Ante la violencia, unidad

La semana pasada, la violencia del crimen organizado volvió a sacudir a Michoacán. El diputado local Osbaldo Esquivel Lucatero, del PRD, originario de Buenavista y electo en el distrito de Coalcomán, fue brutalmente asesinado en las afueras de Morelia. El primer legislador local que se suma a una lista ya larga de alcaldes y funcionarios municipales que han perdido la vida en los últimos años a manos de los sicarios de la delincuencia.

Ninguna vida vale más que otra, pero casos como este nos recuerdan que los grupos delincuenciales cada vez tienen menos temor de enfrentar al estado y se atreven a atacar a personajes cada vez más destacados, al amparo de un amplio cono de impunidad. Son hechos que nos hablan de la profundidad de la crisis y de la gravedad de la amenaza.

El domingo 15 se cumplieron cinco años del más grave hecho de violencia del crimen organizado contra la población civil que se haya registrado en nuestro estado. Fue en el 2008 cuando en mitad de la celebración delGrito de Independencia delincuentes detonaron granadas en mitad de la multitud que ocupaba la Plaza Melchor Ocampo. Ha sido uno de nuestros momentos más trágicos.

Y traigo a cuento ambos hechos, a los que podríamos agregar muchos otros, para subrayar la gravedad de la situación que enfrenta nuestro país. La magnitud de la amenaza que el crimen organizado plantea a nuestra sociedad. Una amenaza que se cierne sobre nuestras vidas, nuestro patrimonio, nuestra libertad; y que ha dañado nuestra economía y nuestra calidad de vida, además de nuestra percepción de la realidad y nuestra comprensión del mundo. Esto último no es menor, pues nos hemos acostumbrado a coexistir con el fenómeno delictivo y con los delincuentes, y hemos asumido pautas de comportamiento más tolerantes hacia estos que hacia el gobierno que los combate.

La actitud escéptica y agresiva de la sociedad ante la lucha gubernamental contra el crimen, es responsabilidad de todos los actores políticos. La lucha contra la delincuencia debiera ser un asunto de estado, en el que no hubiera fisuras ni dudas. Sin embargo hacia la mitad del sexenio anterior el tema se politizó. El PAN quiso capitalizar el tema en las elecciones intermedias y acusar al PRI de haber pactado con el crimen organizado. El PRI respondió y el PRD, especialmente los fieles de AMLO y los aludidos en gobiernos locales como el de Michoacán, pusieron el acento más agresivo en el discurso, responsabilizando al gobierno federal de los homicidios que ocurrían.

Cuando otros países han enfrentado amenazas a su seguridad, como los estadounidenses el terrorismo de Al Qaeda o los españoles a ETA, lo han hecho con un sentido de unidad nacional indispensable para imponerse ante los criminales, y ello no ha supuesto que quienes ocupen la oposición no critiquen acciones de quienes ocupan el gobierno, pero siempre dentro de una frontera muy clara: los criminales son los malos, el gobierno cuando los persigue, es el bueno. Al gobierno se le puede recriminar su falta de eficacia, pero no que enfrente a los criminales como ha ocurrido aquí.

Una barrera clara debiera ser que las consecuencias de los delitos no son culpa del gobierno, son culpa de los criminales, así los muertos del World Trade Center el 11-S no son los muertos de Bush, son de Al Qaeda y de Bin Laden. Los muertos de los ataques de ETA no son los muertos de Felipe González o de Aznar, son de ETA. Sólo en México es concebible que los homicidios cometidos por los Zetas, por el Cartel de Sinaloa o los Caballeros Templarios sean los muertos de Calderón o los muertos de Peña Nieto y no los muertos del crimen organizado. A ese extremo estamos dispuestos a llegar con tal de denostar a nuestros opositores políticos. Preferimos disculpar al Chapo o a Tony Tormenta con tal de culpar a Felipe Calderón o a Peña Nieto.

El actual gobierno federal ha gastado su tiempo y sus recursos en convencernos que su estrategia es distinta a la de su antecesor. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los malos son los que matan, los que venden droga, los que extorsionan, los que secuestran. Más de lo que ha invertido en recordarnos que los ciudadanos también jugamos un papel importante si denunciamos, si no somos permisivos ante los delincuentes, si no admiramos su estilo de vida, si no los idolatramos en corridos y un largo etcétera.

El inicio de la administración era el momento justo para que el Gobierno Federal diera el giro en el discurso y convocara a los mexicanos a la unidad frente a la amenaza del crimen organizado. La dejó pasar. Pero nunca es tarde. Ese cambio de discurso, ese mea culpa de todos los actores políticos es lo que debiera suscribirse en el Pacto por México o en el Acuerdo por Michoacán. Dibujar con toda claridad una línea que nadie pueda cruzar porque en ese momento ayuda a los criminales y se opone al estado y a la sociedad.

En el horizonte está el 2015. En Michoacán cada partido registrará 150 candidatos (más síndicos y regidores) y las acusaciones de complicidad con los carteles no se harán esperar. Eso debilitará a todos los partidos y a los futuros gobiernos, fortalecerá la percepción de fuerza de los delincuentes y hará más profunda nuestra desesperación. Los partidos deben entender que no pueden pactar con los criminales, deben superar la tentaciónde ganar elecciones a ese precio y pactar entre sí la defensa del proceso electoral, de los candidatos, de la democracia misma y por ende, la legitimidad de los gobiernos y representantes que han de emanar.

Ya lo dijo San Agustín, en lo fundamental unidad. En el México de hoy nada es más fundamental.

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La forma sin fondo o el Acuerdo por Michoacán

No conozco casi a ningún político – y ciertamente a ninguno del PRI – que no recite como si fuera el Credo la frase de Jesús Reyes Heroles,       “la forma es fondo”. Este distinguido hombre de indudable valía y mérito, es lo más parecido que puede tener un partido sin ideología, a un ideólogo. Significa que el protocolo y la manera de procesar una decisión pública es tan importante como su contenido, que el continente vale tanto como el contenido o que la articulación y difusión del mensaje es tan relevante como el concepto.

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El PRI es el maestro de las formas políticas, las formas priístas son reconocibles para bien y para mal en la política mexicana, como rituales que han llegado a confundirse con los rituales institucionales dado su prolongado dominio de los poderes públicos. Sin embargo, las formas no bastan como han descubierto los priístas tras su regreso al poder.

El Acuerdo por Michoacán es una historia que ejemplifica esto. Firmado apenas el pasado 29 de agosto, cuando han transcurrido más de 18 de los 44 meses que durará la actual administración, es tardío para cualquier gobierno, con mayor razón para uno tan breve, pero no del todo inoportuno si asumimos que Fausto Vallejo no regresará, y que Jesús Reyna está tomando las riendas del gobierno y relanzando una agenda para lo que será su gobierno.

Mas que un acuerdo, el documento que ha sido signado por diferentes actores, es una agenda. A diferencia del Pacto por México que se refiere a asuntos que al inicio del gobierno de Peña estaban detenidos por falta de consenso para ser aprobados en el Congreso de la Unión, en el caso local no hay iniciativas cuyo trámite se encuentre detenido en el Congreso del Estado por falta de acuerdo. Los grupos parlamentarios opositores al del Gobernador han sido obsequiosos en la aprobación de los temas más polémicos como la restructuración de la deuda pública y la adquisición de nuevos empréstitos, y aun cuando el acuerdo enuncia 16 acciones que implican nuevas leyes o modificaciones a existentes, 3 de las cuales requieren cambios constitucionales, ninguna ha sufrido el rechazo previo de las bancadas.

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Es evidente que si de las 57 acciones propuestas 41 corresponden exclusivamente al ámbito del Ejecutivo Estatal, el documento firmado dista mucho de requerir el concurso de otros actores. Es una agenda, un plan de gobierno, una hoja de ruta, el hilo conductor que ciertamente le ha faltado a la errática administración estatal encabezada por un enfermo Fausto Vallejo primero y un acotado Jesús Reyna después, o al menos acotado hasta hace muy pocos días.

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Si estamos ante un plan de gobierno para los restantes 25 meses, debemos preguntarnos a donde se dirigen los esfuerzos de la administración. ¿Qué es lo que se pretende alcanzar? Si atendemos a los ejes propuestos en cuanto a su número de acciones el más nutrido es el denominado Administración, Finanzas, Transparencia y Rendición de Cuentas (15) lo que confirma que el principal reto del Gobierno del Estado es superar su disfuncionalidad y corrupción. El de Gobernabilidad (11) reitera este hecho: establece acciones elementales de las que se habla desde hace meses, pero además carece de concreción pues sus puntos tienen que ver con diseñar la estrategia y la agenda, mas que con las soluciones de fondo.

Los ejes de Desarrollo Económico y Educación empatan también con 11 propuestas. El primero va a los lugares comunes fomento, infraestructura, nuestro caballito de batalla el Puerto de Lázaro Cárdenas y de lejos algunos los productos agropecuarios. El último retoma los recientes puntos del conflicto con el magisterio y las normales y la adecuación de la reforma educativa. Su mayor mérito es que asume la necesidad de revisar la situación financiera de la Secretaría de Educación y la Universidad Michoacana.

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Mención especial merece la pobreza conceptual del eje de Desarrollo Social, solo 5 propuestas y nada relevante, se limita a decir que aprovechará la Cruzada contra el Hambre, caótica estrategia sin dinero del Gobierno Federal que solo incluye a siete municipios. Los temas urbanos están ausentes, la migración también, la vivienda no se menciona, los temas forestales y el medio ambiente tampoco, del agua ni una palabra, del turismo solo el sambenito de pensar y hablar positivamente.

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Otro asunto es quien firmó y quien no. Hace unas semanas el PRD votó sorpresivamente por renovar la licencia a Fausto Vallejo y el PAN se negó por falta de información. Ahora el PAN firma un Acuerdo insustancial lleno de vaguedades que competen al Ejecutivo y el PRD se niega arguyendo formalismos. Las oposiciones están tan confundidas como el gobierno. Están desperdiciando la única oportunidad que las ha dado y que probablemente les dará el Ejecutivo de discutir su agenda pobre, mediocre y extraviada. El gobierno se confeso desarticulado, incapaz, corrupto y le han dejado salir intocado y hasta fortalecido.

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Concluyo: el Acuerdo por Michoacán no es tal, es apenas una agenda escueta de acciones que debieran ser obligatorias para un gobierno mediano. Revelan sus graves problemas y sus pocas capacidades, pero una oposición y otra han dejado pasar increíblemente la ocasión. Todos están fascinados por el protocolo, confundidos entre la forma y el fondo, sin advertir que entre las manos tienen un cascaron vacío. Lástima que Reyes Heroles nunca tuvo ocasión de completar su sentencia: el fondo no sólo puede ser forma.

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El impacto político de la reforma energética

Kramer vs. Kramer o Cárdenas vs. Cárdenas, podríamos llamar al episodio de los días pasados en la opinión pública pues con la estrategia elegida por el gobierno de Peña Nieto para defender su propuesta de reforma energética, al igual que en aquella celebrada cinta de 1979, se disputa la custodia de un hijo: la soberanía petrolera. Por un lado la invocación priísta de uno de sus artífices, creador de los sectores del partido y precursor del moderno presidencialismo y hasta la ruptura en los años 80 tótem del partidazo. Por el otro lado, el hijo del General invocado, el líder olvidado y rescatado tras la partida de AMLO, el de la ruptura con Salinas, el histórico defensor del petróleo por herencia y por gesta propia.

El equipo de Peña sin duda experto en manejar la opinión pública, sembró con su alusión cardenista una vacuna contra el liderazgo de Cuauhtémoc encabezando la resistencia del PRD y envía un mensaje directo a ese más de 60% de mexicanos que rechazan la “privatización” (lo que sea que quiera decir) para que (quizá contradictoriamente) en otra encuesta un equiparable más de 60% apruebe su propuesta de reforma (con poquísimo o ningún conocimiento) en sólo unas semanas.

Pero la posición del PRD le resulta completamente favorable al gobierno de Peña, con lo cual la hipótesis de que el Pacto por México sobrevivirá al desacuerdo de la Reforma Energética toma fuerza. La oposición a la reforma propuesta realizando consultas, planteando una iniciativa alterna, votando en contra en los órganos legislativos y hasta la propuesta de un referéndum revocatorio en el 2015 permite procesar el acuerdo institucionalmente frente a la protesta callejera y de absoluto rechazo que plantean AMLO y su Morena. Esto beneficia a ambos actores, pues el gobierno saca su reforma y el PRD se diferencia de su antiguo candidato (se quita la imagen de rijoso y negativo) con quien se disputara los votos de la izquierda en las elecciones del 2015.

El PAN por su parte, al presentar su iniciativa primero, tuvo su momentum, que se ha agotado tras la presentación de la iniciativa presidencial. Sin embargo, su posición favorable a modificar la Constitución le dará un nuevo periodo de protagonismo cuando la discusión parlamentaria se realice, y además obtendrá si no todos los cambios que desea en materia política, algunas modificaciones sustanciales al diseño institucional del país tendientes a limitar la influencia de los gobiernos, especialmente de los gobernadores, en los procesos electorales.

La reforma energética es indispensable para el país por una sola razón: no tenemos ni el dinero ni la tecnología para extraer el petróleo y el gas natural que ciertamente tenemos en abundancia. El dinero lo podemos obtener trayendo capitales privados del extranjero o prescindiendo de uno de cada tres pesos del gasto público de todo el país. La tecnología sólo podemos adquirirla de otras empresas, Pemex tardaría demasiado en desarrollarla, probablemente hasta 30 años, contra los aproximadamente 10 años que tomaría alcanzar la explotación plena de los yacimientos con la intervención de contratistas.

El PRI pagará la mezquindad de haberle negado a Calderón la reforma energética en el 2008 pues no podrá cosechar en este sexenio, más que una parte magra de los frutos económicos y de gasto público disponible que propiciará la reforma. Serán las administraciones siguientes, especialmente a partir del 2025, los que se beneficiarán más de lo que hoy se está reformando. Esto debería alentarnos, pues representa un caso extraño que la clase política, o una parte de ella, sea capaz de ver ya no digamos a más de una década de distancia, sino más allá de la siguiente elección.

La reforma constitucional quedará aprobada antes de terminar el año, pero las leyes secundarias tardarán un poco más. También vendrá la propuesta de reforma hacendaria, la cual someterá nuevamente al país, a los actores políticos y al Pacto por México a una enorme tensión. Lo previsible es que el Presidente Peña proponga básicamente lo que su partido le negó primero a Fox y luego a Calderón: IVA generalizado, lo cual también sería bueno para la economía y las finanzas públicas.

Pero la ruta política aun no puede considerarse despejada –literalmente – pues López Obrador no abandonará la escena tan fácilmente y estas reformas han sido sus banderas durante largos años. Y para engrosar su movimiento cuenta con movimientos radicales como la CNTE que sigue en pie de guerra contra la reforma educativa cuyas leyes secundarias no se han expedido y los sindicatos que buscan reivindicación por la aprobación de la reforma laboral en los últimos meses del gobierno de Calderón.

El peor subproducto de todo este conflicto es que, como en el 2012, las posiciones se polaricen en torno a AMLO y Peña Nieto, borrando a los moderados de izquierda (PRD) y a la derecha liberal democrática que se encuentra en un ala del PAN, lo que llevaría a una elección intermedia en el 2015 muy conflictiva y a la integración de un Congreso menos proclive a los acuerdos para la segunda mitad del sexenio.

Esto explica porque todos los actores tienen prisa, por que se firmó el Pacto, por que se ha mantenido y puede mantenerse en el mediano plazo. Más que la habilidad que presumen los operadores del PRI, vivimos a pesar de todo una alineación de intereses de los actores hacia la moderación y el consenso, una pequeña ventana que no se presentaba desde mediados de los años 90 y que esperemos se aproveche al máximo antes de que nuevamente domine el sonido de los tambores de guerra.

Todos ganaron el domingo siete

El pasado domingo tuvimos elecciones en 14 estados del país. Se disputaba la gubernatura de Baja California, 13 congresos locales (la excepción fue Coahuila) y las presidencias municipales de 13 entidades (Hidalgo no renovó ayuntamientos). Desde la tarde del domingo hemos sido testigos de las afirmaciones felices de los presidentes de los tres principales partidos nacionales sobre lo bien que les fue y de las quejas y diatribas que lanzan contra sus adversarios. La lectura del resultado se vuelve más difícil de lo que la propia dispersión de la elección impone. Aquí unas claves de lo que significa la elección y cuales son sus implicaciones.

La participación ciudadana es para reflexionar. Mucho se ha dicho que los ciudadanos se alejaron de las urnas y que los gobiernos emanados de estas elecciones carecen de legitimidad, sin embargo, México nunca ha sido un país de participaciones ni cercanas al 100%, nuestras más bajas abstenciones rondan el 30%, por lo que si vota aproximadamente la mitad del padrón no hay elementos para sonar las alarmas. Incluso en Baja California que los electores no llegaron al 40% del padrón, esta cifra está en línea con los datos registrados en los últimos años.

Nuestra cultura ciudadana es incipiente, y hoy algunos sectores muy politizados de la sociedad apuntan al rechazo de todas las fuerzas y llegan al extremo de ridiculizar los procesos electorales, como con el “candigato Morris”, lo cual lejos de construir ciudadanía, la deteriora. Desafortunadamente la indignación ciudadana con el pobre desempeño de los gobierno no se ha traducido, mayoritariamente en la formación de nuevos partidos o de movimientos que propongan nuevas vías políticas.

Toda la política es local, como sentenció Tip O’Neill. Y nada más local que elegir ayuntamientos. Un entorno local deteriorado con malos servicios y obras públicas pesan más en el ánimo del elector que los grandes temas nacionales. Mal alcalde mata buen Presidente de la República y viceversa. Con los gobernadores en medio de esa ecuación, podemos explicar lo errático que resulta el mapa de resultados electorales. No hay una gran explicación, ni un hilo conductor. Hay muchas pequeñas historias locales que se suman.

Los gobernadores mandan. Esta tendencia se ha reforzado durante las dos administraciones panistas que liberaron a los mandatarios estatales de la obediencia al Presidente y por ahora no se ha revertido. En muchos estados hubo reveses para los mandatarios, pero sin importar la extracción partidista, los resultados apunta a que todos los gobernadores lograron que los candidatos de su partido triunfaran mayoritariamente. Especialmente todos, excepto Sinaloa lograron la mayoría o la primera minoría en sus respectivos congresos locales.

Los denostados diputados de representación proporcional (RP), llamados coloquialmente “pluris”, vuelve a quedar de manifiesto, que especialmente en el ámbito local son indispensables. En estados como Quintana Roo o Hidalgo donde el PRI ganó todos los distritos locales, los gobernadores despacharían sin contrapeso alguno y los votos conjuntos de la oposición que en ambos casos superan el 50% de los emitidos se irían a la basura sino existieran los diputados de RP. Lo discutiremos después con más amplitud, pero quienes sostienen que deben desaparecer diagnostican correctamente la enfermedad y prescriben mal la medicina.

Con esto podría concluirse que los partidos tienen razón cuando se quejan de que los gobernadores intervienen indebidamente en los procesos electorales. Pero esto tiene matices. El primero es que nuestra cultura política requiere asimilar mejor el peso político del gobernante en turno, reconocer su derecho a ser actor político y aquilatar que el gobierno puede ser una desventaja, es decir dejar de escandalizarnos por lo que es legal y concentrarnos en los delitos. Los partidos son cada vez más estridentes y menos eficientes en demostrar las supuestas irregularidades, lo cual inhibe la participación y deteriora la cultura ciudadana. Es un juego en el todos pierden, pues los ciudadanos solo registran que todos los partidos hacen trampa, y distinguen poco al acusado del acusador.

En el contexto nacional todos los partidos nacionales ganaron algo. Los partidos pequeños obtuvieron votaciones significativas, el PRD en una elección que no es la suya, pues el grueso de sus votos se concentran en entidades que no tuvieron proceso electoral, registra avances en Veracruz, conserva su votación en Oaxaca y vía alianzas con el PAN logra colarse en lugares donde su presencia es marginal. El principal retroceso perredista se presenta en Quintana Roo.

El PAN conserva con las uñas la gubernatura de Baja California, conserva Puebla, la ciudad más poblada en disputa, gana Aguascalientes, Mexicali, Tlaxcala y Saltillo. Gana ciudades importantes como Nuevo Laredo, Boca del Río, Monclova y da cerrada batalla en otras como Oaxaca y Torreón. Sufre importantes derrotas en Sinaloa, Chihuahua y no logra los avances esperados en Veracruz, Tamaulipas y Durango, pero obtiene muchos votos más que hace tres años y gobernará a muchos más mexicanos.

El PRI pierde votos y municipios gobernados. Pero todos sus gobernadores conservan la mayoría en sus congresos estatales y con lo perdido en las urnas han salvado el Pacto por México, el PAN y el PRD han ganado lo suficiente para que sus presidentes sigan defendiendo una posición de dialogo y concertación con el gobierno de Enrique Peña, la posición es ciertamente cuestionable, pero ambos dirigentes opositores han salvado los blasones partidarios con estos números y seguirán en la lógica que tanto les ha acomodado, eso sí después de gritar un poco, con todo, nada garantiza a sus corrientes mantener el control de sus respectivas dirigencias. La cosa se pondrá interesante.

La salud de un hombre público

Así se ha llamado por muchos años a quien se dedica a la política: hombre público. Persona pública, desde que numerosas damas participan activamente y el machismo entreverado en el español tornaría chusco el mote. Y si aceptamos y usamos cotidianamente esta fórmula para referirnos a quienes gobiernan, ¿por qué hoy debatimos si la salud del gobernador de Michoacán es un asunto público o privado?

La respuesta es simple: al gobierno estatal y al equipo de Fausto Vallejo les interesa ganar tiempo y eso solo pueden hacerlo ocultando la información sobre la salud del mandatario.

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No soy médico, pero no necesito saber una palabra de medicina para saber que Fausto Vallejo no regresará a la gubernatura. La secrecía que se pretendió guardar sobre su enfermedad grita la gravedad de su condición. Si el mandatario sufriera, como se dijo al principio una hernia o de tos, la estrategia de comunicación sería aportar tanta información como fuera posible para dejar en claro que la situación es transitoria. Ante un padecimiento grave de pronóstico reservado la estrategia es ganar tiempo, para hacer ajustes, para cerrar asuntos pendientes, para tomar las decisiones sin duda trascedentes de lo que vendrá.

Por eso se ha recurrido a la mentira, a la evasiva, a la indignación. ¿Cómo se atreven?, gritan algunos, la salud es un asunto privado, íntimo. Y lo es para quien elige la senda de la vida privada, no así para quien opta por la vida tempestuosa de la responsabilidad pública. Países con legislaciones avanzadas lo prevén y exigen conocer el estado de salud de los gobernantes cuando estos enferman, pues la capacidad de cumplir con su mandato depende inevitablemente de su buen estado físico. Lo mismo ocurre en el mundo corporativo, donde los altos directivos, los CEOs de las grandes empresas deben informar a los accionistas sobre el estado de su salud, y cuando el caso se refiere a la salud de un gobernante los accionistas somos todos los ciudadanos.

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Sólo la estupidez podría provocar que alguien se alegrara de la enfermedad del gobernador Vallejo. Sólo la idiotez podría llevar a alguien a pensar que su abrupta salida del cargo y la llegada de un sustituto, podría traer algún beneficio. La renuncia de Fausto Vallejo a la gubernatura será una mala noticia que se acumulará a las de la crisis financiera, la deuda, la inseguridad y la incapacidad para resolverlas, porque aún en el mejor de los escenarios, representará inestabilidad e incertidumbre, ajustes en la estructura de gobierno y reacomodo de fuerzas, en los que siempre se pierde tiempo y esfuerzo.

Cuando se presentó la licencia yo sostuve que no había razón para no creer en la versión oficial, hasta que se presentara una razón para desconfiar. Ahora se ha revelado que el procedimiento era una cirugía de hígado, y aún cuando no se abunda en la información, lo dicho es suficiente para confirmar que hace 90 días se ocultó información sobre la salud del gobernador y ésa es ya una razón para desconfiar de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se diga en adelante. Y de eso nos debe rendir cuentas el gobierno estatal, de su falta de veracidad.

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Ahora habrá de resolverse en quien recaerá sustituir al gobernador Vallejo. Me parece que el tránsito del poder debe ser lo más rápido y seguro que sea posible. Para recuperar credibilidad el gobierno estatal debe dejar deshojar la margarita y anunciar la falta absoluta de gobernador y solicitar al Congreso la elección del gobernador sustituto, que en mi opinión debe ser el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna ya encargado del despacho y con quien el cambio sería más amable, menos incierto.

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Ha llegado el momento de cambiar la estrategia. Antes fue ganar tiempo, pero ya no puede ganarse más tiempo, paradójicamente la estrategia de ganar tiempo se convertirá a partir de ahora en una forma de perder tiempo, y lo que los integrantes del gobierno hayan  obtenido alargando el compás de espera lo pueden perder si continúan postergando la decisión que parece inevitable.

Fausto Vallejo me merece toda la consideración y le deseo que su salud se restablezca, pero hace muchos años que el asumió la vida pública y no hay duda que su salud no es un asunto íntimo, sino uno de interés público. El camino que siguieron para informar a los ciudadanos puede entenderse como jugada política, pero su ética es cuestionable y deben responder por ello. Y más importante, ahora que el tiempo se ha agotado deben actuar con responsabilidad y anteponiendo el interés general a los suyos propios.

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