No me gusta su reforma política

Está dicho. Antes diré también que entiendo que los cambios deben ser graduales y acepto que a la hora de legislar no podemos asumir posturas de todo o nada, pero hay cosas que sencillamente no me gustan de su reforma. Ahora trataré de explicar por qué. Empezaré por decir que en ella hay cosas muy buenas y que excluiré de mi diatriba: la autonomía del Coneval, ese organismo desconocido que evalúa los resultados de las políticas públicas en materia de desarrollo social y que ha hecho un trabajo extraordinario, y que hay que preservar de la codicia gubernamental, especialmente ahora.

Hay otras cosas bastante sensatas como la ratificación de la estrategia de seguridad y la rendición de cuentas asociada a ella, o la participación del Senado en el nombramiento de los titulares de Hacienda y Relaciones Exteriores, la reducción del periodo entre la elección presidencial y la toma de protesta y el incremento en el umbral de votos necesarios para mantener el registro como partido político, incluso la paridad de los sexos en candidaturas al Congreso. Son buenas pero ninguna revoluciona la vida política. Es como cuando en una carretera se arregla una curva para que sea menos peligrosa, se agradece, pero si se dejan igual cientos más, el viaje sigue siendo el mismo.

Mis desacuerdos empiezan con esa ilusión que les hace a los legisladores cambiarles el nombre a las cosas. Creo que les da la impresión de que se elevan a la categoría de demiurgos. Por dejar de llamarse PGR o IFE, esas instituciones no han de funcionar mejor, es más, pasará un buen rato antes de que les dejemos de llamar por sus viejos nombres.

Hay medidas que serán más litigiosas que útiles, como la nulidad de las elecciones por violar el tope de gastos de campaña en forma “sistemática” y “determinante”, un par de palabras que han permitido cualquier trapacería en materia electoral y que ya nadie sabe que significan a ciencia cierta. Durante los primeros años de vigencia de este precepto vamos a experimentar un avivamiento del conflicto postelectoral. El que además sea sancionable solo cuando se excede por un 5% del tope de gasto, son como los 15 minutos de tolerancia que nos daba el maestro en la escuela. Una reforma a la mexicana, puedes hacer trampa, pero poquita.

Hay otras que están destinadas a convertirse en vetustos elefantes blancos, como el gobierno de coalición, que sin segunda vuelta (ese cambio sí que hubiera sido relevante) en la elección del ejecutivo es totalmente inútil. Coaliciones en el mundo hay de dos tipos: electorales como en Chile, que antes de la elección construyen un programa de gobierno y van por él a las urnas o parlamentarias como en Alemania, en que el equivalente del Presidente debe ser electo por más de la mitad de los diputados y a los de su partido no les alcanzan los votos, por lo que invitan a otros a gobernar. Ambos casos son de necesidad, nadie quiere compartir y esto lo soslayan nuestros legisladores.

Pero los temas mayores son dos y no me gustan:

El nombramiento de los consejeros electorales de los estados por el INE, es la única atribución real que se dio al súper IFE que nació bastante enclenque. Será factor de conflicto muy fuerte, moneda de cambio, espacio para el tráfico de influencias, y en nada garantiza la independencia de estos organismos. ¿O no hemos visto vocales ejecutivos y consejeros locales del IFE postrados ante el gobernador del estado en que despachan? Además seguimos en ruta para desmantelar el federalismo que tímidamente empezábamos a construir. Hemos asumido que los problemas que conlleva un pacto federal se resuelven con elementos centralistas.

Finalmente, la medida más trascedente de todas y quizá la única importante es la reelección. La de alcaldes está en manos de los congresos estatales. Es una historia por escribirse, pero no deja de ser buena noticia, pues permitirá en algún momento evaluar el desempeño de los ayuntamientos y abrirá la puerta de la continuidad en el desarrollo municipal.

La reelección legislativa la he defendido siempre, tiene múltiples virtudes en lo referente a rendición de cuentas y profesionalización del Poder Legislativo. Pero nace torcida, perversa. Uno de los objetivos de la reelección era restar poder a las cúpulas de los partidos y regresarlo a los electores, lo cual no va a ocurrir, peor aún las cúpulas partidistas se van a empoderar todavía más, con la persistencia de los diputados plurinominales y la posibilidad de que estos se mantengan durante periodos sucesivos, las oligarquías partidarias que no rinden cuentas, que no hacen campaña, que no son representativas, van a trasladar sus reales de las dirigencias partidistas a las Cámaras del Congreso. Estas son muy malas noticias.

Así una reforma con muchas pretensiones y celebrada por adelantado, terminó siendo un claroscuro que deja mucho por resolver en la legislación secundaria, pero que tiene más aspectos preocupantes que razones para el optimismo. El problema esencial sigue siendo la falta de legisladores demócratas. Otra vez, los anticuerpos priístas nos traicionaron cuando pretendimos avanzar.

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Peña Nieto cambia de rumbo

Como cada septiembre el Presidente de la República ha presentado su informe de gobierno. Como desde el 2006, el informe se presenta no ante el Congreso de la Unión sino ante las cámaras de televisión en un acto ad hoc. Los poderes cada loco con su tema. Como es frecuente en el primer informe de todo presidente, presentado sólo nueve meses después de su asunción del cargo, las notas están más en lo que viene que en lo realizado. En el caso del Presidente Peña, lo que estamos viendo es un esfuerzo por sostener su narrativa de gobierno eficaz, que está en seria duda y por otra parte un paso al frente para mantener apoyo entre los sectores de menor ingreso, especialmente frente a la perspectiva de no perder electores ante los partidos de la izquierda.

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Me explico. Peña obtuvo los votos que lo llevaron a la Presidencia de una amplia variedad de electores entre los que destacan un nutrido grupo perteneciente a la clase media, temerosa del radicalismo de López Obrador y desencantada del PAN. Este grupo, es particularmente importante, pues son votantes independientes, que difícilmente pueden ser manejados como una clientela corporativa. Para ellos es el discurso de “mover a México” y la reforma educativa, que según las mediciones de la aprobación del Presidente es su punto más fuerte.

Sin embargo, Peña ha pagado un elevado costo político por pasar esa reforma, sin romper con el PRD que se ha visto presionado por uno de sus más poderosos y antiguos aliados: la CNTE. Por otro lado, la presentación de la reforma petrolera, modificando la Constitución ha llevado al límite los consensos con ese partido que se debate entre su necesidad de diferenciarse del radicalismo de López Obrador y su posición histórica en el tema. Si en la reforma educativa el mensaje fue para la clase media, en la reforma energética, el mensaje presidencial apunta a sectores más populares cuyo concepto de nacionalismo incluye el monopolio energético.

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Por eso la propuesta de reforma hacendaria se trazó para complacer al PRD, y quizá al sector más conservador del PRI. El rechazar el IVA universal que hubiera permitido ampliar la base de contribuyentes y gravar la economía informal, se asume la bandera que como oposición estos partidos enarbolaron contra las administraciones panistas. La reforma hacendaria, tiene algunos méritos, pero no transforma el sistema impositivo mexicano, cuando mucho nos dará una mejor versión del modelo insuficiente y mediocre en que estamos atrapados desde hace décadas y que aumenta la carga de los mismos contribuyentes.

Sin embargo la necesidad de incrementar los recursos gubernamentales subsiste. Y al gobierno de Peña le urge, especialmente para impulsar temas como la pensión universal o el seguro de desempleo que prometió en campaña y para tratar de evitar desesperadamente que la Cruzada contra el Hambre tenga el rotundo fracaso al que se encamina, cuando se presente la siguiente medición bianual de la pobreza.

También urge reactivar la economía tras el primer gran fracaso de la administración que tuvo que corregir la previsión de crecimiento del PIB y aceptar que en el 2013, este rondará el 1.5% anual. Especialmente cuando entre las causas de la desaceleración de la economía está el mayor subejercicio del gasto público registrado en años, aun para un primer año de gobierno, y que en el pasado era objeto de duras críticas del PRI.

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Por eso hay un golpe de timón y el compromiso de déficit cero no cumplió ni su primer aniversario. El gobierno necesita dinero pronto, sin costo político, así que otra vez vamos a la deuda. Este viraje no es menor. En resumen estamos viendo un Presidente que se encamina a complacer a sus opositores de izquierda, para restañar las heridas de sus primaras acciones de gobierno y que se aleja de una clase media que desencantada del PAN le había apoyado desde la elección y la que había dirigido su estrategia durante todo el año.

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Las encuestas nos ayudan a entender. Peña llegó a su Primer Informe con la aprobación (56%) más baja para ese momento desde Ernesto Zedillo, que enfrentaba la peor crisis de nuestra historia reciente, con un desacuerdo en ascenso (41% vs. 34 en diciembre)con la credibilidad en negativo (42% le cree vs. 53% que no), dato inusual para este momento del sexenio. Históricamente la evaluación previa al primer informe es la mejor de cualquier presidente, con lo que es comprensible la preocupación en Los Pinos, cuya siguiente gran aduana es la elección de julio del 2015.

Ante los hechos, Peña y el PRI cambiarán de receta. Dejan atrás la etapa de buscar la complacencia de las clases medias y los electores independientes, que son sin duda los más difíciles de persuadir y se reorientan a consolidar el voto de sectores de menor ingreso y nivel educativo. Para ello requieren más dinero en sus programas sociales sin cambiar el modelo de cobro de impuestos. La narrativa perfecta fue descarrilada por la realidad en menos de un año. Preparémonos para el regreso de la maquinaria electoral impulsada por el gasto público soportado en déficit.

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La forma sin fondo o el Acuerdo por Michoacán

No conozco casi a ningún político – y ciertamente a ninguno del PRI – que no recite como si fuera el Credo la frase de Jesús Reyes Heroles,       “la forma es fondo”. Este distinguido hombre de indudable valía y mérito, es lo más parecido que puede tener un partido sin ideología, a un ideólogo. Significa que el protocolo y la manera de procesar una decisión pública es tan importante como su contenido, que el continente vale tanto como el contenido o que la articulación y difusión del mensaje es tan relevante como el concepto.

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El PRI es el maestro de las formas políticas, las formas priístas son reconocibles para bien y para mal en la política mexicana, como rituales que han llegado a confundirse con los rituales institucionales dado su prolongado dominio de los poderes públicos. Sin embargo, las formas no bastan como han descubierto los priístas tras su regreso al poder.

El Acuerdo por Michoacán es una historia que ejemplifica esto. Firmado apenas el pasado 29 de agosto, cuando han transcurrido más de 18 de los 44 meses que durará la actual administración, es tardío para cualquier gobierno, con mayor razón para uno tan breve, pero no del todo inoportuno si asumimos que Fausto Vallejo no regresará, y que Jesús Reyna está tomando las riendas del gobierno y relanzando una agenda para lo que será su gobierno.

Mas que un acuerdo, el documento que ha sido signado por diferentes actores, es una agenda. A diferencia del Pacto por México que se refiere a asuntos que al inicio del gobierno de Peña estaban detenidos por falta de consenso para ser aprobados en el Congreso de la Unión, en el caso local no hay iniciativas cuyo trámite se encuentre detenido en el Congreso del Estado por falta de acuerdo. Los grupos parlamentarios opositores al del Gobernador han sido obsequiosos en la aprobación de los temas más polémicos como la restructuración de la deuda pública y la adquisición de nuevos empréstitos, y aun cuando el acuerdo enuncia 16 acciones que implican nuevas leyes o modificaciones a existentes, 3 de las cuales requieren cambios constitucionales, ninguna ha sufrido el rechazo previo de las bancadas.

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Es evidente que si de las 57 acciones propuestas 41 corresponden exclusivamente al ámbito del Ejecutivo Estatal, el documento firmado dista mucho de requerir el concurso de otros actores. Es una agenda, un plan de gobierno, una hoja de ruta, el hilo conductor que ciertamente le ha faltado a la errática administración estatal encabezada por un enfermo Fausto Vallejo primero y un acotado Jesús Reyna después, o al menos acotado hasta hace muy pocos días.

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Si estamos ante un plan de gobierno para los restantes 25 meses, debemos preguntarnos a donde se dirigen los esfuerzos de la administración. ¿Qué es lo que se pretende alcanzar? Si atendemos a los ejes propuestos en cuanto a su número de acciones el más nutrido es el denominado Administración, Finanzas, Transparencia y Rendición de Cuentas (15) lo que confirma que el principal reto del Gobierno del Estado es superar su disfuncionalidad y corrupción. El de Gobernabilidad (11) reitera este hecho: establece acciones elementales de las que se habla desde hace meses, pero además carece de concreción pues sus puntos tienen que ver con diseñar la estrategia y la agenda, mas que con las soluciones de fondo.

Los ejes de Desarrollo Económico y Educación empatan también con 11 propuestas. El primero va a los lugares comunes fomento, infraestructura, nuestro caballito de batalla el Puerto de Lázaro Cárdenas y de lejos algunos los productos agropecuarios. El último retoma los recientes puntos del conflicto con el magisterio y las normales y la adecuación de la reforma educativa. Su mayor mérito es que asume la necesidad de revisar la situación financiera de la Secretaría de Educación y la Universidad Michoacana.

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Mención especial merece la pobreza conceptual del eje de Desarrollo Social, solo 5 propuestas y nada relevante, se limita a decir que aprovechará la Cruzada contra el Hambre, caótica estrategia sin dinero del Gobierno Federal que solo incluye a siete municipios. Los temas urbanos están ausentes, la migración también, la vivienda no se menciona, los temas forestales y el medio ambiente tampoco, del agua ni una palabra, del turismo solo el sambenito de pensar y hablar positivamente.

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Otro asunto es quien firmó y quien no. Hace unas semanas el PRD votó sorpresivamente por renovar la licencia a Fausto Vallejo y el PAN se negó por falta de información. Ahora el PAN firma un Acuerdo insustancial lleno de vaguedades que competen al Ejecutivo y el PRD se niega arguyendo formalismos. Las oposiciones están tan confundidas como el gobierno. Están desperdiciando la única oportunidad que las ha dado y que probablemente les dará el Ejecutivo de discutir su agenda pobre, mediocre y extraviada. El gobierno se confeso desarticulado, incapaz, corrupto y le han dejado salir intocado y hasta fortalecido.

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Concluyo: el Acuerdo por Michoacán no es tal, es apenas una agenda escueta de acciones que debieran ser obligatorias para un gobierno mediano. Revelan sus graves problemas y sus pocas capacidades, pero una oposición y otra han dejado pasar increíblemente la ocasión. Todos están fascinados por el protocolo, confundidos entre la forma y el fondo, sin advertir que entre las manos tienen un cascaron vacío. Lástima que Reyes Heroles nunca tuvo ocasión de completar su sentencia: el fondo no sólo puede ser forma.

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Todos juegan el juego de la CNTE

La CNTE, tan conocida para los michoacanos y tan desconocida para la mayoría de los mexicanos, especialmente en la Ciudad de México saltó en unos pocos días a la escena nacional. Por supuesto para esa mayoría de desconocedores, los actos de la CNTE resultan burdos y le dan la más simple interpretación: los maestros de las entidades con el peor desempeño educativo se oponen en forma pedestre a ser evaluados. Pero la CNTE es un movimiento magisterial de larga historia, con un largo y retorcido colmillo político, experta en enfrentar a los gobiernos de todo sino y con vastos recursos propios.

Para muchos resulta incomprensible que la CNTE se oponga a una reforma que ya está en curso, merced a la cual se ha modificado ya el texto constitucional y que cuenta con el respaldo casi unánime de los partidos políticos. Pero la oposición callejera de la Coordinadora dista mucho de ser una necedad. Para esta organización – un típico grupo de presión según el librito del análisis político – representa una oportunidad de oro para fortalecerse y ampliar su influencia. Comparto algunas razones.

La primera conclusión que salta a la vista es que el gobierno de Peña Nieto subestimó a la CNTE. Cuando planificó la estrategia política para sacar adelante la reforma educativa se concentró en el SNTE y diseñó un golpe fulminante contra Elba Esther Gordillo que desmovilizó a la organización y le dejó una dirigencia con la que negociar a modo, pero se olvidó de la disidencia de la propia Gordillo, que ha combatido a la cúpula sindical desde tiempos de su antecesor Carlos Jongitud Barrios y que en su caída y en la pasividad del SNTE ve una oportunidad de avanzar en su lucha por el control del sindicato, al interior del cual, a pesar de la conformidad mostrada con la reforma existe desconfianza de la misma.

La CNTE ha sido un socio permanente de la izquierda al igual que otros sindicatos y organizaciones de base del país. Durante más de dos décadas todas esas fuerzas fueron comandadas sin duda por el PRD quien enarbolaba sin cortapisa sus banderas por radicales que estas fueran. Pero hoy el liderazgo de la izquierda está en disputa. La escisión de López Obrador y la fundación de Morena tiene al PRD en vilo. El Movimiento Ciudadano y el PT están más cerca de Morena, al igual que muchos de los movimientos sociales y sindicales. Los actuales dirigentes perredistas para diferenciarse de AMLO han optado por una posición más de centro y una estrategia de conciliación, pero eso puede llevarlos a distanciarse de socios tradicionales como la CNTE.

Así la Coordinadora tiene dos razones para manifestarse con virulencia en este momento. Para demostrar al PRD y a Morena sus capacidades de movilización y de negociación, para recordarles que es un aliado valioso, quizá indispensable y que sin su estructura retener los gobiernos de Guerrero y Oaxaca, o recuperar el de Michoacán es impensable. Para recordarles que sus dirigentes quieren seguir ocupando posiciones clave en las directivas partidistas y beneficiándose de candidaturas y cargos de elección popular como hasta ahora, y que están listos para escuchar las propuestas de uno y otro bando de la fragmentada izquierda.

Por otro lado – la segunda razón – la CNTE está poniendo a prueba a su aliado histórico. La participación en el Pacto por México y las alianzas electorales con el PAN no son de su total agrado, menos tras la aprobación en fast track de la reforma constitucional en materia educativa y lo que se suponía se replicaría con las leyes secundarias. Por eso la Coordinadora ha dado un manotazo en la mesa, le está diciendo al PRD que no está dispuesto a ir con ellos más allá, especialmente cuando Morena levanta sin reparos las banderas opositoras a la reforma educativa y vela armas de cara a las reformas energética y fiscal. Está poniendo a prueba a Mancera como gobernante emanado del PRD quien todavía le sopla al jocoque después de hechos como los del primero de diciembre y el 10 de junio en que manifestaciones de grupos radicales de izquierda terminaron mal.

Por supuesto, ya encarrerados, los maestros disidentes están poniendo a prueba al gobierno federal, son la avanzada de lo que vendrá con las reformas energética y fiscal. Y de pasada le están dando una sacudida (otra más) al Pacto por México, que para mantener al PRD, cuya permanencia pende de alfileres, ha impulsado una amplia tolerancia a las acciones de la Coordinadora y le ha dado ya una victoria legislativa difiriendo la discusión de la Ley del Servicio Profesional Docente, la joya de la reforma, para molestia del PAN con lo que el ataque al Pacto se magnifica.

Como ustedes pueden ver, la CNTE ha puesto en marcha una estrategia que le reporta dividendos en múltiples frentes y amplia su poder en el seno de las izquierdas. Por tanto podemos esperar que sus movilizaciones escalen, pero administrando los tiempos con frío cálculo para seguir maximizando su renta política. Recurso y tiempo le sobran, actúa por su cuenta y le ha puesto el tablero al PRD y hasta al Gobierno Federal para que jueguen su juego.

El impacto político de la reforma energética

Kramer vs. Kramer o Cárdenas vs. Cárdenas, podríamos llamar al episodio de los días pasados en la opinión pública pues con la estrategia elegida por el gobierno de Peña Nieto para defender su propuesta de reforma energética, al igual que en aquella celebrada cinta de 1979, se disputa la custodia de un hijo: la soberanía petrolera. Por un lado la invocación priísta de uno de sus artífices, creador de los sectores del partido y precursor del moderno presidencialismo y hasta la ruptura en los años 80 tótem del partidazo. Por el otro lado, el hijo del General invocado, el líder olvidado y rescatado tras la partida de AMLO, el de la ruptura con Salinas, el histórico defensor del petróleo por herencia y por gesta propia.

El equipo de Peña sin duda experto en manejar la opinión pública, sembró con su alusión cardenista una vacuna contra el liderazgo de Cuauhtémoc encabezando la resistencia del PRD y envía un mensaje directo a ese más de 60% de mexicanos que rechazan la “privatización” (lo que sea que quiera decir) para que (quizá contradictoriamente) en otra encuesta un equiparable más de 60% apruebe su propuesta de reforma (con poquísimo o ningún conocimiento) en sólo unas semanas.

Pero la posición del PRD le resulta completamente favorable al gobierno de Peña, con lo cual la hipótesis de que el Pacto por México sobrevivirá al desacuerdo de la Reforma Energética toma fuerza. La oposición a la reforma propuesta realizando consultas, planteando una iniciativa alterna, votando en contra en los órganos legislativos y hasta la propuesta de un referéndum revocatorio en el 2015 permite procesar el acuerdo institucionalmente frente a la protesta callejera y de absoluto rechazo que plantean AMLO y su Morena. Esto beneficia a ambos actores, pues el gobierno saca su reforma y el PRD se diferencia de su antiguo candidato (se quita la imagen de rijoso y negativo) con quien se disputara los votos de la izquierda en las elecciones del 2015.

El PAN por su parte, al presentar su iniciativa primero, tuvo su momentum, que se ha agotado tras la presentación de la iniciativa presidencial. Sin embargo, su posición favorable a modificar la Constitución le dará un nuevo periodo de protagonismo cuando la discusión parlamentaria se realice, y además obtendrá si no todos los cambios que desea en materia política, algunas modificaciones sustanciales al diseño institucional del país tendientes a limitar la influencia de los gobiernos, especialmente de los gobernadores, en los procesos electorales.

La reforma energética es indispensable para el país por una sola razón: no tenemos ni el dinero ni la tecnología para extraer el petróleo y el gas natural que ciertamente tenemos en abundancia. El dinero lo podemos obtener trayendo capitales privados del extranjero o prescindiendo de uno de cada tres pesos del gasto público de todo el país. La tecnología sólo podemos adquirirla de otras empresas, Pemex tardaría demasiado en desarrollarla, probablemente hasta 30 años, contra los aproximadamente 10 años que tomaría alcanzar la explotación plena de los yacimientos con la intervención de contratistas.

El PRI pagará la mezquindad de haberle negado a Calderón la reforma energética en el 2008 pues no podrá cosechar en este sexenio, más que una parte magra de los frutos económicos y de gasto público disponible que propiciará la reforma. Serán las administraciones siguientes, especialmente a partir del 2025, los que se beneficiarán más de lo que hoy se está reformando. Esto debería alentarnos, pues representa un caso extraño que la clase política, o una parte de ella, sea capaz de ver ya no digamos a más de una década de distancia, sino más allá de la siguiente elección.

La reforma constitucional quedará aprobada antes de terminar el año, pero las leyes secundarias tardarán un poco más. También vendrá la propuesta de reforma hacendaria, la cual someterá nuevamente al país, a los actores políticos y al Pacto por México a una enorme tensión. Lo previsible es que el Presidente Peña proponga básicamente lo que su partido le negó primero a Fox y luego a Calderón: IVA generalizado, lo cual también sería bueno para la economía y las finanzas públicas.

Pero la ruta política aun no puede considerarse despejada –literalmente – pues López Obrador no abandonará la escena tan fácilmente y estas reformas han sido sus banderas durante largos años. Y para engrosar su movimiento cuenta con movimientos radicales como la CNTE que sigue en pie de guerra contra la reforma educativa cuyas leyes secundarias no se han expedido y los sindicatos que buscan reivindicación por la aprobación de la reforma laboral en los últimos meses del gobierno de Calderón.

El peor subproducto de todo este conflicto es que, como en el 2012, las posiciones se polaricen en torno a AMLO y Peña Nieto, borrando a los moderados de izquierda (PRD) y a la derecha liberal democrática que se encuentra en un ala del PAN, lo que llevaría a una elección intermedia en el 2015 muy conflictiva y a la integración de un Congreso menos proclive a los acuerdos para la segunda mitad del sexenio.

Esto explica porque todos los actores tienen prisa, por que se firmó el Pacto, por que se ha mantenido y puede mantenerse en el mediano plazo. Más que la habilidad que presumen los operadores del PRI, vivimos a pesar de todo una alineación de intereses de los actores hacia la moderación y el consenso, una pequeña ventana que no se presentaba desde mediados de los años 90 y que esperemos se aproveche al máximo antes de que nuevamente domine el sonido de los tambores de guerra.