Alegría en el gobierno, borrachera en el contribuyente

   Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en última instancia el juicio de amparo que un grupo de mexicanos, que han destacado como comunicadores, analistas, académicos y líderes de ONGs, y que se identificaron como “#YoContribuyente”, promovieron en contra del último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos del ejercicio 2013, en que se extiende la condonación a estados y ayuntamientos del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) que estos entes retuvieron a sus trabajadores, que se realiza desde el 2008. La SCJN descartó que los promoventes, como ciudadanos, tengan el interés legítimo para impugnar que el Congreso de Unión conceda este beneficio.

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El asunto no es menor y es desafortunado. La SCJN cierra la puerta para que los ciudadanos tengamos a nuestro alcance un instrumento de control de las acciones del poder público. Contrario a la tendencia que en muchos campos predomina, en esta materia la Corte restringe la posibilidad de impugnar una mala decisión gubernamental, contraria a las leyes, porque la afectación no es directa y personal, sino difusa. Habremos de esperar a que uno de los ministros que formaron mayoría en torno de este criterio, redacte el proyecto para evaluar la argumentación y el daño que causa a la vida pública.

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Por ahora ya podemos hacer un balance de este tema. Permítanme explicarlo un poco. Los gobiernos de estados y municipios les descuentan a sus trabajadores el ISR que por ley deben pagar a la Secretaría de Hacienda, como cualquier otro patrón lo hace con sus trabajadores. Esto se llama retención. La diferencia viene después. Si quien hace la retención es un contribuyente cualquiera y no hace el pago correspondiente, puede incluso ser sujeto a proceso penal y terminar en la cárcel por el delito de defraudación fiscal. Si el contribuyente que no paga es el gobierno de un estado o de un municipio, pues los diputados hacen una ley para que se pueda quedar con ese dinero. Así de injusto.

Ahora bien, sabemos que los gobiernos de los municipios disponen de recursos muy escasos para cumplir con sus fines, sin embargo, esta manera es el peor camino para otorgarles recursos adicionales, porque se premia el desorden administrativo y el incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué pasa cuando se premia al que no cumple? Pues se crea un incentivo para no cumplir. Los alcaldes y gobernadores que destinaron recursos a cumplir sus obligaciones fiscales, deben estar arrepentidos de no haber empleado ese dinero en acciones más rentables para su administración y su popularidad.

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Por otro lado ese dinero, que no deja de ser un recurso público, se usó sin ninguna planificación y sin ningún control. Ningún gobierno planeó no pagar el ISR retenido a sus trabajadores, los gobiernos dejaron de pagar porque crecieron su gasto corriente o porque las obras que ejecutaron costaron más de lo que habían programado, y ambos casos reflejan ineficiencia y falta de cuidado en el manejo de los recursos públicos.

No podemos olvidar como surgió la medida. Algunos diputados la gestaron como un obsequio para los gobernadores y alcaldes que habían apoyado sus aspiraciones y les habían ayudado a ganar la curul. El origen es perverso y los efectos también. Hasta hoy el “beneficio” se extiende solo al ejercicio 2014, sin embargo, y especialmente a raíz de la desafortunada sentencia de la SCJN, la tentación de continuar con este fraude legalizado se hará más grande y alentará otras perversidades como incrementar plantillas y salarios de funcionarios y burócratas, pues el ISR “se recupera” o promover la condonación de otros pagos de impuestos y derechos federales.

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Creo que es necesario incrementar los recursos que administran los gobiernos locales, en especial los municipios, pero este es el peor camino. Lo que necesitamos es que estos gobiernos sean corresponsables de la recaudación, que el gasto lo dirijan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que estén sujetos a una estricta rendición de cuentas. Lo demás es tirar el dinero y fomentar los cacicazgos. Lamentablemente la SCJN dejó intacto este circulo vicioso de ilegalidad, dispendio y corrupción.

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Para bien y para mal: los mismos de siempre

Que el PRD y demás partidos de izquierda se opongan a la apertura del sector energético a los capitales privados no es nuevo. Que el PAN haya promovido la reforma constitucional en ese sentido tampoco es una sorpresa. La diferencia tras varios intentos fallidos de modificar la Constitución para quitar el monopolio energético de las manos del Estado es la postura del PRI, que apenas hace cinco años le negó una reforma menos ambiciosa al Presidente Calderón, siendo senadores, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, hoy coordinador de los diputados priístas y operador de la reforma o Pedro Joaquín Codwel, ahora Secretario de Energía.

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Hay quienes dicen que el PRI se ha corrido a la derecha, como en los tiempos de Salinas, agregan los afectos a las teorías conspiratorias. Yo sigo sosteniendo que el PRI solo tiene una ideología y es el pragmatismo. Si el PRI de Peña Nieto estuviera corrido a la derecha no habría aprobado la  miscelánea fiscal que pretende hacernos creer que es una reforma hacendaria y que perjudica a las clases medias y a los emprendedores.    

Durante el año que ha transcurrido desde su regreso al Gobierno Federal, los priístas han demostrado que sus virtudes y defectos son los mismos de siempre. Son malos para ejercer el presupuesto bien y a tiempo, pésimos para combatir la pobreza, están paralizados ante el crimen organizado y la economía se les hace bolas. Pero para la política son muy buenos. Lo suyo es el manejo de la corte y allí le llevan ventaja a todos los actores políticos de México, por una sola y poderosa razón: nada los ata, ni la ideología, ni sus bases sociales, ni un compromiso ético. Son absolutamente pragmáticos.

El Pacto por México sirvió en el principio de la administración para reducir la conflictividad tras la elección. Aprovechando la debilidad en que se encontraban las dirigencias del PRI y del PRD, además de la afortunada coincidencia del estilo personal de Zambrano y Madero, el nuevo gobierno encontró interlocutores a modo, expertos en beneficiarse de pactar pequeñeces. El límite del pacto era uno y muy simple: la reforma constitucional en materia energética, pero el PAN estaría encantado de sumarse, pues el tema representa un compromiso histórico y programático.

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Con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el resto era sencillo. Anular al impresentable Romero Deschamps, mantener dividida a la izquierda con base en concesiones en temas varios y mucho dinero para el Gobierno del Distrito Federal y activar a través de los gobernadores las mayorías necesarias en los congresos estatales en un tiempo record. Los operadores del PRI hicieron gala de sus habilidades y como peces en el agua consiguieron lo que ellos mismos negaron por 12 años, en unos cuantos días y hoy defienden la apertura del sector energético como si fuera su lucha histórica o como si se les hubiera caído una venda de los ojos.

 Yo he defendido la postura de abrir el sector energético y creo que la reforma es una buena reforma. Como estoy hecho a las instituciones republicanas, estos pactos de pasillo y las maniobras que llevan al vertiginoso estilo legislativo de estos días, me dejan con un extraño sabor de boca. Porque sé que ese pragmatismo, así como hoy produjo un cambio con el que estoy de acuerdo, puede producir monstruos (como ya pasó en el tema hacendario). La lentitud de algunos procesos institucionales tiene razones y virtudes que hoy se soslayan con el eslogan de “Mover a México” que aprovecha bien el cansancio y la sensación de parálisis de muchos mexicanos.

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Por otro lado, al PRD le han dejado una salida digna pero falsa. Con la aprobación de la consulta popular, todos juegan a que el asunto se zanje en 2015, a sabiendas de que el tema, como está actualmente estructurada la figura de participación, es improcedente. Es la misma historia que los amparos contra la miscelánea fiscal. Lo que olvidan algunos, es que este tipo de expectativas incumplibles son las que causan el desanimo y la ira de los ciudadanos.

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Y no son las únicas expectativas incumplibles. Se ha mentido abiertamente diciendo que con la reforma energética se va abaratar el gas, la luz y la gasolina. Lo cual es falso. No hay manera de que los precios bajen a menos que el gobierno vaya a dilapidar los recursos frescos que obtendrá en subsidiar energéticos, lo cual sería un error brutal. Por otro lado se ha dicho que me crearán miles de empleos, lo cual es solo parcialmente cierto, pues falta ver las leyes secundarias y la puesta en operación de las reformas, lo que puede llevar todo el sexenio.

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Podemos estar en un mundo muy distinto al prometido, con combustibles caros, con una reforma política fallida, sin consulta popular y sin el crecimiento y los empleos anunciados, apalancado todo, la economía, el gobierno, el PRI y hasta sus cómodos opositores, en el endeudamiento histórico que le fue aprobado con apoyo del PRD. No soy tan pesimista pero puede pasar, y con estos opositores débiles, divididos y obsequiosos, el pragmatismo priísta hará de las suyas.

Matemáticas políticas: la reforma fiscal

Por primera vez en lo que va del sexenio de Peña Nieto, y excepcionalmente en la historia de las coaliciones legislativas en México, el PRI y el PRD unieron fuerzas para aprobar una miscelánea fiscal que dista mucho de ser una reforma hacendaria, con la oposición del PAN y también la de López Obrador a través del PT y el Movimiento Ciudadano. Las preguntas a contestar son: ¿Por qué cada uno de estos actores se comportó así? ¿Qué gana y qué pierde cada involucrado? ¿Cómo queda la relación política y en específico el Pacto por México? ¿Qué sigue?

Empecemos por el PRI. La obviedad es su deseo de contar con más recursos para ejercer desde el Gobierno Federal. También el presumir que ha triunfado donde los gobiernos panistas fracasaron al impulsar una reforma hacendaria y mantener el discurso de mover a México. La ganancia en recaudación es magra: 200 MMDP, apenas poco más de un punto del PIB, si todo sale bien (que nunca sale) más el preocupante tema del déficit presupuestal que es de aproximadamente 300 MMDP equivalente a 1.4% del PIB. Más deuda pública que recaudación y la mayor en más de 20 años.

El PRI esquivó el tema de IVA en alimentos y medicinas y revocó el IDE y el IETU, con lo que cambia la dirección de la política fiscal que apuntaba a cobrarle impuestos a los informales y aumentar la base de contribuyentes. Lo políticamente relevante de la reforma es que el PRI le da la espalda a las clases medias urbanas y al sector productivo, en quienes se apoyó para regresar a la Presidencia de la República y obtener victorias significativas en ciudades grandes y medias y las gubernaturas de los estados donde se asienta gran parte de la planta productiva. Por supuesto que la apuesta es mitigar los efectos negativos con gasto público a lo largo de 2014 y un poco de desmemoria de la sociedad.

El PRD siempre se ha apoyado en sectores populares, urbanos y rurales, que se benefician de la informalidad y que no tributan impuestos directos. Por eso se ha opuesto a las reformas que han pretendido gravar la actividad económica de quienes tradicionalmente no pagan impuestos. Los sectores corporativos sindicales están en su mayoría protegidos por contratos colectivos que compensan el pago de Impuesto sobre la Renta a los asalariados. La única preocupación del PRD en torno a la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes fue que el DF dejaría de recaudar 400 MDP. Una vez que los perredistas incrementaron jugosamente la tajada de recursos destinados al gobierno del Distrito Federal, que claramente ha dejado de ser aliado de AMLO y que requiere recursos para la disputa interna y para ir a las urnas en su contra en el 2015, el asunto se zanjó.

AMLO se opone por posición política antirrégimen. Nada que proponga EPN contará con el visto bueno de quien fuera su competidor principal en el 2012. Además, sus adversarios en la búsqueda de los votos de la izquierda en el 2015, el PRD de “los Chuchos”, se han beneficiado al llevar recursos al Distrito Federal, que a diferencia de cuando gobernaba Marcelo Ebrard ha dejado de estar a su servicio, por lo que Morena no gana nada en el trueque.

La oposición del PAN es legítima. Su visión de la política fiscal es ampliar la base de contribuyentes. Esto despertó la ira de otros sectores sociales cuando se propuso la universalidad del impuesto al consumo, y medidas de control como el IETU no le granjearon simpatías. Ahora sin embargo, está usando el tema para recuperar terreno perdido en municipios y estados con clases medias y sectores empresariales dinámicos, con lo que se está reposicionando favorablemente. Al interior Gustavo Madero no pudo darse el lujo de aprobar ni siquiera parcialmente la propuesta del Ejecutivo, pues hubiera dejado la bandera en manos de Ernesto Cordero y Josefina Vázquez en la contienda por la Presidencia de ese partido. Así se decantó la oposición tajante de todos los actores panistas.

Finalmente el Pacto por México parece caminar lentamente hacia su fin. Luego de tres reformas unánimes en materia educativa, financiera y de telecomunicaciones, el aclamado instrumento ha sido insuficiente para generar el consenso en torno al tema fiscal. Lo mismo ocurrirá en materia energética, donde incluso la viabilidad de la reforma es incierta, pues el PRD ya ha anunciado su rechazo y un ala del PAN querrá cobrar la derrota infligida en el tema hacendario. La reforma política avanza con lentitud y aun cuando es moneda de cambio, enfrentará poderosas resistencias en el PRI. Después de eso, no habrá más que pactar.

Como sucede cada inicio de gobierno, el bono del ganador tarde o temprano se agota. Parece que esto ocurre cada vez más rápido, pues las victorias de los presidentes han sido cada vez más cuestionadas. EPN ha agotado sus bonos y hemos visto ya los alcances de su agenda reformadora. El tono y rumbo del sexenio están ya marcados. La siguiente parada es en el 2015.

La reforma fiscal y el precio de la gasolina

En mitad de la acalorada discusión sobre las reformas fiscales propuestas por el Presidente Peña, uno de los temas más relevantes se ha quedado a la zaga en el debate: el precio y por ende, el subsidio de la gasolina, el cual de acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP) representa al mes de agosto un gasto superior a los 76 MMDP y llegará según sus estimaciones a unos 91 MMDP, superando en un 86% los casi 49 MMDP que se habían presupuestado para el 2013 y que se agotaron en mayo.

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Para comprender mejor el asunto, recapitulemos: el precio de la gasolina en México lo define cada mes la SHCP mediante un precio internacional de referencia más los costos de transporte y la ganancia del concesionario, a lo que aplica la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que durante todo el 2013 (y muchos ejercicios anteriores) ha sido negativa, es decir el gobierno en lugar de cobrarnos a los mexicanos un impuesto sobre la gasolina, nos otorga un subsidio.

En otros países, y en el mercado internacional, el precio de la gasolina se determina libremente por la oferta, demanda y costos de producción y transporte. El precio se ajusta en periodos de inestabilidad incluso diariamente. Al determinarse por el gobierno para la venta a través del monopolio de Pemex, los mexicanos pagamos precios artificiales por la gasolina, en ocasiones excepcionales, más altos y recientemente, más bajos.

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Hagamos una comparación. El Programa Oportunidades que otorga un subsidio en efectivo a la mayoría de los hogares más pobres del país, cuesta 36 MMDP. El subsidio a la gasolina nos hubiera alcanzado para pagar dos veces y media Oportunidades. Sólo que el subsidio a la gasolina concentra un 37.2% en el decil de mayores ingresos de los mexicanos, mientras que solo 1.5% va al decil de menores ingresos. Más fácil, una camioneta de 8 cilindros puede recibir $1,800.00 de subsidio mensual de gasolina, una familia de 4 personas recibe $1,400.00 de subsidio a través de Oportunidades.

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Una más: a través del IVA en todo el país durante todo el año se pretende recaudar 622 MMDP, es decir que de cada peso que pagamos por concepto de IVA, 15 centavos se destinan a pagar el subsidio de la gasolina. Dicho de otra manera, sin subsidio a las gasolinas la tasa general del IVA pudiera haber sido del 13.6% en lugar del 16% que pagamos. El tan llevado y traído tema del IVA en alimentos y medicinas vale 200 MMDP, un poco más del doble que el subsidio a la gasolina.

Ahora permítanme desmentir algunos mitos. En México la gasolina no es cara. Vale unos centavos de dólar menos que en los Estados Unidos que tiene una de las políticas más liberales respecto del mercado de combustibles en el mundo. En países productores de petróleo como Brasil, el precio de la gasolina es un 40% mayor que en México. En Cuba y Centroamérica las cifras son parecidas. En Europa ni hablar, incluso productores de petróleo como Noruega pagan hasta 4 veces más por un litro de gasolina.

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Otro mito es que mayores precios en la gasolina impulsarían una espiral inflacionaria, lo cual es inexacto. Países como Brasil, Turquía o los países europeos tienen precios más altos en el combustible y sin embargo sus tasas de inflación son equiparables a la mexicana. En el propio caso mexicano esta hipótesis no es verificable. El incremento de la inflación y el del incremento de los combustibles no ha seguido la misma serie histórica. Es decir, incluso los deslizamientos de once centavos que se han realizado a lo largo del año, no se corresponden con los incrementos mensuales de la tasa de inflación y si nos remitimos a años anteriores, los incrementos de la gasolina han estado por encima de la inflación de 2010 a la fecha y durante 2009 que el precio del hidrocarburo estuvo congelado, el incremento de los precios se mantuvo.

Finalmente, el precio subsidiado de la gasolina es un incentivo perverso contra el medio ambiente. La gasolina más barata invita a que los mexicanos usemos nuestros autos más frecuentemente, que tengamos más autos, que nuestros autos gasten más gasolina y que cuidemos menos del buen estado de estos para evitar mayor gasto.

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Por otro lado, también se ha mitificado que el transporte público costaría más si se liberará el precio de la gasolina. Aquí debemos considerar dos cosas. La gasolina subsidiada genera un ciclo vicioso, pues promueve el uso de vehículos que transportan pocos pasajeros, en malas condiciones mecánicas que siguen rutas poco eficientes. Por otra parte, el subsidio a la gasolina de este año alcanzaría para construir cuatro veces la Línea 12 del Metro. Por supuesto que podríamos invertir en sistemas de transporte más eficientes y baratos.

Para el 2014, se ha planteado que el subsidio a la gasolina será de 35 MMDP y que el deslizamiento en el precio se reducirá de once a seis centavos mensuales. Si nos atenemos a la tendencia de los años anteriores, estos recursos serán insuficientes. El problema es que el PRI se tropieza con su propia lengua, pues durante el gobierno de Felipe Calderón ellos inventaron el término “gazolinazo”, y de vuelta en el gobierno les toca enfrentar la realidad.

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 En resumen, una alternativa a la reforma recaudatoria que golpea a la clase media, pasa por dejar de subsidiar a los mexicanos más ricos a través de la gasolina, permitir que el mercado funcione libremente e invertir los recursos públicos en políticas social y ambientalmente más responsables.

Peña Nieto cambia de rumbo

Como cada septiembre el Presidente de la República ha presentado su informe de gobierno. Como desde el 2006, el informe se presenta no ante el Congreso de la Unión sino ante las cámaras de televisión en un acto ad hoc. Los poderes cada loco con su tema. Como es frecuente en el primer informe de todo presidente, presentado sólo nueve meses después de su asunción del cargo, las notas están más en lo que viene que en lo realizado. En el caso del Presidente Peña, lo que estamos viendo es un esfuerzo por sostener su narrativa de gobierno eficaz, que está en seria duda y por otra parte un paso al frente para mantener apoyo entre los sectores de menor ingreso, especialmente frente a la perspectiva de no perder electores ante los partidos de la izquierda.

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Me explico. Peña obtuvo los votos que lo llevaron a la Presidencia de una amplia variedad de electores entre los que destacan un nutrido grupo perteneciente a la clase media, temerosa del radicalismo de López Obrador y desencantada del PAN. Este grupo, es particularmente importante, pues son votantes independientes, que difícilmente pueden ser manejados como una clientela corporativa. Para ellos es el discurso de “mover a México” y la reforma educativa, que según las mediciones de la aprobación del Presidente es su punto más fuerte.

Sin embargo, Peña ha pagado un elevado costo político por pasar esa reforma, sin romper con el PRD que se ha visto presionado por uno de sus más poderosos y antiguos aliados: la CNTE. Por otro lado, la presentación de la reforma petrolera, modificando la Constitución ha llevado al límite los consensos con ese partido que se debate entre su necesidad de diferenciarse del radicalismo de López Obrador y su posición histórica en el tema. Si en la reforma educativa el mensaje fue para la clase media, en la reforma energética, el mensaje presidencial apunta a sectores más populares cuyo concepto de nacionalismo incluye el monopolio energético.

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Por eso la propuesta de reforma hacendaria se trazó para complacer al PRD, y quizá al sector más conservador del PRI. El rechazar el IVA universal que hubiera permitido ampliar la base de contribuyentes y gravar la economía informal, se asume la bandera que como oposición estos partidos enarbolaron contra las administraciones panistas. La reforma hacendaria, tiene algunos méritos, pero no transforma el sistema impositivo mexicano, cuando mucho nos dará una mejor versión del modelo insuficiente y mediocre en que estamos atrapados desde hace décadas y que aumenta la carga de los mismos contribuyentes.

Sin embargo la necesidad de incrementar los recursos gubernamentales subsiste. Y al gobierno de Peña le urge, especialmente para impulsar temas como la pensión universal o el seguro de desempleo que prometió en campaña y para tratar de evitar desesperadamente que la Cruzada contra el Hambre tenga el rotundo fracaso al que se encamina, cuando se presente la siguiente medición bianual de la pobreza.

También urge reactivar la economía tras el primer gran fracaso de la administración que tuvo que corregir la previsión de crecimiento del PIB y aceptar que en el 2013, este rondará el 1.5% anual. Especialmente cuando entre las causas de la desaceleración de la economía está el mayor subejercicio del gasto público registrado en años, aun para un primer año de gobierno, y que en el pasado era objeto de duras críticas del PRI.

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Por eso hay un golpe de timón y el compromiso de déficit cero no cumplió ni su primer aniversario. El gobierno necesita dinero pronto, sin costo político, así que otra vez vamos a la deuda. Este viraje no es menor. En resumen estamos viendo un Presidente que se encamina a complacer a sus opositores de izquierda, para restañar las heridas de sus primaras acciones de gobierno y que se aleja de una clase media que desencantada del PAN le había apoyado desde la elección y la que había dirigido su estrategia durante todo el año.

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Las encuestas nos ayudan a entender. Peña llegó a su Primer Informe con la aprobación (56%) más baja para ese momento desde Ernesto Zedillo, que enfrentaba la peor crisis de nuestra historia reciente, con un desacuerdo en ascenso (41% vs. 34 en diciembre)con la credibilidad en negativo (42% le cree vs. 53% que no), dato inusual para este momento del sexenio. Históricamente la evaluación previa al primer informe es la mejor de cualquier presidente, con lo que es comprensible la preocupación en Los Pinos, cuya siguiente gran aduana es la elección de julio del 2015.

Ante los hechos, Peña y el PRI cambiarán de receta. Dejan atrás la etapa de buscar la complacencia de las clases medias y los electores independientes, que son sin duda los más difíciles de persuadir y se reorientan a consolidar el voto de sectores de menor ingreso y nivel educativo. Para ello requieren más dinero en sus programas sociales sin cambiar el modelo de cobro de impuestos. La narrativa perfecta fue descarrilada por la realidad en menos de un año. Preparémonos para el regreso de la maquinaria electoral impulsada por el gasto público soportado en déficit.

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