Michoacán a medio río

Con más pena que gloria han transcurrido 24 de los 44 meses de la administración de Fausto Vallejo al frente del Gobierno de Michoacán. No solo por lo breve de la administración o por la mala salud del mandatario, que lo obligara a estar de licencia una cuarta parte de ese tiempo. El gobierno actual se ha caracterizado por la parálisis, el desacierto y la incapacidad. Los problemas heredados no se han resuelto, se han agravado y el sello de la administración ha sido la contención.

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Culpar en exclusiva del lamentable estado de Michoacán a Fausto Vallejo y su gobierno sería desproporcionado. Nuestro Estado ocupa desde hace mucho tiempo los últimos lugares en los índices nacionales que refieren progreso y los primeros en los que refieren atraso y conflicto.

En Michoacán, sin definiciones estratégicas sobre su destino, la inversión en infraestructura ha sido magra y errática por décadas. Las condiciones de pobreza y marginación han permitido el crecimiento de los conflictos sociales y de la delincuencia, y ambas con la complicidad de sucesivos gobiernos se volvieron inmanejables. Aunado a ello, las malas administraciones endeudaron sin provecho al gobierno, destruyeron sus capacidades y la crisis de las finanzas públicas terminó por contagiarse a la economía local.

Entonces ¿cuál es el papel del actual gobierno en esta triste historia?

Su incapacidad para romper con las inercias, ya no digamos en generar una estrategia de prosperidad, sino en atajar los vicios recibidos e iniciar su corrección. Pero el gobierno de Fausto Vallejo buscó refugio ante la tormenta y decidió esperar que transcurriera su breve mandato, aprovechando lo bueno, ejecutando pequeñas acciones bien vistas por la sociedad y conteniendo los problemas, tal como hizo cada vez que fue alcalde de Morelia. Lo que no consideró es que la dimensión de los problemas estatales era muy distinta de los problemas de la capital y que además, estos se habían catalizado con algunos hechos fortuitos, hasta volverse inmanejables.

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Fausto Vallejo siempre rehuyó el tema de seguridad. En su último periodo como alcalde de Morelia incluso trató de regresar la corporación de tránsito municipal al Gobierno Estatal. Pero ya como gobernador tuvo que enfrentar una delincuencia que había crecido al amparo de complicidades y en medio de la pobreza del Estado, y eludió el problema hasta que los grupos de autodefensa pusieron el estado al borde de la ingobernabilidad. Ahora como gobernador le ha cedido a la Federación el manejo de la seguridad, pero su responsabilidad en el tema es inevitable.

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El actual gobernador en sus encargos como alcalde siempre dispuso de abundantes recursos y de finanzas sanas. En sus cargos anteriores, él tomaba los créditos y ejecutaba las obras, las siguientes administraciones pagaban. En el Gobierno del Estado le ocurrió al revés. La deuda ilegal y tóxica heredada por Leonel Godoy asfixió rápidamente su administración, que ha sido incapaz de reestructurar los pasivos, pagar las obligaciones y determinar las responsabilidades de sus predecesores. El botón de muestra: tres secretarios de administración en 24 meses.

Fausto Vallejo siempre manejó bien los grupos de presión. Entre la disponibilidad de recursos y la alianza política mantuvo de su lado a comerciantes ambulantes, recolectores de basura, Antorcha Campesina y demás especies de organizaciones. Pero la CNTE es otra historia. Acostumbrada a las prebendas que le concedieron las administraciones perredistas y sin ninguna posibilidad de alianza política, espoleada por la reforma educativa de Peña Nieto, los maestros y sus aliados le han planteado al gobernador un dilema que no atina a resolver. Entre otras cosas porque aplicar la ley no está en su ADN.

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Sin ser los únicos, estos tres factores detonaron la crisis de gobernabilidad que concluyó con la intervención del Gobierno Federal y el nombramiento de un funcionario con atribuciones metaconstitucionales, sin precedente en nuestra historia moderna. En Michoacán se estrena el nuevo modelo de control del Presidente a los gobernadores. Fausto repite como un mantra que no ha sido desplazado y que no está supeditado a Alfredo Castillo. Creo que pretende convencerse a sí mismo.

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No es fortuito que la publicidad estatal refiera como su mayor logro el apoyo del Presidente Peña. Para el náufrago el mayor éxito es sobrevivir. El apoyo fue tardío en materia de seguridad. Prevalecía la idea de “cambiar de estrategia”. El apoyo de gasto e inversión es insuficiente y su anuncio, tramposo. Los 45,500 millones de pesos son los mismos que año con año la Federación gasta en Michoacán, como parte de sus programas ordinarios. Más de la mitad de ese dinero ya está incluido en el Presupuesto del Estado para pagar los rubros de educación, salud y seguridad. Las estimaciones de apoyo adicional oscilan entre el 3 y el 5% de esa cifra, no más de 2000 millones.

Las nubes de tormenta siguen ahí. En los 20 meses  que restan al Gobernador Vallejo no parece que las cosas vayan a mejorar y todavía puede ser que nos tengan reservada alguna sorpresa. Pero, parafraseando al Maquío, es momento de dejar de llorar por lo que no fue y empezar a pensar, a construir el Michoacán que todavía puede ser y que es muy claro, que no vendrá del gobierno.

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Señor Presidente Peña:

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Aprovecho su visita a Morelia para dirigirme a usted a sabiendas de que mis palabras no lo alcanzarán, sólo aspiro a compartir con otros michoacanos algunas ideas y sentimientos que tenemos ante el difícil momento que vivimos. Viene usted a un estado atribulado, por segunda vez en los catorce meses de su administración y a esta ciudad por primera vez, ahora que hemos atravesado por una de las peores crisis de nuestra historia, nos hemos convertido en noticia mundial y en referente de violencia, crimen e ingobernabilidad. Eso usted ya lo sabe. Tomó una decisión drástica para intervenir, después de más de un año de indiferencia y tiene urgencia por cerrar un episodio negro de su breve administración, que quita lustre y brillo a su imagen.

Su presencia de hoy y su ausencia previa tienen la misma explicación: conveniencia política, rentabilidad electoral. Quienes hemos vivido en el medio político sabemos de eso. La difícil situación en Michoacán, la enfermedad de Fausto Vallejo, la agria disputa por el poder en el gobierno estatal, la abultada deuda, la parálisis gubernamental nos pusieron al fondo de la lista de prioridades, hasta que la violencia y el miedo nos llevaron a las ocho columnas y la abrupta caída de todo lo que huela a PRI en las encuestas locales encendió las alarmas en su despacho. Se tomaron medidas y hoy está aquí para cerrar un capítulo, para decirnos que usted y su dedicado equipo de funcionarios públicos y hasta el inexistente gobierno estatal, han hecho lo que debían y que ahora las cosas están y seguirán mejor, para poder dejarlo todo en manos de Alfredo Castillo y ocuparse de las prioridades de su gobierno.

Pero permítame poner en perspectiva todo esto que usted ya sabe: el problema no es que Michoacán hoy sea una excepción de violencia, ingobernabilidad y quiebra de las finanzas públicas, por no decir del gobierno mismo, el verdadero problema es que Michoacán, como ya ha ocurrido antes en la historia de México, anticipe el futuro y se convierta en regla general de violencia, crimen, ingobernabilidad y quiebra gubernamental en el resto del país. Digo esto, porque los ingredientes que llevaron al complejo y dramático caso michoacano no son extraños a la realidad del resto de México, y el principal catalizador de la crisis fue la indiferencia de su gobierno a un problema que llevaba gestándose largo tiempo. Conveniente indiferencia que tampoco ha sido excepcional en su estilo de gobernar.

Ya decía que quienes hemos participado de la política y del gobierno, así sea modestamente,  entendemos aquello de acomodarse a la coyuntura y hacer lo conveniente para lograr los fines, pero también sabemos que hay ocasiones en que el deber y la conveniencia caminan en sentidos opuestos, y hay que asumir la responsabilidad que acompaña al privilegio del encargo. Hay que hacer cosas que no darán aliados sino adversarios presentes y futuros, que no serán bien valoradas en la siguiente encuesta, que quizá lleven a perder elecciones. Y eso está claro que a usted y a sus colaboradores no les gusta, no están dispuestos a asumirlo, olvidando que es su deber.

Ya para concluir me permito compartirle unas cuantas ideas para afrontar la crisis en Michoacán aunque me temo que usted y su equipo caminarán exactamente en el sentido contrario:

No haga pactos ni firme acuerdos. Cumpla la ley y hágala cumplir.

No nombre comisionados, enviados, zares. Haga funcionar la estructura gubernamental a su cargo. No caiga en la trampa del caudillismo, no son las personas las que hacen la diferencia, son las instituciones. No necesitamos hombres fuertes, necesitamos gobiernos eficientes.

No haga espectaculares anuncios de dinero e inversión. Nos conformamos con lo que nos toca. Asegúrese que se apliquen bien. No ceda a ocurrencias, las charlas de presidium, de traslado con los funcionarios y los empresarios locales no deben sustituir la planificación y la evaluación responsable de las políticas públicas que queremos que sean de largo aliento.

Díganos la verdad. Que la situación de seguridad no se resolverá fácilmente, que costará años, dinero y tristemente vidas, que el camino es largo. Pero no celebre lo que ha ocurrido en sólo unos días, porque nos agravia.

Y por último, aunque nos prometió venir a Michoacán una vez cada mes, es un compromiso, quizá el único, que no es necesario que cumpla. Sólo supere la indiferencia y el desdén por lo que aquí ocurre. No nos culpe por opacar los que usted considera como éxitos de su gobierno, por alterar el tono de su perfecta narrativa ante los medios, sólo recuerde que el oficio de gobernar es así y que con él vienen obligaciones que no es grato atender, pero que en ellas también puede encontrarse trascendencia y grandeza.

Atentamente,

Un ciudadano michoacano

El largo camino a la normalidad

En Michoacán se vive un estado de excepción por la vía de los hechos. Y no es esto necesariamente malo, quizá era el único camino posible tras el repliegue de las fuerzas del orden de la Tierra Caliente por más de un año, la pasividad y debilidad del gobierno estatal, la perversa tolerancia de los grupos de autodefensa y el riesgo del estallido social. El despliegue sin precedente de fuerzas federales y el nombramiento de un enviado dotado de poderes metaconstitucionales para por la vía del ejercicio del poder real, fáctico de la Presidencia de la República poner orden en una importante fracción del territorio michoacano en que no podemos hablar sino de una situación de estado fallido.

 Puede que no haya existido otro camino cuando se encendieron las alarmas en el Gobierno Federal. Sin duda hubo otros caminos que durante el año en que el gobierno de Enrique Peña minimizó el problema, durante el año en que el secretario Osorio Chong no le dedicó la atención y los recursos necesarios, el año en que el enfermo gobernador Vallejo y su equipo hicieron oídos sordos concentrados en su disputa doméstica por el escaso poder y los escasos dineros del gobierno estatal. Sin duda hoy, tras la llegada de Alfredo Castillo, de las numerosas tropas, de los primeros éxitos, las cosas parecieran cambiar pero los problemas no se resolverán de forma tan sencilla.

 Porque el gran reto del Gobierno Federal – ya vimos que el Estatal es prácticamente inexistente –  no es detener algunos líderes del cártel de Los Caballeros Templarios y detener el avance de los grupos de autodefensa. Es volver la Tierra Caliente y a Michoacán a un estado de normalidad, de gobernabilidad democrática, a través de sus órganos de gobierno ordinarios y sin la presencia de un ejército de militares, marinos y policías federales.

 La parte fácil será golpear a Los Caballeros Templarios y desarticular sus operaciones criminales más evidentes. Mucho más difícil será neutralizar sus poderosas redes de extorsión a empresarios, productores y a los gobiernos municipales, que se han convertido en su principal fuente de ingresos. El primer efecto cucaracha se presentará hacia otros municipios del estado y solo después hacia estados vecinos. También su red de complicidades y corrupción al interior del gobierno estatal puede permanecer intacta a pesar de los esfuerzos del comisionado Castillo.

 Desarmar a los autodefensas no será sencillo. Haberles permitido que se armaran y usado su desesperación para golpear y debilitar a los criminales tiene  consecuencias: hoy tenemos una fuerza paramilitar suelta en Michoacán, que con razón, considera que desarmarse es suicida y que por tanto resistirá los intentos del gobierno de desarticularla. No se puede levantar un movimiento armado y después disolverlo como si fuera una junta de vecinos, porque sus integrantes se juegan la vida y cuanto tienen en ello.

 El acuerdo firmado – ya he dicho que nada trae más alegría al corazón de un priísta que firmar acuerdos – es una ruta aspiracional pero no operativa. Indudablemente los autodefensas dejarán grupos residuales de hombres armados que a mediano plazo serán un nuevo problema de seguridad. Son los futuros delincuentes, los futuros perseguidos por la justicia.

 El tema económico es una pesadilla. Reactivar la economía estatal llevará años, y eso hará que la violencia siga encontrando un caldo de cultivo favorable. Las medidas anunciadas por Rosario Robles en su visita a Apatzingán primero son redundantes, pues anuncia todo lo que ya existía, son insuficientes y son paliativas, pues van a reforzar la red de protección social pero no a la generación de riqueza.

 Y en el horizonte se avista ya el proceso electoral del 2015. La primera elección concurrente y la más grande de la historia michoacana, en el contexto de mayor inestabilidad política, con los actores más deslegitimados y la autoridad más débil que hayamos tenido en la historia moderna del estado. ¿Cómo afectará la crisis de Tierra Caliente la elección de gobernador? ¿Será posible elegir ayuntamientos y diputados en los municipios de la región?

 Otro tema del que hoy se habla poco pero que tendrá gran relevancia es el enjuiciamiento del centenar de detenidos, presuntos delincuentes, que se han acumulado hasta hoy y los que vendrán. Pues tan importante como batir a los criminales aun en libertad por las sierras del sur del estado, tarea nada sencilla, y aprender a las cabezas visibles de la organización, es asegurarles una condena y asegurarse de que la cumplan sin privilegios y sin poder seguir operando sus actividades delictivas desde la cárcel.

 La ruta es muy compleja y llena de peligros. Requerirá una visión de estado que hasta ahora los gobernantes federales, mucho menos los locales han mostrado. La oposición tampoco. Eso puede ser lo más preocupante. Esperemos que la crisis saque lo mejor de todos y yo me equivoque, para que podamos andar ese largo camino y regresar a la normalidad.

¿Impotentes o perversos?

Los grupos de autodefensa surgieron como consecuencia de la incapacidad del gobierno de defender a los ciudadanos, pero fueron perversamente tolerados para debilitar a los Caballeros Templarios. Hoy el gobierno enfrenta el dilema de desarmarlos, lo que supone perder lo ganado y arriesgarse a lastimar a civiles inocentes o seguirlos tolerando, y además de sentar el precedente del paramilitarismo, arriesgar el surgimiento de una nueva organización criminal que eventualmente sustituya a los Templarios.

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Tras los años del gobierno del Presidente Calderón, en que la dinámica en la Tierra Caliente estuvo marcada por el enfrentamiento de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios con el Gobierno Federal, con la llegada del Presidente Peña, surgió un nuevo elemento por demás inquietante: los grupos de autodefensa, civiles armados para defenderse de los delincuentes ante el repliegue de las fuerzas federales y la inexistencia de las estatales. Estos grupos han estado marcados de origen por la contradicción. En una cara la historia de heroísmo civil ante la amenaza del crimen, en la otra su carácter paramilitar y las preguntas sin respuesta: ¿Quién los armó? ¿De dónde obtienen financiamiento? ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno Federal respecto de ellos? ¿Hay otras organizaciones criminales detrás de la autodefensa?

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Estos grupos al principio se explicaron por la impotencia, la incapacidad del gobierno de brindar seguridad a los habitantes de las comunidades de Tierra Caliente y la desesperación de sus pobladores que recurrieron a sus viejas armas de cacería para hacer frente a los criminales, lo cual, con sus bemoles era creíble mientras la acción de estos grupos se limitaba a sus localidades de origen y a salvaguardar sus vidas y su patrimonio. Pero antes de concluir el 2013 iniciaron un rápido proceso de expansión tanto en territorio como en capacidades: armas, vehículos y equipo de comunicación se volvieron ostensibles y abundantes y el objetivo se volvió ambicioso: acabar con Los Caballeros Templarios.

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Los acontecimientos de los últimos días de diciembre de 2013 y los primeros de este año vuelven cada vez más insostenible la tesis de la impotencia gubernamental y nos enfrentan a la escalofriante tesis de perversidad: que el Gobierno Federal, aprovechando el hartazgo y la desesperación genuina que se vive en la Tierra Caliente, por sí o peor aún con la participación de alguna organización criminal como el Cartel de Jalisco, hayan instigado la formación de los grupos de autodefensa, les hayan facilitado las armas y los recursos necesarios para su despliegue y les hayan tolerado su expansión territorial.

Esta teoría admite una prolongada escala de grises, desde el supuesto más perverso hasta la aparentemente inocente permisividad, glorificada como insurrección ciudadana. No soy afecto a las teoría conspiratorias, creo que lo más simple es lo más probable, y por eso creo que la Secretaría de Osorio Chong, con el oportunismo que ha mostrado inscrito en su ADN, decidió usar a los grupos de autodefensa para debilitar a los Caballeros Templarios, permitiendo su expansión, que se convirtió en una auténtica guerra relámpago hasta que llegó a Nueva Italia, el nodo carretero del sur de Michoacán. Ése fue el primer acto intolerable y la evidencia de que la perversa indiferencia hacia los grupos paramilitares habían ido demasiado lejos.

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El daño está hecho y tras el aparatoso despliegue militar y el aún más aparatoso despliegue político, que incluye por supuesto la firma de un nuevo acuerdo, estéril acto protocolario que alegra el corazón de un príista como ninguna otra cosa, el Gobierno Federal enfrenta las consecuencias de su propia perversidad.

Para los grupos de autodefensa desarmarse en suicida. Y por desgracia mi expresión no es metafórica. En un valle agrícola de poblaciones pequeñas en el que todo mundo se conoce, lleno de intrincados caminos, rodeado de imponentes montañas, a un paso de la sierra, dejar las armas es sentarse a esperar la ejecución propia y de los seres queridos a manos de los replegados y heridos, pero por ello más peligrosos que nunca, sicarios de los Caballeros Templarios.

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El Gobierno Federal no puede mostrarse como un gobierno eficaz y respetuoso de ley mientras los grupos de autodefensa estén armados y patrullen el territorio, pero desarmarlos mediante la fuerza pública supone un reto enorme que ya cobró sus primeras víctimas en la comunidad Antúnez, en el episodio más desafortunado de ésta incursión de las fuerzas militares. Enfrentar la resistencia de los autodefensas supondría también retroceder en los territorios ganados al crimen organizado en la última ofensiva y darles tiempo para que se reorganicen y puedan plantar una mayor resistencia, por lo que el escenario probable es que la tolerancia a estos grupos paramilitares continúe, pero guardando ciertas formas, como ya acordaron con Fausto Vallejo, no ostentarán su arsenal y se mantendrán alejados de las carreteras y las ciudades. El más puro estilo priísta, lo cosmético por encima de lo ético.

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Sin embargo la permanencia de estos grupos supone otros riesgos, el principal, que la Tierra Caliente pase del control de un grupo criminal a otro. No es improbable que en el mediano plazo algunos de los participantes en los grupos de autodefensa se vuelvan consientes del poder que detentan y ante lo costos que resulta mantenerse activos, comiencen a buscar fuentes de financiamiento, y lo que hoy puede ser una contribución voluntaria a la insurgencia ciudadana mañana puede ser extorsión, con lo que el ciclo de violencia y crimen reiniciaría peor cada vez.

El gobierno de Peña Nieto prometió una estrategia distinta y recurrió si no al paramilitarismo, sí a la perversa manipulación de la desesperación de los pobladores del Valle de Apatzingán y como consecuencia de ello, hoy enfrenta dos problemas en lugar de uno.

Malos tiempos

Perdónenme el pesimismo pero en Michoacán llueve sobre mojado. Dos grandes crisis han asolado el estado durante casi dos años – justamente tras la elección local del 2011 – y el panorama que tenemos delante es poco halagüeño, pues el principal actor para enfrentar los problemas de nuestro estado está él mismo, inmerso en una crisis que lo paraliza de arriba a abajo. Permítanme documentar mi pesimismo.

En el frente económico Michoacán vive malos tiempos principalmente porque los motores tradicionales de su economía se han desacelerado. ¿Cuáles son? Por una parte las remesas que envían los numerosos michoacanos que se encuentran en los Estados Unidos, que se han visto reducidas por la crisis económica que enfrenta el vecino del Norte y que no está superada. Otro más el turismo, que entre el mal estado de la economía nacional y la escalada de la violencia local se ha frenado. Un tercer componente es el gasto público. En una entidad que carece de una planta productiva importante, la obra pública y las compras de gobierno constituyen una fuente de ingresos para muchos, que debido a la crisis financiera que el gobierno de Leonel Godoy heredó y que Fausto Vallejo no ha podido superar, se han visto seriamente afectados.

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La agroindustria que es una poderosa palanca de desarrollo en Michoacán vive buenos tiempos a pesar de sufrir cotidianamente el flagelo de la extorsión a manos de la delincuencia organizada. Esto se nota en algunas regiones del estado en que la crisis económica ha sido menos intensa. Pasemos al segundo frente: la seguridad.

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La Tierra Caliente siempre ha sido una región con mayores índices de violencia y delictivos que el promedio del estado. Sin embargo ante la indolencia gubernamental los cárteles dedicados al tráfico de drogas echaron fuertes raíces y se apoderaron del territorio. El gobierno de Felipe Calderón emprendió el combate de estos grupos con claroscuros en la forma y mixtos en el resultado. A la llegada del gobierno de Enrique Peña hubo un repliegue de las fuerzas federales que desató una situación sin precedentes: la aparición de “guardias comunitarias” grupos aparentemente de los pobladores de la región cansados de los abusos de la delincuencia, pero que no han podido explicar el origen de sus armas y cierta conexión con grupos delictivos rivales del cártel local.

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El fin de semana pasado sufrimos en el estado un nuevo nivel de violencia de la delincuencia: ataques a instalaciones estratégicas como son las subestaciones eléctricas de la CFE  y que resultaron en apagones que afectaron a medio millón de personas. Al tiempo que en Apatzingán se disparaba y se lanzaban gradas contra una marcha de los llamados “guardias comunitarios” desarmados en esa localidad (esto había ocurrido ya en Los Reyes). Apenas unos días antes habían aparecido mantas amenazando al gobierno estatal que si no tomaba acciones contra los guardias comunitarios, el pueblo se levantaría.

Tenemos que recordar que Los Caballeros Templarios son una organización peculiar, que a diferencia de otros cárteles tiene una ideología y pretende controlar a las autoridades del territorio donde están establecidos e influir en las decisiones gubernamentales, sin que haya claridad hasta donde han sido exitosos en muchos casos.

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La noticia más desagradable es que mientras esto ocurre y afecta la vida de millones de michoacanos, en el gobierno estatal y el partido del que emanó el gobernador hay una sorda disputa por el poder. Fausto Vallejo, enfermo y en condiciones de total opacidad sobre su salud, lanza una agresiva estrategia para retomar su cargo y deshacerse de quien fuera su remplazo, colaborador en la Secretaría de Gobierno y aliado en campaña, Jesús Reyna. Las formas y los comedimientos se han dejado para después y se echa mano de filtraciones, rumores y descalificaciones.

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Esto no tendría mayor relevancia para el ciudadano común, si no hubiera cuestiones como que no tenemos un Secretario de Finanzas o un Procurador de Justicia, y que por ello los temas prioritarios del Estado, como la reestructuración de la deuda pública que inyectaría varios miles de millones de pesos, están detenidos. O que ante los ataques de la madrugada del domingo la reacción gubernamental se dio 36 horas después mediante comunicados de prensa. Es explicable que los priístas no estén gobernando, están ocupados disputándose el gobierno. Pero es inmoral e intolerable.

A las malas noticias sume usted la reforma hacendaria que gravará con IVA a los productores del campo, el motor económico que aun estaba encendido y el golpe a los pequeños contribuyentes que va a generar mayor informalidad en la economía. Por supuesto las marchas y plantones de la CNTE y los normalistas continuarán, a la par de sus exigencias de dinero público para financiar sus movimientos, que también son parte de la disputa por el poder local y que no serán enfrentados en este contexto.

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Del PRI que prometió respeto para Michoacán no lo hemos recibido. La esperanza es la sociedad civil que pueda organizarse para exigir resultados, y en la rendición de cuentas cambiar el rumbo del Estado. La ciudadanía, como colectivo y como valor es lo único que puede sacarnos de estos malos tiempos.