Contra la mezquindad

Honor a quien honor merece. El Gobierno Federal se ha apuntado un gran logro en la lucha contra el crímen organizado – en particular en Michoacán – con la detención de Servando Gómez Martínez “La Tuta”. En este tema los partidos y los actores políticos no han dejado de tratar de llevar agua a su molino, olvidándose que enfrentar a los delincuentes en primer lugar, reclama unidad de los buenos: de los ciudadanos, las autoridades y los políticos. Nada sería más mezquino que escamotear los logros de un gobierno con el que no simpatizo, regatear el apoyo a la autoridad que hace algo bien por razones políticas es ruin.

Durante el sexenio de Felipe Calderón el PRI fue mezquino y ruín. El PRD – por lo menos en Michoacán – fue peor que eso. Abiertamente se puso del lado de los criminales –lo mismo hicieron algunos distinguidos personajes del PAN como Marko Cortés – por razones políticas y argumentos baladíes. A esa administración le negaron reconocimiento cuando detuvo y abatió a importantes capos de la delincuencia organizada. Se centraban en cosas tan superfluas como si el detenido – presunto responsable – sufría una violación a sus derechos humanos por hacerlo aparecer ante los medios esposado, así como ahora apareció Gómez.

Se ha dicho que Gómez se entregó, que su captura fue negociada, lo cual no quitaría brillo al hecho. Finalmente el objetivo de sacar al criminal de la calle se cumple y la entrega de zares criminales no es algo extraño en el mundo entero. Sin embargo, nuestra tendencia a las teorías conspiratorias es fuerte. En su precipitada salida, el primero en decir que la captura de Gómez ya no era importante, fue Alfredo Castillo, que ahora será mejor que guarde silencio. También hay quienes hablan de todos los problemas que genera la captura de un líder criminal y los baños de sangre que inician con estos hechos. Son falacias. Siempre será mejor, será un avance detener a un criminal, nada ganamos teniéndolo en la calle.

También hay que reconocer que los esfuerzos iniciados durante la administración de Fox y que tuvieron su mayor impulsor a Felipe Calderón en materia de construir capacidades institucionales para la Policía Federal, empiezan a dar fruto. Monte Alejandro Rubido es un buen policía y funcionario de los servicios de inteligencia que tiene una larga carrera y su nombramiento al frente de la Comisión de Seguridad, queda claro que fue pertinente. Mejor sería que fuera Secretario de Seguridad, pero el centralismo de esta administración no lo permite.

La agenda de seguridad posterior a la caída del último líder del cártel de “Los Caballeros Templarios” es compleja. Claro que habrá enfrentamientos entre los delincuentes por los restos de una organización que ha sido fuertemente golpeada. Habrá otras organizaciones delictivas que tratarán de apoderarse de la plaza y eso también genera violencia. Sigue pendiente resolver la presencia de grupos armados en todo el estado, merced al error monumental de haber permitido la expansión de las autodefensas, y con la complejidad de que ahora es casi imposible separar el trigo de la paja.

Detener a Gómez es un logro enorme, pero no resuelve la falta de capacidades de las instituciones de seguridad del gobierno estatal. Nuestro principal reto es contar con una policía estatal capaz y resolver el pantano en que Alfredo Castillo convirtió el tema del mando único, así como superar los abusos de autoridad en que la “Fuerza Ciudadana” ha incurrido en forma cotidiana. Después de esto podemos empezar a recuperar la confianza. Pero por lo pronto reconozcamos lo conseguido. Muy bien por la Policía Federal.

¿Qué espera el PAN para pedir la renuncia de Fausto?

Los recientes acontecimientos dejan lugar a pocas dudas, determinante o no, Fausto Vallejo recibió apoyo de Los Caballeros Templarios para ganar la gubernatura en el 2011. Por ese solo hecho es un gobernante ilegítimo y estaría moralmente obligado a dejar su encargo, lo que no va a ocurrir. Pero lo que más llama la atención es la complacencia de la oposición, especialmente del PAN, con la permanencia de Vallejo.

Fausto Vallejo ganó la elección de Gobernador de Michoacán en el 2011, por menos de 60,000 votos equivalentes a poco más del 2.5% de la votación emitida. La jornada electoral del 13 de noviembre estuvo llena de incidentes y señalamientos de presión a electores, que se tradujeron en impugnaciones de los candidatos del PAN y PRD, las cuales a la postre fueron desechadas.

Esto no representaría ninguna novedad en un proceso electoral tan competido, sino fuera porque uno de los agravios esgrimidos por los perdedores fue la intervención del crimen organizado a favor del candidato del PRI, lo que alguien llamó el “voto pistola”, el que grupos de sicarios amenacen a ciudadanos para que sufraguen por un determinado candidato, y que el día de la elección se apersonan en las casillas para asegurarse de que los votos sean emitidos según su voluntad.

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Uno de los grandes problemas que plantea esta situación al sistema electoral es la dificultad de probar que los hechos ocurrieron. A diferencia de lo que pasaba en los años oscuros del autoritarismo priísta, las actas fueron impecables, incluso los resultados, a pesar de ser abultados y atípicos a favor de Fausto Vallejo, no rayan el absurdo ni superan lo materialmente posible. De testigos ni hablar. Impensable que un funcionario de casilla, que un asistente electoral o un representante de partido se negara a firmar o asentara una irregularidad. Le hubiera costado la vida.

El sistema electoral diseñado para acreditar la certeza y conservar la voluntad ciudadana, llegó a su límite y las impugnaciones fueron desechadas por falta de pruebas o por no considerarse determinantes para el resultado de la elección.

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Pero, ¿a que viene esto a más de dos años de la polémica elección?

Pues que Jesús Reyna, coordinador de la campaña de Fausto Vallejo, se encuentra arraigado en la PGR por tener presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios, el cártel en cuestión, y entre las pruebas que se han hecho públicas, destaca la celebración de más de una reunión con el máximo dirigente de esa organización, Servando Gómez “La Tuta”.

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Como ha dicho otro de los implicados y presunto participante de las reuniones, entonces diputado local, Trinidad Martínez Pasalagua, reunirse con un delincuente no es un delito por sí mismo. Quizá el propio Jesús Reyna sea exonerado y Fausto Vallejo no sea siquiera llamado a declarar. La culpabilidad criminal es una cosa muy distinta a la legitimidad política, que es más delicada, susceptible de desaparecer en cuestión de horas, inasible, inconmensurable.

La legitimidad de un gobernante la podemos definir como el reconocimiento social de que tiene el derecho de ejercer y ocupar el cargo. Por eso podemos decir que la legitimidad de Vallejo está en entredicho. ¿Tiene derecho a ser gobernador alguien que obtuvo el cargo con el apoyo del crimen organizado? Por supuesto que no. Fausto Vallejo es un gobernante ilegítimo, aun cuando haya sido legalmente electo.

Toman relevancia hechos como las grabaciones que diera a conocer Milenio en ese tiempo, en que un miembro de Los Caballeros Templarios amenazaba con quemar las casas de una población si no ganaba el candidato del PRI o el análisis que recientemente publicara Federico Berrueto del Gabinete de Comunicación Estratégica, sobre lo atípico de la votación en la zona de influencia del cártel.

El mensaje que se manda cada día que Vallejo permanece al frente del Gobierno de Michoacán, es que es aceptable ganar una elección con el apoyo de la delincuencia organizada. Por eso Vallejo se debe ir. Por su bien y por el de su partido. Sería un gesto de patriotismo, del que, desafortunadamente, no creo que sea capaz.

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Si esta postura del PRI y de Vallejo no es sorprendente, sí lo es que ninguno de los partidos opositores y derrotados así en aquella jornada electoral, no hayan hecho este planteamiento político con claridad. ¿Qué detiene, especialmente al PAN, principal agraviado de la historia del 2011, de exigir la renuncia de Fausto Vallejo? ¿Tiene temor el PAN? ¿Tiene intereses económicos el PAN? ¿O sencillamente es incapaz el PAN? Cualquiera que sea, la respuesta es penosa.

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Por supuesto que una postura así entraña riesgos. Pero ese tipo de posiciones claras, de lo que es tolerable y de lo que no, de dibujar la línea que no se puede cruzar en la actividad política, son las posturas que los ciudadanos extrañan del PAN y la falta de ese tipo de definiciones, la razón por la que le han retirado su apoyo. El PAN está extraviado, va en una ruta muy distinta de la que debe recorrer para ser electoralmente exitoso y una alternativa política real en Michoacán.

¡No pienses en un Michoacanazo!

No he podido determinar quien bautizó como Michoacanazo, al escandaloso arresto de 38 funcionarios públicos de Michoacán en el 2009 acusados de brindar protección a La Familia Michoacana, entonces el cártel dominante en el estado.

Entre los detenidos se encontraba una docena de presidentes municipales y el funcionario de mayor rango de la administración estatal era el Procurador de Justicia Miguel García Hurtado. A la postre todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, principalmente por la ausencia de un testigo protegido denominado “Emilio” de los procesos judiciales de los exfuncionarios, y quien unos años después sería asesinado en Cuernavaca. El juez primero de distrito con sede en Morelia, que concedió los amparos a 12 de los imputados y suspendió la orden de aprehensión contra Julio César Godoy Toscano, fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal y apenas libró la acción de la PGR en su contra.

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Ahora el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no pudo escapar a la comparación con ese hecho de la detención de Jesús Reyna – Secretario de Gobierno, Gobernador Interino y uno de los políticos más poderosos de Michoacán – por tener vínculos con Los Caballeros Templarios, al igual que la de José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado y líder transportista.

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El Gobierno Federal no quiere que estos hechos sean equiparados pues el Michoacanazo se convirtió en sinónimo de fracaso en la impartición de justicia y en la operación política. Por el momento, la actual detención de Reyna y Pasalagua, tiene la ventaja de no contar con la oposición y el sabotaje del Gobierno Estatal, pues Fausto Vallejo ha hecho mutis ante la imputación a su más importante aliado y colaborador en el gobierno y en la campaña que lo llevara a éste. En tanto que en el 2009, el gobierno de Felipe Calderón enfrentó la resistencia de Leonel Godoy apoyado por supuesto por el PRD, y también por no pocos militantes del PRI y hasta por sus adversarios en el PAN (como Marko Cortés).

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Otro elemento distintivo es la concentración de la acción. Si en el 2009 se privilegió el operativo para detener simultáneamente a numerosos individuos de variada posición política sobre los que se tenía sospecha, ahora se centra en un par de personajes de la mayor relevancia. Aun cuando vengan otros detenidos, la lista es previsiblemente corta. Además el Comisionado Alfredo Castillo parece tener por modus operandi, golpear al objetivo más grande, visible y poderoso primero, tal como ocurrió con la destitución de los delegados federales en que el primero fue el considerado intocable Antonio Guzmán o el caso de Humberto Suárez extesorero de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy.

Sin duda esperamos todos que la detención de estos funcionarios no se parezca al Michoacanazo en la incapacidad del ministerio público de procesar a los inculpados y lograr su condena si son culpables. Esperaríamos también que al proceder contra un funcionario y político de tanto peso como Jesús Reyna, el Gobierno Federal tendría todos los elementos para probar su culpabilidad. De lo contrario la espiral de descrédito y escepticismo se prolongará y agravará.

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Mucho llama la atención que por todos los medios se ha tratado de deslindar y exculpar a Fausto Vallejo de toda responsabilidad, cuando el golpe debiera ser mortal para él y su administración. De confirmarse las imputaciones realizadas a Jesús Reyna quedarían de manifiesto dos hechos gravísimos:

Que efectivamente, como lo denunciaron los candidatos derrotados en el 2011, Los Caballeros Templarios apoyaron con dinero y con sus capacidad de amedrentar votantes, la campaña de Fausto Vallejo, y que su triunfo es ilegítimo. Que su gobierno está marcado de origen.

Que además de su falta de legitimidad, el Gobierno Estatal se encuentra coludido con la delincuencia organizada y que Los Caballeros Templarios tienen acceso a información privilegiada que les permite evadir la acción de la justicia y realizar mejor sus actividades ilícitas como la extorsión a proveedores, constructores y autoridades municipales, además de que tienen la posibilidad de influir en algunas de las decisiones de la administración estatal.

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Suponer que Fausto Vallejo ignoraba los hechos es ingenuo y candoroso. Pero incluso esa indiferencia hacia la conducta delictuosa de su más importante colaborador no es una conducta que pueda quedar impune. Era deber de Fausto Vallejo saber que Jesús Reyna estaba delinquiendo, como era su deber impedirlo y en su caso perseguirlo y someterlo a la ley. También se antoja insostenible pensar en que Jesús Reyna es el único personaje que participaba de la asociación con criminales.

Nadie queremos otro Michoacanazo en el sentido del fracaso y la confrontación en que concluyó. Pero tampoco podemos quedarnos impávidos ante una aplicación de la justicia parcial, en que unos cuantos cargan con las culpas de todos, para que haya quienes puedan salir impunes. Ni Fausto Vallejo ni el PRI pueden escapar de su responsabilidad.

Tenemos una deuda

El pasado sábado 22 de marzo, a la puerta de su casa fue cobardemente asesinado Gustavo Garibay, alcalde de Tanhuato, Michoacán y miembro de la PAN. A Gustavo le decíamos “La Brocha”, nunca supe por qué, quizá por su tupido bigote. De muy joven, emigró como miles de michoacanos a los Estados Unidos, a la zona de Chicago, pero tuvo éxito como muy pocos en el ramo de la construcción. Tanto, que pudo regresar a Michoacán con fuerzas y ánimos no sólo de trabajar, sino de participar en política para sacar adelante a su pueblo. En el 2007 fue candidato a diputado local por el distrito con cabecera en La Piedad, y perdió por unos cuantos votos, perseveró y en el 2011, ganó con una histórica votación la alcaldía del pueblo que tanto amaba.

Era un hombre duro, que hablaba claro, incorruptible y a veces obstinado. Trabajador como muy pocos y uno de los más honestos que haya conocido. Como candidato era impredeciblemente carismático, su sencillez conectaba con la gente. Se negó a repartir hasta una camiseta, pues decía que él no iba a comprar los votos, que votarán por él quienes quisieran, que ya lo conocían. El dos de enero de 2012, su primer día hábil como alcalde, amaneció en el banco porque desconfiaba de su antecesor y cuidó hasta el último centavo en la entrega recepción. Yo le pregunté una vez, en broma, que si era alcalde o maestro de obra, porque al ejecutar obra pública, acompañaba frecuentemente a los trabajadores y supervisaba con ojo experto, los menores detalles.

Su gobierno lo marcó la tragedia. En el 2012 libró milagrosamente un atentado y a los pocos días, perdió (perdimos)  a su Secretario del Ayuntamiento, Pedro Córdoba, joven piedadense que era su mano derecha. Aún así le fue retirada la escolta de la Policía Federal que lo protegía. En público y en privado, al Gobernador, al Secretario de Gobierno, al Procurador de Justicia, al Subprocurador de Zamora, a los mandos de la Policía Federal les pidió protección y su solicitud nunca fue atendida. “Me van a matar”, nos decía en las reuniones del partido y de funcionarios. Por eso no le creo a Fausto Vallejo cuando dice que rechazó que el Gobierno Estatal le proporcionara una escolta. No es lógico y no hay evidencia del rechazo, mientras que sí hay de su solicitud.

Deja una familia numerosa, que se debate entre el dolor y la indignación, la rabia de saber que la desgracia se pudo evitar y la negligencia culpable de los gobiernos federal y estatal no lo permitió. En particular me duele ver a su esposa, muy joven, con sus hijos gemelos casi niños, casi hombres, y con una bebé de un año que le heredó todo el semblante, pero con la dulzura de un ángel.

Pensemos el tema de la escolta. La diferencia entre matar a un hombre solo y desarmado, y matar a un hombre custodiado por un grupo de policías federales, bien armados y entrenados no es menor. Es un asunto de oportunidad, armas, hombres, vehículos, riesgo y dinero. El crimen es un negocio y se cuida la rentabilidad. Matar a un hombre desamparado, en estos días salvajes es fácil y cuesta unos cuantos pesos. Enfrentar una escolta bien pertrechada, implica un esfuerzo y un gasto significativo. Es la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde el 2005 han muerto asesinados en Michoacán los alcaldes de Buenavista, Madero, Vista Hermosa, Tancítaro, La Piedad, Nahuatzen, Santa Ana Maya y ahora Tanhuato, además de la exalcaldesa de Tiquicheo y el exedil de Quiroga. También han muerto varios síndicos y regidores, secretarios de los ayuntamientos, como el del mismo Tanhuato o recientemente el de Jiquilpan. También hay otros servidores públicos y muy señaladamente el diputado local de Coalcomán, Osbaldo Esquivel Lucatero, a quienes les han arrebatado la vida.

Aún con esta larga lista en Michoacán y en todo el país, tenemos dos grandes asuntos pendientes:

Primero, no contamos con un protocolo de seguridad para proteger la vida de los funcionarios municipales. Si un funcionario considera que su vida está en riesgo, no sabe a quién acudir, no hay elementos para valorar objetivamente el riesgo y decidir si otorgar protección o no, y de qué tipo, no hay procedimientos para los casos de atentados ni con posterioridad a ellos. Por eso la respuesta de los funcionarios es errática y vergonzosa.

Segundo, no hay un sistema de protección de los deudos de los funcionarios públicos que han sido privados de la vida en relación con el desempeño de su cargo. Mujeres, niños y jóvenes, quedan además de llenos de dolor y de rabia, desamparados y con un futuro incierto, como único pago de la vocación de servicio de sus padres.

Estos dos factores juegan en contra de que hombres buenos y honestos participen como candidatos y como funcionarios públicos. También refuerzan los incentivos de los munícipes para pactar con los delincuentes. Los alcaldes saben que están solos y que sobrevivir su administración depende de no incomodar en demasía a los criminales y de una poca de suerte, o de mucha. La tragedia ha golpeado por igual a todos los partidos y nadie ha tomado cartas en el asunto. Ya es tiempo. Mi propia reflexión es quizá tardía, pero aún podemos hacer algo al respecto. Sería un mínimo homenaje para quienes así han perdido la vida y una acción básica de justicia para quienes han perdido a sus seres amados.

Las dos muertes de Nazario Moreno

En la madrugada del domingo elementos de un grupo de élite de la Marina Mexicana dieron muerte en un tiroteo en el municipio de Tumbiscatío a Nazario Moreno, fundador de “La Familia Michoacana” y según los reportes posteriores a su muerte, líder de “Los Caballeros Templarios”. Los hechos se hicieron públicos oficialmente una vez que el cadáver estuvo en Apatzingán y que se cotejaron las huellas dactilares con las que el gobierno norteamericano había tomado a Nazario en 1994 tras arrestarlo por traficar mariguana. Además de lo significativo del hecho de abatir a un delincuente sanguinario y peligroso, destacaba el hecho de que Nazario Moreno había sido considerado muerto en diciembre de 2010 en un enfrentamiento en la comunidad de Holanda en Apatzingán.

La nota fue una bomba política que desató incluso las más ruines acusaciones contra el Presidente Calderón y sus colaboradores. Una de ellas casi inverosímil, del hijo homónimo del Gobernador Fausto Vallejo que le acusó de pactar con la delincuencia organizada a través de su cuenta de Twitter. Otras voces más racionales pidieron explicaciones y criticaron el hecho, lo cual sin duda es necesario. Para que el caso sirva a fortalecer al gobierno mexicano es necesario que no se convierta en un linchamiento político y se ponga en su justa dimensión el hecho.

Cuando en el mes de diciembre de 2010 Nazario Moreno fue abatido, pero no muerto por la Policía Federal, lideraba “La Familia Michoacana” principal organización criminal de Michoacán y con la que el Gobierno Federal batallaba por recuperar el control de la Tierra Caliente, la sierra y la costa del Estado. Los operativos realizados en ese tiempo fueron fundamentales para recuperar territorios y para desarticular buena parte de las operaciones del cartel. Es indudable que Nazario Moreno resultó herido en el enfrentamiento en que se le dio por muerto y que perdió el control de la organización, lo que derivó en una disputa interna entre sus fieles y la facción de Jesús Méndez Vargas.

Las organizaciones criminales funcionan con estricta racionalidad. Son negocios. A los delincuentes no les gusta perder dinero, y nada hay más costoso que una disputa entre sicarios por el control de una organización. Nazario Moreno no hubiera permitido la escisión de Méndez Vargas de controlar el cartel, pues ésta costo recursos de todo tipo. Solo tras la captura de un disminuido Méndez, se hizo pública en la figura de Servando Gómez, la fundación de “Los Caballeros Templarios”, cuyo nombre alude precisamente a una organización que fue arrasada por el poder papal y su mítico líder ejecutado.

Nada ganaba el Gobierno Federal en la administración de Felipe Calderón con mentir. Usó información que le pareció confiable, generada por los mismos organismos de inteligencia que permitieron a esta administración la identificación del objetivo, la operación que pretendía capturarlo y que concluyó con el enfrentamiento y su muerte. El PRI gana ahora la posibilidad de desprestigiar a un opositor, pero se equivoca al volver a convertir la lucha contra la delincuencia en una arena política.

Tampoco podemos pasar por alto que las fuerzas que hoy usa el gobierno de Peña Nieto para combatir el crimen fueron creadas durante los gobiernos panistas que sus correligionarios denuestan.  La Policía Federal se fortaleció en número de elementos y capacidades con la administración de Calderón, con el concurso de funcionarios que siguen en el equipo de Peña. El más destacado quizá, es el propio Monte Alejandro Rubido que informó que Nazario Moreno había muerto y que el sexenio pasado ocupó la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría General del Cisen.

La Marina se ha apuntado bajo el gobierno actual dos grandes logros: la detención de Joaquín Guzmán Loera y la muerte de Nazario Moreno. Pero en la administración pasada fueron las mismas fuerzas de élite de la Marina Armada de México las que acorralaron y dieron muerte a Heriberto Lazcano, Arturo Beltrán Leyva y Antonio Cárdenas Guillén por mencionar solo algunos. La Marina es la fuerza más eficaz en contra de los grandes capos del crimen organizado desde la pasada administración.

La muerte de Nazario Moreno nunca fue desmentida oficialmente hasta su muerte, los elementos para hacerla creíble fueron reforzados deliberadamente por la delincuencia, cuyo apelativo olvidamos con frecuencia: organizada. Y los hechos sirven para recordarnos que nuestros gobiernos deben perseverar en fortalecer sus capacidades contra el crimen y hacer de éste, un asunto de estado que se eleve sobre los fangos de la arena política y las mezquindades de unos cuantos.