Para bien y para mal: los mismos de siempre

Que el PRD y demás partidos de izquierda se opongan a la apertura del sector energético a los capitales privados no es nuevo. Que el PAN haya promovido la reforma constitucional en ese sentido tampoco es una sorpresa. La diferencia tras varios intentos fallidos de modificar la Constitución para quitar el monopolio energético de las manos del Estado es la postura del PRI, que apenas hace cinco años le negó una reforma menos ambiciosa al Presidente Calderón, siendo senadores, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, hoy coordinador de los diputados priístas y operador de la reforma o Pedro Joaquín Codwel, ahora Secretario de Energía.

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Hay quienes dicen que el PRI se ha corrido a la derecha, como en los tiempos de Salinas, agregan los afectos a las teorías conspiratorias. Yo sigo sosteniendo que el PRI solo tiene una ideología y es el pragmatismo. Si el PRI de Peña Nieto estuviera corrido a la derecha no habría aprobado la  miscelánea fiscal que pretende hacernos creer que es una reforma hacendaria y que perjudica a las clases medias y a los emprendedores.    

Durante el año que ha transcurrido desde su regreso al Gobierno Federal, los priístas han demostrado que sus virtudes y defectos son los mismos de siempre. Son malos para ejercer el presupuesto bien y a tiempo, pésimos para combatir la pobreza, están paralizados ante el crimen organizado y la economía se les hace bolas. Pero para la política son muy buenos. Lo suyo es el manejo de la corte y allí le llevan ventaja a todos los actores políticos de México, por una sola y poderosa razón: nada los ata, ni la ideología, ni sus bases sociales, ni un compromiso ético. Son absolutamente pragmáticos.

El Pacto por México sirvió en el principio de la administración para reducir la conflictividad tras la elección. Aprovechando la debilidad en que se encontraban las dirigencias del PRI y del PRD, además de la afortunada coincidencia del estilo personal de Zambrano y Madero, el nuevo gobierno encontró interlocutores a modo, expertos en beneficiarse de pactar pequeñeces. El límite del pacto era uno y muy simple: la reforma constitucional en materia energética, pero el PAN estaría encantado de sumarse, pues el tema representa un compromiso histórico y programático.

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Con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el resto era sencillo. Anular al impresentable Romero Deschamps, mantener dividida a la izquierda con base en concesiones en temas varios y mucho dinero para el Gobierno del Distrito Federal y activar a través de los gobernadores las mayorías necesarias en los congresos estatales en un tiempo record. Los operadores del PRI hicieron gala de sus habilidades y como peces en el agua consiguieron lo que ellos mismos negaron por 12 años, en unos cuantos días y hoy defienden la apertura del sector energético como si fuera su lucha histórica o como si se les hubiera caído una venda de los ojos.

 Yo he defendido la postura de abrir el sector energético y creo que la reforma es una buena reforma. Como estoy hecho a las instituciones republicanas, estos pactos de pasillo y las maniobras que llevan al vertiginoso estilo legislativo de estos días, me dejan con un extraño sabor de boca. Porque sé que ese pragmatismo, así como hoy produjo un cambio con el que estoy de acuerdo, puede producir monstruos (como ya pasó en el tema hacendario). La lentitud de algunos procesos institucionales tiene razones y virtudes que hoy se soslayan con el eslogan de “Mover a México” que aprovecha bien el cansancio y la sensación de parálisis de muchos mexicanos.

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Por otro lado, al PRD le han dejado una salida digna pero falsa. Con la aprobación de la consulta popular, todos juegan a que el asunto se zanje en 2015, a sabiendas de que el tema, como está actualmente estructurada la figura de participación, es improcedente. Es la misma historia que los amparos contra la miscelánea fiscal. Lo que olvidan algunos, es que este tipo de expectativas incumplibles son las que causan el desanimo y la ira de los ciudadanos.

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Y no son las únicas expectativas incumplibles. Se ha mentido abiertamente diciendo que con la reforma energética se va abaratar el gas, la luz y la gasolina. Lo cual es falso. No hay manera de que los precios bajen a menos que el gobierno vaya a dilapidar los recursos frescos que obtendrá en subsidiar energéticos, lo cual sería un error brutal. Por otro lado se ha dicho que me crearán miles de empleos, lo cual es solo parcialmente cierto, pues falta ver las leyes secundarias y la puesta en operación de las reformas, lo que puede llevar todo el sexenio.

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Podemos estar en un mundo muy distinto al prometido, con combustibles caros, con una reforma política fallida, sin consulta popular y sin el crecimiento y los empleos anunciados, apalancado todo, la economía, el gobierno, el PRI y hasta sus cómodos opositores, en el endeudamiento histórico que le fue aprobado con apoyo del PRD. No soy tan pesimista pero puede pasar, y con estos opositores débiles, divididos y obsequiosos, el pragmatismo priísta hará de las suyas.

No me gusta su reforma política

Está dicho. Antes diré también que entiendo que los cambios deben ser graduales y acepto que a la hora de legislar no podemos asumir posturas de todo o nada, pero hay cosas que sencillamente no me gustan de su reforma. Ahora trataré de explicar por qué. Empezaré por decir que en ella hay cosas muy buenas y que excluiré de mi diatriba: la autonomía del Coneval, ese organismo desconocido que evalúa los resultados de las políticas públicas en materia de desarrollo social y que ha hecho un trabajo extraordinario, y que hay que preservar de la codicia gubernamental, especialmente ahora.

Hay otras cosas bastante sensatas como la ratificación de la estrategia de seguridad y la rendición de cuentas asociada a ella, o la participación del Senado en el nombramiento de los titulares de Hacienda y Relaciones Exteriores, la reducción del periodo entre la elección presidencial y la toma de protesta y el incremento en el umbral de votos necesarios para mantener el registro como partido político, incluso la paridad de los sexos en candidaturas al Congreso. Son buenas pero ninguna revoluciona la vida política. Es como cuando en una carretera se arregla una curva para que sea menos peligrosa, se agradece, pero si se dejan igual cientos más, el viaje sigue siendo el mismo.

Mis desacuerdos empiezan con esa ilusión que les hace a los legisladores cambiarles el nombre a las cosas. Creo que les da la impresión de que se elevan a la categoría de demiurgos. Por dejar de llamarse PGR o IFE, esas instituciones no han de funcionar mejor, es más, pasará un buen rato antes de que les dejemos de llamar por sus viejos nombres.

Hay medidas que serán más litigiosas que útiles, como la nulidad de las elecciones por violar el tope de gastos de campaña en forma “sistemática” y “determinante”, un par de palabras que han permitido cualquier trapacería en materia electoral y que ya nadie sabe que significan a ciencia cierta. Durante los primeros años de vigencia de este precepto vamos a experimentar un avivamiento del conflicto postelectoral. El que además sea sancionable solo cuando se excede por un 5% del tope de gasto, son como los 15 minutos de tolerancia que nos daba el maestro en la escuela. Una reforma a la mexicana, puedes hacer trampa, pero poquita.

Hay otras que están destinadas a convertirse en vetustos elefantes blancos, como el gobierno de coalición, que sin segunda vuelta (ese cambio sí que hubiera sido relevante) en la elección del ejecutivo es totalmente inútil. Coaliciones en el mundo hay de dos tipos: electorales como en Chile, que antes de la elección construyen un programa de gobierno y van por él a las urnas o parlamentarias como en Alemania, en que el equivalente del Presidente debe ser electo por más de la mitad de los diputados y a los de su partido no les alcanzan los votos, por lo que invitan a otros a gobernar. Ambos casos son de necesidad, nadie quiere compartir y esto lo soslayan nuestros legisladores.

Pero los temas mayores son dos y no me gustan:

El nombramiento de los consejeros electorales de los estados por el INE, es la única atribución real que se dio al súper IFE que nació bastante enclenque. Será factor de conflicto muy fuerte, moneda de cambio, espacio para el tráfico de influencias, y en nada garantiza la independencia de estos organismos. ¿O no hemos visto vocales ejecutivos y consejeros locales del IFE postrados ante el gobernador del estado en que despachan? Además seguimos en ruta para desmantelar el federalismo que tímidamente empezábamos a construir. Hemos asumido que los problemas que conlleva un pacto federal se resuelven con elementos centralistas.

Finalmente, la medida más trascedente de todas y quizá la única importante es la reelección. La de alcaldes está en manos de los congresos estatales. Es una historia por escribirse, pero no deja de ser buena noticia, pues permitirá en algún momento evaluar el desempeño de los ayuntamientos y abrirá la puerta de la continuidad en el desarrollo municipal.

La reelección legislativa la he defendido siempre, tiene múltiples virtudes en lo referente a rendición de cuentas y profesionalización del Poder Legislativo. Pero nace torcida, perversa. Uno de los objetivos de la reelección era restar poder a las cúpulas de los partidos y regresarlo a los electores, lo cual no va a ocurrir, peor aún las cúpulas partidistas se van a empoderar todavía más, con la persistencia de los diputados plurinominales y la posibilidad de que estos se mantengan durante periodos sucesivos, las oligarquías partidarias que no rinden cuentas, que no hacen campaña, que no son representativas, van a trasladar sus reales de las dirigencias partidistas a las Cámaras del Congreso. Estas son muy malas noticias.

Así una reforma con muchas pretensiones y celebrada por adelantado, terminó siendo un claroscuro que deja mucho por resolver en la legislación secundaria, pero que tiene más aspectos preocupantes que razones para el optimismo. El problema esencial sigue siendo la falta de legisladores demócratas. Otra vez, los anticuerpos priístas nos traicionaron cuando pretendimos avanzar.

El PAN y el Acuerdo por Michoacán: es hora de irse

Cuando el pasado 29 de agosto se firmó el Acuerdo por Michoacán yo dije que era forma sin fondo, un cascarón que apenas enlistaba algunas tareas básicas del Gobierno Estatal y pretendía vestirlas de grandes acuerdos políticos. Con la ausencia del PRD y la irrelevancia del resto, el PAN fue entonces el ancla del acuerdo. Durante dos meses el instrumento no ha reportado un solo avance y hoy la política estatal, con el regreso de Fausto Vallejo a la gubernatura, ha sufrido un profundo reacomodo que incluye la salida del impulsor del Acuerdo, Jesús Reyna, no sólo de la gubernatura sino de la Secretaría de Gobierno. A mí me parece natural que los ciudadanos nos preguntemos por la vigencia y viabilidad del Acuerdo. Pero especialmente para el PAN, repensar su permanencia en el mismo es obligatorio.

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Fausto Vallejo desde su regreso a la gubernatura apenas se ha referido al Acuerdo por Michoacán. En entrevista ha dicho que si “falta alguno” en clara referencia al PRD, no se puede hablar de un gran acuerdo. En esto tendría razón si el Acuerdo estuviera en proceso de firmarse, pero en la circunstancia actual esta afirmación es más un desprecio por los firmantes, que un guiño a los que desairaron el instrumento, lo cual además hace sentido con dos hechos directamente vinculados a la licencia de Fausto Vallejo. Fue el PRD quien se unió al PRI para prorrogar su licencia y fue Fidel Calderón, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso quien facilitó su reincorporación como gobernador. Aunado a las declaraciones sobre la honorabilidad de Leonel Godoy, es claro donde busca el gobernador a sus aliados.

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El PAN, acertadamente, ha mantenido una postura mucho más incisiva sobre el regreso de Fausto Vallejo. Ha subrayado la necesidad, la obligación moral que tiene el gobernador de decir la verdad sobre su estado de salud y el daño que la incertidumbre sobre su permanencia y aptitud le provoca al estado. Me parece que ningún pacto que omita la condición del gobernador Vallejo y las medidas a tomar para dar gobernabilidad ante una nueva ausencia es insustancial.

Por otra parte, justo después de la reincorporación de Fausto Vallejo se desató una serie de eventos desafortunados de violencia del crimen organizado contra la población civil, que el mandatario estatal desestimó. Mientras el PAN habla de terrorismo, el Ejecutivo dice que es vandalismo. Los michoacanos son muy inquietos dice Vallejo Figueroa. La diferencia es fundamental. ¿Cómo podemos estar en un Acuerdo ante una visión divergente para abordar estos hechos tan graves?

Particularmente el tema del crimen es siempre delicado. No podemos olvidar que el PAN en su momento acusó al PRI y al propio Vallejo de haber ganado la elección con ayuda de la delincuencia organizada. De hecho la excandidata y senadora, Luisa María Calderón, una de las firmantes del acuerdo,     no ha quitado el dedo del renglón y recientemente desató la furia del recién llegado gobernador, quien en sus más tempranas reacciones la llamó miserable y enferma del alma, y se refirió a su cuestionada victoria electoral como un hecho que genera el rencor del panismo. El PAN fue generoso al dejar atrás el tema de la legitimidad del gobernador y la limpieza de la elección, y hoy ante un cuestionamiento, es Fausto Vallejo quien fustiga al PAN con un tema del que no saldrá bien librado si se debate abiertamente. ¿Se puede estar en un acuerdo con una contraparte así?

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Por otro lado, la parálisis del Gobierno Estatal se ha profundizado. No sólo los nombramientos de los titulares de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Administración y Finanzas no han ocurrido, sino que se avizoran relevos en áreas fundamentales del ejecutivo como la misma Secretaría de Gobierno o la de Educación, con lo que la crisis del gobierno local puede agudizarse. Eso sin considerar que al interior del gabinete y del PRI hay una disputa por el poder entre dos grupos antagónicos.

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Yo creo que el PAN participó originalmente del Acuerdo por la inercia que sobrevalua los consensos, y cuya mayor debilidad es menospreciar los principios. La sociedad busca claridad en los actores políticos. No podemos decirle a todo el mundo, todo el tiempo, todo lo que desea escuchar. Quien sostiene posiciones claras se arriesga a no complacer, pero quien no toma definiciones se arriesga a perder su identidad.

El PAN se desdibujó peligrosamente tras su paso por el Gobierno Federal y con el Pacto por México a veces luce irreconocible. En Michoacán no debe exponerse a ser comparsa de un gobierno errático y débil, que no se pronuncia con firmeza sobre los asuntos que más preocupan a los michoacanos y que es incapaz de cumplir con sus funciones elementales y de resolver los grandes problemas del Estado.

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Matemáticas políticas: la reforma fiscal

Por primera vez en lo que va del sexenio de Peña Nieto, y excepcionalmente en la historia de las coaliciones legislativas en México, el PRI y el PRD unieron fuerzas para aprobar una miscelánea fiscal que dista mucho de ser una reforma hacendaria, con la oposición del PAN y también la de López Obrador a través del PT y el Movimiento Ciudadano. Las preguntas a contestar son: ¿Por qué cada uno de estos actores se comportó así? ¿Qué gana y qué pierde cada involucrado? ¿Cómo queda la relación política y en específico el Pacto por México? ¿Qué sigue?

Empecemos por el PRI. La obviedad es su deseo de contar con más recursos para ejercer desde el Gobierno Federal. También el presumir que ha triunfado donde los gobiernos panistas fracasaron al impulsar una reforma hacendaria y mantener el discurso de mover a México. La ganancia en recaudación es magra: 200 MMDP, apenas poco más de un punto del PIB, si todo sale bien (que nunca sale) más el preocupante tema del déficit presupuestal que es de aproximadamente 300 MMDP equivalente a 1.4% del PIB. Más deuda pública que recaudación y la mayor en más de 20 años.

El PRI esquivó el tema de IVA en alimentos y medicinas y revocó el IDE y el IETU, con lo que cambia la dirección de la política fiscal que apuntaba a cobrarle impuestos a los informales y aumentar la base de contribuyentes. Lo políticamente relevante de la reforma es que el PRI le da la espalda a las clases medias urbanas y al sector productivo, en quienes se apoyó para regresar a la Presidencia de la República y obtener victorias significativas en ciudades grandes y medias y las gubernaturas de los estados donde se asienta gran parte de la planta productiva. Por supuesto que la apuesta es mitigar los efectos negativos con gasto público a lo largo de 2014 y un poco de desmemoria de la sociedad.

El PRD siempre se ha apoyado en sectores populares, urbanos y rurales, que se benefician de la informalidad y que no tributan impuestos directos. Por eso se ha opuesto a las reformas que han pretendido gravar la actividad económica de quienes tradicionalmente no pagan impuestos. Los sectores corporativos sindicales están en su mayoría protegidos por contratos colectivos que compensan el pago de Impuesto sobre la Renta a los asalariados. La única preocupación del PRD en torno a la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes fue que el DF dejaría de recaudar 400 MDP. Una vez que los perredistas incrementaron jugosamente la tajada de recursos destinados al gobierno del Distrito Federal, que claramente ha dejado de ser aliado de AMLO y que requiere recursos para la disputa interna y para ir a las urnas en su contra en el 2015, el asunto se zanjó.

AMLO se opone por posición política antirrégimen. Nada que proponga EPN contará con el visto bueno de quien fuera su competidor principal en el 2012. Además, sus adversarios en la búsqueda de los votos de la izquierda en el 2015, el PRD de “los Chuchos”, se han beneficiado al llevar recursos al Distrito Federal, que a diferencia de cuando gobernaba Marcelo Ebrard ha dejado de estar a su servicio, por lo que Morena no gana nada en el trueque.

La oposición del PAN es legítima. Su visión de la política fiscal es ampliar la base de contribuyentes. Esto despertó la ira de otros sectores sociales cuando se propuso la universalidad del impuesto al consumo, y medidas de control como el IETU no le granjearon simpatías. Ahora sin embargo, está usando el tema para recuperar terreno perdido en municipios y estados con clases medias y sectores empresariales dinámicos, con lo que se está reposicionando favorablemente. Al interior Gustavo Madero no pudo darse el lujo de aprobar ni siquiera parcialmente la propuesta del Ejecutivo, pues hubiera dejado la bandera en manos de Ernesto Cordero y Josefina Vázquez en la contienda por la Presidencia de ese partido. Así se decantó la oposición tajante de todos los actores panistas.

Finalmente el Pacto por México parece caminar lentamente hacia su fin. Luego de tres reformas unánimes en materia educativa, financiera y de telecomunicaciones, el aclamado instrumento ha sido insuficiente para generar el consenso en torno al tema fiscal. Lo mismo ocurrirá en materia energética, donde incluso la viabilidad de la reforma es incierta, pues el PRD ya ha anunciado su rechazo y un ala del PAN querrá cobrar la derrota infligida en el tema hacendario. La reforma política avanza con lentitud y aun cuando es moneda de cambio, enfrentará poderosas resistencias en el PRI. Después de eso, no habrá más que pactar.

Como sucede cada inicio de gobierno, el bono del ganador tarde o temprano se agota. Parece que esto ocurre cada vez más rápido, pues las victorias de los presidentes han sido cada vez más cuestionadas. EPN ha agotado sus bonos y hemos visto ya los alcances de su agenda reformadora. El tono y rumbo del sexenio están ya marcados. La siguiente parada es en el 2015.

Ante la violencia, unidad

La semana pasada, la violencia del crimen organizado volvió a sacudir a Michoacán. El diputado local Osbaldo Esquivel Lucatero, del PRD, originario de Buenavista y electo en el distrito de Coalcomán, fue brutalmente asesinado en las afueras de Morelia. El primer legislador local que se suma a una lista ya larga de alcaldes y funcionarios municipales que han perdido la vida en los últimos años a manos de los sicarios de la delincuencia.

Ninguna vida vale más que otra, pero casos como este nos recuerdan que los grupos delincuenciales cada vez tienen menos temor de enfrentar al estado y se atreven a atacar a personajes cada vez más destacados, al amparo de un amplio cono de impunidad. Son hechos que nos hablan de la profundidad de la crisis y de la gravedad de la amenaza.

El domingo 15 se cumplieron cinco años del más grave hecho de violencia del crimen organizado contra la población civil que se haya registrado en nuestro estado. Fue en el 2008 cuando en mitad de la celebración delGrito de Independencia delincuentes detonaron granadas en mitad de la multitud que ocupaba la Plaza Melchor Ocampo. Ha sido uno de nuestros momentos más trágicos.

Y traigo a cuento ambos hechos, a los que podríamos agregar muchos otros, para subrayar la gravedad de la situación que enfrenta nuestro país. La magnitud de la amenaza que el crimen organizado plantea a nuestra sociedad. Una amenaza que se cierne sobre nuestras vidas, nuestro patrimonio, nuestra libertad; y que ha dañado nuestra economía y nuestra calidad de vida, además de nuestra percepción de la realidad y nuestra comprensión del mundo. Esto último no es menor, pues nos hemos acostumbrado a coexistir con el fenómeno delictivo y con los delincuentes, y hemos asumido pautas de comportamiento más tolerantes hacia estos que hacia el gobierno que los combate.

La actitud escéptica y agresiva de la sociedad ante la lucha gubernamental contra el crimen, es responsabilidad de todos los actores políticos. La lucha contra la delincuencia debiera ser un asunto de estado, en el que no hubiera fisuras ni dudas. Sin embargo hacia la mitad del sexenio anterior el tema se politizó. El PAN quiso capitalizar el tema en las elecciones intermedias y acusar al PRI de haber pactado con el crimen organizado. El PRI respondió y el PRD, especialmente los fieles de AMLO y los aludidos en gobiernos locales como el de Michoacán, pusieron el acento más agresivo en el discurso, responsabilizando al gobierno federal de los homicidios que ocurrían.

Cuando otros países han enfrentado amenazas a su seguridad, como los estadounidenses el terrorismo de Al Qaeda o los españoles a ETA, lo han hecho con un sentido de unidad nacional indispensable para imponerse ante los criminales, y ello no ha supuesto que quienes ocupen la oposición no critiquen acciones de quienes ocupan el gobierno, pero siempre dentro de una frontera muy clara: los criminales son los malos, el gobierno cuando los persigue, es el bueno. Al gobierno se le puede recriminar su falta de eficacia, pero no que enfrente a los criminales como ha ocurrido aquí.

Una barrera clara debiera ser que las consecuencias de los delitos no son culpa del gobierno, son culpa de los criminales, así los muertos del World Trade Center el 11-S no son los muertos de Bush, son de Al Qaeda y de Bin Laden. Los muertos de los ataques de ETA no son los muertos de Felipe González o de Aznar, son de ETA. Sólo en México es concebible que los homicidios cometidos por los Zetas, por el Cartel de Sinaloa o los Caballeros Templarios sean los muertos de Calderón o los muertos de Peña Nieto y no los muertos del crimen organizado. A ese extremo estamos dispuestos a llegar con tal de denostar a nuestros opositores políticos. Preferimos disculpar al Chapo o a Tony Tormenta con tal de culpar a Felipe Calderón o a Peña Nieto.

El actual gobierno federal ha gastado su tiempo y sus recursos en convencernos que su estrategia es distinta a la de su antecesor. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los malos son los que matan, los que venden droga, los que extorsionan, los que secuestran. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los ciudadanos también jugamos un papel importante si denunciamos, si no somos permisivos ante los delincuentes, si no admiramos su estilo de vida, si no los idolatramos en corridos y un largo etcétera.

El inicio de la administración era el momento justo para que el Gobierno Federal diera el giro en el discurso y convocara a los mexicanos a la unidad frente a la amenaza del crimen organizado. La dejó pasar. Pero nunca es tarde. Ese cambio de discurso, ese mea culpa de todos los actores políticos es lo que debiera suscribirse en el Pacto por México o en el Acuerdo por Michoacán. Dibujar con toda claridad una línea que nadie pueda cruzar porque en ese momento ayuda a los criminales y se opone al estado y a la sociedad.

En el horizonte está el 2015. En Michoacán cada partido registrará 150 candidatos (más síndicos y regidores) y las acusaciones de complicidad con los carteles no se harán esperar. Eso debilitará a todos los partidos y a los futuros gobiernos, fortalecerá la percepción de fuerza de los delincuentes y hará más profunda nuestra desesperación. Los partidos deben entender que no pueden pactar con los criminales, deben superar la tentaciónde ganar elecciones a ese precio y pactar entre sí la defensa del proceso electoral, de los candidatos, de la democracia misma y por ende, la legitimidad de los gobiernos y representantes que han de emanar.

Ya lo dijo San Agustín, en lo fundamental unidad. En el México de hoy nada es más fundamental.