Legislación electoral: más dudas que certezas

En este mismo espacio, no hace mucho que dije que no me gustaba la reforma política que se había expedido como consecuencia de los acuerdos del Pacto por México. Es una extensa modificación de disposiciones constitucionales, y en forma inédita, a través de sus artículos transitorios una colección de prescripciones obligatorias para los poderes legislativos de la Federación y de los estados que han de entrar en vigor a la brevedad, en las entidades que celebrarán elecciones en  el año 2015.

México por su prolongada transición a la democracia, tuvo sucesivas reformas electorales, que crearon un marco legal e institucional que permitió elecciones confiables en manos de los ciudadanos, que si bien no estuvieron exentas de conflictos, permitían la normalidad en el relevo de las autoridades locales y federales.

La elección presidencial de 2006 sometió al sistema electoral a una durísima prueba, pues la diferencia entre los dos principales contendientes fue inferior a 1% de los votos. El sistema soportó la prueba pero quedó exhausto. Desde el PRD y con el apoyo del PRI se armó una primera generación de reformas electorales posteriores a la alternancia que devino en un nuevo Código Electoral pero no en cambios constitucionales, que entre sus principales novedades trajo una fuerte restricción en el uso de los medios de comunicación y en el derecho de los ciudadanos de apoyar las opciones políticas de su preferencia.

La elección del 2012 echó por tierra dos mitos en materia político electoral. El primero, que no hay una diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar que por sí misma garantice que no habrá inconformidad con el resultado. El segundo que la equidad en el proceso electoral se puede lograr con más regulación. Los que en el 2006 se quejaron, en el 2012 se volvieron a inconformar, y tras el proceso electoral, ahora el PAN de la mano del PRI trajeron una mucho más amplia reforma que aspira a poner el ámbito local, bajo las autoridades que en el ámbito federal han sido sistemáticamente cuestionadas.

La reforma política, ha abierto más preguntas que respuestas en el ámbito electoral. Cuestiones tan básicas como la fecha en que han de celebrarse los comicios están en duda. El órgano electoral que conducirá el proceso no está formado, la legislación electoral local se tendrá que realizar en un tiempo record y muchos detalles que son imprescindibles para la buena marcha de una elección se encuentran sumidos en confusiones e indefiniciones.

La reforma prevé en sus transitorios que el 30 de abril deberá quedar expedida la legislación federal secundaria para materializar la reforma, plazo apenas suficiente e improrrogable para generar las normas que deberán precisar la aplicación de la extensa reforma constitucional.

También se anticipa que la elección federal podría llevarse a cabo un mes antes, es decir el primer domingo de junio, lo cual debe quedar definido en la legislación secundaria, tal y como ahora lo está en el Cofipe, y aun cuando prevé que en las entidades de la Federación la elección de sus autoridades debe celebrarse el primer domingo de junio, exenta de esta disposición, en forma absurda e inexplicable, los procesos electorales que se celebran el mismo año que la elección federal.

Podríamos estar entonces ante un 2015 con dos procesos electorales: el federal el primer domingo de junio y el local el primer domingo de julio. Esta aberración podía evitarse adicionando un transitorio a la reforma constitucional. Hubiera sido lo fácil, pero es improbable ya. Se puede evitar al establecer la fecha de la elección federal en la las leyes federales secundarias, incluso con un transitorio. De lo contrario el único camino será modificar las normas locales, en el caso de Michoacán su Constitución, para cambiar la jornada electoral al primer domingo de junio.

Son muchas las tareas pendientes para nuestra legislación local en Michoacán. La pregunta es si los diputados serán capaces de tener las leyes listas en tiempo y a pesar de la complicación que supone tener que esperar la promulgación de las normas federales (el 30 de abril) y tener que respetar el plazo del artículo 105 de la Constitución, que en el caso de que el proceso electoral arranque en septiembre, obliga a expedir la legislación local, reformas constitucionales incluidas, antes de que termine mayo.

El Congreso del Estado y los partidos en Michoacán, deben estar atentos y ser proactivos, pues de lo contrario, iremos como uno más de nuestros males a un proceso sin el marco legal adecuado y llenos de dudas.

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No me gusta su reforma política

Está dicho. Antes diré también que entiendo que los cambios deben ser graduales y acepto que a la hora de legislar no podemos asumir posturas de todo o nada, pero hay cosas que sencillamente no me gustan de su reforma. Ahora trataré de explicar por qué. Empezaré por decir que en ella hay cosas muy buenas y que excluiré de mi diatriba: la autonomía del Coneval, ese organismo desconocido que evalúa los resultados de las políticas públicas en materia de desarrollo social y que ha hecho un trabajo extraordinario, y que hay que preservar de la codicia gubernamental, especialmente ahora.

Hay otras cosas bastante sensatas como la ratificación de la estrategia de seguridad y la rendición de cuentas asociada a ella, o la participación del Senado en el nombramiento de los titulares de Hacienda y Relaciones Exteriores, la reducción del periodo entre la elección presidencial y la toma de protesta y el incremento en el umbral de votos necesarios para mantener el registro como partido político, incluso la paridad de los sexos en candidaturas al Congreso. Son buenas pero ninguna revoluciona la vida política. Es como cuando en una carretera se arregla una curva para que sea menos peligrosa, se agradece, pero si se dejan igual cientos más, el viaje sigue siendo el mismo.

Mis desacuerdos empiezan con esa ilusión que les hace a los legisladores cambiarles el nombre a las cosas. Creo que les da la impresión de que se elevan a la categoría de demiurgos. Por dejar de llamarse PGR o IFE, esas instituciones no han de funcionar mejor, es más, pasará un buen rato antes de que les dejemos de llamar por sus viejos nombres.

Hay medidas que serán más litigiosas que útiles, como la nulidad de las elecciones por violar el tope de gastos de campaña en forma “sistemática” y “determinante”, un par de palabras que han permitido cualquier trapacería en materia electoral y que ya nadie sabe que significan a ciencia cierta. Durante los primeros años de vigencia de este precepto vamos a experimentar un avivamiento del conflicto postelectoral. El que además sea sancionable solo cuando se excede por un 5% del tope de gasto, son como los 15 minutos de tolerancia que nos daba el maestro en la escuela. Una reforma a la mexicana, puedes hacer trampa, pero poquita.

Hay otras que están destinadas a convertirse en vetustos elefantes blancos, como el gobierno de coalición, que sin segunda vuelta (ese cambio sí que hubiera sido relevante) en la elección del ejecutivo es totalmente inútil. Coaliciones en el mundo hay de dos tipos: electorales como en Chile, que antes de la elección construyen un programa de gobierno y van por él a las urnas o parlamentarias como en Alemania, en que el equivalente del Presidente debe ser electo por más de la mitad de los diputados y a los de su partido no les alcanzan los votos, por lo que invitan a otros a gobernar. Ambos casos son de necesidad, nadie quiere compartir y esto lo soslayan nuestros legisladores.

Pero los temas mayores son dos y no me gustan:

El nombramiento de los consejeros electorales de los estados por el INE, es la única atribución real que se dio al súper IFE que nació bastante enclenque. Será factor de conflicto muy fuerte, moneda de cambio, espacio para el tráfico de influencias, y en nada garantiza la independencia de estos organismos. ¿O no hemos visto vocales ejecutivos y consejeros locales del IFE postrados ante el gobernador del estado en que despachan? Además seguimos en ruta para desmantelar el federalismo que tímidamente empezábamos a construir. Hemos asumido que los problemas que conlleva un pacto federal se resuelven con elementos centralistas.

Finalmente, la medida más trascedente de todas y quizá la única importante es la reelección. La de alcaldes está en manos de los congresos estatales. Es una historia por escribirse, pero no deja de ser buena noticia, pues permitirá en algún momento evaluar el desempeño de los ayuntamientos y abrirá la puerta de la continuidad en el desarrollo municipal.

La reelección legislativa la he defendido siempre, tiene múltiples virtudes en lo referente a rendición de cuentas y profesionalización del Poder Legislativo. Pero nace torcida, perversa. Uno de los objetivos de la reelección era restar poder a las cúpulas de los partidos y regresarlo a los electores, lo cual no va a ocurrir, peor aún las cúpulas partidistas se van a empoderar todavía más, con la persistencia de los diputados plurinominales y la posibilidad de que estos se mantengan durante periodos sucesivos, las oligarquías partidarias que no rinden cuentas, que no hacen campaña, que no son representativas, van a trasladar sus reales de las dirigencias partidistas a las Cámaras del Congreso. Estas son muy malas noticias.

Así una reforma con muchas pretensiones y celebrada por adelantado, terminó siendo un claroscuro que deja mucho por resolver en la legislación secundaria, pero que tiene más aspectos preocupantes que razones para el optimismo. El problema esencial sigue siendo la falta de legisladores demócratas. Otra vez, los anticuerpos priístas nos traicionaron cuando pretendimos avanzar.

La próxima decepción política

El pasado 11 de julio el Congreso de Michoacán reformó el Código Electoral del Estado para permitir las candidaturas independientes, es decir ciudadanos que compiten sin el respaldo de ningún partido político, rompiendo el monopolio sobre éstas que los partidos habían tenido siempre en nuestro estado. Este hecho desató a nivel nacional inclusive, las críticas y diatribas, justas e injustas, acertadas e ignorantes, merecidas y desproporcionadas contra los partidos políticos, villanos favoritos de los medios de comunicación y de muchos mexicanos. Aparejado a ellas, se ha entonado la alabanza generalizada de las candidaturas que muchos llaman ya con sesgo “ciudadanas”, y se anticipa un luminoso futuro democrático gracias a ellas.

No me opongo a las candidaturas independientes, creo que eran un derecho pendiente de reconocimiento que el autoritarismo priísta nos negó y que la temerosa transición nos escamoteaba. Son una figura que existe en cualquier democracia avanzada y en ningún lugar han sido la debacle ni la utopía democrática. Por eso afirmo que las candidaturas ciudadanas son la siguiente gran decepción de quienes analizan la política como si narraran un partido de rugby, la primera vez que ven un partido de rugby. Permítanme documentar mi pesimismo.

Lo primero que debo decir es que la legislación que ha expedido el Congreso Michoacano es sumamente burocrática y litigiosa. El listado de simpatizantes de la candidatura equivalente al 2% del padrón, la fianza equivalente a la mitad del tope de campaña, los requisitos para monitorear el gasto del candidato y la prohibición de haber militado en un partido un año antes de la elección van a judicializar cualquier candidatura que amenace a los partidos políticos. Es una reforma gatoparda: propone cambios para preservar la continuidad.

Uno de los graves problemas de las candidaturas independientes en México es la inequidad que genera el financiamiento público. Los partidos lo reciben. Los candidatos independientes no. Hoy nadie se ha quejado, pero una vez que inicie el proceso electoral este será un tema explosivo y recurrente, y que de entrada limitará el desarrollo de candidaturas independientes a municipios pequeños donde los recursos necesarios para competir no son cifras astronómicas.

Los partidos políticos además de organizaciones con recursos son referentes ideológicos de la población en general. Por supuesto no solo hay simpatizantes o militantes que rompen el molde de un partido, también sus candidatos pueden ser muy disímbolos, pero en general, el respaldo partidista de una candidatura nos permite, aún sin conocer al candidato, saber que esperar respecto de su posición política, hasta por prejuicio las identidades partidistas nos orientan y le dan significado a la actividad pública. Los candidatos independientes tendrán un doble reto de posicionar su plataforma, sobretodo cuando pase la novedad y ser independiente no baste como plataforma, así como no ser del PRI dejó de bastarle a los demás partidos como discurso.

Una cosa que los analistas políticos tipo rugby olvidan es que los militantes, los candidatos y los funcionarios surgidos de un partido no somos marcianos. No vamos a escuelas distintas ni vivimos en guetos, no odiamos a la patria ni somos largamente entrenados para engañar a los demás, ni formamos parte de hermandades secretas que conspiran contra la humanidad. Somos seres humanos y mexicanos comunes con un interés por los temas públicos que otros muchos ciudadanos no tienen, tenemos la misma cultura y los mismos defectos y vicios que el promedio de los mexicanos y quizá que la humanidad. También las mismas virtudes.

Los candidatos ciudadanos tampoco serán venusinos o mercurianos, serán muy parecidos a quienes hoy participamos en política con algún partido. Algunos tendrán menos experiencia y más entusiasmo, algunos serán más simplistas, algunos tendrán virtudes refrescantes y espontaneas que los hábitos nos hacen olvidar a los políticos, pero no tendrán la potestad de salvar a la patria. Con el tiempo habrá representantes y gobernantes electos como independientes que sean incapaces y deshonestos y que incurran en excesos y que despierten la ira popular. Sin duda los habrá buenos, como los partidos nos han dado también a muchos buenos.

Los problemas que tiene México son muy complejos y se deben a instituciones, leyes,  cultura, condiciones poblacionales, económicas y geográficas estructurales, atrasos históricos si se quiere. Pensar que los candidatos independientes resolverán por voluntad nuestros problemas es una manifestación light y posmoderna de nuestro caudillismo ancestral.

El estado no tiene el derecho de negar a un ciudadano que contienda en una elección y que pueda ser alcalde, diputado o gobernador, eso es no es democrático, por eso considero las candidaturas independientes como un avance aunque no serán la transfiguración de la política mexicana. Personalmente creo en las instituciones y en los programas más que en las personas y en las buenas intensiones. Me hice panista leyendo a Gómez Morín y ésta es la idea central de su pensamiento que aprendí y defiendo a todo trance, por eso termino transcribiendo una línea de la carta que Don Manuel le escribió a José Vasconcelos en 1928 sobre su candidatura presidencial y que viene mucho a cuento:

En resumen: ¿vale más lanzarse a una lucha que pueda llevar a los grupos contrarios al exterminio, para lograr el triunfo inmediato o perderlo todo, o vale más sacrificar el triunfo inmediato a la adquisición de una fuerza que solo puede venir de una organización bien orientada y con capacidad de vida?