendientes fue inferior a 1% de los votos. El sistema soportó la prueba pero quedó exhausto. Desde el PRD y con el apoyo del PRI se armó una primera generación de reformas electorales posteriores a la alternancia que devino en un nuevo Código Electoral pero no en cambios constitucionales, que entre sus principales novedades trajo una fuerte restricción en el uso de los medios de comunicación y en el derecho de los ciudadanos de apoyar las opciones políticas de su preferencia.

La elección del 2012 echó por tierra dos mitos en materia político electoral. El primero, que no hay una diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar que por sí misma garantice que no habrá inconformidad con el resultado. El segundo que la equidad en el proceso electoral se puede lograr con más regulación. Los que en el 2006 se quejaron, en el 2012 se volvieron a inconformar, y tras el proceso electoral, ahora el PAN de la mano del PRI trajeron una mucho más amplia reforma que aspira a poner el ámbito local, bajo las autoridades que en el ámbito federal han sido sistemáticamente cuestionadas.

La reforma política, ha abierto más preguntas que respuestas en el ámbito electoral. Cuestiones tan básicas como la fecha en que han de celebrarse los comicios están en duda. El órgano electoral que conducirá el proceso no está formado, la legislación electoral local se tendrá que realizar en un tiempo record y muchos detalles que son imprescindibles para la buena marcha de una elección se encuentran sumidos en confusiones e indefiniciones.

La reforma prevé en sus transitorios que el 30 de abril deberá quedar expedida la legislación federal secundaria para materializar la reforma, plazo apenas suficiente e improrrogable para generar las normas que deberán precisar la aplicación de la extensa reforma constitucional.

También se anticipa que la elección federal podría llevarse a cabo un mes antes, es decir el primer domingo de junio, lo cual debe quedar definido en la legislación secundaria, tal y como ahora lo está en el Cofipe, y aun cuando prevé que en las entidades de la Federación la elección de sus autoridades debe celebrarse el primer domingo de junio, exenta de esta disposición, en forma absurda e inexplicable, los procesos electorales que se celebran el mismo año que la elección federal.

Podríamos estar entonces ante un 2015 con dos procesos electorales: el federal el primer domingo de junio y el local el primer domingo de julio. Esta aberración podía evitarse adicionando un transitorio a la reforma constitucional. Hubiera sido lo fácil, pero es improbable ya. Se puede evitar al establecer la fecha de la elección federal en la las leyes federales secundarias, incluso con un transitorio. De lo contrario el único camino será modificar las normas locales, en el caso de Michoacán su Constitución, para cambiar la jornada electoral al primer domingo de junio.

Son muchas las tareas pendientes para nuestra legislación local en Michoacán. La pregunta es si los diputados serán capaces de tener las leyes listas en tiempo y a pesar de la complicación que supone tener que esperar la promulgación de las normas federales (el 30 de abril) y tener que respetar el plazo del artículo 105 de la Constitución, que en el caso de que el proceso electoral arranque en septiembre, obliga a expedir la legislación local, reformas constitucionales incluidas, antes de que termine mayo.

El Congreso del Estado y los partidos en Michoacán, deben estar atentos y ser proactivos, pues de lo contrario, iremos como uno más de nuestros males a un proceso sin el marco legal adecuado y llenos de dudas.

La música de la orquesta del Titanic

La propaganda de los gobernantes y legisladores a propósito de sus informes es vacía y dispendiosa, además de que muchas veces transgrede una legislación insuficiente, surgida del encono. Para que nuestra democracia funcione debemos regular el gasto y contenido de lo que se nos informa, para que los ciudadanos podamos debatir y valorar el desempeño de quienes nos gobiernan, criterio básico para decidir nuestro voto en la siguiente elección. Sin estos requisitos la propaganda gubernamental es la música que toca la orquesta, mientras el barco se va a pique.

El caso más sonado de propaganda gubernamental es el del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien dilapidó millones en promocionar los logros de su primer año de gobierno y su amor por Anahí, a lo largo y ancho de la geografía nacional, causando la indignación de los mexicanos. Pero se suman a éste los presidentes municipales michoacanos, incluso alguno que no puede estar en el municipio que dice gobernar, que en la primera quincena de diciembre tienen la obligación de rendir informe de sus administraciones y los diputados federales y senadores, que sin fecha precisa para informar eligieron el fin del año para presumir lo que han alcanzado.

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El derroche de recursos y la transgresión de la ley en cuanto a dónde informar (como Manuel Velasco que hace nacional su informe estatal) o el periodo de siete días previos y cinco posteriores en que se puede realizar la difusión (como Chon Orihuela y Silvano Aureoles cuyas carteleras espectaculares subsisten a pesar de que sus informes fueron el 30 de noviembre y el 20 de diciembre respectivamente), llama a reflexionar sobre un tema polémico y muy relevante, y que seguirá siendo fuente de conflictos políticos, pues su regulación es bastante inapropiada.

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La regulación de los informes de los funcionarios de elección popular es fruto de la reforma electoral del 2008, y como el resto de la cosecha creció de una semilla de revancha por el proceso electoral de 2006. Lo importante era atar de manos a Felipe Calderón y al Gobierno Federal para que no pudieran volver a “hacer trampa” como le hicieron al “Peje” (olvidando como AMLO usó el presupuesto del DF en materia de comunicación y que el final tuvo en su campaña más tiempo publicitario y gastó más dinero que el panista). Lo cual es un precedente terrible pues llevó un conflicto particular, por demás ácido, a convertirse en ley.

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Por tanto, las disposiciones que se emitieron, buscaban reducir lo más posible la capacidad de los funcionarios de informar, en un absoluto contrasentido de la aspiración ciudadana de saber lo que el gobierno y los legisladores hacen con los impuestos de todos, y limitaron el periodo para que los funcionarios puedan aparecer ante la ciudadanía a exponer lo que han hecho, pero nunca establecieron límites claros a la publicidad por internet o redes sociales ni a los recursos públicos que pudieran destinarse a estos fines, ni requisitos mínimos de contenido para evitar la banalidad de estas campañas relámpago.

La democracia es un sistema frágil, entre otras cosas porque se basa en la opinión pública que es un mar encrespado. A pesar de que no opera aún la reelección, los resultados de gobierno influyen en el ánimo de los electores, y los funcionarios que aspiran a hacer o continuar su carrera, buscando una nueva responsabilidad en las urnas, tratan de convencer a los ciudadanos de los buenos resultados de su mandato, lo cual está bien hasta que el informe de lo hecho, se reduce a unos segundos de televisión o a una cartelera con una fotografía y una frase. Peor cuando no se informa nada o lo informado es una distorsión de la realidad o una mentira completa.

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 Uno de los retos de nuestra democracia, es como hacer que la publicidad gubernamental y de los legisladores no se convierta en mera propaganda. Es decir, que los ciudadanos sepamos lo que nuestros representantes hacen debiera ser un derecho para nosotros y una navaja de doble filo para ellos, que les diera dividendos cuando su trabajo sea exitoso y benéfico para la sociedad y les perjudicara cuando no lo fuera.

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Para avanzar en esa dirección y mejorar nuestra actual legislación me atrevo a sugerir dos ideas para sustituir la actual limitación del informe a un periodo de trece días: primera, establecer un tope de gasto por cada ciudadano de la demarcación administrativa o legislativa, equiparable a lo que se puede gastar en una campaña electoral. Segunda establecer un mínimo de información a publicar, que dé sustancia a las frases de propaganda y una base de datos pública que contenga este cúmulo de información.

Finalmente, nada de esto servirá y todo irá a peor, si los ciudadanos no asumimos como compromiso el evaluar a nuestros gobernantes y legisladores, más allá de las sonrisas de sus anuncios. Si los partidos no se toman en serio la tarea de debatir con sus opositores, si continuamos en este dialogo de sordos, que a veces se parece a la música de la orquesta, que no para de tocar mientras el Titanic se hunde.

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Para bien y para mal: los mismos de siempre

Que el PRD y demás partidos de izquierda se opongan a la apertura del sector energético a los capitales privados no es nuevo. Que el PAN haya promovido la reforma constitucional en ese sentido tampoco es una sorpresa. La diferencia tras varios intentos fallidos de modificar la Constitución para quitar el monopolio energético de las manos del Estado es la postura del PRI, que apenas hace cinco años le negó una reforma menos ambiciosa al Presidente Calderón, siendo senadores, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, hoy coordinador de los diputados priístas y operador de la reforma o Pedro Joaquín Codwel, ahora Secretario de Energía.

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Hay quienes dicen que el PRI se ha corrido a la derecha, como en los tiempos de Salinas, agregan los afectos a las teorías conspiratorias. Yo sigo sosteniendo que el PRI solo tiene una ideología y es el pragmatismo. Si el PRI de Peña Nieto estuviera corrido a la derecha no habría aprobado la  miscelánea fiscal que pretende hacernos creer que es una reforma hacendaria y que perjudica a las clases medias y a los emprendedores.    

Durante el año que ha transcurrido desde su regreso al Gobierno Federal, los priístas han demostrado que sus virtudes y defectos son los mismos de siempre. Son malos para ejercer el presupuesto bien y a tiempo, pésimos para combatir la pobreza, están paralizados ante el crimen organizado y la economía se les hace bolas. Pero para la política son muy buenos. Lo suyo es el manejo de la corte y allí le llevan ventaja a todos los actores políticos de México, por una sola y poderosa razón: nada los ata, ni la ideología, ni sus bases sociales, ni un compromiso ético. Son absolutamente pragmáticos.

El Pacto por México sirvió en el principio de la administración para reducir la conflictividad tras la elección. Aprovechando la debilidad en que se encontraban las dirigencias del PRI y del PRD, además de la afortunada coincidencia del estilo personal de Zambrano y Madero, el nuevo gobierno encontró interlocutores a modo, expertos en beneficiarse de pactar pequeñeces. El límite del pacto era uno y muy simple: la reforma constitucional en materia energética, pero el PAN estaría encantado de sumarse, pues el tema representa un compromiso histórico y programático.

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Con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el resto era sencillo. Anular al impresentable Romero Deschamps, mantener dividida a la izquierda con base en concesiones en temas varios y mucho dinero para el Gobierno del Distrito Federal y activar a través de los gobernadores las mayorías necesarias en los congresos estatales en un tiempo record. Los operadores del PRI hicieron gala de sus habilidades y como peces en el agua consiguieron lo que ellos mismos negaron por 12 años, en unos cuantos días y hoy defienden la apertura del sector energético como si fuera su lucha histórica o como si se les hubiera caído una venda de los ojos.

 Yo he defendido la postura de abrir el sector energético y creo que la reforma es una buena reforma. Como estoy hecho a las instituciones republicanas, estos pactos de pasillo y las maniobras que llevan al vertiginoso estilo legislativo de estos días, me dejan con un extraño sabor de boca. Porque sé que ese pragmatismo, así como hoy produjo un cambio con el que estoy de acuerdo, puede producir monstruos (como ya pasó en el tema hacendario). La lentitud de algunos procesos institucionales tiene razones y virtudes que hoy se soslayan con el eslogan de “Mover a México” que aprovecha bien el cansancio y la sensación de parálisis de muchos mexicanos.

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Por otro lado, al PRD le han dejado una salida digna pero falsa. Con la aprobación de la consulta popular, todos juegan a que el asunto se zanje en 2015, a sabiendas de que el tema, como está actualmente estructurada la figura de participación, es improcedente. Es la misma historia que los amparos contra la miscelánea fiscal. Lo que olvidan algunos, es que este tipo de expectativas incumplibles son las que causan el desanimo y la ira de los ciudadanos.

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Y no son las únicas expectativas incumplibles. Se ha mentido abiertamente diciendo que con la reforma energética se va abaratar el gas, la luz y la gasolina. Lo cual es falso. No hay manera de que los precios bajen a menos que el gobierno vaya a dilapidar los recursos frescos que obtendrá en subsidiar energéticos, lo cual sería un error brutal. Por otro lado se ha dicho que me crearán miles de empleos, lo cual es solo parcialmente cierto, pues falta ver las leyes secundarias y la puesta en operación de las reformas, lo que puede llevar todo el sexenio.

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Podemos estar en un mundo muy distinto al prometido, con combustibles caros, con una reforma política fallida, sin consulta popular y sin el crecimiento y los empleos anunciados, apalancado todo, la economía, el gobierno, el PRI y hasta sus cómodos opositores, en el endeudamiento histórico que le fue aprobado con apoyo del PRD. No soy tan pesimista pero puede pasar, y con estos opositores débiles, divididos y obsequiosos, el pragmatismo priísta hará de las suyas.