Ciegos, tontos, mezquinos y lo que falta

La semana pasada, el Gobernador de Michoacán hizo una de las más desafortunadas declaraciones de su prolongada carrera política, cuando afirmó que quienes no ven el “avance” en Michoacán son “ciegos, tontos o mezquinos”. Extraña de un político de ese nivel, rodeado de asesores y hábil para manejar la relación con los medios de comunicación un desplante como ése. Sin embargo, en el último año, hemos observado que la mecha del mandatario se ha vuelto más corta y le hemos visto reaccionar con enojo evidente ante críticas y descalificaciones.

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Otro episodio desafortunado fue cuando llamó a Luisa María Calderón “miserable” y “enferma del alma”, como reacción a una declaración de la senadora panista en relación con que existían rumores sobre la vinculación de uno de los hijos del Gobernador con la delincuencia organizada. Meses después cuando el rumor se refiere a la existencia de videos que demostrarían el hecho, Vallejo se ha mostrado mucho más mesurado en sus respuestas, si bien sigue negando estos hechos con vehemencia.

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Cuando los cuestionamientos públicos se dieron en torno a su salud, Fausto Vallejo tampoco se mostro muy tolerante en sus respuestas. Se negó (y sigue haciéndolo) a dar información precisa y se refugió en un mal entendido derecho a la intimidad. Su última expresión al respecto fue un coloquial “ya chole” con esas preguntas.

En algún otro momento, Vallejo propuso dar un premio a los medios de comunicación que “hablaran bien de Michoacán”, y de castigar a los que “siempre hablan mal”. Esto es consistente con la línea que ha mantenido su gobierno de señalar que los medios, especialmente los nacionales, exageran los problemas del estado y que si todos destacaran lo bueno que tiene Michoacán las cosas estarían mejor. Esta postura, además de pueril, parece olvidar la naturaleza de la actividad periodística, pero más grave es tratar de incidir mediante zanahorias y garrotes sobre las líneas editoriales de los medios.

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Sin duda estas reacciones son producto de cierta desesperación ante la dura realidad de Michoacán, que desentona absolutamente del discurso triunfal del gobierno. El problema de la comunicación gubernamental (en general) es que confunde las acciones con los resultados: desplegar nueve mil efectivos de las fuerzas federales en Michoacán es una acción, reducir el número de delitos es un resultado; construir comedores comunitarios es una acción, reducir el indicador de carencia alimentaria del Coneval es un resultado y al gobierno actual no le gusta que le digan que sus acciones no han producido resultados, al menos no todavía.

El 2014 es el año más violento en la historia de Michoacán desde 1998 según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que igualmente acreditan que los secuestros y las extorsiones que se incrementaron desde el último tercio del 2013 no han disminuido a pesar del Plan Michoacán. Morelia es la ciudad en que más se incrementó el número de homicidios dolosos hasta casi duplicarse. Esos son resultados hasta ahora, esperemos mejoren, pero en tanto no sea así no podemos documentar el optimismo.

El gobierno federal anunció la inversión de más de 45 mil millones de pesos en Michoacán, sin embargo, a la mitad del ejercicio fiscal muy pocas acciones están en curso y es ya evidente que el grueso de esos recursos corresponden a lo que el Presupuesto de Egresos de la Federación destina cada año para ejercerse en el Estado a través de los diferentes programas de gasto. Este resultado tampoco les gusta que se recuerde, pero en este tema, incluso las acciones están incompletas.

En su más reciente visita el Secretario de Hacienda Luis Videgaray señaló que el Gobierno Estatal ha ejercido menos del 20% de los recursos que a principio de año se otorgaron en una línea de crédito de Banobras, por aproximadamente 4,500 millones de pesos, que servirían para dar liquidez a la administración local, además de señalar un importante subejercicio de los recursos federales que están a cargo del gobierno estatal. Si aquí la inversión pública sería la acción y el mejoramiento de la actividad económica el resultado, pues estamos peor, porque ni la acciones se han ejecutado aún.

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En este contexto se ha instalado el Comité Ciudadano para la evaluación del Plan Michoacán. Mal augurio que el día anterior se haya anticipado que el que no reconoce avances es ciego, tonto y mezquino. ¿Cómo podemos mejorar si todo señalamiento es recibido con intolerancia? ¿Quién se atreve a disentir, cuando hay premios para el que habla bien y castigos para el que habla mal? ¿Cómo puede la oposición acordar con un gobierno que reacciona con denuestos a los desacuerdos?

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Son todos estos malos datos para una democracia y preocupantes signos de deterioro de la capacidad de gobernar. La noticia además es peor, estamos a un año de las elecciones más numerosas de nuestra historia, en cuanto a puestos en disputa y los señalamientos y las críticas acaban de comenzar. Si esa será la postura del Gobernador Vallejo, tendremos un año de tormentas frecuentes.

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Fausto, el STASPE y la tolerancia

El pasado jueves primero de mayo, en el marco de la celebración del Día del Trabajo, tuvo lugar un acontecimiento desagradable. Un grupo de trabajadores sindicalizados del STASPE, el sindicato de los trabajadores del Gobierno del Estado, increpó al Gobernador Fausto Vallejo y lo insultó en repetidas ocasiones, inclusive hubo quien le arrojó alguna bola de papel.

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El hecho tiene varias aristas. Primero hay que decir que los trabajadores se encontraban particularmente indignados pues unas horas antes el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la instancia judicial, dependiente del propio Gobernador, declaró inexistente su huelga, en un procedimiento que dejó sorprendido al más mañoso abogado. El famoso Tribunal ha estado implicado en más de una controversia, y mas allá de sus integrantes, es por mucho evidente que se trata de un órgano vetusto que carece de la normatividad adecuada, es ajeno a la transparencia y que está débilmente constituido. Por eso sus fallos siempre terminan siendo cuestionables.

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La insistencia del Gobernador de acudir al acto, y sorprendentemente, sin un dispositivo adecuado de seguridad, es más que anecdótico, es una imprudencia que pudo salir mucho peor, y de la que no son responsables los manifestantes, sino las autoridades. Pero las cosas se complicaron, pues en su ruta de salida, cuando más intensos fueron los gritos en contra de su persona, Fausto Vallejo se detuvo y pretendió encarar a los manifestantes. Sin duda fue un impulso de ira comprensible, pero que comprometía más la seguridad del mandatario.

Los hechos concluyeron felizmente pues no hubo mayores consecuencias, hasta que unas horas después el Secretario de Gobierno del Estado, anunció que la Consejería Jurídica del Ejecutivo presentó ante la Procuraduría del Estado denuncia penal en contra de los manifestantes del acto en que se ofendió al Gobernador del Estado, la denuncia no precisa delito y se encamina contra quien resulte responsable, pero se ha señalado que se citará a declarar al líder del sindicato Antonio Ferreyra.

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No sé, ni se me ocurre porque delitos pudieran procesar a los miembros del STASPE. Desde el 2007, a iniciativa de un servidor las injurias y la difamación no son delitos en Michoacán, del delito de lesiones no puede configurarse ni la tentativa y pretender que se configuren la sedición o el motín sería un despropósito bastante ajeno a un gobierno democrático, más cuando vivimos un tiempo en que se tiene una tolerancia excesiva a grupos de civiles armados, que incluso reciben el apoyo de la autoridad. Pero el sólo hecho de que se presente la denuncia ya me parece asombroso.

 Podemos pensar que se trata de una maniobra más política que legal. Una vez vencido el STASPE en juicio (como haya sido) y declarada inexistente la huelga, el que sobre la cabeza de su dirigente se cierna, como espada de Damocles la amenaza de un proceso penal, es sin duda muy conveniente para un gobierno al que solo le resta asegurarse que se abran las oficinas públicas y los burócratas regresen a trabajar.

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No simpatizo con el STASPE ni con los sindicatos del sector público. En general creo que sus contratos colectivos son abusivos y que en nada han beneficiado ni al servicio público, ni a los ciudadanos y ni siquiera a sus agremiados. Pero creo que lo que atestiguamos en días pasados retrata un Gobierno Estatal que tiene un talante de autoritarismo e intolerancia al que ya nos estábamos desacostumbrando.

Resolver procedimientos en órganos que carecen de independencia y en el filo de la legalidad, presentar denuncias por insultar a un funcionario en una plaza y dedicarle una rechifla pública, así como negociar con interlocutores bajo amenaza de cárcel, forzando los tipos penales más allá de los hechos no son hechos alentadores menos en un estado en que el crimen, el vandalismo y la portación de armas se han generalizado. Nos hablan de que el gobierno no es sensible socialmente, sino impotente, que la ley se aplica selectivamente y que el discurso democrático es una fachada, que los humores autoritarios del pasado están intactos, esperando una grieta en nuestra frágil modernidad para regresar.

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Los rostros del debate panista

Si bien podemos decir que México es una democracia, los largos años de autoritarismo priísta no permitieron el desarrollo de una cultura democrática. En el reino de las formas del viejo régimen no hay lugar para las verdades desnudas, a la ética se antepone la estética. Por eso a los mexicanos la discusión pública nos produce inquietud. No nos gusta escuchar señalamientos sobre el desempeño de los actores políticos, nos suena a pleito. Por eso los debates en los procesos electorales apenas empiezan a arraigar, y por eso también siguen siendo acartonados y rígidos.

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El PAN durante más de medio siglo fue la excepción demócrata en el México autoritario. En su cultura está el debatir, a veces rabiosamente. Los debates públicos en México son parte de la victoria cultural de Acción Nacional, pero como en muchos otros campos el PAN se ha contagiado de prácticas autoritarias y ahora hay panistas a los que los debates les dan grima y debatir les da pánico. Uno de ellos es Gustavo Madero, que hizo cuanto pudo para reducir al mínimo el debate en el proceso de la renovación de la Presidencia del PAN y ya vimos por qué.

 

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Un solo debate, transmitido – es un decir – por internet, que algunos pudimos ver gracias a EfektoTV (canal de paga) en un formato cerrado, bastó para presenciar un Gustavo Madero intolerante y colérico, vacío de propuestas y cargado de rencores. De ideas ni hablar. Un Madero orgulloso de su relación simbiótica con el gobierno de Peña Nieto, con aversión visceral por el gobierno de Felipe Calderón, que evade su responsabilidad en los descalabros electorales del partido y trata de hacernos tragar la rueda de molino de que ha sido él quien ha empoderado a la militancia.

Esto último son dos mentiras en una: la militancia no está empoderada y ha sido Madero un activo defensor del status quo panista, que ante la sorpresiva incorporación de la votación de militantes para elegir al Presidente Nacional, saboteó la Asamblea y urdió una contrarreforma que pasó en forma fraudulenta y vergonzante con el concurso de quienes hoy son su compañero de fórmula y su coordinador de campaña.

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Madero atacó la militancia de Ernesto Cordero, señalándolo de afiliarse al PAN cuando ya trabajaba en gobiernos emanados del partido y presumió haber participado en las protestas contra el fraude en Chihuahua en la elección de 1986. Pero en este tiempo, según su biografía, laboraba en el Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria, empresa paraestatal del gobierno federal, por supuesto priísta. Madero se afilió según el Registro Nacional de Militantes el 27 de septiembre de 1999, después de haber participado en el gobierno estatal de Chihuahua como titular del COPLADE en la administración de Francisco Barrio (1997-1998). No es una postura de autoridad moral.

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Pero el centro del debate no es tan banal. Es la visión de partido y de Nación la que es radicalmente opuesta. Madero se ha acomodado en la estrategia del gobierno de Peña Nieto como un colaborador, como un comparsa. Él mismo califica su postura como la de cogobernante. Eso para muchos panistas resulta vergonzoso, porque la administración priísta no está llevando al país por una senda que sea coincidente con el proyecto de Nación que Acción Nacional puso en marcha en los doce años que ocupó la Presidencia de la República.

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Los acuerdos legislativos son una parte fundamental de la vida pública. El PAN ha tenido acuerdos legislativos con los gobiernos del PRI desde hace muchos años, y nunca los presidentes de nuestro partido obtuvieron a cambio de su voto, partidas presupuestales discrecionales que se tradujeran en “moches” y tampoco se asumieron como cogobernantes. Madero platea la falsa disyuntiva de que solo se puede ser oposición optando entre la sumisión y una negación sistemática y pedestre, como la que en muchos casos enfrentaron Fox y Calderón. Esta visión maderista es una negación de la historia y la tradición parlamentaria de Acción Nacional.

Finalmente el debate evidenció lo que ha sucedido en el proceso electoral panista. Madero apostó por construir una maquinaria electoral interna, financiada por las prebendas que obtiene cogobernando con Peña Nieto, soportada en los comités estatales y municipales, donde han colocado gerentes en lugar de presidentes y desde allí han manejado el padrón de militantes a su gusto. También se ha apropiado de todos los órganos de deliberación y contrapeso internos, como los consejos o las comisiones electorales para atrofiarlos y operar sin obstáculos. Sin embargo, estas tácticas se han revelado insuficientes para ganar la elección interna, al menos con la comodidad que él y su equipo esperaban. A pesar de todo, Ernesto Cordero puede ganar la elección del 18 de mayo, y eso era lo que reflejaban los rostros de los candidatos el día del debate.

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¿Qué espera el PAN para pedir la renuncia de Fausto?

Los recientes acontecimientos dejan lugar a pocas dudas, determinante o no, Fausto Vallejo recibió apoyo de Los Caballeros Templarios para ganar la gubernatura en el 2011. Por ese solo hecho es un gobernante ilegítimo y estaría moralmente obligado a dejar su encargo, lo que no va a ocurrir. Pero lo que más llama la atención es la complacencia de la oposición, especialmente del PAN, con la permanencia de Vallejo.

Fausto Vallejo ganó la elección de Gobernador de Michoacán en el 2011, por menos de 60,000 votos equivalentes a poco más del 2.5% de la votación emitida. La jornada electoral del 13 de noviembre estuvo llena de incidentes y señalamientos de presión a electores, que se tradujeron en impugnaciones de los candidatos del PAN y PRD, las cuales a la postre fueron desechadas.

Esto no representaría ninguna novedad en un proceso electoral tan competido, sino fuera porque uno de los agravios esgrimidos por los perdedores fue la intervención del crimen organizado a favor del candidato del PRI, lo que alguien llamó el “voto pistola”, el que grupos de sicarios amenacen a ciudadanos para que sufraguen por un determinado candidato, y que el día de la elección se apersonan en las casillas para asegurarse de que los votos sean emitidos según su voluntad.

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Uno de los grandes problemas que plantea esta situación al sistema electoral es la dificultad de probar que los hechos ocurrieron. A diferencia de lo que pasaba en los años oscuros del autoritarismo priísta, las actas fueron impecables, incluso los resultados, a pesar de ser abultados y atípicos a favor de Fausto Vallejo, no rayan el absurdo ni superan lo materialmente posible. De testigos ni hablar. Impensable que un funcionario de casilla, que un asistente electoral o un representante de partido se negara a firmar o asentara una irregularidad. Le hubiera costado la vida.

El sistema electoral diseñado para acreditar la certeza y conservar la voluntad ciudadana, llegó a su límite y las impugnaciones fueron desechadas por falta de pruebas o por no considerarse determinantes para el resultado de la elección.

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Pero, ¿a que viene esto a más de dos años de la polémica elección?

Pues que Jesús Reyna, coordinador de la campaña de Fausto Vallejo, se encuentra arraigado en la PGR por tener presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios, el cártel en cuestión, y entre las pruebas que se han hecho públicas, destaca la celebración de más de una reunión con el máximo dirigente de esa organización, Servando Gómez “La Tuta”.

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Como ha dicho otro de los implicados y presunto participante de las reuniones, entonces diputado local, Trinidad Martínez Pasalagua, reunirse con un delincuente no es un delito por sí mismo. Quizá el propio Jesús Reyna sea exonerado y Fausto Vallejo no sea siquiera llamado a declarar. La culpabilidad criminal es una cosa muy distinta a la legitimidad política, que es más delicada, susceptible de desaparecer en cuestión de horas, inasible, inconmensurable.

La legitimidad de un gobernante la podemos definir como el reconocimiento social de que tiene el derecho de ejercer y ocupar el cargo. Por eso podemos decir que la legitimidad de Vallejo está en entredicho. ¿Tiene derecho a ser gobernador alguien que obtuvo el cargo con el apoyo del crimen organizado? Por supuesto que no. Fausto Vallejo es un gobernante ilegítimo, aun cuando haya sido legalmente electo.

Toman relevancia hechos como las grabaciones que diera a conocer Milenio en ese tiempo, en que un miembro de Los Caballeros Templarios amenazaba con quemar las casas de una población si no ganaba el candidato del PRI o el análisis que recientemente publicara Federico Berrueto del Gabinete de Comunicación Estratégica, sobre lo atípico de la votación en la zona de influencia del cártel.

El mensaje que se manda cada día que Vallejo permanece al frente del Gobierno de Michoacán, es que es aceptable ganar una elección con el apoyo de la delincuencia organizada. Por eso Vallejo se debe ir. Por su bien y por el de su partido. Sería un gesto de patriotismo, del que, desafortunadamente, no creo que sea capaz.

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Si esta postura del PRI y de Vallejo no es sorprendente, sí lo es que ninguno de los partidos opositores y derrotados así en aquella jornada electoral, no hayan hecho este planteamiento político con claridad. ¿Qué detiene, especialmente al PAN, principal agraviado de la historia del 2011, de exigir la renuncia de Fausto Vallejo? ¿Tiene temor el PAN? ¿Tiene intereses económicos el PAN? ¿O sencillamente es incapaz el PAN? Cualquiera que sea, la respuesta es penosa.

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Por supuesto que una postura así entraña riesgos. Pero ese tipo de posiciones claras, de lo que es tolerable y de lo que no, de dibujar la línea que no se puede cruzar en la actividad política, son las posturas que los ciudadanos extrañan del PAN y la falta de ese tipo de definiciones, la razón por la que le han retirado su apoyo. El PAN está extraviado, va en una ruta muy distinta de la que debe recorrer para ser electoralmente exitoso y una alternativa política real en Michoacán.

Las dos muertes de Nazario Moreno

En la madrugada del domingo elementos de un grupo de élite de la Marina Mexicana dieron muerte en un tiroteo en el municipio de Tumbiscatío a Nazario Moreno, fundador de “La Familia Michoacana” y según los reportes posteriores a su muerte, líder de “Los Caballeros Templarios”. Los hechos se hicieron públicos oficialmente una vez que el cadáver estuvo en Apatzingán y que se cotejaron las huellas dactilares con las que el gobierno norteamericano había tomado a Nazario en 1994 tras arrestarlo por traficar mariguana. Además de lo significativo del hecho de abatir a un delincuente sanguinario y peligroso, destacaba el hecho de que Nazario Moreno había sido considerado muerto en diciembre de 2010 en un enfrentamiento en la comunidad de Holanda en Apatzingán.

La nota fue una bomba política que desató incluso las más ruines acusaciones contra el Presidente Calderón y sus colaboradores. Una de ellas casi inverosímil, del hijo homónimo del Gobernador Fausto Vallejo que le acusó de pactar con la delincuencia organizada a través de su cuenta de Twitter. Otras voces más racionales pidieron explicaciones y criticaron el hecho, lo cual sin duda es necesario. Para que el caso sirva a fortalecer al gobierno mexicano es necesario que no se convierta en un linchamiento político y se ponga en su justa dimensión el hecho.

Cuando en el mes de diciembre de 2010 Nazario Moreno fue abatido, pero no muerto por la Policía Federal, lideraba “La Familia Michoacana” principal organización criminal de Michoacán y con la que el Gobierno Federal batallaba por recuperar el control de la Tierra Caliente, la sierra y la costa del Estado. Los operativos realizados en ese tiempo fueron fundamentales para recuperar territorios y para desarticular buena parte de las operaciones del cartel. Es indudable que Nazario Moreno resultó herido en el enfrentamiento en que se le dio por muerto y que perdió el control de la organización, lo que derivó en una disputa interna entre sus fieles y la facción de Jesús Méndez Vargas.

Las organizaciones criminales funcionan con estricta racionalidad. Son negocios. A los delincuentes no les gusta perder dinero, y nada hay más costoso que una disputa entre sicarios por el control de una organización. Nazario Moreno no hubiera permitido la escisión de Méndez Vargas de controlar el cartel, pues ésta costo recursos de todo tipo. Solo tras la captura de un disminuido Méndez, se hizo pública en la figura de Servando Gómez, la fundación de “Los Caballeros Templarios”, cuyo nombre alude precisamente a una organización que fue arrasada por el poder papal y su mítico líder ejecutado.

Nada ganaba el Gobierno Federal en la administración de Felipe Calderón con mentir. Usó información que le pareció confiable, generada por los mismos organismos de inteligencia que permitieron a esta administración la identificación del objetivo, la operación que pretendía capturarlo y que concluyó con el enfrentamiento y su muerte. El PRI gana ahora la posibilidad de desprestigiar a un opositor, pero se equivoca al volver a convertir la lucha contra la delincuencia en una arena política.

Tampoco podemos pasar por alto que las fuerzas que hoy usa el gobierno de Peña Nieto para combatir el crimen fueron creadas durante los gobiernos panistas que sus correligionarios denuestan.  La Policía Federal se fortaleció en número de elementos y capacidades con la administración de Calderón, con el concurso de funcionarios que siguen en el equipo de Peña. El más destacado quizá, es el propio Monte Alejandro Rubido que informó que Nazario Moreno había muerto y que el sexenio pasado ocupó la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría General del Cisen.

La Marina se ha apuntado bajo el gobierno actual dos grandes logros: la detención de Joaquín Guzmán Loera y la muerte de Nazario Moreno. Pero en la administración pasada fueron las mismas fuerzas de élite de la Marina Armada de México las que acorralaron y dieron muerte a Heriberto Lazcano, Arturo Beltrán Leyva y Antonio Cárdenas Guillén por mencionar solo algunos. La Marina es la fuerza más eficaz en contra de los grandes capos del crimen organizado desde la pasada administración.

La muerte de Nazario Moreno nunca fue desmentida oficialmente hasta su muerte, los elementos para hacerla creíble fueron reforzados deliberadamente por la delincuencia, cuyo apelativo olvidamos con frecuencia: organizada. Y los hechos sirven para recordarnos que nuestros gobiernos deben perseverar en fortalecer sus capacidades contra el crimen y hacer de éste, un asunto de estado que se eleve sobre los fangos de la arena política y las mezquindades de unos cuantos.