Alegría en el gobierno, borrachera en el contribuyente

   Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en última instancia el juicio de amparo que un grupo de mexicanos, que han destacado como comunicadores, analistas, académicos y líderes de ONGs, y que se identificaron como “#YoContribuyente”, promovieron en contra del último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos del ejercicio 2013, en que se extiende la condonación a estados y ayuntamientos del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) que estos entes retuvieron a sus trabajadores, que se realiza desde el 2008. La SCJN descartó que los promoventes, como ciudadanos, tengan el interés legítimo para impugnar que el Congreso de Unión conceda este beneficio.

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El asunto no es menor y es desafortunado. La SCJN cierra la puerta para que los ciudadanos tengamos a nuestro alcance un instrumento de control de las acciones del poder público. Contrario a la tendencia que en muchos campos predomina, en esta materia la Corte restringe la posibilidad de impugnar una mala decisión gubernamental, contraria a las leyes, porque la afectación no es directa y personal, sino difusa. Habremos de esperar a que uno de los ministros que formaron mayoría en torno de este criterio, redacte el proyecto para evaluar la argumentación y el daño que causa a la vida pública.

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Por ahora ya podemos hacer un balance de este tema. Permítanme explicarlo un poco. Los gobiernos de estados y municipios les descuentan a sus trabajadores el ISR que por ley deben pagar a la Secretaría de Hacienda, como cualquier otro patrón lo hace con sus trabajadores. Esto se llama retención. La diferencia viene después. Si quien hace la retención es un contribuyente cualquiera y no hace el pago correspondiente, puede incluso ser sujeto a proceso penal y terminar en la cárcel por el delito de defraudación fiscal. Si el contribuyente que no paga es el gobierno de un estado o de un municipio, pues los diputados hacen una ley para que se pueda quedar con ese dinero. Así de injusto.

Ahora bien, sabemos que los gobiernos de los municipios disponen de recursos muy escasos para cumplir con sus fines, sin embargo, esta manera es el peor camino para otorgarles recursos adicionales, porque se premia el desorden administrativo y el incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué pasa cuando se premia al que no cumple? Pues se crea un incentivo para no cumplir. Los alcaldes y gobernadores que destinaron recursos a cumplir sus obligaciones fiscales, deben estar arrepentidos de no haber empleado ese dinero en acciones más rentables para su administración y su popularidad.

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Por otro lado ese dinero, que no deja de ser un recurso público, se usó sin ninguna planificación y sin ningún control. Ningún gobierno planeó no pagar el ISR retenido a sus trabajadores, los gobiernos dejaron de pagar porque crecieron su gasto corriente o porque las obras que ejecutaron costaron más de lo que habían programado, y ambos casos reflejan ineficiencia y falta de cuidado en el manejo de los recursos públicos.

No podemos olvidar como surgió la medida. Algunos diputados la gestaron como un obsequio para los gobernadores y alcaldes que habían apoyado sus aspiraciones y les habían ayudado a ganar la curul. El origen es perverso y los efectos también. Hasta hoy el “beneficio” se extiende solo al ejercicio 2014, sin embargo, y especialmente a raíz de la desafortunada sentencia de la SCJN, la tentación de continuar con este fraude legalizado se hará más grande y alentará otras perversidades como incrementar plantillas y salarios de funcionarios y burócratas, pues el ISR “se recupera” o promover la condonación de otros pagos de impuestos y derechos federales.

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Creo que es necesario incrementar los recursos que administran los gobiernos locales, en especial los municipios, pero este es el peor camino. Lo que necesitamos es que estos gobiernos sean corresponsables de la recaudación, que el gasto lo dirijan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que estén sujetos a una estricta rendición de cuentas. Lo demás es tirar el dinero y fomentar los cacicazgos. Lamentablemente la SCJN dejó intacto este circulo vicioso de ilegalidad, dispendio y corrupción.

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El derecho al propio tiempo

Hagamos un alto en el seguimiento cotidiano de la información y el análisis de las coyunturas para hacer y responder una pregunta más profunda: ¿qué es lo más valioso que tiene un ser humano? Mi respuesta es el tiempo. Aun cuando las concepciones filosóficas puedan variar, el debate –que no me interesa dar – nos llevará mas o menos a donde mismo. La vida está hecha de tiempo, el tiempo es la medida de la vida y como todas cosas       importantes nos ha sido dado por igual a todos los hombres y mujeres de la tierra, y por lo tanto el derecho al tiempo sería uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a que nuestro tiempo sea respetado, a disponer de él y a usarlo y disfrutarlo a nuestro albedrío.

Esta idea no es mía. La formulación del derecho al tiempo más lúcida y culta que conozco es obra de Carlos Castillo Peraza, unos meses antes de su muerte que nos dejó a tantos en la orfandad intelectual, y que publicara la revista Nexos allá en el año 2000, bajo el título de ¿Qué gobierno para México? Mientras el pasado lunes hacía una fila tras otra para realizar un trámite más inútil que el anterior recordé este texto luminoso y acudí a él para recordar como un mantra que el mejor gobierno es el que respeta el tiempo de sus ciudadanos. Trataré que reflexionar sobre el tema no me lleve a mal plagiar al maestro.

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Primero y a manera de protesta, refiero brevemente mi vía crucis. Perdí mi licencia y para obtener una nueva, debí acudir a las oficinas de tránsito del municipio y del estado a solicitar sendas constancias de no infracción que me fueron expedidas sin investigación ni control, después tuve que presentar una denuncia ante el ministerio público, increíble pero cierto, supongo que contra mi mismo y por idiota. También debí tramitar un certificado médico que da tanta información de mi estado de salud como podría obtenerse de un saludo en la calle y ya pertrechado de este legajo, con sus respectivas copias, pude comparecer ante la Secretaría de Administración donde tras una espera considerable me expidieron una nueva licencia. En toda la andanza perdí más de cinco horas de mi vida que no puedo recuperar y que estoy convencido que eran absolutamente innecesarias para el gobierno.

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El problema que subyace no es la de procedimientos administrativos inadecuados, empleados malhumorados o ausencia de tecnología. El problema es de concepción. El gobierno desprecia al ciudadano y por lo tanto, le resulta indiferente lo que el ciudadano debe sufrir para cumplir con sus designios, y ante cualquier decisión de política pública el optar por acciones que redunden en respeto por el individuo no es siquiera una disyuntiva frente a otro tipo de medidas.

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En este modesto caso, no es opción que la información sobre las infracciones de tránsito esté centralizada y compartida por los diferentes entes, el camino es que el ciudadano acuda ante cada autoridad y sea él quien reúna la información que acredita que no ha violado la ley, cuando la obligación debería ser a la inversa: el estado debiera acreditar que el ciudadano infringió una norma para negarle un servicio o imponerle una sanción. Lo que el estado no hace se remedia expoliando el valioso tiempo del ciudadano.

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En el derecho al tiempo hay otra arista. El gobierno de alguna forma valora el tiempo, hasta lo paga. Pero el tiempo de sus burócratas, que cobran por las horas que pasan trabajando en las oficinas públicas, pero que es desperdiciado en trámites inútiles. Volviendo a mi modesto caso, ¿cuál bien público se obtuvo de todo mi recorrido por diferentes oficinas? Ninguno. El verificar mi aptitud física para conducir con ese examen médico es una ilusión. Asegurarse que no burle yo la ley simulando la pérdida de mi licencia cuando esta me fue incautada, es una pretensión ridícula. Ninguna de las entidades disponía de la información para saberlo y quedaba la posibilidad de que mi infracción fuera cometida en otro municipio – por no hablar de otro estado o una jurisdicción federal, mejor no doy ideas. ¿Comprobar mi identidad o mis datos personales? Ni les corresponde ni son eficaces en ello, pues bien pude presentar datos diversos. Por cierto, en franca violación la Secretaría de Administración no da aviso de privacidad en el trámite de licencia.

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Y cuando ningún bien público se genera y sí otros bienes públicos y privados se pierden – como el costo de tantos trámites y mi propio tiempo – definitivamente algo está mal con ese gobierno. Mi caso es lo de menos, por lo pude ver es recurrente, y como este trámite hay muchos más. Por supuesto el camino es seguir combatiendo todos los trámites gubernamentales inútiles y mejorando la calidad de la administración pública, pero lo más importante es un cambio cultural que debe empezar por el ciudadano, debemos primero ser conscientes del valor de nuestro tiempo y defenderlo frente al gobierno y exigirle cada vez más que respete lo más preciado que tenemos, la sustancia de la que está hecha nuestra vida.

La salud de un hombre público

Así se ha llamado por muchos años a quien se dedica a la política: hombre público. Persona pública, desde que numerosas damas participan activamente y el machismo entreverado en el español tornaría chusco el mote. Y si aceptamos y usamos cotidianamente esta fórmula para referirnos a quienes gobiernan, ¿por qué hoy debatimos si la salud del gobernador de Michoacán es un asunto público o privado?

La respuesta es simple: al gobierno estatal y al equipo de Fausto Vallejo les interesa ganar tiempo y eso solo pueden hacerlo ocultando la información sobre la salud del mandatario.

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No soy médico, pero no necesito saber una palabra de medicina para saber que Fausto Vallejo no regresará a la gubernatura. La secrecía que se pretendió guardar sobre su enfermedad grita la gravedad de su condición. Si el mandatario sufriera, como se dijo al principio una hernia o de tos, la estrategia de comunicación sería aportar tanta información como fuera posible para dejar en claro que la situación es transitoria. Ante un padecimiento grave de pronóstico reservado la estrategia es ganar tiempo, para hacer ajustes, para cerrar asuntos pendientes, para tomar las decisiones sin duda trascedentes de lo que vendrá.

Por eso se ha recurrido a la mentira, a la evasiva, a la indignación. ¿Cómo se atreven?, gritan algunos, la salud es un asunto privado, íntimo. Y lo es para quien elige la senda de la vida privada, no así para quien opta por la vida tempestuosa de la responsabilidad pública. Países con legislaciones avanzadas lo prevén y exigen conocer el estado de salud de los gobernantes cuando estos enferman, pues la capacidad de cumplir con su mandato depende inevitablemente de su buen estado físico. Lo mismo ocurre en el mundo corporativo, donde los altos directivos, los CEOs de las grandes empresas deben informar a los accionistas sobre el estado de su salud, y cuando el caso se refiere a la salud de un gobernante los accionistas somos todos los ciudadanos.

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Sólo la estupidez podría provocar que alguien se alegrara de la enfermedad del gobernador Vallejo. Sólo la idiotez podría llevar a alguien a pensar que su abrupta salida del cargo y la llegada de un sustituto, podría traer algún beneficio. La renuncia de Fausto Vallejo a la gubernatura será una mala noticia que se acumulará a las de la crisis financiera, la deuda, la inseguridad y la incapacidad para resolverlas, porque aún en el mejor de los escenarios, representará inestabilidad e incertidumbre, ajustes en la estructura de gobierno y reacomodo de fuerzas, en los que siempre se pierde tiempo y esfuerzo.

Cuando se presentó la licencia yo sostuve que no había razón para no creer en la versión oficial, hasta que se presentara una razón para desconfiar. Ahora se ha revelado que el procedimiento era una cirugía de hígado, y aún cuando no se abunda en la información, lo dicho es suficiente para confirmar que hace 90 días se ocultó información sobre la salud del gobernador y ésa es ya una razón para desconfiar de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se diga en adelante. Y de eso nos debe rendir cuentas el gobierno estatal, de su falta de veracidad.

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Ahora habrá de resolverse en quien recaerá sustituir al gobernador Vallejo. Me parece que el tránsito del poder debe ser lo más rápido y seguro que sea posible. Para recuperar credibilidad el gobierno estatal debe dejar deshojar la margarita y anunciar la falta absoluta de gobernador y solicitar al Congreso la elección del gobernador sustituto, que en mi opinión debe ser el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna ya encargado del despacho y con quien el cambio sería más amable, menos incierto.

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Ha llegado el momento de cambiar la estrategia. Antes fue ganar tiempo, pero ya no puede ganarse más tiempo, paradójicamente la estrategia de ganar tiempo se convertirá a partir de ahora en una forma de perder tiempo, y lo que los integrantes del gobierno hayan  obtenido alargando el compás de espera lo pueden perder si continúan postergando la decisión que parece inevitable.

Fausto Vallejo me merece toda la consideración y le deseo que su salud se restablezca, pero hace muchos años que el asumió la vida pública y no hay duda que su salud no es un asunto íntimo, sino uno de interés público. El camino que siguieron para informar a los ciudadanos puede entenderse como jugada política, pero su ética es cuestionable y deben responder por ello. Y más importante, ahora que el tiempo se ha agotado deben actuar con responsabilidad y anteponiendo el interés general a los suyos propios.

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Declaraciones Patrimoniales: en busca de la rendición de cuentas

La semana pasada la Suprema Corte (SCJN) declaró que el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es constitucional y que por lo tanto las declaraciones patrimoniales de aquéllos se harán públicas solo con su autorización. Este hecho incrementó el debate que ya tenía lugar al respecto, que ha sido impulsado por diferentes actores de la sociedad civil y en torno al cual, hay una serie de mitos que conviene sean aclarados para que podamos avanzar en políticas reales de rendición de cuentas y combate de la corrupción.

Pleno de la SCJN

Para empezar, en mi opinión la SCJN juzgó correctamente al reconocer que los servidores públicos si bien tienen obligaciones distintas a las del común de los ciudadanos, no pierden sus derechos, entre otros el derecho a la privacidad y por tanto les corresponde decidir sobre la publicidad que se da su información personal. Esta sentencia de ninguna forma cierra el debate, pues ahora la decisión está en el terreno legislativo que podría reformar la ley e imponer la obligación de publicitar su patrimonio a los servidores públicos, por lo que es muy oportuno reflexionar el tema.

El actual régimen de responsabilidades de los servidores públicos surge a finales de 1982 y se inscribe en el proyecto de “renovación moral” que promovía el recién electo Presidente De La Madrid como respuesta a los excesos y escándalos de corrupción vividos durante el mandato del Presidente López Portillo. En este contexto, las declaraciones patrimoniales no tienen como destino a los ciudadanos sino a la autoridad encargada de supervisar el desempeño de los funcionarios, es decir a la Secretaría de la Contraloría que ya con el Presidente Fox cambiaría su nombre por el de Secretaría de la Función Pública, hoy en vías de extinción.

Miguel de la Madrid Hurtado                      José López Portillo

La información contenida en las declaraciones debe servir para dar seguimiento al patrimonio de cada servidor público y constatar que éste no se incremente en forma inexplicable atendiendo a los ingresos lícitos de la persona en cuestión, lo cual suena bien, sin embargo se presentan dos grandes problemas: la capacidad del órgano de control para revisar y seguir miles de declaraciones patrimoniales (pues están obligados a su presentación desde jefes de departamento o equivalentes) aún suponiendo que quisiera en verdad hacerlo; y por otra parte el principal problema es lo que no se asienta en las declaraciones.

En este último renglón hay casos en que es obvio el problema, pues sin duda, los 88 millones en efectivo de Andrés Granier no figuran en su declaración patrimonial, como no están las propiedades de Moreira, Montiel o Reynoso Femat en las suyas. Pero también el problema existe con la “pequeña corrupción” de sobornos en efectivo a inspectores, policías y funcionarios del menor nivel que reciben cantidades menores y recompensas en especie. Por eso señalo que creer que la simple publicación de las declaraciones patrimoniales reducirá la corrupción es ingenuo, por decir lo menos, y que en cambio dejaría a merced de las vicisitudes de la inseguridad que vivimos, a miles de servidores públicos que verían los detalles de cada uno de sus bienes, como domicilió y valor de inmuebles, placas y número de serie de autos, números de cuentas bancarias, sueldos, rentas, utilidades propios y de toda su familia expuestos al público.

Andrés Granier Melo

Tratándose de encontrar soluciones a este grave problema de la falta de rendición de cuentas que lleva a la corrupción, me atrevo a proponer algunas medidas que pudieran ser efectivas.

Normar en la ley un régimen de publicidad de la información patrimonial de los servidores públicos, que sea respetuoso de su privacidad pero que satisfaga la justa demanda ciudadana de información. Un régimen que considere las diferencias de responsabilidad y de ingreso y que no trate por igual al Presidente de la República que al empleado de una ventanilla, a mayor responsabilidad mayor publicidad. Esto también evitaría simulaciones de transparencia como la del Presidente Peña y su gabinete, cuando declaró haber recibido en donación varios inmuebles sin aclarar su origen.

Enrique Peña Nieto

Consolidar la información de todos los poderes y todos los órganos de gobierno, pues hoy no hay forma de seguir la trayectoria pública de un ciudadano que cambia de Poder o de ámbito, lo cual es muy frecuente. También es fundamental integrar lo con información financiera de la que se maneja en la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, así como con los registros de la propiedad raíz y de vehículos. El trabajo de seguimiento de la información patrimonial es equiparable al de inteligencia financiera que se hace para evitar el lavado de dinero y de hecho debiera estar conectado.

Seguir fortaleciendo las medidas precisamente contra el lavado de dinero y reduciendo el uso de efectivo, pues es la forma más simple de ocultar el producto de la corrupción. Contar con registros de bienes inmuebles y vehículos reales y actualizados.

Recursos incautados en Tabasco

Por otro lado debe seguirse buscando reducir los trámites, pagos y sanciones innecesarios en el sector público y perseverar en la mejora regulatoria, pues la corrupción se anida en los enredos de la burocracia.

Sin duda todos queremos gobiernos y servidores públicos que rindan cuentas, y queremos reducir la corrupción y la impunidad, pero no debemos caer en la tentación de las soluciones simples y equivocadas, pues con ello seremos cómplices involuntarios de esos males. Para avanzar se requiere inteligencia y valor. Esperemos que nuestros legisladores tengan ambas cosas.