Michoacán el día después de Vallejo

El cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo en Michoacán tuvo un desenlace inesperado. El nombramiento del Rector de la UMSNH Salvador Jara Guerrero como gobernador sustituto induce al error. Considero que quienes ven en este hecho una nueva etapa en la vida política de Michoacán, y se ilusionan ante la posibilidad de un gobierno sin políticos profesionales se engañan. Lo primero que hay que establecer es que el nombramiento de Jara no es fruto de una lucha ciudadana ni producto de la presión opositora, es un paso perfectamente calculado de la estrategia diseñada por el Gobierno Federal, y en particular por el Comisionado Castillo.

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A pesar de las dudas que suscita la designación de un hombre ajeno a la política partidaria y a la administración pública, y con claroscuros en su desempeño como Rector, la decisión cumple su primer objetivo: cae bien en la opinión pública, refresca el ambiente cansino y turbio que rodeó los últimos días del gobernador Vallejo. También la oposición ha validado mayoritariamente el nombramiento – quizá un dulce envenenado – pensando en la renta inmediata de la descalificación implícita de toda la clase política priísta y en la promesa de acotar la capacidad de operación gubernamental a favor del PRI en el proceso electoral.

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Ciertamente la sanción política de no designar a un militante del PRI es relevante. Es la confesión del agotamiento de una longeva generación de cuadros, que como subproducto de sus exitosas carreras inhibieron la formación de una generación que los sucediera. Caídos los grandes priístas que rondan (o superan) los 60 años de edad, prácticamente no hay cuadros con los argumentos políticos para reclamar el bastón de mando. Por eso más bien, el Comisionado, fiel además a la doctrina del peñismo, voltea a los treintañeros diputados, que si bien algunos eran cobijados por Fausto Vallejo o son herederos de algún otro líder histórico, piensan más en su futuro que en el pasado.

El nombramiento de Jara le permitirá a Alfredo Castillo desmantelar a los dos grupos dominantes del PRI, el de Jesús Reyna y el de Fausto Vallejo y reconfigurar al PRI con una generación de políticos jóvenes y provenientes de los grupos que hoy consideramos marginales. Para eso usará los espacios que se abrirán en el gabinete y las candidaturas del 2015. Nadie se sorprenda si el candidato a la gubernatura del PRI termina siendo un no militante o un joven militante que hoy no consideraríamos.

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Por otro lado los primeros nombramientos en el gabinete apuntan a que el Comisionado Castillo asume el control de la operación del Gobierno Estatal. El Secretario de Gobierno, los titulares de Administración y Finanzas, Seguridad Pública, Comunicación Social y Cocotra son del equipo de funcionarios que lo acompañó desde su llegada. La titular de la Secretaría de las Mujeres responde al perfil de cuadro priísta joven y de un grupo marginal. El Secretario de Educación es el único nicolaita sin vínculos con Alfredo Castillo o con el PRI y que va a enfrentar un reto mayor en materia política y de administración con una trayectoria casi exclusivamente académica.

Particularmente inquieta el nombramiento del Secretario de Gobierno. Si bien es michoacano, es un funcionario ligado exclusivamente a Alfredo Castillo y a la procuración de justicia. Lo cual sin duda responde a la visión de un secretario de gobierno coordinador de la estrategia de seguridad, pero que no tiene credenciales que acrediten cómo conducirá la política del estado, especialmente en la etapa que se avecina de reformas pendientes, de nombramientos importantes y de elecciones. O ante una eventual encargatura del Despacho del Gobernador.

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En lo inmediato hay que ver quienes asumen – o se mantienen – en las dependencias estatales que operan el gasto público: Cplade, Sepsol, Sedru, CEAC o Sedeco, por mencionar algunas, y cuyos los relevos formarían parte de la oferta que se habría hecho al PAN y al PRD.

Por ahora viene una etapa en que Alfredo Castillo tendrá el poder absoluto, y todas las acciones del nuevo Gobernador responderán a su lógica. Vendrá la etapa en que el Comisionado definirá el rostro que tendrá PRI para contender en las elecciones del 2015, solo entonces quizá se retirará y dejará Michoacán en manos de su equipo incrustado en la administración de Jara. Preocupa si en este contexto podemos exigir responsabilidad política de un gobernador tan débil y si la estrategia del Gobierno Federal incluye para el 2015 si no una elección de estado, sí una al estilo del Estado de México.

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La inminente renuncia de Fausto Vallejo

Todo texto tiene una vigencia temporal. Algunos – los menos – son para la historia. Otros – los más – para el olvido. Este texto tendrá menos vida que algunos insectos, dentro de unas horas será obsoleto, pues versa sobre la continuidad o el retiro de Fausto Vallejo como Gobernador de Michoacán. Sencillamente plasma la respuesta a una pregunta ¿qué está en juego con la permanencia/retiro de Fausto? Como diríamos en inglés, usando un vocablo sin traducción exacta y absolutamente preciso en este caso: what is at stake?

Si sobre el caso se pudiera apostar en Las Vegas, la abrumadora mayoría sería a favor del retiro del actual Gobernador Vallejo que parece estar en jaque mate. Enfermo, con su elección deslegitimada por haber recibido el apoyo de Los Caballeros Templarios, su secretario de gobierno y principal operador sujeto a proceso por vínculo con la misma organización delictiva, con videos y fotografías de su hijo menor en compañía de Servando Gómez circulando en internet, con un gobierno quebrado, intervenido por la Federación a través de un comisionado metalegal que ejerce todos los poderes a su entera discreción y en caída libre en las encuestas de opinión pública.

Fausto está donde nunca se había encontrado, en la absoluta adversidad política y desprovisto de los recursos que siempre utilizó para impulsar su larga carrera: dinero y una opinión pública favorable. Sin embargo hay factores que contrapesan lo anterior. El primero es que la decisión de abandonar el cargo es personalísima, y con su apresurado regreso del año pasado, ya nos demostró que tiene la voluntad de mantenerse en el poder contra viento y marea. Los rumores sobre los vínculos delictivos de sus hijos no son ninguna novedad, el arresto de Jesús Reyna lleva ya varios meses y se ha deslindado hasta el cansancio.

La debilidad de su salud y la quiebra de las finanzas lo han acompañado desde que tomó posesión y la presencia de la Federación se ha vuelto parte del paisaje. Es decir, ninguno de los factores en sí mismo es nuevo, excepto la incipiente evidencia en contra de Rodrigo Vallejo y el desplome en las encuestas, que en sí mismos no le obligarían a renunciar, es decir que si Vallejo se va, será porque todos esos factores fueron evaluados y se habría decidido su salida por el Presidente Peña Nieto en persona.

Lo que también juega a favor de la permanencia de Vallejo es el análisis del día después. Primero no existe en Michoacán un político, un cuadro priísta que asuma la gubernatura y resuelva los problemas políticos existentes. Durante el gobierno de Fausto y especialmente tras el interinato de Reyna y su regreso, las alianzas que lo llevaron al poder se rompieron. Los grupos del PRI mantienen hoy una encendida disputa en Michoacán, que estaría presente en la definición de la suplencia de la gubernatura, y agravada por la intensión del Comisionado Castillo de que se designe alguien a modo.

Los personajes que pudieran ocupar la gubernatura, tampoco tienen la capacidad de revertir el deterioro que el Gobierno estatal, el PRI y sus representantes han sufrido en la evaluación de los ciudadanos, tema que sin duda tiene peso específico en la decisión. Igualmente hay que considerar el nombramiento del abanderado priísta para la elección del 2015, pues si no se opta por un personaje que sea totalmente inocuo a la definición, ésta tendría que anticiparse considerablemente.

En conclusión, la decisión no es sencilla. El apresurado regreso del chequeo médico hace pensar que la salida es inminente, pero no por ello carecería de costos. Si se da la salida quiere decir también que Fausto Vallejo ha agotado su margen de negociación y está tomando los restos del naufragio. También es evidente que no tendrá ninguna injerencia en el nombramiento de su sucesor.

El hecho marcaría también un duro descalabro para el Presidente Peña y para el Comisionado Castillo que habrían sido incapaces de detener el incendio político de uno de sus gobernadores. La llegada a la gubernatura de un interino débil, si bien marcaría la consolidación del poder absoluto en manos de Castillo, sería en forma transitoria, pues su presencia una vez iniciado el proceso electoral se antoja imposible, por lo que el nombramiento de un gobernador sustituto es el primer paso de una ruta de salida para los mexiquenses.

Y aunque éstas no son profecías, las revisamos la próxima semana.

¿Qué espera el PAN para pedir la renuncia de Fausto?

Los recientes acontecimientos dejan lugar a pocas dudas, determinante o no, Fausto Vallejo recibió apoyo de Los Caballeros Templarios para ganar la gubernatura en el 2011. Por ese solo hecho es un gobernante ilegítimo y estaría moralmente obligado a dejar su encargo, lo que no va a ocurrir. Pero lo que más llama la atención es la complacencia de la oposición, especialmente del PAN, con la permanencia de Vallejo.

Fausto Vallejo ganó la elección de Gobernador de Michoacán en el 2011, por menos de 60,000 votos equivalentes a poco más del 2.5% de la votación emitida. La jornada electoral del 13 de noviembre estuvo llena de incidentes y señalamientos de presión a electores, que se tradujeron en impugnaciones de los candidatos del PAN y PRD, las cuales a la postre fueron desechadas.

Esto no representaría ninguna novedad en un proceso electoral tan competido, sino fuera porque uno de los agravios esgrimidos por los perdedores fue la intervención del crimen organizado a favor del candidato del PRI, lo que alguien llamó el “voto pistola”, el que grupos de sicarios amenacen a ciudadanos para que sufraguen por un determinado candidato, y que el día de la elección se apersonan en las casillas para asegurarse de que los votos sean emitidos según su voluntad.

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Uno de los grandes problemas que plantea esta situación al sistema electoral es la dificultad de probar que los hechos ocurrieron. A diferencia de lo que pasaba en los años oscuros del autoritarismo priísta, las actas fueron impecables, incluso los resultados, a pesar de ser abultados y atípicos a favor de Fausto Vallejo, no rayan el absurdo ni superan lo materialmente posible. De testigos ni hablar. Impensable que un funcionario de casilla, que un asistente electoral o un representante de partido se negara a firmar o asentara una irregularidad. Le hubiera costado la vida.

El sistema electoral diseñado para acreditar la certeza y conservar la voluntad ciudadana, llegó a su límite y las impugnaciones fueron desechadas por falta de pruebas o por no considerarse determinantes para el resultado de la elección.

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Pero, ¿a que viene esto a más de dos años de la polémica elección?

Pues que Jesús Reyna, coordinador de la campaña de Fausto Vallejo, se encuentra arraigado en la PGR por tener presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios, el cártel en cuestión, y entre las pruebas que se han hecho públicas, destaca la celebración de más de una reunión con el máximo dirigente de esa organización, Servando Gómez “La Tuta”.

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Como ha dicho otro de los implicados y presunto participante de las reuniones, entonces diputado local, Trinidad Martínez Pasalagua, reunirse con un delincuente no es un delito por sí mismo. Quizá el propio Jesús Reyna sea exonerado y Fausto Vallejo no sea siquiera llamado a declarar. La culpabilidad criminal es una cosa muy distinta a la legitimidad política, que es más delicada, susceptible de desaparecer en cuestión de horas, inasible, inconmensurable.

La legitimidad de un gobernante la podemos definir como el reconocimiento social de que tiene el derecho de ejercer y ocupar el cargo. Por eso podemos decir que la legitimidad de Vallejo está en entredicho. ¿Tiene derecho a ser gobernador alguien que obtuvo el cargo con el apoyo del crimen organizado? Por supuesto que no. Fausto Vallejo es un gobernante ilegítimo, aun cuando haya sido legalmente electo.

Toman relevancia hechos como las grabaciones que diera a conocer Milenio en ese tiempo, en que un miembro de Los Caballeros Templarios amenazaba con quemar las casas de una población si no ganaba el candidato del PRI o el análisis que recientemente publicara Federico Berrueto del Gabinete de Comunicación Estratégica, sobre lo atípico de la votación en la zona de influencia del cártel.

El mensaje que se manda cada día que Vallejo permanece al frente del Gobierno de Michoacán, es que es aceptable ganar una elección con el apoyo de la delincuencia organizada. Por eso Vallejo se debe ir. Por su bien y por el de su partido. Sería un gesto de patriotismo, del que, desafortunadamente, no creo que sea capaz.

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Si esta postura del PRI y de Vallejo no es sorprendente, sí lo es que ninguno de los partidos opositores y derrotados así en aquella jornada electoral, no hayan hecho este planteamiento político con claridad. ¿Qué detiene, especialmente al PAN, principal agraviado de la historia del 2011, de exigir la renuncia de Fausto Vallejo? ¿Tiene temor el PAN? ¿Tiene intereses económicos el PAN? ¿O sencillamente es incapaz el PAN? Cualquiera que sea, la respuesta es penosa.

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Por supuesto que una postura así entraña riesgos. Pero ese tipo de posiciones claras, de lo que es tolerable y de lo que no, de dibujar la línea que no se puede cruzar en la actividad política, son las posturas que los ciudadanos extrañan del PAN y la falta de ese tipo de definiciones, la razón por la que le han retirado su apoyo. El PAN está extraviado, va en una ruta muy distinta de la que debe recorrer para ser electoralmente exitoso y una alternativa política real en Michoacán.

¡No pienses en un Michoacanazo!

No he podido determinar quien bautizó como Michoacanazo, al escandaloso arresto de 38 funcionarios públicos de Michoacán en el 2009 acusados de brindar protección a La Familia Michoacana, entonces el cártel dominante en el estado.

Entre los detenidos se encontraba una docena de presidentes municipales y el funcionario de mayor rango de la administración estatal era el Procurador de Justicia Miguel García Hurtado. A la postre todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, principalmente por la ausencia de un testigo protegido denominado “Emilio” de los procesos judiciales de los exfuncionarios, y quien unos años después sería asesinado en Cuernavaca. El juez primero de distrito con sede en Morelia, que concedió los amparos a 12 de los imputados y suspendió la orden de aprehensión contra Julio César Godoy Toscano, fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal y apenas libró la acción de la PGR en su contra.

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Ahora el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no pudo escapar a la comparación con ese hecho de la detención de Jesús Reyna – Secretario de Gobierno, Gobernador Interino y uno de los políticos más poderosos de Michoacán – por tener vínculos con Los Caballeros Templarios, al igual que la de José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado y líder transportista.

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El Gobierno Federal no quiere que estos hechos sean equiparados pues el Michoacanazo se convirtió en sinónimo de fracaso en la impartición de justicia y en la operación política. Por el momento, la actual detención de Reyna y Pasalagua, tiene la ventaja de no contar con la oposición y el sabotaje del Gobierno Estatal, pues Fausto Vallejo ha hecho mutis ante la imputación a su más importante aliado y colaborador en el gobierno y en la campaña que lo llevara a éste. En tanto que en el 2009, el gobierno de Felipe Calderón enfrentó la resistencia de Leonel Godoy apoyado por supuesto por el PRD, y también por no pocos militantes del PRI y hasta por sus adversarios en el PAN (como Marko Cortés).

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Otro elemento distintivo es la concentración de la acción. Si en el 2009 se privilegió el operativo para detener simultáneamente a numerosos individuos de variada posición política sobre los que se tenía sospecha, ahora se centra en un par de personajes de la mayor relevancia. Aun cuando vengan otros detenidos, la lista es previsiblemente corta. Además el Comisionado Alfredo Castillo parece tener por modus operandi, golpear al objetivo más grande, visible y poderoso primero, tal como ocurrió con la destitución de los delegados federales en que el primero fue el considerado intocable Antonio Guzmán o el caso de Humberto Suárez extesorero de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy.

Sin duda esperamos todos que la detención de estos funcionarios no se parezca al Michoacanazo en la incapacidad del ministerio público de procesar a los inculpados y lograr su condena si son culpables. Esperaríamos también que al proceder contra un funcionario y político de tanto peso como Jesús Reyna, el Gobierno Federal tendría todos los elementos para probar su culpabilidad. De lo contrario la espiral de descrédito y escepticismo se prolongará y agravará.

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Mucho llama la atención que por todos los medios se ha tratado de deslindar y exculpar a Fausto Vallejo de toda responsabilidad, cuando el golpe debiera ser mortal para él y su administración. De confirmarse las imputaciones realizadas a Jesús Reyna quedarían de manifiesto dos hechos gravísimos:

Que efectivamente, como lo denunciaron los candidatos derrotados en el 2011, Los Caballeros Templarios apoyaron con dinero y con sus capacidad de amedrentar votantes, la campaña de Fausto Vallejo, y que su triunfo es ilegítimo. Que su gobierno está marcado de origen.

Que además de su falta de legitimidad, el Gobierno Estatal se encuentra coludido con la delincuencia organizada y que Los Caballeros Templarios tienen acceso a información privilegiada que les permite evadir la acción de la justicia y realizar mejor sus actividades ilícitas como la extorsión a proveedores, constructores y autoridades municipales, además de que tienen la posibilidad de influir en algunas de las decisiones de la administración estatal.

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Suponer que Fausto Vallejo ignoraba los hechos es ingenuo y candoroso. Pero incluso esa indiferencia hacia la conducta delictuosa de su más importante colaborador no es una conducta que pueda quedar impune. Era deber de Fausto Vallejo saber que Jesús Reyna estaba delinquiendo, como era su deber impedirlo y en su caso perseguirlo y someterlo a la ley. También se antoja insostenible pensar en que Jesús Reyna es el único personaje que participaba de la asociación con criminales.

Nadie queremos otro Michoacanazo en el sentido del fracaso y la confrontación en que concluyó. Pero tampoco podemos quedarnos impávidos ante una aplicación de la justicia parcial, en que unos cuantos cargan con las culpas de todos, para que haya quienes puedan salir impunes. Ni Fausto Vallejo ni el PRI pueden escapar de su responsabilidad.

Las dos muertes de Nazario Moreno

En la madrugada del domingo elementos de un grupo de élite de la Marina Mexicana dieron muerte en un tiroteo en el municipio de Tumbiscatío a Nazario Moreno, fundador de “La Familia Michoacana” y según los reportes posteriores a su muerte, líder de “Los Caballeros Templarios”. Los hechos se hicieron públicos oficialmente una vez que el cadáver estuvo en Apatzingán y que se cotejaron las huellas dactilares con las que el gobierno norteamericano había tomado a Nazario en 1994 tras arrestarlo por traficar mariguana. Además de lo significativo del hecho de abatir a un delincuente sanguinario y peligroso, destacaba el hecho de que Nazario Moreno había sido considerado muerto en diciembre de 2010 en un enfrentamiento en la comunidad de Holanda en Apatzingán.

La nota fue una bomba política que desató incluso las más ruines acusaciones contra el Presidente Calderón y sus colaboradores. Una de ellas casi inverosímil, del hijo homónimo del Gobernador Fausto Vallejo que le acusó de pactar con la delincuencia organizada a través de su cuenta de Twitter. Otras voces más racionales pidieron explicaciones y criticaron el hecho, lo cual sin duda es necesario. Para que el caso sirva a fortalecer al gobierno mexicano es necesario que no se convierta en un linchamiento político y se ponga en su justa dimensión el hecho.

Cuando en el mes de diciembre de 2010 Nazario Moreno fue abatido, pero no muerto por la Policía Federal, lideraba “La Familia Michoacana” principal organización criminal de Michoacán y con la que el Gobierno Federal batallaba por recuperar el control de la Tierra Caliente, la sierra y la costa del Estado. Los operativos realizados en ese tiempo fueron fundamentales para recuperar territorios y para desarticular buena parte de las operaciones del cartel. Es indudable que Nazario Moreno resultó herido en el enfrentamiento en que se le dio por muerto y que perdió el control de la organización, lo que derivó en una disputa interna entre sus fieles y la facción de Jesús Méndez Vargas.

Las organizaciones criminales funcionan con estricta racionalidad. Son negocios. A los delincuentes no les gusta perder dinero, y nada hay más costoso que una disputa entre sicarios por el control de una organización. Nazario Moreno no hubiera permitido la escisión de Méndez Vargas de controlar el cartel, pues ésta costo recursos de todo tipo. Solo tras la captura de un disminuido Méndez, se hizo pública en la figura de Servando Gómez, la fundación de “Los Caballeros Templarios”, cuyo nombre alude precisamente a una organización que fue arrasada por el poder papal y su mítico líder ejecutado.

Nada ganaba el Gobierno Federal en la administración de Felipe Calderón con mentir. Usó información que le pareció confiable, generada por los mismos organismos de inteligencia que permitieron a esta administración la identificación del objetivo, la operación que pretendía capturarlo y que concluyó con el enfrentamiento y su muerte. El PRI gana ahora la posibilidad de desprestigiar a un opositor, pero se equivoca al volver a convertir la lucha contra la delincuencia en una arena política.

Tampoco podemos pasar por alto que las fuerzas que hoy usa el gobierno de Peña Nieto para combatir el crimen fueron creadas durante los gobiernos panistas que sus correligionarios denuestan.  La Policía Federal se fortaleció en número de elementos y capacidades con la administración de Calderón, con el concurso de funcionarios que siguen en el equipo de Peña. El más destacado quizá, es el propio Monte Alejandro Rubido que informó que Nazario Moreno había muerto y que el sexenio pasado ocupó la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría General del Cisen.

La Marina se ha apuntado bajo el gobierno actual dos grandes logros: la detención de Joaquín Guzmán Loera y la muerte de Nazario Moreno. Pero en la administración pasada fueron las mismas fuerzas de élite de la Marina Armada de México las que acorralaron y dieron muerte a Heriberto Lazcano, Arturo Beltrán Leyva y Antonio Cárdenas Guillén por mencionar solo algunos. La Marina es la fuerza más eficaz en contra de los grandes capos del crimen organizado desde la pasada administración.

La muerte de Nazario Moreno nunca fue desmentida oficialmente hasta su muerte, los elementos para hacerla creíble fueron reforzados deliberadamente por la delincuencia, cuyo apelativo olvidamos con frecuencia: organizada. Y los hechos sirven para recordarnos que nuestros gobiernos deben perseverar en fortalecer sus capacidades contra el crimen y hacer de éste, un asunto de estado que se eleve sobre los fangos de la arena política y las mezquindades de unos cuantos.